JUEZ PONENTE: MARISOL MARÍN R.
EXPEDIENTE Nº AP42-R-2009-000975
En fecha 13 de julio de 2009, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, el oficio N° 1504-09 de fecha 17 de junio 2009, proveniente del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la Abogada Norelis Barroeta, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 119.449, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano JUNIS EDINSON BRICEÑO FLORES, titular de la cédula de identidad Nº 13.505.471, contra las FUERZAS ARMADAS POLICIALES DEL ESTADO LARA.
Dicha remisión se efectuó en virtud de haberse oído en ambos efectos en fecha 8 de junio de 2009, el recurso de apelación interpuesto en fecha 28 de abril de 2009, por el Abogado Richard Rodríguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 90.324, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la parte recurrente, contra la decisión dictada en fecha 21 de abril de 2009 por el mencionado Juzgado, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.
En fecha 16 de julio de 2009, se dio cuenta a esta Corte y por auto de esa misma fecha, se designó ponente al Juez Enrique Sánchez, fijándose el lapso de quince (15) días de despacho más cuatro (4) días continuos correspondientes al término de la distancia, para que la parte apelante presentase el escrito de fundamentación al recurso de apelación interpuesto, a tenor de lo previsto en el párrafo 18, del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
En fecha 16 de septiembre de 2009, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, el escrito de fundamentación de la apelación presentado por el Abogado Adolfo Olivo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 2.974, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano Junis Edinson Briceño Flores.
En fecha 17 de septiembre de 2009, se abrió el lapso de cinco (5) días de despacho para la contestación al escrito de fundamentación de la apelación, el cual venció en fecha 24 de septiembre de 2009.
En fecha 28 de septiembre de 2009, se abrió el lapso de cinco (5) días de despacho para la promoción de pruebas, el cual venció en fecha 5 de octubre de 2009.
En fecha 6 de octubre de 2009, transcurrido el lapso para la promoción de pruebas, sin que las parte hubiesen promovido prueba alguna, se difirió la oportunidad para la fijación del día y la hora en que tendría lugar la Audiencia de Informes Orales, de conformidad con lo previsto en el aparte 21, del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, vigente para la fecha.
En fechas 5 de noviembre y 3 de diciembre de 2009, se difirió nuevamente la oportunidad para la fijación del día y la hora en que tendría lugar la Audiencia de Informes Orales.
En fecha 20 de enero de 2010, en virtud de la incorporación del Abogado Efrén Navarro, fue reconstituida esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, quedando integrada su Junta Directiva de la siguiente manera: Enrique Sánchez, Juez Presidente; Efrén Navarro, Juez Vicepresidente; y María Eugenia Mata, Juez.
En fecha 1º de febrero de 2010, esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa, reanudándose la misma una vez transcurrido el lapso establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.
En fechas 8 de febrero y 8 de marzo de 2010, se difirió nuevamente la oportunidad para la fijación del día y la hora en que tendría lugar la Audiencia de Informes Orales.
En fecha 15 de marzo de 2010, siendo la oportunidad legal correspondiente, se fijó para el día martes 27 de abril de 2010, la celebración de la Audiencia de Informes Orales, conforme lo dispuesto en el aparte 21, del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
En fecha 23 de marzo de 2010, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, el escrito presentado por el ciudadano Junis Edinson Briceño Flores, debidamente asistido por la Abogada Laura Capecchi, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 32.535, mediante el cual revocó poderotorgado al Abogado Adolfo Olivo, antes identificado y otorga poder apud acta a la referida Abogada, asimismo solicitó la reposición de la presente causa, en virtud, que “…desde la fecha en la cual el expediente se remite a Caracas a la fecha en la cual se fijó la relación de la causa, transcurre un lapso mayor a un (1) mes…”.
En esa misma fecha, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, la diligencia presentada por la Abogada Laura Capecchi, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano Junis Edinson Briceño Flores, mediante la cual estableció el domicilio procesal respectivo.
En fecha 7 de abril de 2010, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, la diligencia presentada por la Abogada Laura Capecchi, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano Junis Edinson Briceño Flores, mediante la cual solicitó pronunciamiento de esta Corte sobre la solicitud de la reposición de la causa, realizada en fecha 23 de marzo de 2010.
En fecha 21 de abril de 2010, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, el escrito de consideraciones presentado por la Abogada Laura Capecchi, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano Junis Edinson Briceño Flores.
En fecha 27 de abril de 2010, se llevó a cabo la Audiencia de Informes Orales, dejándose constancia de la no comparecencia de la parte recurrida, así como de la comparecencia de la parte recurrente. En este mismo acto, la parte recurrente consignó escrito de informes.
En fecha 28 de abril de 2010, esta Corte dijo “Vistos” y se ordenó pasar el expediente al Juez Ponente.
En fecha 29 de abril de 2010, se pasó el expediente al Juez Ponente.
En fecha 12 de julio de 2010, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, la diligencia presentada por la Abogada Laura Capecchi, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano Junis Edinson Briceño Flores, mediante la cual sustituye poder apud acta reservándose su ejercicio en la Abogada Luisa Yaselli, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 18.205.
En fecha 13 de abril de 2011, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, la diligencia presentada por la Abogada Laura Capecchi, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano Junis Edinson Briceño Flores, mediante la cual solicitó se dicte sentencia en la presente causa.
En fecha 27 de septiembre de 2011, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, la diligencia presentada por la Abogada Aura Castro, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 75.676, actuando con el carácter de Fiscal Primera del Ministerio Público ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual solicitó celeridad procesal en la presente causa.
En fecha 25 de octubre de 2011, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, la diligencia presentada por la Abogada Antonieta de Gregorio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 35.990, actuando con el carácter de Fiscal Primera del Ministerio Público ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual solicitó celeridad procesal en la presente causa.
En fecha 23 de enero de 2012, debido a la incorporación de la Abogada Marisol Marín R., se reconstituyó esta Corte quedando integrada su Junta Directiva de la siguiente manera: EFRÉN NAVARRO, Juez Presidente; MARÍA EUGENIA MATA, Juez Vicepresidente y MARISOL MARÍN R., Juez.
En fecha 25 de enero de 2012, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, la diligencia presentada por la Abogada Antonieta de Gregorio, actuando con el carácter de Fiscal Primera del Ministerio Público ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual solicitó abocamiento y que se dicte sentencia en la presente causa.
En fecha 26 de enero de 2012, esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa, reanudándose la misma una vez transcurrido el lapso previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 6 de febrero de 2012, se reasignó la Ponencia a la Juez MARISOL MARÍN R., a quien se ordenó pasar el expediente a los fines de que esta Corte dicte la decisión correspondiente.
En esa misma fecha, se pasó el expediente a la Juez Ponente.
Asimismo, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, la diligencia presentada por la Abogada Antonieta de Gregorio, actuando con el carácter de Fiscal Primera del Ministerio Público ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual solicitó celeridad procesal en la presente causa.
