REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Barquisimeto, 14 de marzo de 2012.
201º y 153º
ASUNTO: KP02-R-2012-000102
PARTES EN JUICIO:
PARTE ACTORA: BRENDA PASTORA MORILLO CÁCERES, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V – 7.302.653, de este domicilio
APODERADA DE LA PARTE ACTORA: AMERICA AZUAJE, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 170.135.
PARTE DEMANDADA: AVON COSMETIC DE VENEZUELA C.A., Inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y el Estado Miranda, el 26 de octubre de 1962, bajo el Nº 76, folio 34-A.
APODERADA DE LA PARTE DEMANDADA: ROGER RODRÍGUEZ TOFFOLO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 90.469.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA.
I
BREVE RESEÑA DE LOS HECHOS
Se inicia la presente demanda por cobro de prestaciones sociales, interpuesta por la ciudadana BRENDA PASTORA MORILLO CÁCERES, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V – 7.302.653 en contra de AVON COSMETIC DE VENEZUELA C.A., Inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y el Estado Miranda, el 26 de octubre de 1962, bajo el Nº 76, folio 34-A.
En fecha 24 de enero del 2012, el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, dejó constancia de la incomparecencia de la parte actora, por si misma o por medio de apoderado judicial alguno, motivo por el cual, de conformidad con el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, declara el desistimiento del proceso, razón por la cual comparece la apoderada judicial de la parte actora y apela de la referida decisión, siendo que el juzgado a quo oyó la apelación interpuesta en ambos efectos y se ordenó la remisión de la causa a este Juzgado Superior.
Una vez recibido el presente asunto por este Despacho, se le dio entrada en fecha 01 de marzo de 2012 y se fijó oportunidad para la celebración de la audiencia oral, la cual tuvo lugar en fecha 08 de marzo de 2012, oportunidad en la cual se declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
Llegada la oportunidad procesal para exponer los fundamentos de la decisión, este Juzgado Superior procede a hacerlo en los términos que a continuación se expresan:
II
DEL FONDO DE LA CONTROVERSIA
El presente recurso de apelación versa sobre la incomparecencia de la parte actora por si misma o por medio de apoderado judicial alguno a la audiencia de preliminar, en virtud de lo cual el a quo declara la presunción de admisión de los hechos en el presente asunto.
La parte actora recurrente motiva su recurso en razones de fuerza mayor que impidieron la comparecencia de la demandante a la instalación de la audiencia preliminar, manifiesta en esta audiencia que los motivos de la incomparecencia del mismo se encuentran justificados, específicamente por motivos de salud, razón por la cual consignó reposo médico expedido en que fecha 20.01.2012 por el médico RICARDO PASQUARELLI ARRAGA, gineco-obstreta, cédula de identidad no. 3.224.696, MSDS 11789, CM 754, quien hace constar que la ciudadana BRENDA MORILLO CACERES, presentó Bartholinitis, motivo por el cual amerita reposo médico absoluto por 7 días bajo tratamiento médico. Así mismo, consignó constancia de reposo emanada del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, centro ambulatorio Dr. Rafael Vicente Andrade de fecha 27 de enero del 2012, suscrito por la Dra. Vivian Luz Borrero, cédula de identidad No. 9.542.943, SAS 38.109, CM 3.420, quien hace constar que la demandante acudió a dicho centro médico a fin de convalidar el anterior reposo expedido por el Dr. PASQUARELLI ARRAGA, siendo convalidado el mismo desde el 20.01.2012 hasta el 26.01.2012. Aduce además el recurrente que para la fecha de instalación de la audiencia, el actor no contaba con representación legal alguna, encontrándose imposibilitado para trasladarse, siendo otorgado poder en fecha posterior, es decir, el 31.01.2012. En virtud de lo expuesto, solicita se declare con lugar el presente recurso y se reponga la causa al estado de instalar nuevamente la audiencia preliminar.
La no comparecencia de alguna de las partes, constituye una anomalía del procedimiento habida consideración de que las partes son sujetos necesarios y útiles en el proceso, cuyo interés procesal debe estar evidenciado desde el primer momento en que se inicia cualquier proceso, debiendo subsistir necesariamente durante el desarrollo de éste.
Bajo esta perspectiva, resulta evidente entonces que la incomparecencia de cualquiera de las partes a los diferentes actos procesales que requieran dicha presencia, afecta per se el iter procesal y es por ello que el legislador ha otorgado diferentes efectos legales en los diversos supuestos que pueden presentarse con ocasión de la no comparencia de los intervinientes en un juicio.
En el ámbito laboral, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 130, ha previsto: “Si el demandante no compareciere a la audiencia preliminar se considerará desistido el procedimiento, terminando el proceso mediante sentencia oral que se reducirá en un acta, la cual deberá publicarse en la misma fecha. Contra esta decisión, el demandante podrá apelar a dos (2) efectos por ante el Tribunal Superior del Trabajo competente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes”, del texto citado se colige que se le impone una consecuencia jurídica, en este caso a la parte actora, en virtud del “incumplimiento de la carga de comparecer” a la audiencia preliminar, habida cuenta de que las partes están a derecho una vez efectuada la notificación para la audiencia preliminar, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Sin embargo el ejercicio de la actividad probatoria constituye el instrumento mediante el cual las partes pueden demostrar la verdad de sus proposiciones y crear en el juzgador la convicción sobre la realidad de los mismos y llevarlo consecuencialmente a decidir conforme a la norma invocada dentro de la cual se encuadran los hechos alegados, tal como ha sido recogido por el legislador laboral en el artículo 69 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en los términos que seguidamente se expresan:
“Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto a los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones”
Resulta evidente entonces la ineludible necesidad de demostrar los hechos que se invocan dentro de un proceso por parte del justiciable, de modo que quien juzga pueda tener en sus manos los elementos de convicción que le permitan constatar la veracidad de los hechos esgrimidos por las partes.
