TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado de Primera Instancia de Juicio de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
202º y 153º
ASUNTO: KP02-O-2012-000030.-
PARTES EN EL JUICIO:
PARTE QUERELLANTE: YULIENNY ELIZABETH MOGOLLON BERGER, titular de la cédula de identidad Nº 15.817.367
ABOGADO APODERADO DE LA PARTE QUERELLANTE: ALFONZO MATA CARDENAS, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 114.394.
REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO: RAINER VERGARA, Fiscal del Ministerio Publico.
PARTE QUERELLADA: WISDOM C.A (PLANETA SPORTS)
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLADA: NO COMPARECIO NADIE.
MOTIVO: ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL.
SENTENCIA: DEFINITIVA.
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I
RESUMEN DEL PROCESO

En fecha 16 de Febrero de 2012, fue presentada la Acción de Amparo Constitucional por la ciudadana YULIENNY ELIZABETH MOGOLLON BERGER, ya identificados, representada por su apoderado judicial por el abogado ALFONZO MATA CARDENAS, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 114.394, en contra de la sociedad mercantil WISDOM C.A (PLANETA SPORTS).
En esa misma fecha, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio, dio por recibida y admitió la presente acción, posteriormente, una vez consignadas por el accionante las compulsas para la notificación en fecha 23/01/2012, este Tribunal procedió a librar la respectiva boleta de notificación a la parte agraviante, WISDOM C.A (PLANETA SPORTS) y notificación al Fiscal Superior del Ministerio Publico, mediante oficio Nº J2/2012/735 a los fines informarle sobre la audiencia oral y pública a celebrarse la presente acción de amparo, dentro del lapso establecido en la Ley.

Así pues, una vez anexada a autos la notificación tanto del FISCAL SUPERIOR DEL MINISTERIO PUBLICO DEL ESTADO LARA, como de la parte agraviante WISDOM C.A (PLANETA SPORTS), se fijó oportunidad para la celebración de la audiencia constitucional, mediante auto de fecha 07 de marzo de 2012, la cual se llevó a cabo el día 19 de Julio del año en curso, tal y como se desprende del folio 62 de autos.
Ahora bien, deja claro éste juzgador que durante el curso procesal de dicho amparo se establecieron las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa establecida en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aunado al hecho de que se respetaron los lapsos procesales establecidos en los artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantiza el derecho “a obtener con prontitud la decisión correspondiente” y a una justicia “expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles” y el del artículo 27 eiusdem que garantiza, para el amparo, un procedimiento breve, no sujeto a formalidad y capaz de garantizar el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida. Y es que, según el artículo 257 de la Carta Magna: …“El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público...”. -
Visto lo anterior, éste jugador procede a dictar el fallo escrito, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la Jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

Por consiguiente, el día Diecinueve (19) de Julio de 2012, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), siendo el día y hora fijados, para que tuviese lugar la Audiencia Constitucional, oportunidad en la que se dejó constancia de la incomparecencia de la parte querellada, WISDOM C.A (PLANETA SPORTS), activándose la presunción de los efectos establecidos en el artículo 23 de la ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, concatenado con lo dispuesto en el criterio jurisprudencial estableció por la Sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 07, de fecha 01/02/2000, caso Emery Mata Millan, tal y como se desprende del folio 65 de autos.
Ahora bien, en razón de la omisión por parte del querellado en no asistir a la celebración de la audiencia de amparo constitucional, éste juzgador pasa a considerar de manera indefectible que el querellado, presunto agraviante en la presente causa, al no asistir a la celebración de la audiencia de amparo constitucional se activó la presunción de los efectos establecidos en el artículo 23 de la ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el señala:

Artículo 23: “Si el Juez no optare por restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida, conforme al artículo anterior, ordenará a la autoridad, entidad, organización social o a los particulares imputados de violar o amenazar el derecho o la garantía constitucionales, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la respectiva notificación, informe sobre la pretendida violación o amenaza que hubiere motivado la solicitud de amparo”.
La falta de informe correspondiente se entenderá como aceptación de los hechos incriminados

