TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Juicio de Barquisimeto
Barquisimeto, 21 de junio de 2012
202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL: KP01-P-2006-005214
ASUNTO : KK01-P-2011-000027

SOLICITUD DE REVISIÓN DE MEDIDA
Vista la solicitud formulada por la Abogada RUTH BLANCO, en su condición de Defensora Pública del acusado ELÍAS DAVID ALVARADO SUÁREZ, titular de la cédula de identidad Nº 17.195.062 en relación al Decaimiento de la Medida de Privación Preventiva Judicial de Libertad a la que se encuentra sometido el prenombrado acusado, este Tribunal, para resolver al respecto, hace las siguientes consideraciones:

Establece el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, que siempre que los supuestos que motivan la Privación Judicial Preventiva de Libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, alguna de dichas medidas. Por su parte, el artículo 244 ejusdem, establece el principio de proporcionalidad como parámetro para decidir las medidas de coerción personal a imponer, tomando como criterios al respecto, la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.

En este orden de ideas, debe destacarse que nuestro sistema adjetivo penal, se orientó la privación preventiva de libertad a través de la aplicación de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, específicamente a que se cumpla con los extremos contenidos en la norma adjetiva Penal, a fin de que este acreditada la existencia del hecho punible, fundados elementos de convicción y presunción razonable del peligro de fuga por la pena que podría llegar a imponerse, elementos éstos que quedaron acreditados en autos en la oportunidad que se decretó la Medida cuya revisión se solicita.
En este sentido, la proporcionalidad implica que se pondere objetivamente los derechos lesionados, en este caso el de la libertad (del imputado) y el derecho a la vida, la integridad física, la propiedad y la libertad individual, por parte de las víctimas, así como a la existencia de paz social (de la sociedad) que es uno de los fines del Estado, considerándose así que todos ellos son significativos y gozan de protección constitucional, y que la Privación Preventiva de Libertad, aun cuando afecta un derecho fundamental, como lo es el Derecho a la Libertad, no implica su violación si ha sido decretada tomando en cuenta los elementos que la misma ley exige; así una medida cautelar puede afectar un derecho e incidir en él, pero no violarlo si se cumple las condiciones que hace procedente la restricción de ese derecho; siendo condición sine qua non la adecuación de la medida, la necesidad de la medida y su proporcionalidad en sentido estricto, como a juicio de este Tribunal, ha sucedido en el presente caso. Es por ello que la reserva legal, permite al legislador en los términos que establece la propia Constitución, restringir ese Derecho fundamental a la Libertad, no solo para proteger otros derechos constitucionales que están en colisión, sino para proteger intereses colectivos de distinta naturaleza siempre que se respete el principio de proporcionalidad.

En el presente caso, además de haberse estimado en las fases anteriores, tanto la comisión de un hecho punible que tiene prevista pena privativa de libertad y cuya acción no está evidentemente prescrita, así como los elementos de convicción para estimar la autoría o participación del acusado en su perpetración; se observa en la actual oportunidad, a los efectos de la presunción del peligro de fuga, que el delito por el cual se le sigue la presente causa al acusado supra mencionado, se refieren al HOMICIDIO CALIFICADO, que tiene prevista una pena privativa de libertad que excede en su límite máximo los Diez (10) años, y por ende se presume legalmente el peligro de fuga de conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo Primero del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal.

Adicionalmente se aprecia la considerable magnitud y los daños producidos con la perpetración del delito ventilado en la presente causa, como es la pérdida de la vida de un ser humano, los cuales son irreparables por su irreversibilidad; todo lo cual se traduce en consecuencias dañosas de importante consideración para la víctima y para la sociedad en general, pues en definitiva estos hechos afectan la paz social. Esta situación, aunada a la sanción probable, la cual es cuantitativamente significativa, refleja la configuración de la presunción del inminente peligro de fuga por parte del acusado supra mencionado

En el caso de marras se observa que el hecho objeto de la presente causa es el delito de Homicidio Calificado, en donde la víctima es al mismo tiempo testigo presencial del hecho ventilado en la presente causa, por lo cual su seguridad personal e integridad física y emocional pudiera verse afectada. De manera que el decaimiento de la medida a la que se encuentra sujeto el acusado, constituiría un inminente riesgo para la protección de los bienes jurídicos ya señalados, la cual podría quedar ilusoria por la falta de juzgamiento de los hechos objeto de la presente causa, ante el peligro de fuga que se presume fundadamente, en el presente caso, como se explicó up supra.

Debe observarse además que en todo caso, en la presente causa ya se ha fijado el juicio Oral y Público y que el mismo no se ha reanudado por la falta de traslado del imputado; por lo cual, junto a aquellas razones que el Tribunal tomó en cuenta para decretar la Medida de Privación Preventiva de Libertad, se concluye que la misma debe mantenerse, y así se decide.

DISPOSITIVA.
En base a las consideraciones que preceden, este Tribunal de Juicio Nº 3, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA LEY declara: PRIMERO: Sin Lugar la solicitud formulada RUTH BLANCO, en su condición de Defensora Pública del acusado ELÍAS DAVID ALVARADO SUÁREZ, titular de la cédula de identidad Nº 17.195.062, en relación a la Revisión de la Medida de Privación Preventiva Judicial de Libertad a la que se encuentra sometido el prenombrado acusado. SEGUNDO: Ofíciese a la Dirección de Seguridad y Custodia del Ministerio para el Poder Popular de Asuntos Penitenciarios a los fines de solicitarle el traslado del ciudadano ELÍAS DAVID ALVARADO SUÁREZ, titular de la cédula de identidad Nº 17.195.062 quien actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Tocorón Estado Aragua, al Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental Uribana o a otro centro más cercano a esta jurisdicción, para lograr celebrar el Juicio oral y Público, el cual se tiene pautado para el día 26-06-2012 a las 10:00 a.m. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Regístrese. Cumplase.

LA JUEZA DE JUICIO Nº 3

ABG. MARILUZ CASTEJON PEROZO