En fechas 11 de abril y 12 de junio y 13 de noviembre de 2012, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, las diligencias presentadas por la Abogada Antonieta de Gregorio, actuando con el carácter de Fiscal Primera del Ministerio Público ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales solicitó celeridad procesal en la presente causa.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Corte procede a decidir, previa las consideraciones siguientes:
-I-
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL
En fecha 25 de septiembre de 2008, la Abogada Norelis Barroeta, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano Junis Edinson Briceño Flores, interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial contra las Fuerzas Armadas Policiales del estado Lara, con fundamento en las siguientes razones de hecho y de derecho:
Indicó, que “…en fecha 13 de junio de 2008, se dicta una resolución mediante la cual se notifica y se acuerda a mi poderdante de la instrucción de Procedimiento Administrativo Nº 148-06, y donde se manifiesta la decisión de haberlo destituido de su cargo recibido por este en fecha 11 de julio de 2008, elaborado por la División de Recursos Humanos a través del Departamento de Asuntos Internos de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado (sic) Lara, donde dicho acto Administrativo (sic) acuerda destituir de su cargo por la comisión de falta (sic) causales de destitución previstas en la Ley del Estatuto de la Función Pública y Ley (sic) Régimen Disciplinario de los Funcionarios Policiales de las Fuerzas Armadas del Estado (sic) Lara…”.
Manifestó, que “…en fecha 10 de junio de 2006, se suscito un incidente donde supuestamente fueron encontrados en los dormitorios del puesto policial Baradida Vieja donde el Ciudadano (sic) Junis Edinson Briceño estaba destacado como funcionario Policial (sic) con síntomas de haber consumido bebidas alcohólicas, y que había dejado su arma de reglamento olvidada en un baño del CDI (sic) que es donde funcionaba el referido puesto policial, esta (sic) siendo encontrada por una trabajadora de limpieza del mismo, y entregada al puesto policial, igualmente se menciona que el Ciudadano (sic) Junis Briceño se ausento (sic) del sitio de trabajo sin haber entregado la guardia, y así mismo se menciona que en el mismo día se produce un choque en la Avenida Venezuela, donde el Funcionario (sic) Policial (sic) estaba incurso, pero este en su escrito de descargo menciona que el salio (sic) con autorización de su superior jerárquico en ese momento presente en el puesto policial, así como que el arma fue encontrada inmediatamente no presentando ningún daño, los daños producidos al vehículo ambos eran a título personal el que manejaba Junis Briceño era de su propiedad y el otro vehículo no sufrió daño que no se pueda haber reparado…”.
Arguyó, que “…no hay ninguna notificación donde se le informa oficialmente [a su representado] que se le apertura Expediente (sic) Administrativo (sic), uno de los requisitos exigidos y derecho (sic) que tiene todo funcionario público…” (Corchetes de esta Corte).
Expuso, que “…otro (sic) de las irregularidades en (sic) acto administrativo, ya que no es sino hasta dos (2) años después que se le notifica y se le solicita el descargo de las pruebas donde se pone de manifiesto la falta de celeridad y la imposibilidad de descartar y desvirtuar las acusaciones…”.
Que, “…hasta la fecha es imposible verificar los supuestos de hecho que se mencionan en el expediente administrativo, puesto que se debió hacer exámenes de laboratorio para determinar el estado etílico, como también la experticia al arma mencionada para la determinación del daño causado y sí se habría causado el daño mencionado y como alega para producir la destitución se debió tener un informe de la Contraloría del Estado para determinar la magnitud (daño) del mismo…”.
Esgrimió, que “…el Expediente (sic) se elaboro solo con entrevistas y hechos circunstanciales, que jamás podrá dar lugar a una destitución, es de hacer de su conocimiento que esta decisión de destitución independientemente que sea por el Artículo (sic) 86 o el Artículo (sic) 87 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, esta ya prescribió pues el Artículo 88 de la misma ley establece: `Las faltas de los funcionarios o funcionarias públicos sancionadas con la destitución, prescribirán a los ocho meses, a partir del momento en que el funcionario o funcionaria público de mayor jerarquía dentro de la respectiva unidad tuvo conocimiento y no hubiese solicitado la apertura de la correspondiente averiguación administrativa´…”.
Adujó, que “…dentro del caso que nos ocupa seria (sic) una amonestación escrita lo que encuadraría puesto que (sic) daño causado no acarreo gravedad alguna (…). Es criterio de quien suscribe que la sanción es desproporcionada…”.
Finalmente, solicitó que “…con el fin de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la decisión tomada en el Acto (sic) Administrativo (sic) de fecha 13 de junio de 2008, es por lo que de conformidad con lo establecido en el aparte 20 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, solicitamos como en efecto formalmente lo hacemos, la suspensión de los efectos del Acto (sic) Administrativo (sic) por las siguientes razones: Primero: El Acto Administrativo de fecha 13 de junio de 2008, que se impugna a través del presente recurso de nulidad, afecta el patrimonio económico de mi representado, por cuanto que no le permite seguir obteniendo un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para si (sic) y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, según las previsiones del artículo 87 de nuestra Carta Nacional. Segundo: El Acto (sic) Administrativo (sic) de fecha 13 de junio de 2008, que se impugna a través del presente recurso de nulidad, afecta la estabilidad funcionarial. Tercero: El Acto (sic) Administrativo (sic) de fecha 13 de junio de 2008, que se impugna a través del presente recurso de nulidad, prescribió puesto que su pronunciamiento se llevo (sic) más de dos (2) años para su ejecución. Cuarto: El Acto (sic) Administrativo (sic) de fecha 13 de junio de 2008, que se impugna a través del presente recurso de nulidad viola el principio de celeridad. Quinto: El Acto (sic) Administrativo (sic) de fecha 13 de junio de 2008, que se impugna a través del presente recurso de nulidad, es desproporcionado y no acarrea destitución sino amonestación. Por las razones antes expuestas (…) es por lo que ejercemos RECURSO DE NULIDAD, contemplado en el aparte 8 del Artículo (sic) 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y solicitamos que sea declarado CON LUGAR con todos los efectos legales consiguientes…” (Mayúsculas, negrillas y subrayado del original).
-II-
DE LA DECISIÓN APELADA
En fecha 21 de abril de 2009, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, con fundamento en lo siguiente:
“Corresponde a este Tribunal pronunciarse con respecto a la querella funcionarial interpuesta por la representación judicial del ciudadano JUNIS EDINSON FLORES, antes identificado, en contra del acto administrativo de fecha 13 de junio de 2008 dictado por la Comandancia General de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado (sic) Lara, por medio del cual se destituyó al querellante.