Cónsono con lo anterior, aprecia este Juzgador, que nuestra Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, en su sentencia de fecha 01/02/2000, Expediente: 00-0010, caso: José Amando Mejía Betancourt y otros, ratificó el contenido del artículo 23 eiusden al dejar asentado en forma vinculante, lo siguiente:

“(…) La falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia oral aquí señalada producirá los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. (Negrillas del tribunal). (…)”

Ahora bien, este Tribunal acatando el mandato Constitucional de la Sala, del escrito contentivo de la presente acción se observa que los derechos denunciados como conculcados sólo afectan la esfera particular de los derechos subjetivos de los presuntos agraviados, y que tales violaciones no revisten el carácter de orden público que la norma indica, ni tampoco afectan las buenas costumbres.

En base a lo anterior, y ante la incomparecencia del presunto agraviante, a quien en todo momento se le respetó el Debido Proceso y el Derecho a la Defensa como ya se explicó, de conformidad con el Criterio vinculante de nuestro Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional este Tribunal debe aplicar la consecuencia establecida en el mencionado artículo 23, según la cual se presumen como ciertos los alegatos de hecho narrados por el querellante; por consiguiente este juzgador procede a dictar el fallo escrito, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la Jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en los siguientes términos:

La parte querellante, expuso en su escrito, que comenzó a prestar servicios personales, subordinados, e ininterrumpidos para la empresa WISDOM C.A (PLANETA SPORTS), devengando un salario de Cuatrocientos Cincuenta Bolívares (Bs. F 450,00), quincenal más de Trescientos Bolívares (300,00 Bs.) por concepto de Bono, cumpliendo una jornada de trabajo comprendida de Martes a Viernes de 01:30 pm a 03:30pm y 04:30 pm a 09:30pm, los días Sábados de 11:30am a 03:30pm y 04:30 pm a 09:30pm adicionalmente cada 15 días los días Domingos de 11:30am a 03:30pm y 04:30 pm a 08:30pm, hasta el día 20 de Agosto de 2009, que lo despidieron injustificadamente a pesar de estar amparado de Inamovilidad Laboral Especial establecida en decreto presidencial Nº 6.603. En fecha 18 de Septiembre de 2009, acudí por ante la Inspectoría del Trabajo José Pio Tamayo a solicitar la apertura de un Procedimiento de Reenganche y Salarios Caídos, la cual en fecha 02 de Octubre de 2009 en la oportunidad fijada para el Acto de Contestación la empresa estuvo de acuerdo con el Reenganche y solicitó prorroga para pagar los Salarios Caídos. Para el día 15 de Octubre de 2009, día fijado para el pago de Salarios Caídos a mi representada hasta ese día la empresa pagó la cantidad de Dos Mil Doscientos (Bs. 2.200,00). Y la jefe Inspectora decidió lo siguiente: “Es despacho deja constancia del pago realizado por concepto de Salarios Caídos y acuerda únicamente la materialización del Reenganche, razón por la cual esta Inspectoría Ordenara Oficiar a la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a los fines de que informe detalladamente sobre la cusa 13-F-09-1749, una vez decidido el presente asunto, este despacho procederá a pronunciarse sobre la reincorporación de la trabajadora Accionante. Es el caso que en fecha 27 de Abril de 2011, siendo la oportunidad fijada para la materialización del Reenganche y Pago de los Salarios Caídos la empresa expuso “Solicitamos fije el día viernes 06/05/2011 a los fines de dar cumplimiento al reenganche y pago de Salarios caídos y fue aceptado. Posteriormente en la nueva oportunidad fijado de común acuerdo la empresa reza el siguiente planteamiento: la empresa acuerda restituir a la trabajadora a su puesto de trabajo a partir del día Martes 10/05/2011, en el cargo de cajera en el horario de 01:30 pm a 03:30pm y 04:30 pm a 09:30pm, los días Sábados de 11:30am a 03:30pm y 04:30 pm a 09:30pm adicionalmente cada 15 días los días Domingos de 11:30am a 03:30pm y 04:30 pm a 08:30pm, con respecto a salario caídos mi representada conviene que los mismo se causan desde 23/03/2011, fecha de la notificación a los fines de la materialización de reenganche y los mismo le serán cancelados a la trabajadora una vez que se reincorpore a su puesto de trabajo. Ahora bien, siendo que existe la insistencia por de la empresa a NO cumplir con la decisión tomada por la Inspectoría del trabajo mi representada expuso: “… en virtud de la manifestación efectuada por la empresa de no pagar los salarios caídos desde la fecha 16/10/2009, hasta el día de hoy tal cual como fue protegido el Derecho del mismo según acta Nº 1269 de fecha 15 de Octubre de 2009m, mi representada acepta el reenganche por la violación de un Derecho Constitucional igualmente solicitó que se efectué el inicio del procedimiento correspondiente por parte de la Inspectoría…”

