TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN
Caracas, 25 de junio de 2012
202º y 153º

EXPEDIENTE Nº AP42-G-2012-000409
En fecha 13 de marzo de 2012, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, escrito contentivo de la demanda de nulidad interpuesta por los abogados Gustavo Grau Fortoul, Miguel Mónaco y María Isabel Paradisi, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 35.522, 58.461 y 137.672 respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A., constituida originalmente con la denominación social C.A. PRO-MESA mediante documento inscrito el 14 de mayo de 1964 por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda, quedando anotado bajo el Nº 127, Tomo 10-A-Pro, contra el Acto Administrativo S/N emitido por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) en fecha 15 de septiembre de 2011 y notificado por vía electrónica en esa misma fecha, mediante la cual se respondió al recurso de reconsideración ejercido por la empresa y ratificó la tasa de cambio aplicada de cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 4,30) por dólar de los Estados Unidos de América, para los trámites para la liquidación de divisas correspondientes a las Solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas Nros. 13674635, 13543239, 13679923, 13639447, 13670894, 13696374, 13654065, 13626258, 13677054, 13622462, 13667756, 13678563, 13745083 y 13669072, aun cuando la tasa aplicable correspondiente era de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar de los Estados Unidos de América, de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2 del Convenio Cambiario Nº 15, por tratarse de importaciones para el sector alimentos.
El 19 de marzo de 2012, se dio cuenta a la Jueza de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.
En fecha 22 de marzo de 2012, este Tribunal dictó auto para mejor proveer mediante el cual previo a resolver acerca de la competencia y admisibilidad de la presente demanda, ordenó requerirle a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), el expediente administrativo del presente caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, concediéndosele un lapso de diez (10) días de despacho para la remisión de los mismos, contados a partir del día siguiente a la constancia en autos de la notificación del oficio que se ordenó librar, con la advertencia que una vez transcurridos los diez (10) de despacho conferidos a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), este Tribunal analizaría la competencia y las causales de inadmisibilidad con los documentos y soportes que cursen en autos, teniendo para ello tres (3) días de despacho siguientes, a tenor de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En fecha 9 de abril de 2012, la representación judicial de la parte demandante, presentó diligencia mediante la cual expone consideraciones con respecto al anterior auto para mejor proveer dictado por este Órgano Jurisdiccional y consignó anexos.
En fecha 12 de abril este Órgano Jurisdiccional dictó auto mediante el cual ordenó agregar a los autos los anexos consignados por la representación judicial de la parte demandante en fecha 09 de abril de 2012.
En fecha 08 de mayo de 2012, el Alguacil de este Tribunal consignó acuse de recibo del oficio de notificación dirigido al Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
En fecha 23 de mayo de 2012, la representación judicial de la parte demandada, presentó diligencia mediante la cual solicitó una prórroga de diez (10) días de despacho a los efectos de consignar el expediente administrativo relacionado con la presente causa y consignó copia simple del poder que acredita su representación.
En fecha 24 de mayo de 2012, este Tribunal dictó auto mediante el cual ordenó agregar a los autos documento poder que acredita la representación judicial de la parte demandada y se concedió la prórroga solicitada.
En fecha 15 de junio de 2012, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), copias certificadas de los antecedentes administrativos relacionados con la presente demanda correspondiente a las solicitudes 13622462, 13679923, 13696374, 13626258, 13678563, 13674635, 13667756, 13543239, 13639447, 13745083, 13677054, 13654065, 13670894 y 13669072.