Al entrar a conocer el fondo del asunto planteado, este Tribunal procede a pronunciarse con respecto a los vicios alegados por la representación judicial de la parte querellante:
Se evidencia de las actas procesales, el alegato esgrimido por la representación judicial del querellante relativo a la falta de notificación donde se le informe (sic) que se le aperturó (sic) un expediente administrativo, en tal sentido, este Tribunal observa que, de la revisión del expediente administrativo consignado se constata que el querellante fue notificado del procedimiento instaurado en su contra, tal como consta a los folios 143 y 147, que se valoran como documentos administrativos, en los cuales se constata el acto de formulación de cargos por parte de la División de Recursos Humanos de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado (sic) Lara y la firma del ciudadano Junis Briceño, parte querellante en el presente proceso, lo cual lleva a la convicción de este Juzgador que el mismo estuvo al tanto del procedimiento administrativo de destitución llevado en su contra, siendo que, además de ello, todo el procedimiento se llevó a cabalidad, habida cuenta de que la (sic) hoy aquí recurrente se defendió de los cargos que se le imputaron lo cual se denota en el escrito anexo a los folios 150 y 151, presentado por el propio querellante en sede administrativa, por ello que queda así desechado entonces el alegato de falta de notificación.
A contrario sensu, este Tribunal observa que en el procedimiento administrativo que terminó con el acto administrativo cuya nulidad se solicita se respetó el derecho a la defensa y al debido proceso del querellante y así se decide.
Por otra parte, la representación judicial del querellante alega que al presente asunto le es aplicable una amonestación escrita y no la destitución; en tal sentido, este Tribunal observa que a los funcionarios públicos les resulta aplicable el régimen disciplinario previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública concretamente las causales de amonestación y destitución establecidas en los artículos 82 al 88; siendo así, el querellante aduce que se le debe aplicar una amonestación por escrita (sic), sin embargo no expone a este Tribunal las razones por las cuales debió aplicarse la sanción de amonestación y no de destitución, es decir, sólo se limita a decir que el daño causado no acarreó gravedad alguna, cuestión que este Tribunal debe contrastar con la presunción de legalidad y legitimidad del acto administrativo impugnado, el cual goza de buena fe por tratarse de un acto emanado de la Administración Pública. Ello así, el querellante no presenta a este Tribunal alguna prueba de sus alegatos, en consecuencia, resulta forzoso declarar sin lugar el alegato relativo a la aplicación de una amonestación por escrita (sic) , ya que del contexto del acto administrativo de destitución de fecha 13 de junio de 2008 se constata la gravedad del daño causado por el hoy querellante, quien se retiró del servicio sin autorización de su superior, en estado de embriaguez en fecha 10 de julio de 2006, lo cual se subsume en la causal establecida en el numeral 6 del artículo 86 de la Ley del Estatuto de la Función Pública relativa a la conducta inmoral en el trabajo o acto lesivo al buen nombre o a los intereses del órgano o ente de la Administración Pública, tal como fue considerado en el acto impugnado y así se decide.
Así las cosas, este Tribunal considera que al caso sub iudice la sanción de destitución aplicada por la Administración Pública resulta ser proporcional a la falta cometida por el querellante; por lo que no resulta aplicable el principio de la proporcionalidad establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos a los efectos de aplicar una sanción mas (sic) leve y así se decide.
Seguido a lo anterior, este Tribunal observa que el querellante alega que los hechos presentados jamás podrán dar lugar a una destitución, lo cual debe sucumbir ante la litis por las razones antes indicadas relativas a los hechos acaecidos y el derecho aplicable al presente caso y así se decide.
Cónsono con los razonamientos precedentemente expuestos, resulta forzoso para este Tribunal declarar Sin Lugar la querella funcionarial interpuesta y así se declara.
IV
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide:
PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano JUNIS EDINSON FLORES, antes identificado, en contra de las FUERZAS ARMADAS POLICIALES DEL ESTADO LARA.
SEGUNDO: Se mantiene firme y con todos sus efectos jurídicos el acto administrativo de fecha 13 de junio de 2008 dictado por el Comandante General de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Lara, por medio del cual se destituyó al querellante.
TERCERO: No hay condenatoria en costas en razón del principio de igualdad constitucional, ya que si la Administración Pública no puede ser condenada, mal podría condenarse al particular” (Mayúsculas y negrillas de la original).
-III-
DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN
En fecha 16 de septiembre de 2009, el Abogado Adolfo Olivo, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano Junis Edinson Briceño Flores, presentó escrito de fundamentación de la apelación contra la decisión dictada en fecha 21 de abril de 2009, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en los siguientes términos:
Indicó, que “…el análisis y examen (sic) de las actas procesales necesariamente hace que se concluya que en el presente caso se ha producido `la prescripción´ de la causa abierta contra nuestro (sic) representado (…). Consta que los hechos por los cuales fue encausado mi representado JUNIS EDINSON BRICEÑO FLORES, ocurrieron el 10 de Julio (sic) del 2006 y la resolución por la cual se le sanciona fue emitida el día 13 de junio del 2008, es decir, ya habían transcurrido un (1) año y once (11) meses, en consecuencia es evidente que el lapso de prescripción a transcurrido sobradamente. Razón por la cual, solicito de ese ilustre tribunal (sic) decreten la nulidad del acto de destitución de mi defendido (…) y ordene su reincorporación al Servicio (sic) Policial (sic), Consecuencialmente (sic) le sean pagados los salarios caídos…” (Mayúsculas del original).
Denunció, que “…la resolución por la cual se destituye a mi representado está infesta del vicio de falta de motivación. La administración (sic) sancionadora se limita a señalar una serie de hechos supuestamente probados en el expediente, sin expresar las razones de hecho y de derecho por las cuales se determinen que la conducta de mi representado se califique dentro de el (sic) presupuesto señalado en los Artículos (sic) Nº 73 y 75 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo vigente, así como lo han determinado por los Numerales (sic) Nº 34 y 31 del Artículo (sic) Nº 41 de la Ley de Régimen Disciplinario de los Funcionarios Policiales de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado (sic) Lara. En consecuencia invoco como fundamento para decretar la nulidad de la resolución que establece la destitución de mi defendido, nulidad que solicito expresamente y en consecuencia que se ordene su restitución al servicio policial y el pago de los salarios caídos…”.
Alegó, “…subsidiariamente el vicio del falso supuesto (…) con carácter individual, ya que el falso supuesto excluye el vicio de inmotivacion (…). Es de derecho que el vicio de falso supuesto genera la nulidad de cualquier sanción a la que se halla (sic) sometido cualquier funcionario público…”.
Finalmente, solicitó se declare Con Lugar el recurso de apelación ejercido y sea revocada la decisión apelada.
-IV-
DE LA COMPETENCIA
Considera esta Corte necesario pronunciarse acerca de su competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte querellante, contra la sentencia dictada en fecha 21 de abril de 2009, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, y al efecto observa:
El artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 110: Contra las decisiones dictadas por los jueces o juezas superiores con competencia para conocer del recurso contencioso administrativo funcionarial, podrá interponerse apelación en el término de cinco días de despacho contados a partir de cuándo se consigne por escrito la decisión definitiva, para ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”.