Ante tal decisión de fecha 15 de Octubre de 2009, la empresa WISDOM C.A (PLANETA SPORTS), no acató la decisión Administrativa por parte de la Inspectoría del Trabajo José Pío Tamayo en el Estado Lara, quedando firme la decisión. Así mismo tenemos que continuó el desacató por parte del empleador y se solicitó continuar el procedimiento Sancionatorio correspondiente, la cual quedó insertada bajo el Nº expediente 005-2011-06-00255 y la misma culminó con providencia administrativa sancionatoria Nº 01027 en fecha 28/07/2011, donde se impuso Multa a la demanda.

Así pues, en fecha Diecinueve (19) de Julio de 2012, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), fecha y hora fijada para la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, oral y pública, en la presente causa, se constituye el Tribunal con la presencia del Juez Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Estado Lara, Abogado Rubén Medina Aldana, el Secretario Abogada José Miguel Martínez, y el Alguacil Héctor Lucena.

Igualmente, se dejó constancia de la presencia por la parte querellante y su apoderado judicial abogado ALFONZO MATA, por la parte querellada WISDOM C.A (PLANETA SPORTS) no compareció nadie por si ni por medio de apoderado judicial. Se deja constancia de la presencia del ciudadano RAINER VERGARA, Fiscal del Ministerio Publico.

En tal sentido, vale acotar que la incomparecencia de la querellada acarrea los efectos contenidos en el artículo 23 de la ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, concatenado con lo dispuesto en el criterio jurisprudencial de nuestro máximo Tribunal en sentencia Nº 07, de fecha 01/02/2000, con ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabreso; caso Emery mata Millan.

II
ADMISION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA.

En este sentido, este Juzgado dejó constancia que la parte querellante no ofertó ningún medio de prueba en dicho acto, por lo que se admiten sólo las documentales ofertadas por la parte querellante junto con el escrito de demanda, contentivo de copia certificada del expediente, llevado por ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara “José Pio Tamayo”, los cuales rielan del folio 08 al 51 de autos. Así se establece.-

III

EVACUACION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

En orden de ideas, se procede a realizar la evacuación de las pruebas, haciéndolo de la siguiente manera:

DOCUMENTALES:
En cuanto a las documentales promovidas por la parte querellante, este Tribunal deja constancia que las mismas podrán ser valoradas alterando el orden el cual fueron consignadas, a los fines de facilitar a este juzgado el mejor análisis valoración de las mismas:

Del folio 08 al 51 de autos, se aprecia que corre inserta copia certificada del expediente administrativo Nº 005-2009-01-01606, llevado por ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara sede “ José Pio Tamayo”, contentivo de procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos, y el procedimiento sancionatorio llevado en el expediente signado Nº005-2011-06-00255, los cuales fueron promovidos por la parte querellante; al respecto se aprecia que dichas documentales no fueron impugnadas, en tal sentido se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley adjetiva laboral, dado que de estas se evidencia que efectivamente la Providencia Administrativa Nº 547 dictada en el expediente signado Nº 005-2009-01-01606 declaró con Lugar el Reenganche y Pago de Salarios Caídos al ciudadano querellante por cuanto la representación de la parte patronal no logró cumplir con su carga de la prueba y desvirtuar los alegatos realizados por el actor, y que la querellada se negó a dar cumplimiento a la providencia administrativa tal como se desprende del acta de fecha 06/05/2011 que corre inserta al folio 38 al 39 de autos, por lo cual se le apertura procedimiento sancionatorio en el expediente signado Nº005-2011-06-00255, del cual fue notificado la empresa querellada, imponiendo la multa de MIL CUATROCIENTOS SIETE BOLIVARES CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS (BS. F. 1.407,47), mediante providencia Nº 1027, de fecha 28/07/2011 tal y como se evidencia de los folios 45 al 47 de autos. Así se decide.-