Ahora bien, este Órgano Jurisdiccional, siendo la oportunidad procesal para decidir acerca de la competencia y admisibilidad de la demanda de nulidad interpuesta por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil demandante, pasa a realizar las siguientes consideraciones:
I
DE LA DEMANDA DE NULIDAD
En fecha 13 de marzo de 2012, los apoderados judiciales de la sociedad mercantil ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A., interpusieron demanda de nulidad contra la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), con fundamento en las siguientes razones de hecho y de derecho:
Que, interponen “demanda de nulidad contra el Acto Administrativo S/N emitido por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) en fecha 15 de septiembre de 2011 y notificado por vía electrónica en esa misma fecha, mediante la cual se respondió al recurso de reconsideración ejercido por la empresa y ratificó la tasa de cambio aplicada de cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 4,30) por dólar de los Estados Unidos de América, para los trámites para la liquidación de divisas correspondientes a las Solicitudes de Adquisición de Divisas Nros. 13674635, 13543239, 13679923, 13639447, 13670894, 13696374, 13654065, 13626258, 13677054, 13622462, 13667756, 13678563, 13745083 y 13669072, aun cuando la tasa aplicable correspondiente era de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar de los Estados Unidos de América, de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2 del Convenio Cambiario Nº 15, por tratarse de importaciones para el sector alimentos”.
Indican que “[su] representada en una empresa venezolana que, desde vieja data y en ejercicio de los derechos garantizados en los artículos 112 y 115 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (‘CRBV’), ha venido dedicando sus operaciones exclusivamente a la producción, distribución y comercialización de diversos productos alimenticios. Con ello contribuye a la satisfacción de los hábitos, requerimientos y preferencias del consumidor venezolano, así como también al sostenimiento y preservación de adecuados niveles de seguridad alimentaria en el país”. (Corchetes de este Juzgado).
Señalan que “(…) en ejercicio del principio de autonomía garantizado constitucionalmente como parte del contenido esencial del derecho a la libertad económica, (…) el objeto social de [su] representada y su actividad comercial comprende principalmente las actividades de elaboración y distribución de diversos productos alimenticios, entre los cuales se encuentran distintas variedades y presentaciones de rubros que cuentan con gran trayectoria en la dieta del venezolano, (…)” (Corchetes de este Juzgado).
Que “(…) la liquidación de divisas requiere de la obtención de las autorizaciones correspondientes para ello, las cuales se tramitan a través de CADIVI, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Providencia Nro. 104, (…) aplicable en razón del tiempo (hoy Providencia Nro. 108), cuando se trate de importaciones de bienes al país”. (Mayúsculas del original).
Arguyen que “(…) de conformidad con lo previsto en la citada PROVIDENCIA, luego que el usuario ha solicitado y obtenido por CADIVI la correspondiente AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVISAS (‘AAD’) debe presentar la correspondiente solicitud de AUTORIZACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE DIVISAS (‘ALD’) lo cual tiene lugar luego que ha sido importada y nacionalizada la mercancía indicada en la AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS (‘AAD’) emitida por CADIVI, y el importador presenta los recaudos demostrativos de tal actuación, así como otros señalados en dicha PROVIDENCIA, ante CADIVI, por medio del operador cambiario correspondiente” (Mayúsculas del original).
Invocan que “[f]inalmente, una vez CADIVI verifica que la solicitud de ALD cumple con todos los extremos indicados para ello, procede a emitir este último acto y es entonces cuando el operador cambiario procede a solicitar al BCV –ente encargado de vender las divisas para el pago de importaciones- la liquidación de las divisas para el pago de la deuda con el proveedor extranjero o exportador” (Mayúsculas del original).
Que “(…) esta liquidación de divisas, en principio, se realiza según la tasa de cambio vigente para el momento de la operación. Así, en la actualidad, según el Convenio Cambiario Nº 14, (…) el tipo de cambio previsto para estas operaciones es de Bs. 4,30 por USD. No obstante, observa[n] que el Convenio Cambiario Nº 15 estableció excepcionalmente el tipo de cambio de Bs. 2,60 por USD para determinadas operaciones, con el objeto de evitar que el aumento de la tasa de cambio adoptada por el CONVENIO CAMBIARIO Nº 14, impactará negativamente en determinados en determinados sectores considerados estratégicos para el Ejecutivo Nacional” (Negrillas y subrayado del original, corchetes de este Juzgado).
Señalan que “(…) la tasa de Bs. 2,60 por USD aplica expresamente para las importaciones para el sector de alimentos que hubiesen obtenido un AAD antes del 31 de diciembre de 2010, supuesto en el cual se encontraba [su] representada respecto a las importaciones referidas al ACTO RECURRIDO PARCIALMENTE” (Mayúsculas del original y corchetes de este Juzgado).