Conforme a la norma transcrita, se evidencia que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo constituye la Alzada Natural de los Tribunales Contenciosos Administrativos para conocer en apelación de un recurso contencioso administrativo de naturaleza funcionarial.
Con base en las consideraciones realizadas ut supra, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo resulta COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en fecha 21 de abril de 2009, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental. Así se declara.
-V-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Corte pronunciarse acerca del recurso de apelación ejercido por el Apoderado Judicial de la parte recurrida contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental y a tal efecto, observa:
Punto previo
En fecha 23 de marzo de 2010, el ciudadano Junis Edinson Briceño Flores, debidamente asistido por la Abogada Laura Capecchi, consignó escrito ante esta Corte a los fines de solicitar la reposición de la causa, en virtud, que “…desde la fecha en la cual el expediente se remite a Caracas a la fecha en la cual se fijó la relación de la causa, transcurre un lapso mayor a un (1) mes…”.
Al respecto, se evidencia que en fecha 21 de abril de 2009, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, dictó decisión en la presente causa, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.
Así, en fecha 28 de abril de 2009, el Abogado Richard Rodríguez, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la parte recurrente, interpuso recurso de apelación contra la decisión dictada en fecha 21 de abril de 2009, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental.
En fecha 29 de abril de 2009, se libró oficio de notificación dirigido al ciudadano Procurador General del estado Lara.
En fecha 14 de mayo de 2009, el Alguacil del Juzgado de Instancia dejó constancia de haberse practicado la notificación dirigida al ciudadano Procurador General del estado Lara.
En fecha 8 de junio de 2009, se oyó en ambos efectos el recurso de apelación ejercido por la Representación Judicial de la parte recurrente.
En fecha 17 de junio de 2009, se remitió el expediente a esta Corte.
En fecha 13 de julio de 2009, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, el expediente relacionado con la presente causa.
En fecha 16 de julio de 2009, se dio cuenta a la Corte y se fijó el lapso de quince (15) días de despacho, más cuatro (4) días continuos correspondientes al término de la distancia, para que la parte apelante presentase el escrito de fundamentación al recurso de apelación interpuesto, a tenor de lo previsto en el párrafo 18, del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
En fecha 16 de septiembre de 2009, la Representación judicial del ciudadano Junis Edinson Briceño Flores, consignó escrito de fundamentación del recurso de apelación.
Precisado lo anterior, se observa que en el caso sub examine no se ha producido una paralización de la causa, que ameritara la notificación de las partes, toda vez, que las mismas se han encontrado a derecho, respecto de las fases procesales que se llevaron a cabo antes esta Alzada; asimismo, se debe indicar que es criterio de esta Corte que la reposición de la causa sólo procede cuando haya transcurrido un lapso considerable de tiempo –vale destacar un (1) mes-, entre la fecha en que el Tribunal oye el recurso de apelación y la oportunidad en que se recibe el expediente en esta Alzada, ello con la finalidad de garantizar a ambas partes sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, en pro de la tutela judicial efectiva.
Ello así, visto que en fecha 16 de septiembre de 2009, la Representación Judicial del ciudadano Junis Briceño presentó el respectivo escrito de fundamentación a la apelación que cabe destacar el mismo fue presentado de manera tempestiva por ser tal fecha el décimo quinto día luego de vencidos los cuatro días relativos al término de la distancia otorgados en el auto de fecha 16 de julio de 2009 a tales efectos. En consecuencia, esta Corte considera que las partes se encontraban a derecho al momento en que se dio inicio a la relación de la causa, razón por la cual este Órgano Jurisdiccional se considera inoficioso la reposición de la causa razón por la cual se NIEGA el pedimento efectuado por la parte recurrente. Así se decide.
Declarado lo anterior, esta Corte pasa a conocer de los alegatos expuestos en el escrito de apelación presentado por la parte recurrente. En tal sentido, se evidencia del mismo, que la Representación Judicial de la parte actora, no imputó vicio alguno a la sentencia apelada, limitándose sólo a manifestar alegatos contra el acto administrativo mediante el cual se destituyó al ciudadano Junis Edinson Briceño Flores, de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Lara.
Al respecto, es necesario destacar que una de las principales actividades del Estado la constituye el control jurídico, el cual está dirigido a establecer la concordancia de la Ley con la actividad de los particulares, tal es la finalidad de la jurisdicción ordinaria; pero ese control también puede dirigirse a la vigilancia de la actividad jurídica de los mismos funcionarios del Estado, entre los cuales se encuentran los Jueces. Dentro de la jurisdicción ordinaria, la apelación tiene como fin realizar en una segunda instancia, el mismo control de la actividad jurídica de los particulares, cumplido por el Tribunal de la causa. Se trata de la misma controversia cuyo conocimiento pasa, en los límites del agravio, al Juez superior.
Es así, como los medios de gravamen, como la apelación, están dirigidos a proporcionar una nueva oportunidad de control de la actividad de los particulares, en tanto que las acciones de impugnación, del tipo de casación, se dirigen al control jurídico de la actividad de los Jueces. Sobre la base de tales premisas, la doctrina ha clasificado los medios de impugnación, distinguiendo entre los medios de gravamen (recursos ordinarios) y acciones de impugnación (recursos extraordinarios). En unos y otros, es necesario que la decisión cuestionada haya ocasionado un gravamen a quien la interpone, pero en el medio de gravamen el perjuicio que ocasiona el fallo provoca, indefectiblemente, la sustitución del proveimiento impugnado por uno emanado del Juez llamado a conocer del recurso.
A este respecto, debe señalarse que la apelación, como medio de gravamen típico, está relacionada con el principio de doble grado de jurisdicción, el cual supone que la decisión sucesiva de la controversia en dos instancias tiene mayor probabilidades de alcanzar la justicia, la cual como es sabido se constituye como el fin último del proceso. De tal forma, al apelar se insta una nueva decisión, provocándose que la autoridad jurisdiccional superior examine la misma controversia, delimitada por la pretensión deducida en el libelo de la demanda y por lo expuesto en la respectiva contestación; de su lado, las acciones de impugnación no se sustentan en el derecho a obtener una nueva sentencia sobre la misma pretensión, sino en el derecho a obtener su anulación por determinados vicios de forma o de fondo.
Es claro pues, que con la apelación se busca una completa revisión de la controversia y no sólo del fallo cuestionado. No obstante, conviene clarificar que a este respecto existen limitaciones, entre las cuales vale mencionar que al apelante le está vedado el pretender establecer nuevos hechos, nunca discutidos, o variar los ya planteados, cambiando por tanto los extremos de la litis; sin embargo, sí se encuentra posibilitado de argüir fundamentos de derecho, incluso no esgrimidos en primera instancia, pero relacionados con los mismos hechos. En otros términos, pueden sumarse argumentaciones jurídicas, mas no pueden cambiarse las circunstancias fácticas del asunto a ser revisado por el Tribunal de alzada.
