En nombre de P O D E R J U D I C I A L JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA. Asunto: KH09-X-2012-81 / MOTIVO: MEDIDA CAUTELAR IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS PARTE DEMANDANTE: NESTLÉ VENEZUELA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 26 de junio de 1957, bajo el Nº 23, tomo 22-A. APODERADA JUDICIAL DE LA DEMANDANTE: ANDREINA VELÁSQUEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el Nº 117.626. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO: Providencia administrativa (s/n), emanada de la Inspectoría del Trabajo Pedro Pascual Abarca del Estado Lara, de fecha 29 de febrero de 2012, dictada en el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos intentado por el ciudadano CARLOS ANTONIO PÉREZ contra NESTLÉ VENEZUELA, C.A., en expediente Nº 025-2011-01-195. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ M O T I V A La parte actora solicita en su libelo, presentado en fecha 04 de mayo de 2012, la que se decrete medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado. El demandante fundamenta la necesidad de suspender los efectos del acto administrativo, para de evitar perjuicios de imposible o difícil reparación, en virtud de la cantidad de vicios que contiene la providencia dictada por la Inspectoría del Trabajo. A los fines de pronunciarse sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada, el Tribunal considera lo siguiente: El Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece que “a petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el Tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva”, por lo que no resulta aplicable lo dispuesto en el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. La demandante manifiesta en su escrito libelar lo siguiente: En lo referente al segundo de los requisitos, no se aprecia que se afecte con la suspensión solicitada ningún interés general; por cuanto la decisión administrativa objeto del presente recurso de nulidad es de efectos particulares, ya que el presente acto administrativo recurrido es personalísimo pues va destinado solamente al ciudadano Carlos Antonio Pérez. […] Con respecto al ciudadano Carlos Antonio Pérez de acordarse la cautelar de suspensión de efecto, se suspenderá su prestación de servicios y el pago de los salarios caídos y otros beneficios legales y contractuales, los cuales podrá obtener una vez se dicte la decisión definitiva en el presente caso en caso que no prosperara la nulidad planteada; de modo que la “ejecución del fallo” y los “eventuales perjuicios” que cause éste proceso, podrán ser resarcidos por un mandato expreso del legislador del trabajo. Es importante observar que el demandante alega que la medida de suspensión va destinada a un particular, sin afectar el interés general, obviando la misma que la inamovilidad es de orden público, que no puede ser relajada por los particulares; igualmente, los vicios denunciados no son evidentes ni directos de disposiciones legales; por lo que requiere análisis del fondo y de las pruebas de autos. Por lo tanto, no es evidente en autos “la apariencia del buen derecho invocado” y acordarla equivaldría a “prejuzgar sobre la decisión definitiva”, contrariando lo dispuesto en el Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA). Igualmente, es importante señalar que en fecha 7 de mayo de 2012, se publicó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número extraordinario 6.076, el Decreto Nº 8.938, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT), que en el Artículo 425 regula el procedimiento y restitución de derechos de los trabajadores protegidos por inamovilidad, estableciendo en el Nº 9, lo siguiente: Artículo 425 […] 9. En caso de reenganche, los tribunales del trabajo competentes no le darán curso alguno a los recursos contenciosos administrativos de nulidad, hasta tanto la autoridad administrativa del trabajo no certifique el cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida. Revisadas las disposiciones transitorias y derogatorias de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT), la citada norma es de aplicación inmediata con la publicación del decreto en la Gaceta Oficial, como establece su disposición final. Por otra parte, el Artículo 24 Constitucional establece que “las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia aun en los procesos que se hallaren en curso” (cursiva agregada), por lo que el Artículo 425, Nº 9, de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT) debe respetarse en estos trámites anulatorios de la providencia administrativa que ordena el reenganche de un trabajador. Revisados el presente asunto, no consta en autos que el empleador hubiese cumplido con la obligación de reincorporar al trabajador, en las condiciones que ordena el acto administrativo presuntamente inficionado, por lo que un hecho ilícito del empleador no puede generar derechos a su favor, alegando perjuicios ocasionados por su propio incumplimiento. Por lo expuesto, este Tribunal niega la medida cautelar de suspensión de efectos de la providencia administrativa, ya que no se cumplieron con los requisitos legales para su procedencia. D I S P O S I T I V O Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho expuestos, el Juez Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confieren la Ley y el Derecho, DECIDE: PRIMERO: IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos de la providencia administrativa ya identificada, porque no se demostraron los elementos para su procedencia, conforme al Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ni el cumplimiento de lo previsto en el Artículo 425, Nº 9, de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores. SEGUNDO: Se condena en costas al solicitante de conformidad con lo establecido en los artículos 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil. Dictada en Barquisimeto, a los 18 días del mes de mayo de 2012. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA. Abg. JOSÉ MANUEL ARRÁIZ CABRICES. JUEZ La Secretaria En igual fecha, siendo las 03:25 p.m. se publicó la anterior decisión. La Secretaria JMAC/eap