Sostienen que “(…) [su] representada obtuvo la AAD antes del 31 de diciembre de 2010, se encontraba y encuentra inscrita en el RUSAD dentro del sector alimentos y más aún, los bienes importados aplican para la manufactura de alimentos” (Mayúsculas del recurrente y corchetes de este Juzgado).
Aducen que el “[…] otorgamiento del ALD, se realizó su efectiva liquidación, pero a una tasa de cambio mayor a aquella que correspondía a los bienes importados, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 2 del CONVENIO CAMBIARIO Nro. 15 […]. Ciertamente, CADIVI incurrió en un error al momento de liquidar las divisas en cuestión, pues, en vez de aplicar el tipo de cambio de Bs. 2,60 por USD, por estar destinadas és[as] al sector alimentos, en su lugar utilizó la tasa de Bs. 4,30 por USD, lo cual, en definitiva, dio como resultado que el monto pagado por [su] representada fuese mucho mayor al que en realidad correspondía” (Mayúsculas, negrillas y subrayado del escrito, corchetes de este Juzgado).
Expresan que “(…) [su] representada ejerció oportunamente el correspondiente recurso de reconsideración únicamente por lo que respecta a la tasa de cambio aplicada a través de tales actos, y a la fecha de la interposición de la presente demanda, és[e] recurso no fue decidido por CADIVI, con lo cual, se entiende que el mismo ha sido negado de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (…)” (Mayúsculas del original y corchetes de este Tribunal).
Alegan que su “(…) pretensión de nulidad (…) se fundamenta en los vicios que afectan la validez del Acto Recurrido señalando que viola el derecho de ser oído, (…), incurre en el vicio de inmotivación, (…) parte de un falso supuesto de hecho y de Derecho (…) y viola el principio de la confianza legítima. (Negrillas y subrayado del original).
Solicitan que “(…) se declare la nulidad parcial del ACTO IMPUGNADO, en lo que respecta a la tasa de cambio aplicada en las operaciones que le atañen, (…)” (Mayúsculas del original).
Alegan que “(…) CADIVI había emitido, antes del 31 de diciembre de 2010, los AAD números 3775693, 3742756, 3780911, 3773156, 3776710, 3792867, 3780807, 3770191, 3784135, 3772945, 3780831, 3784555, 3806115 y 3780790 para la importación de varios bienes, cuyo uso se destinaría exclusivamente a la producción de alimentos por la empresa, es decir, al sector alimentos” (Mayúsculas, negrillas y subrayado del original).
Indican que “a pesar de que [su] representada tiene derecho a la tasa de cambio de Bs. 2,60 por USD prevista en el literal a) del artículo 2 del Convenio Cambiario Nro. 15, dado que los bienes importados se encontraban claramente destinados al sector alimentos y sus AAD fueron emitidos por CADIVI antes del 31 de diciembre de 2010, CADIVI no reparó en esta especial circunstancia, la cual era expresamente de su conocimiento por vía del RUSAD, y liquidó las divisas al tipo de cambio de Bs. 4,30 por USD contenida en el CONVENIO CAMBIARIO Nro. 14, existiendo así una diferencia en el monto liquidado”. (Mayúsculas del original y corchete de este Juzgado).
Arguyen que “(…) en el presente caso ha existido una errada apreciación de los hechos o motivos en los cuales se basó CADIVI para determinar el tipo de cambio aplicable a los ALD números 2194282, 2205164, 2214736, 2215295, 2216715, 2217714, 2217613, 2217551, 2217663, 2224023, 2224116, 2224136, 2224301 y 2224120, en tanto consideró que los bienes importados referidos a dichas operaciones no correspondían al sector alimentos, (…)” (Mayúsculas del original y corchetes de este Juzgado).
Finalmente solicitaron se declare con lugar la nulidad parcial del acto administrativo recurrido, ordenándose el reintegro a su representada de la cantidad de Bs. 4.777.402,76 correspondiente al diferencial pagado en exceso por la demandante y, se ordene la indexación de los montos demandados conforme al índice de Precios al Consumidor vigente para el momento en que se proceda a dictar sentencia definitiva, para lo cual solicitan la realización de una experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.