Conforme a lo expuesto y aun cuando resulta evidente para esta Corte, que la forma en que el Apoderado Judicial del ciudadano Junis Edinson Briceño Flores, formuló sus planteamientos en el escrito de fundamentación de la apelación no resultó ser la más adecuada; sin embargo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según los cuales la obtención de la justicia debe prevalecer sobre los formalismos no esenciales, tal imperfección no debe constituirse en un impedimento para que se analice el sustrato de la controversia aquí tratada, más cuando, de los propios argumentos esgrimidos, surge la clara disconformidad con el fallo apelado, de tal modo que resulta dable entrar a conocer y decidir los argumentos expuestos en el escrito consignado. Así se declara.
Siendo ello así, tal como fue expuesto supra, observa esta Corte que la parte apelante en su escrito de fundamentación de la apelación, señaló que “…los hechos por los cuales fue encausado [su] representado (…) ocurrieron el 10 de Julio (sic) del 2006 y la resolución por la cual se le sanciona fue emitida el día 13 de junio del 2008, es decir, ya habían transcurrido un (1) año y once (11) meses, en consecuencia es evidente (…) el lapso de prescripción…”, que “…la resolución por la cual se destituye a [su] representado está infesta del vicio de falta de motivación…”, que alega subsidiariamente y de manera individual el vicio de falso supuesto de hecho y de derecho, toda vez, que en relación al falso supuesto de hecho “…se observa que la Administración sancionadora llega a la conclusión de que ocurrió un hecho como lo es que el investigado estaba ebrio, a partir de declaraciones de testigo, lo cual no es posible ya que ello requiere un examen clínico o forense que así lo determine…”, que “…Adicionalmente se señala que hubo perjuicio material a los bienes del Estado o de la Institución Policial pero no sólo no se sabe que causó tal perjuicio sino que además no hay prueba en el expediente (…) que indique que se causó un daño al erario o los bienes del Estado…”, que “…respecto al falso supuesto de derecho, se observa que el investigado se le formularon cargos por haber incurrido supuestamente en la causal de falta de probidad prevista en el art. (sic) 86.6 de la LEFP (sic) y por causar perjuicio material a los bienes del estado o de la institución policial, conforme lo establece el art. (sic) 41.24 de la Ley de Régimen Disciplinario de los Funcionarios Policiales de las Fuerzas Armadas Policiales (sic) del Estado (sic) Lara. Sobre esta particular es de anotar que implica un evidente vicio de falso supuesto de derecho pretender aplicar al investigado dos estatutos de función pública a la vez…” (Corchetes de esta Corte).
Precisado lo anterior, esta Corte pasa a conocer de los alegatos esgrimidos por la parte recurrente en su escrito recursivo y en virtud, del alegato relativo a la prescripción de la falta señalado por el actor, considera oportuno examinar el fallo apelado, dado el carácter de orden público de los requisitos intrínsecos de la sentencia, por lo que es menester traer a colación lo previsto en el numeral 5 del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, el cual es del tenor siguiente:
“Artículo 243. Toda sentencia deberá contener:
(…)
5º Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que n ningún caso pueda absolverse de la instancia.”. (Negrillas de esta Corte).
De lo anteriormente transcrito se evidencia, la obligación en la que se encuentran los jueces de decidir valorando sólo lo alegado y probado en autos, de manera que no resulte en contravención a lo dispuesto en el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, ya que de ser este el caso, acarrearía la nulidad del fallo y el conocimiento del fondo del asunto por parte del Juez de Alzada.
Precisado lo anterior, esta Corte observa que dentro de los alegatos esgrimidos por la parte recurrente en primera instancia se encuentra el referente a la prescripción de la falta, señalando al respecto la Representación Judicial del actor, que”…esta decisión de destitución independientemente que sea por el Artículo (sic) 86 o el Artículo (sic) 87 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, esta ya prescribió pues el Artículo (sic) 88 de la misma ley establece: `Las faltas de los funcionarios o funcionarias públicos sancionadas con la destitución, prescribirán a los ocho meses, a partir del momento en que el funcionario o funcionaria público de mayor jerarquía dentro de la respectiva unidad tuvo conocimiento y no hubiese solicitado la apertura de la correspondiente averiguación administrativa´…” (Negrillas de esta Corte).
Así, del análisis del fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, esta Corte no evidencia que el Juez de Instancia se pronunciara sobre tal alegato, incurriendo con tal proceder en el vicio de incongruencia negativa, previsto en el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual este Órgano Jurisdiccional ANULA la decisión de fecha 21 de abril de 2009, dictada por el referido Juzgado, al ser los requisitos de la sentencia de orden público y por lo tanto verificables en cualquier estado y grado del proceso. Así se decide.
Anulada la sentencia apelada, pasa esta Corte a conocer el fondo de la presente controversia, conforme lo dispone el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil y al respecto, observa lo siguiente:
Alegó la Representación Judicial de la parte recurrente, que la Administración incurrió en la violación del derecho al debido proceso, por cuanto –a su decir- “…no hay ninguna notificación donde se le informa oficialmente [a su representado] que se le apertura Expediente (sic) Administrativo (sic), uno de los requisitos exigidos y derecho (sic) que tiene todo funcionario público…” (Corchetes de esta Corte).
Al respecto, se observa que en fecha 10 de julio de 2006, el Agente (PEL) José Bravo, quien prestaba servicios en el Puesto Policial Bararida Vieja, sede de la Zona Policial Nº 02 del estado Lara, dejó constancia mediante acta “…con respecto a (sic) novedad suscitada con los funcionarios que entregan el servicio en dicho puesto policial y el presunto extravió de su arma de reglamento…”, exponiendo lo siguiente:
“…es el caso que el día de hoy (10/07/06) (sic), me dispongo a recibir servicio por 24 Hrs (sic), en el Puesto Policial Bararida (sic) Vieja, sede de la Zona Policial Nº 02 en compañía del Dtgdo. HERNAN MUJICA, y aproximadamente a las 08:00 Hrs (sic) se presenta a esta sede Policial la Ciudadana: LUCIA (sic) MARIBEL BORGES, de 45 años de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº 7.329.362, quien labora como mantenimiento del Centro Diagnostico Integral (C.D.I. BARARIDA) (sic) la cual me informó que en el baño encima del tanque de la ultima (sic) poceta se encontraba una Pistola encima del papel toilet, por lo opte a trasladarme con dicha Ciudadana al mencionado CDI (sic) a verificar y efectivamente constate que se trataba de un Arma de Fuego (Revolver) Marca Taurus, Calibre 38, Serial 0700, y al verificar por el libro de Novedades se trataba de una Arma de Fuego asignada a este Puesto Policial, el (sic) cual presuntamente estaba asignado a los funcionarios de servicio AGENTES BRICEÑO JUNIS e ITER ORTEGA, fueron testigos de la localización de este armamento la ciudadana antes mencionada, la Ciudadana GISELA DEL CARMEN GIL (…) quien labora como mantenimiento en el CDI (sic) y el DISTINGUIDO (PEL) MUJICA HERNAN. Anexo el arma de fuego en mención…” (Vid. folio 5 del expediente administrativo) (Mayúsculas del original).