Así pues no quedando otro medio de prueba por evacuar y controlar, de esta forma habiéndose respetado el Debido Proceso, el Derecho a la Defensa y el Proceso como instrumento fundamental para la realización de la Justicia, sin que en ningún momento se haya sacrificado la misma.

IV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Valoradas como han sido los medios de prueba aportados por las partes, analizadas las actas procesales, así como todos los alegatos del querellante expuesto en su libelo, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Derechos y Garantías Constitucionales, este Juzgador para decidir observa:
Primeramente, debe acotarse que la Acción de Amparo, tiende a garantizar la protección de los derechos fundamentales que nuestra Constitución contempla y reconoce a todo ciudadano, a través de un proceso expedito que posee características peculiares y especiales que lo diferencia de otros recursos similares existentes. El nacimiento de este recurso extraordinario se encuentra consagrado en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece textualmente que: “Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto”.
En materia de amparo ha sostenido la doctrina predominante, que el mismo se trata de un recurso extraordinario, autónomo y no subsidiario, con respecto a otro al cual se puede recurrir, aun existiendo otras vías ordinarias, pero no lo suficientemente idóneas o eficaces para lograr la protección de ese derecho o garantía constitucional infringida, o que se encuentre en inminente peligro de serlo con la debida urgencia que en esos casos se amerita. Específicamente, el Amparo Laboral, es una acción que igualmente tiende a la protección tanto de los derechos fundamentales como de las garantías constitucionales establecidas a favor de los trabajadores, y ampara de igual forma los no contemplados expresamente en nuestra Carta Magna.
En cuanto al aspecto adjetivo o procesal, es entendido que las normas y procedimientos para la tramitación de la acción de amparo laboral, son de orden público, en lo principal y en lo incidental, y su finalidad es subsanar de manera urgente y expedita las violaciones ocasionadas, en virtud de una relación de trabajo, para de esta manera, restaurar una situación jurídica lesionada y, consecuencialmente, reconocer al agraviado como titular de un derecho laboral constitucional que le había sido lesionado.
Con respecto a la naturaleza de la materia in comento, ésta es extraordinaria, porque cuando los medios procesales ordinarios estipulados a favor de los trabajadores o patronos son defectuosos o no aptos para evitar el daño, el Amparo Laboral es viable; sin embargo, éste no puede ser recurrido sobre la interpretación y aplicación de convenios contractuales.
Por otra parte, la Jurisprudencia Nacional ha asentado el criterio en materia de Amparo Laboral que este debe versar necesaria y exclusivamente sobre los derechos establecidos en la Constitución para trabajadores y patronos, es decir, que el sujeto agraviante debe ser el patrono o el trabajador, en cada caso.

Ahora bien, en caso de marras, de la revisión de la pretensión del agraviado explanada en su libelo que la conducta de rebeldía de la empresa querellada le lesiona su derecho Constitucional al Trabajo, el derecho a la Irrenunciabilidad de las disposiciones que la Ley establezca para favorecerlo o protegerlo, el Derecho a la estabilidad en el Trabajo, derechos que están siendo vulnerados por la parte querellada al no darle cumplimiento al providencia administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo la cual declara con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos correspondientes al actor, ordenando su reincorporación a su puesto de trabajo en las condiciones habituales.