II
DE LA COMPETENCIA
Previo a cualquier pronunciamiento, debe este Juzgado establecer la competencia de esta Corte para conocer la demanda de nulidad interpuesta por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A., contra el Acto Administrativo S/N emitido por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) en fecha 15 de septiembre de 2011 y notificado por vía electrónica en esa misma fecha, mediante la cual se respondió al recurso de reconsideración ejercido por la empresa y ratificó la tasa de cambio aplicada de cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 4,30) por dólar de los Estados Unidos de América, para los trámites para la liquidación de divisas correspondientes a las Solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas Nros. 13674635, 13543239, 13679923, 13639447, 13670894, 13696374, 13654065, 13626258, 13677054, 13622462, 13667756, 13678563, 13745083 y 13669072, aun cuando la tasa aplicable correspondiente era de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar de los Estados Unidos de América, de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2 del Convenio Cambiario Nº 15, por tratarse de importaciones para el sector alimentos, y, a tal efecto, se observa lo siguiente:
A los fines de determinar la competencia de este Tribunal para conocer de la demanda de nulidad interpuesta, resulta necesario traer a colación lo establecido en los artículos 2 y 3 del Convenio Cambiario N° 1 de fecha 5 de febrero de 2003, suscrito entre el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas, hoy Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, el cual contempla lo siguiente:
“Artículo 2.- La coordinación, administración, control y establecimiento de requisitos, procedimientos y restricciones que requiera la ejecución de este Convenio corresponde a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), la cual será creada por el Ejecutivo Nacional mediante Decreto (…)”
Artículo 3.- Las atribuciones de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), deberán ser ejercidas sin perjuicio de las facultades de ejecución de la política cambiaria que corresponden al Banco Central de Venezuela y sus decisiones agotan la vía administrativa (…)” (Subrayado de este Tribunal).
En ese orden de ideas, el Decreto Presidencial N° 2330 de fecha 6 de marzo de 2003, publicado en la Gaceta Oficial N° 37.644, establece en su artículo 2, lo siguiente:
“Artículo 2.- Se crea la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), la cual tendrá por objeto ejercer las atribuciones que le correspondan, de conformidad con lo previsto en el Convenio Cambiario N° 1 de fecha 5 de febrero de 2003 (…) y las previstas en este Decreto. (…)” (Subrayado de este Tribunal).
Pues bien, de lo anterior resulta indubitable el carácter de Órgano de la Administración Pública que posee la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y, en consecuencia, por resultar sus actuaciones verdaderos actos administrativos, estos estarán sujetos al respectivo control de legalidad, atribuido competencialmente a la jurisdicción contencioso administrativa, como se infiere de la norma contenida en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por tanto, el conocimiento de las impugnaciones –en sede judicial de los actos administrativos emanados de aquella, corresponde a los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo.
Ahora bien, precisado el carácter administrativo de las actuaciones que emanan del ente recurrido, así como la competencia material de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de la nulidad de sus actos, es importante señalar que el artículo 24 numeral 5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece la competencia de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (aún Cortes de lo Contencioso Administrativo), de la siguiente manera:
“Artículo 24. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de: […] Numeral 5. Las demandas de nulidad de los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 5 del artículo 23 de esta Ley y en el numeral 3 del artículo 25 de esta Ley, cuyo conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de la materia”. [Corchete de este Tribunal].
Ello así, este Órgano Jurisdiccional observa, que la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas, no configura ninguna de las autoridades señaladas en los numerales 5 y 3 de los artículos 23 y 25 de la Ley supra mencionada, y habida cuenta que el conocimiento de las acciones ejercidas contra la mencionada Comisión no le está atribuido a otro Órgano Jurisdiccional por disposición expresa de la Ley, este Juzgado de Sustanciación declara competente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, para conocer y decidir en primer grado de jurisdicción la pretensión deducida. Así se declara.