Así, se observa que en fecha 2 de agosto de 2006, mediante el oficio Nº 684-06 suscrito por el Comandante General de las Fuerza Armadas Policiales del estado Lara, se solicitó al Jefe de la División de Asuntos Internos de dicho Organismo, el inicio de una averiguación preliminar en contra del ciudadano Junis Edinson Briceño Flores, a los fines de determinar la existencia de elementos suficientes para la apertura del procedimiento administrativo correspondiente (Vid folio 3 del expediente administrativo).
En tal sentido, es menester señalar que la tramitación de una averiguación preliminar que permita establecer una presunta falta, no es un hecho violatorio a la defensa, pues tal práctica está contemplada en el Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa y en el procedimiento de destitución regulado por la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Así, el artículo 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, al respecto establece lo siguiente:
“Artículo 89. Cuando el funcionario o funcionaria público estuviere presuntamente incurso en una causal de destitución, se procederá de la siguiente manera:
1. El funcionario o funcionaria público de mayor jerarquía dentro de la respectiva unidad, solicitará a la oficina de recursos humanos la apertura de la averiguación a que hubiere lugar.
2. La oficina de recursos humanos instruirá el respectivo expediente y determinará los cargos a ser formulados al funcionario o funcionaria público investigado, si fuere el caso.
3. Una vez cumplido lo establecido en el numeral precedente, la oficina de recursos humanos notificará al funcionario o funcionaria público investigado para que tenga acceso al expediente y ejerza su derecho a la defensa, dejando constancia de ello en el expediente. Si no pudiere hacerse la notificación personalmente, se entregará la misma en su residencia y se dejará constancia de la persona, día y hora en que la recibió. A tal efecto, cuando el funcionario o funcionaria público ingrese a la Administración Pública deberá indicar una sede o dirección en su domicilio, la cual subsistirá para todos los efectos legales ulteriores y en la que se practicarán todas las notificaciones a que haya lugar. Si resultare impracticable la notificación en la forma señalada, se publicará un cartel en uno de los periódicos de mayor circulación de la localidad y, después de transcurridos cinco días continuos, se dejará constancia del cartel en el expediente y se tendrá por notificado al funcionario o funcionaria público.
4. En el quinto día hábil después de haber quedado notificado el funcionario o funcionaria público, la oficina de recursos humanos le formulará los cargos a que hubiere lugar. En el lapso de cinco días hábiles siguientes, el funcionario o funcionaria público consignará su escrito de descargo.
5. El funcionario o funcionaria público investigado, durante el lapso previo a la formulación de cargos y dentro del lapso para consignar su escrito de descargo, tendrá acceso al expediente y podrá solicitar que le sean expedidas las copias que fuesen necesarias a los fines de la preparación de su defensa, salvo aquellos documentos que puedan ser considerados como reservados.
6. Concluido el acto de descargo, se abrirá un lapso de cinco días hábiles para que el investigado o investigada promueva y evacue las pruebas que considere conveniente.
7. Dentro de los dos días hábiles siguientes al vencimiento del lapso de pruebas concedidos al funcionario o funcionaria público, se remitirá el expediente a la Consultoría Jurídica o la unidad similar del órgano o ente a fin de que opine sobre la procedencia o no de la destitución. A tal fin, la Consultoría Jurídica dispondrá de un lapso de diez días hábiles.
8. La máxima autoridad del órgano o ente decidirá dentro de los cinco días hábiles siguientes al dictamen de la Consultoría Jurídica y notificará al funcionario o funcionaria público investigado del resultado, indicándole en la misma notificación del acto administrativo el recurso jurisdiccional que procediere contra dicho acto, el tribunal por ante el cual podrá interponerlo y el término para su presentación.
9. De todo lo actuado se dejará constancia escrita en el expediente.
El incumplimiento del procedimiento disciplinario a que se refiere este artículo por parte de los titulares de las oficinas de recursos humanos, será causal de destitución” (Negrillas de esta Corte)
De los numerales 2 y 3 de la norma ut supra transcrita, se evidencia que una vez realizada la solicitud de averiguación administrativa en contra del funcionario, la oficina de recursos humanos correspondiente, instruirá el respectivo expediente y determinará los cargos, siendo que posteriormente, notificara al funcionario investigado a los fines de que éste tenga acceso al expediente.
Así, se observa del expediente administrativo que cursa en la presente causa, que una vez, realizadas las diligencias y actuaciones respectivas relativas a la averiguación administrativa iniciada en contra del ciudadano Junis Edinson Briceño Flores, el Jefe del Departamento de Asuntos Internos de la Fuerza Armadas Policiales del estado Lara, remitió dichas resultas al Comandante General del referido organismo, según se evidencia al folio ciento dieciocho (118), quien ordenó la apertura del procedimiento administrativo de conformidad con el artículo 79 de la Ley del Estatuto de la Función Pública (Vid. folios 119 al 123).
Ello así, en fecha 25 de abril de 2008, se libró boleta de notificación dirigida al ciudadano Junis Edinson Briceño Flores, a los fines que el mismo ejerciera su derecho a la defensa en cuanto al procedimiento llevado en su contra (Vid. folio 127), notificándole de igual forma, en fecha 29 de abril del referido año, del acto de formulación de cargos respectivos (Vid. folio 143), el cual se llevo a cabo en fecha 7 de mayo de 2008, según consta al folio ciento cuarenta y siete (147) al ciento cuarenta y ocho (148) del expediente administrativo.
Asimismo, se observa de los autos que corren insertos en la presente causa, el escrito de descargos presentado por el actor en contra de los cargos formulados (vid. folio 150 al 151) y el auto de fecha 21 de mayo de 2008, mediante el cual se dejó constancia del vencimiento del lapso para la evacuación y promoción de pruebas, sin que el recurrente consignara prueba alguna, tal como se evidencia al folio ciento cincuenta y cuatro (154) del expediente respectivo.
En tal sentido, estima esta Corte que el recurrente efectivamente fue notificado del inicio del procedimiento administrativo, una vez instruido y realizada la averiguación administrativa correspondiente, tal como lo establece el numeral 3 del mencionado artículo 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, no siendo requisito necesario a los fines de la validez del procedimiento disciplinario, la notificación del inicio de la averiguación preliminar, toda vez, que tal actuación es propia de la Administración con el objeto de recabar la información necesaria para la verificación de las faltas que pudieran dar lugar -de ser el caso- al inicio del proceso sancionatorio.