En este orden de ideas, del análisis de las actas procesales, este Juzgador observa, que el punto medular de la presente acción versa en el determinar si existe o no una violación al derecho social trabajo del cual goza el querellante, a los fines de que este sea reincorporado en su puesto de trabajo en las condiciones habituales; y en determinar si la unidad administrativa al momento de dictar la providencia objeto del presente asunto le lesiono el debido proceso y el derecho a la defensa a alguna de las partes habida cuenta que no es un hecho controvertido la relación laboral.
Establecidos como han quedado los términos de la controversia, se aprecia que en el procedimiento administrativo se efectuó la respectiva notificación de la accionada, por ende el ente cuasi jurisdiccional respetó el derecho a la defensa y se siguió el debido proceso, así mismo se desprende de las actas que conforman el acto administrativo que la representación patronal acudió al acto de contestación y promovió escrito de pruebas, al igual que la representación del trabajador, en este estadio, no alberga lugar a dudas para este Tribunal el nexo laboral que unió a las partes, tal y como quedó establecido en la Acta Nº 1269 de fecha 15 de Octubre del año 2009, la cual cursa en el expediente signado Nº 005-2009-01-01606, puesto que el trabajador consignó medios de prueba suficientes para demostrar su condición de trabajo, así como los hechos alegados por el actor, por lo que a la Inspectoría dejo constancia de el pago por concepto de salarios caídos y acuerda únicamente la suspensión de la materialización del reenganche, así mismo se evidencia que la representación patronal en sede administrativa no logró cumplir con su carga probatoria y desvirtuar los pedimentos realizados por el actor, por lo cual considera este juzgador que la decisión del Inspector del Trabajo estuvo ajustada a derecho.
Aunado a ello, se evidencia de las actas que fue aperturado un procedimiento sancionatorio contra la empresa querellada por cuanto no fue posible practicar la ejecución forzosa, en el expediente signado Nº005-2011-06-00255, del cual fue notificado la empresa querellada, imponiendo la multa de MIL CUATROCIENTOS SIETE BOLIVARES CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS (BS. F. 1.407,47), mediante providencia Nº 1027, de fecha 28/07/2011 tal y como se evidencia de los folios 45 al 47 de autos. Así se decide.-

Por otra parte, aprecia este juzgador, que vista la incomparecencia de la parte accionada, se tiene como reconocido entre otras el nexo laboral que le une con el trabajador, así como el hecho de que éste efectivamente fue retirado de su puesto de trabajo sin justa causa, a pesar de la inamovilidad de la cual goza el trabajador; en virtud de ello, es menester para quien juzga destacar el carácter especialísimo que contiene el derecho al trabajo, que se encuentra consagrado el artículo 89 de nuestra Carta Magna, el cual reza lo siguiente:

Artículo 89.” El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:
1. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias.
2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.
3. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad.
4. Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno.
5. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición.
6. Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. El Estado los o las protegerá contra cualquier explotación económica y social”.

En este sentido, dado que el derecho al trabajo es un derecho social, que tiene todo ciudadano venezolano, el Juez en se constitucional debe sobre todas las cosas resguardar que icho derecho sea vulnerado de alguna forma; así pues del análisis de los hechos y del derecho, concluye quien juzga, que sin lugar a dudas en el caso de marras se pudo verificar, la lesión a las garantías constitucionales atinentes al Derecho al Trabajo, quien tiene derecho a obtener un trabajo estable que le dignifique su persona. Así se decide.-

Así las cosas, este tribunal debe asumir el criterio establecido en la Sentencia de fecha 14/12/06 Nº 2308 de la Sala Constitucional, caso Guardianes Vigiman S.R.L., al señalar que de modo excepcional cuando el incumplimiento afecte un derecho constitucional, puede recurrirse al amparo constitucional, para exigir un mandamiento judicial que consiste en una conducta que debió instarse en sede administrativa, y que, pese a las diligencias del interesado en solicitar la actuación de la administración no se pudo ejecutar -como en el caso que nos ocupa- que, habiéndose agotado los procedimientos de multa no se consiguió satisfacción a su primigenia pretensión de reenganche por parte de los quejosos, en contra de las empresas mercantiles accionadas.

