REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En su Nombre: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO PRESUNTA AGRAVIADA: MILAGROS DEL VALLE RINCON TORRES venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-10.979.953, de este domicilio, quien es madre de una niña de ocho (8) años de edad y un niño recién nacido, cuya identificación se omite por mandato del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. ABOGADA: DEOLINDA MARUJA FERNANDEZ MERCHAN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-12.312.735, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nro. 146.564. PRESUNTOS AGRAVIANTES JOSE REINALDO ALVARADO NOGALES y DONA JEAN MATOS DE ALVARADO. Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-12.245.478 y V-15.274.187, respectivamente, ambos de este domicilio. MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL SENTENCIA: INTERLOCUTORIA – DECLINATORIA DE COMPETENCIA EXPEDIENTE: 56.690 I DE LA CAUSA En fecha 19 de junio de 2.012, fue recibido por ante este Tribunal, el presente RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL, interpuesto por la abogada DEOLINDA MARUJA FERNANDEZ MERCHAN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-12.312.735, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nro. 146.564, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana MILAGROS DEL VALLE RINCON TORRES venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-10.979.953, de este domicilio, quien es madre de una niña de ocho (8) años de edad y un niño recién nacido, cuya identificación se omite por mandato del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, contra los ciudadanos JOSE REINALDO ALVARADO NOGALES y DONA JEAN MATOS DE ALVARADO. Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-12.245.478 y V-15.274.187, respectivamente, ambos de este domicilio. Este Tribunal por auto de fecha 21 de junio del año 2.012, le dio entrada a la presente causa bajo el Nro. 56.690, de la nomenclatura interna llevada por este Juzgado. II DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal, prima fase, debe analizar su competencia para conocer de la presente acción de AMPARO CONSTITUCIONAL, y a tal efecto procede a la revisión de sus actas, observando: PRIMERO: En el caso de autos, el presente recurso fue ejercido por la abogada DEOLINDA MARUJA FERNANDEZ MERCHAN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-12.312.735, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nro. 146.564, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana MILAGROS DEL VALLE RINCON TORRES venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-10.979.953, de este domicilio, quien es madre de una niña de ocho (8) años de edad y un niño recién nacido, cuya identificación se omite por mandato del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. SEGUNDO: Del contenido del escrito libelar, se evidencia claramente que la materia relacionada o afín con el recurso presentado, se encuentra ubicada en el campo de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, lo cual impone, para su conocimiento y decisión, la intervención de un órgano jurisdiccional especializado en la materia, ya que prima el interés superior de los menores, como sujeto de derecho. TERCERO: En este orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 12 de febrero de 2001, ha señalado: “…esta Sala observa que esta en presencia de un conflicto negativo de competencia entre dos Juzgados… a tal efecto debe reiterar la Sala su criterio establecido en innumerables fallos sobre la norma que determina cuál es el Tribunal competente para conocer de las acciones de Amparo Constitucional, es el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece: Artículo 7: “Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren las solicitud de amparo. En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia. Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia…” Del análisis del mencionado artículo se impone colocar en relación de afinidad o proximidad dos elementos: la materia de competencia del Tribunal, especial u ordinaria, y, la naturaleza del derecho o la garantía constitucional violada o amenazada de violación, dicho de otra manera, no es más que atribuirle la competencia de las acciones de amparo a los Tribunales que se encuentren más familiarizados por su competencia con los derechos o garantías constitucionales que sean denunciados.- …(sic)… De esta forma queda establecido claramente que la intención de la Ley fue la de atribuirle competencia en materia de amparo a aquel que tuviera mejor conocimiento del derecho o garantía constitucional que se iba a debatir durante el proceso de amparo constitucional (afinidad).…” Igualmente, en sentencia de fecha 04 de junio de 2.003, expediente Nro. 02-1599, señaló: “….la preponderancia que tiene la materia de menores respecto a otros aspectos que se discutan en un juicio, siempre que exista de manera evidente, el interés directo de un niño o adolescente, por lo que la competencia debe desviarse hacia los tribunales creados en esta materia”. “…Al respecto, el ámbito de protección concebido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, comprende los derechos de supervivencia, desarrollo, protección y participación, todos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, según Gaceta Oficial nº 34.541 del 29 de agosto de 1990, a través de los cuales se enerva la premisa fundamental en este proceso, tal es, el ‘Interés Superior del Niño’, como sujeto de derecho”. “La Sala, en esta oportunidad, quiere dejar claro que uno de los objetivos de la Ley Orgánica en referencia, ha sido la creación de mecanismos procesales para proteger, ante las instancias judiciales y administrativas, los derechos consagrados en ella, siempre y cuando existan elementos que permitan inferir que los intereses del niño puedan verse afectados por alguna actuación de un particular, incluyendo sus padres y de algún órgano administrativo o jurisdiccional”. “Aunado a ello, la Sala quiere destacar el contenido del artículo 12 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en lo atinente a la naturaleza de orden público en esta materia, el cual a la letra, dice: ‘ARTÍCULO 12. Naturaleza de los Derechos y Garantías de los Niños y Adolescentes. Los derechos y garantías de los niños y adolescentes reconocidos y consagrados en esta Ley son inherentes a la persona humana, en consecuencia son: a) De orden público; [...]’. Ello es así, dada la labor que implica la protección integral que debe el Estado a estos sujetos de derecho. Dicha labor se ve materializada a través de los distintos órganos creados a tal fin, bien sean administrativos o judiciales, los cuales actúan en procura de su mejor bienestar y desarrollo”. III MOTIVACIÓN PARA DECIDIR PRIMERO: Siendo el espíritu y propósito de la Ley, como lo instauran las sentencias up supra señaladas, que el Juez que debe conocer de la Acción de Amparo, es aquel que tenga la mejor noción del derecho o garantía, que se presuma violado o amenazado con violar, este Tribunal en atención a ello y considerando que la afinidad de los derechos y garantías, que se han de debatir en el presente asunto no son de su conocimiento en razón de la materia, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en atención a los criterios sostenidos por la Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal de Justicia, en comunión con el principio de la supremacía de la protección de los derechos de los niños y adolescente, esta Juzgadora considera que la materia relacionada o afín con la acción interpuesta, no encuadra dentro de las áreas de su competencia funcional. En consecuencia, este Tribunal se declara INCOMPETENTE para conocer el presente recurso de Amparo Constitucional. ASÍ SE DECLARA. SEGUNDO: Por cuanto la tutela solicitada va a recaer en beneficio de una niña de ocho (8) años y un niño recién nacido, materia de competencia especialísima de los respectivos Circuitos de Protección, y, en atención, a las normas previstas en los artículos 177 y 453 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, concatenados con los fallos de la Sala Constitucional ut supra invocados, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, DECLINA LA COMPETENCIA en un Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. ASÍ SE DECIDE. IV DISPOSITIVA Por las razones anteriormente expuestas, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley; declara: ÚNICO: DECLINA LA COMPETENCIA en un Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Se ordena enviar sin dilación alguna el presente expediente, al Juzgado Distribuidor del Circuito Judicial de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Publíquese y déjese copia. Désele salida. Ofíciese lo conducente. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO. En Valencia, a los 27 días del mes de junio del año 2.012 Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación. LA JUEZA PROVISORIA, ABOG. HILDEGARDA BETANCOURT FURSOW LA SECRETARIA TITULAR, ABOG. ROSA VIRGINIA ANGULO En la misma fecha, se publicó la anterior decisión, siendo las 11:40 de la mañana. LA SECRETARIA TITULAR, ABOG. ROSA VIRGINIA ANGULO Exp. Nro. 56.690 HBF/Labr.