De igual forma, observa esta Corte que el actor ejerció las defensas correspondientes durante el procedimiento instaurado en su contra, consignando el correspondiente escrito de descargo y teniendo acceso a las actas del expediente, no constatándose así, la violación del derecho al debido proceso esgrimido por la Representación Judicial del recurrente en su escrito libelar, razón por la cual se desestima el presente alegato. Así se decide.
Por otra parte, arguyó la parte recurrente en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, la prescripción de la falta de conformidad con lo previsto en el artículo 88 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Al respecto, esta Corte hace necesario traer a colación lo previsto en el referido artículo 88 ejusdem, el cual es del siguiente tenor:
“Artículo 88. Las faltas de los funcionarios sancionados con la destitución prescribirán a los ocho (8) meses, a partir en que el funcionario de mayor jerarquía tuvo conocimientos del mismo y no se hubiere solicitado la apertura de la averiguación administrativa correspondiente”.
Así, el supuesto de hecho enmarcado por el citado artículo 88, va referido a las situaciones donde el funcionario de mayor jerarquía de la unidad respectiva, a pesar de su conocimiento sobre la falta o faltas cometidas por el funcionario público, no apertura las debidas averiguaciones para darle inicio al procedimiento de destitución, es decir, la prescripción por la inactividad de la Administración en el inicio de las averiguaciones administrativas.
En tal sentido, estima esta Corte señalar que el mencionado supuesto, mal pudiera ser aplicado en otro grado o estado del procedimiento de destitución, establecido en la Ley funcionarial correspondiente, debido a que, el Legislador garantizó a través de la mencionada norma (artículo 88), la seguridad jurídica del funcionario, en cuanto a la incertidumbre en que pudiera incurrir la Administración al momento de activar las vías funcionariales para las investigaciones necesarias en la apertura del procedimiento destitutorio.
Precisado lo anterior, esta Corte observa que en fecha 2 de agosto de 2006, mediante el oficio Nº 684-06 suscrito por el Comandante General de las Fuerza Armadas Policiales del estado Lara, se solicitó al Jefe de la División de Asuntos Internos de dicho Organismo, el inicio de una averiguación preliminar en contra del ciudadano Junis Edinson Briceño Flores, a los fines de determinar la existencia de elementos suficientes para la apertura del procedimiento administrativo correspondiente (Vid folio 3 del expediente administrativo), en virtud de los hechos ocurrido el 10 de julio de 2006 (Vid. folio 5) los cuales podían ser generadores de la destitución del actor.
Así, evidencia este Órgano Jurisdiccional que el caso bajo estudio no se subsume en el supuesto de hecho previsto en el artículo 88 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en virtud, que las averiguaciones disciplinarias que dieron lugar a la apertura del procedimiento de destitución en contra del ciudadano Junis Edinson Briceño Flores, fueron solicitadas a los veintitrés (23) días de haber ocurrido los hechos, razón por la cual esta Corte desecha el presente alegato, referente a la prescripción de la falta. Así se decide.
Asimismo, alegó la parte recurrente en el recurso interpuesto, que en el procedimiento de destitución “…el Expediente (sic) se elaboró solo con entrevistas y hechos circunstanciales, que jamás podrá dar lugar a una destitución…”.
En tal sentido, se observa de las actas que corren insertas en el presente expediente, que en fecha 13 de junio de 2008 el Comando General de la Fuerza Armada Policial del estado Lara, mediante acto administrativo notificado en fecha 11 de julio de 2008 (inserto a los folios del 208 al 213 del expediente administrativo), procedió a destituir al ciudadano Junis Edinson Briceño Flores, en virtud, que:
“…queda demostrado que los ciudadanos Funcionarios Policiales Administrados: Agente Policía del Estado (sic) Lara, Junis Edinson Briceño Flores y (…) incurrieron en faltas causales de destitución, señaladas en la presente averiguación administrativa, como lo son: `Conducta inmoral en el trabajo, acto lesivo al buen nombre o a los intereses del órgano o ente de la Administración pública (sic). Causar intencionalmente, o por negligencia o imprudencia, perjuicio material a los bienes del Estado y de la Institución Policial…´, de conformidad a lo establecido en el artículo 41 numerales 24 y 31 (sic) Ley de Régimen Disciplinario de los Funcionarios Policiales de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado (sic) Lara. Todo de acuerdo a lo expresado en las diligencias practicadas según consta en (sic) oficios 684-06 de fecha 02/08/06 (sic) (…) suscrito por el GRAL/BGDA (sic) (GN) Jesús Armando Rodríguez Figuera, quien para la fecha de en mención comandaba las FAP-LARA (sic) remitido al COMISARIO (FAP) (sic) (…) Jefe de la entonces División de Asuntos Internos, cuyo texto integro es el siguiente: `Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de remitirle anexo oficio Nº 1072-06 de fecha 21/07/06 (sic), a través del cual el COMISARIO. (PEL) NELSON ANTONIO GONZÁLEZ, Jefe de la Zona Policial Nº 2, consigna resultados de la averiguación preliminar que guarda relación con novedad suscitada en fecha 10/07/06 (sic) con los funcionarios AGENTE (PEL) BRICEÑO FLORES JUNIS EDINSON (…) adscrito a la Comisaria Nº 21 y destacados en el Puesto Policial Bararida Vieja, los cuales fueron encontrados en los dormitorios con síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas, descuidando la realización del libro que le correspondía en su servicio. Así mismo de la Averiguación se desprende que el primero de los mencionados se retiró de su servicio sin autorización de sus superiores, chocando un vehículo en la Av. (sic) Venezuela con calle 22 además del agravante de haber dejado antes el arma de fuego en calidad de abandono en el baño, siendo encontrada por una trabajadora de mantenimiento. Obedece tal remisión a la finalidad de solicitar a ese despacho el análisis y estudio de los recaudos e iniciar una Averiguación Preliminar para determinar si existen elementos suficientes para aperturar el procedimiento administrativo correspondiente (…)…´. Basado en este documento se procedió a recabar la información relacionada al hecho…” (Mayúsculas del original).