En razón a ello, la parte actora recurrente manifiesta en esta audiencia que en la oportunidad de la celebración de la audiencia preliminar, no pudo comparecer por motivos de fuerza mayor, al respecto de este punto la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 866, de fecha 17 de febrero de 2004, estableció que:
“Tales causas extrañas no imputables que configuran el incumplimiento involuntario del deudor (obligado) las adminicula el legislador en correspondencia con la norma transcrita en el caso fortuito y la fuerza mayor, y ante tal categorización, debe la Sala necesariamente aclarar las condiciones necesarias para su procedencia y consecuente efecto liberatorio.
Toda causa, hecho, obstáculo o circunstancia no imputable que limite o impida el cumplimiento de la obligación, debe necesariamente probarse. Tal condición limitativa o impeditiva debe resultar de orden práctico.
Asimismo, tal imposibilidad plena en ejecutar la obligación necesariamente debe instaurarse como sobrevenida, es decir, que se consolida o materializa con posterioridad a contraerse legítimamente la obligación.
De otra parte, la causa externa (no imputable) generadora del incumplimiento no puede resultar previsible, y aun desarrollándose en imprevisible, la misma debe ser inevitable, a saber, no subsanable por el obligado.
Igualmente y de manera conclusiva, debe especificarse que la causa del incumplimiento no puede responder a una actitud volitiva, consciente del obligado (Dolo o intencionalidad)”.
En este sentido observa este sentenciador que la representante judicial de la parte actora recurrente motiva su recurso en razones de fuerza mayor, específicamente motivos de salud de la ciudadana BRENDA MORILLO, quien para la fecha de la audiencia preliminar no poseía apoderado judicial alguno.
Antes de pasar a analizar los hechos alegados conviene hacer mención a que, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en reiteradas oportunidades ha establecido que las causas de incomparecencia justificada son el caso fortuito y la fuerza mayor y adicionalmente ha establecido que además de ellas podrían ser justificativas aquellos hechos del quehacer humano que aún siendo previsibles o evitables impongan al obligado una carga compleja e irregular que escape de las previsiones ordinarias de un buen padre de familia, en virtud de lo cual, este juzgador procederá a realizar el análisis de los hechos que rodean al presente asunto.
Ahora bien conocida la fundamentación del recurso observa quien juzga que la recurrente consignó reposo médico expedido en que fecha 20/01/2012 por el médico RICARDO PASQUARELLI ARRAGA, gineco-obstreta, cédula de identidad no. 3.224.696, MSDS 11789, CM 754, quien hace constar que la ciudadana BRENDA MORILLO CACERES, presentó Bartholinitis, motivo por el cual amerita reposo médico absoluto por 7 días bajo tratamiento médico. Así mismo, consignó constancia de reposo emanada del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, centro ambulatorio Dr. Rafael Vicente Andrade de fecha 27 de enero del 2012, suscrito por la Dra. Vivian Luz Borrero, cédula de identidad No. 9.542.943, SAS 38.109, CM 3.420, quien hace constar que la demandante acudió a dicho centro médico a fin de convalidar el anterior reposo expedido por el Dr. PASQUARELLI ARRAGA, siendo convalidado el mismo desde el 20/01/2012 hasta el 26/01/2012., constatando este Tribunal que la actual apoderada judicial de la actora, esta facultada desde el 31/01/2012, fecha posterior a la celebración de la audiencia preliminar, por lo que, considera quien juzga se encuentra justificada la causa de incomparecencia de la parte actora a la oportunidad de la audiencia preliminar, mediante documentos emanados de organismo público y que constituyen documentos públicos administrativos, que tal como lo ha señalado la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia, se presume la veracidad de los hechos en ellos contenidos, en consecuencia dicha documental avala los motivos justificados de la incomparecencia de la actora BRENDA MORILLO CÁCERES para el momento y considerando que para la oportunidad de la celebración de la audiencia preliminar no contaba con ningún abogado apoderado, se entiende justificada su incomparecencia. Así se decide.
En consecuencia, y como quiera que dicha documental avala los motivos justificados de la incomparecencia de la parte actora BRENDA MORILLO CÁCERES, se declara CON LUGAR el recurso de apelación intentado por la parte actora ya identificada. Así se Decide.
III
D E C I S I O N
Por todo lo antes expuesto, es forzoso para este JUZGADO PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA COORDINACIÓN LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO LARA, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declarar: CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto en fecha 30.01.2012, por la parte actora en contra de la sentencia dictada en fecha 24.01.2012 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
En consecuencia, se REVOCA la sentencia recurrida en todas sus partes y se ordena al Juzgado a quo a fijar nueva oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar.
No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.
Expídase copia certificada de la presente sentencia para ser agregada al Libro respectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y bájese oportunamente el expediente al Tribunal de la causa.
Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, a los catorce (14) días del mes de marzo de dos mil doce (2012).
Años: 201º de la Independencia y 153º de la Federación.
El Juez
Abg. William Simón Ramos Hernández
La Secretaria,
Abg. Maria Kamelia Jiménez
En igual fecha y siendo las 3:15 p.m, se publicó y se expidió copia certificada conforme a lo ordenado en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
La Secretaria,
Abg. Maria Kamelia Jiménez
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