III
DE LA ADMISIBILIDAD
Determinada la competencia de esta Corte para decidir el caso de autos, corresponde de seguidas a este Juzgado de Sustanciación pronunciarse acerca de la admisibilidad de la demanda de nulidad interpuesta y, en tal sentido, debe efectuar el análisis de los requisitos establecidos en los artículos 33 y 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con excepción del numeral 3° del artículo 35, aplicable sólo a las demandas de contenido patrimonial.
En tal sentido, de la revisión minuciosa del libelo, se observa que la demanda interpuesta cubre los extremos indicados en los artículos 33 y 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dado que el mismo no es de los prohibidos en su ejercicio, es decir, no existe disposición legal que declare ilegal la tramitación de dicho recurso; que no se produjo la acumulación indebida de acciones o recursos; consta en los autos los instrumentos suficientes para decidir sobre la admisión o inadmisión del presente recurso; el libelo recursivo no contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos; no es ininteligible; quien se presenta como apoderado judicial de la parte actora consignó en su oportunidad el instrumento poder que acredita su representación; no consta en autos que el presente asunto haya sido precedentemente resuelto en sede judicial, es decir, no consta que exista cosa juzgada y por último, con respecto a la caducidad de la acción, se puede evidenciar que este la demanda de nulidad fue interpuesta en tiempo hábil; en este sentido, se observa de las actas que conforman el presente expediente que la demanda fue interpuesta en fecha 13 de marzo de 2012 y notificadas por vía electrónica en fecha 15 de septiembre de 2011, es decir, en el lapso de ciento ochenta (180) días continuos a que alude el numeral 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en virtud de lo cual y por las consideraciones precedentemente expuestas ADMITE, la demanda de nulidad interpuesta por los abogados Gustavo Grau Fortoul, Miguel Mónaco y María Isabel Paradisi, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 35.522, 58.461 y 137.672 respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A.
Precisado lo anterior, se ordena notificar de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a los ciudadanos Fiscal General de la República, Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas y Procuradora General de la República, notificación esta última que se practicará de conformidad con el artículo 86 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica que rige sus funciones, remitiéndole a dichos funcionarios copia certificada del libelo, del acto impugnado; de los recaudos correspondientes y del presente fallo.
Igualmente, se deja establecido que una vez conste en autos las notificaciones ordenadas se remitirá a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, el presente expediente a fin que se fije la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 eiusdem.
IV
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1.- COMPETENTE a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo para conocer la presente demanda de nulidad interpuesta por los abogados Gustavo Grau Fortoul, Miguel Mónaco y María Isabel Paradisi, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 35.522, 58.461 y 137.672 respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A., constituida originalmente con la denominación social C.A. PRO-MESA mediante documento inscrito el 14 de mayo de 1964 por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda, quedando anotado bajo el Nº 127, Tomo 10-A-Pro, contra el Acto Administrativo S/N emitido por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) en fecha 15 de septiembre de 2011 y notificado por vía electrónica en esa misma fecha, mediante la cual se respondió al recurso de reconsideración ejercido por la empresa y ratificó la tasa de cambio aplicada de cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 4,30) por dólar de los Estados Unidos de América, para los trámites para la liquidación de divisas correspondientes a las Solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas Nros. 13674635, 13543239, 13679923, 13639447, 13670894, 13696374, 13654065, 13626258, 13677054, 13622462, 13667756, 13678563, 13745083 y 13669072, aun cuando la tasa aplicable correspondiente era de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar de los Estados Unidos de América, de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2 del Convenio Cambiario Nº 15, por tratarse de importaciones para el sector alimentos;
2.- ADMITE la referida demanda de nulidad;
3.- ORDENA notificar a los ciudadanos Fiscal General de la República, Procuradora General de la República, Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas;
4.- ORDENA remitir el expediente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, una vez consten en autos las notificaciones ordenadas, a fin que se fije la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Dada, firmada y sellada, en la Sala del Despacho del Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2012. Año 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
La Jueza Provisoria,

Mónica Leonor Zapata Fonseca
La Secretaria,

Ana Teresa Oropeza de Mérida

EXP. N° AP42-G-2012-000409
BAR/LOU