En corolario de lo anterior, se desprende de los recaudos administrativos consignados por el quejoso, que el mismo es beneficiario de una providencia administrativa en contra de la empresa mercantil accionada, cuyo procedimiento de multa fue agotado, vista la imposición de la multa y la notificación de la misma, lo cual lleva a la convicción de este sentenciador, que, en efecto se les vulneró su derecho al trabajo previsto en el artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a la estabilidad laboral previsto en el artículo 93 constitucional y constatada la existencia de los requisitos de procedencia de la pretensión de amparo constitucional como medio idóneo para ejecutar la Providencia Administrativa dictada a su favor por la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara Sede “José Pio Tamayo”, como se verifica de los anexos exhaustivamente analizados; así como el procedimiento de multa por incumplimiento por parte de la accionada WISDOM C.A (PLANETA SPORTS) debe en consecuencia, darse cumplimiento inmediato a las Providencias administrativas dictadas por la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara Sede “José Pio Tamayo”, cuyo beneficiario es la ciudadana YULIENNY ELIZABETH MOGOLLON BERGER, anteriormente identificado, so pena de incurrir en desacato de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debiendo ordenarse la ejecución de la misma, por lo que la acción de amparo debe prosperar.
Por consiguiente, dado que todos los fundamentos antes expuestos constituyen razones forzadas que conllevan a este Tribunal a declarar la presente Acción Constitucional con lugar lo relacionado con la estabilidad del trabajador y el pago de salarios caídos. Así se decide.

En consecuencia de lo anterior, la querellada WISDOM C.A (PLANETA SPORTS), deberá restituirle al trabajador la situación jurídica infringida, reincorporando al trabajador a su faena de trabajo en las mismas condiciones en que se encontraba al momento de su despido injustificado como lo dictaminó la Inspectoría del Trabajo Sede “Pedro Pascual Abarca”, de igual manera deberá cancelarle los salarios dejados de percibir por el Trabajador, desde la fecha de la notificación de la Inspectoría del Trabajo del procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos, teniendo en cuenta el último salario mensual devengado por el trabajador la cantidad de NOVECIENTOS BOLIVARES (Bs. F.900,00); hasta la total y definitiva reincorporación del trabajador accionante a su puesto de trabajo, para lo cual se le fija como lapso para que de cumplimiento voluntario a la presente sentencia de quince (15) días a partir de la publicación del presente fallo de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, so pena de incurrir en desacato como lo establece el artículo 31 Eiusdem. Así se decide.

III
DISPOSITIVO

En mérito de las consideraciones anteriores éste Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio en Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad concedida por la Constitución y la Ley Decide:
PRIMERO: CON LUGAR lo atinente al trabajo y a la estabilidad en el mismo al igual que el salario de la trabajadora YULIENNY ELIZABETH MOGOLLON BERGER, titular de la cédula de identidad Nº 15.817.367, contra la sociedad mercantil WISDOM C.A (PLANETA SPORTS), por lo que la querellada debe cumplir la orden del Tribunal como se detalla en la motiva del fallo. Así se decide.

SEGUNDO: Se ordena a la sociedad mercantil WISDOM C.A (PLANETA SPORTS, dar cumplimiento inmediato a lo acordado en Acta Nº 1269, de fecha 15/10/2009, la cual cursa en el expediente signado Nº 005-2009-01-01606, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara sede “José Pio Tamayo”, de la que es beneficiario el hoy quejoso, ordenando el reenganche y pago de los salarios caídos del mismo, como se explicó en la motiva la fallo. Así se decide.

TERCERO: El presente mandamiento de amparo deberá ser acatado por todas las autoridades, so pena de incurrir en desacato por desobediencia como lo establece la presente sentencia. Así se decide.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Juicio de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En Barquisimeto, el día Veintitrés (23) de marzo del año dos mil doce (2012). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.

EL JUEZ
Abg. Rubén de Jesús Medina Aldana

El Secretario
Abg. José Miguel Martínez

En esta misma fecha se publicó la anterior sentencia, a las 12:40 p.m. habilitando las horas del despacho por tratarse de un amparo constitucional.

El Secretario
Abg. José Miguel Martínez

RMA/jm/em.