Asimismo, se evidencia que corre inserto al folio cinco (5) del expediente administrativo, el acta de fecha 10 de julio de 2006, suscrita por el Agente (PEL) José Bravo, “…con respecto a (sic) novedad suscitada con los funcionarios que entregan el servicio en dicho puesto policial y el presunto extravió de su arma de reglamento…”, y en la cual expuso lo siguiente:
“…es el caso que el día de hoy (10/07/06) (sic), me dispongo a recibir servicio por 24 Hrs (sic), en el Puesto Policial Barriada Vieja, sede de la Zona Policial Nº 02 en compañía del Dtgdo. (sic) HERNAN MUJICA, y aproximadamente a las 08:00 Hrs (sic) se presenta a esta sede Policial la Ciudadana: LUCIA MARIBEL BORGES, de 45 años de edad, Titular (sic) de la Cédula (sic) de Identidad (sic) Nº 7.329.362, quien labora como mantenimiento del Centro Diagnostico Integral (C.D.I. BARARIDA) (sic) la cual me informó que en el baño encima del tanque de la ultima (sic) poceta se encontraba una Pistola encima del papel toilet, por lo opte a trasladarme con dicha Ciudadana al mencionado CDI (sic) a verificar y efectivamente constate que se trataba de un Arma de Fuego (Revolver) Marca Taurus, Calibre 38, Serial 0700, y al verificar por el libro de Novedades se trataba de una Arma de Fuego asignada a este Puesto Policial, el (sic) cual presuntamente estaba asignado a los funcionarios de servicio AGENTES BRICEÑO JUNIS e ITER ORTEGA, fueron testigos de la localización de este armamento la ciudadana antes mencionada, la Ciudadana GISELA DEL CARMEN GIL (…) quien labora como mantenimiento en el CDI (sic) y el DISTINGUIDO (PEL) MUJICA HERNAN. Anexo el arma de fuego en mención…” (Mayúsculas del original).
De igual forma, inserta al folio ocho (8) del expediente administrativo, se encuentra hoja de entrevista de fecha 10 de julio de 2006, realizada al funcionario Junis Edinson Briceño Flores, mediante la cual expuso:
“¿Diga el entrevistado, tenía autorización por algún superior de esta Comisaria de ausentarse de su sitio de trabajo en (sic) día de hoy 10/07/06 (sic) en ora (sic) de la mañana sin haber entregado servicio. CONTESTO (sic): No, pero si le notifique a mi compañero ITER ORTEGA, se servicio que iba a abastecer de gasolina a mi vehiculo (sic) particular y a comprar un repuesto, ya que el mismo presentaba desperfectos mecánicos y no pude participar en la Comisaria 21, por que (sic) no tuve como comunicarme (…). ¿Podría describir el arma de reglamento asignada a su servicio para el día Domingo 09/07/06 (sic). CONTESTO (sic): Un revolver, marca Taurus, Calibre 38, Serial 0700, Cañon (sic) Reforzado (…). ¿Diga el entrevistado, como se entera, que el Arma de Fuego Revolver, asignada a su servicio para el día Domingo 09/07/06 (sic) lo avia (sic) dejado olvidado en el Baño del C.D.I. (sic) Bararida en el día de hoy en la mañana. CONTESTO (sic): Al momento que me percate se presento (sic) el Inspector Jefe PEDRO RODRIGUEZ (sic) informándome lo sucedido (…). ¿Diga el entrevistado que estaba haciendo y donde se encontraba al momento al momento (sic) en que se presenta el Inspector PEDRO RODRIGUEZ (sic) y le informa la novedad y que levantara un informe. CONTESTO (sic): Estaba en el Dormitorio y estaba recostado, ya que había montado un servicio de 3 a 6 de la Mañana…” (Negrillas, mayúsculas y subrayado del original).
Visto lo antes expuesto, resulta evidente para esta Corte que el recurrente, no sólo fue reseñado en el reporte suscrito por el Agente (PEL) José Bravo, sino que también expuso en el acta de entrevista haberse ausentado del servicio que prestaba en el Puesto Policial Bararida Vieja, sede de la Zona Policial Nº 02 del estado Lara, sin la autorización correspondiente y haber olvidado el arma de reglamento en el Centro de Diagnóstico Integral (C.D.I) de dicha localidad, aceptando a su vez el contenido del reporte que se levantó con respecto a los hechos, por lo que la Administración no sólo fundamentó el auto de apertura de investigación en los hechos narrados por los distintos testigos entrevistado, sino en la afirmación realizada por el ciudadano Junis Edinson Briceño Flores, lo que dio lugar a la destitución de conformidad con lo previsto en el artículo 86 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, razón por la cual esta Corte desestima el referido alegato. Así se decide.
En otro orden de ideas, expuso la Representación Judicial del actor en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, que “…dentro del caso que nos ocupa seria (sic) una amonestación escrita lo que encuadraría puesto que (sic) daño causado no acarreo gravedad alguna (…). Es criterio de quien suscribe que la sanción es desproporcionada…”.
En tal sentido, es necesario señalar que el principio de proporcionalidad radica en la adecuación entre la gravedad de la infracción cometida por el funcionario público y sus efectos y las consecuencias sancionatorias establecidas por la Administración. Así, el principio de la proporcionalidad debe considerarse como un principio propio del Estado de Derecho, toda vez, que la actividad administrativa sancionatoria, no solo debe guardar la debida correspondencia entre la infracción cometida y la sanción, sino que, además los actos administrativos en este contexto y en correspondencia con el principio de legalidad, deben guardar la debida razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.
Precisado lo anterior, esta Corte observa que el acto de destitución del ciudadano Junis Edinson Briceño Flores, emanado de la Fuerza Armadas Policiales del estado Lara, se fundamentó en la causal prevista en el numeral 6 del artículo 86 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con lo establecido en los numerales 24 y 31 del artículo 41 de la Ley de Régimen Disciplinario de los Funcionarios Policiales de las Fuerzas Armadas Policiales del referido estado.
Al respecto, el mencionado numeral 6 del artículo 86, establece que será causal de destitución la falta de probidad con respecto al buen nombre o a los intereses del órgano o ente de la Administración Pública.
En este punto, de manera preliminar, considera oportuno esta Corte señalar que, con relación a la causal de falta de probidad, la doctrina ha sostenido que “…en el campo de la función pública, la probidad es un deber u obligación impertermitible, por parte del funcionario, y está caracterizada por un complejo de elementos tanto éticos como legales’ (...omissis…). En este sentido, la probidad es un deber, una obligación ineludible del funcionario público. Con esta expresión hace referencia el legislador a la honradez, rectitud e integridad. Por tanto, tiene este concepto una vasta proyección toda vez que se refiere al cumplimiento de las funciones a las que está llamado el funcionario público como servidor de la colectividad y que debe existir tanto de inferior como a superior y viceversa. De allí, que cuando la Ley expresa ‘falta de probidad’, está indicando un concepto genérico donde el acto que esa falta constituye, carece de rectitud, justicia, honradez e integridad” (Cf. Rojas, Manuel. “Las Causales de Destitución en la Ley del Estatuto de la Función Pública”. /EN/ “El Régimen Jurídico de la Función Pública en Venezuela, Homenaje a la Doctora Hildegard Rondón de Sansó”. Caracas: FUNEDA, Tomo III, 2004. p 96 y sig) (Negrillas y subrayado de esta Corte).
De esta forma, la probidad configura un deber, una obligación ineludible del funcionario público, la cual alude a la honradez, rectitud e integridad inherentes al cargo que desempeña. En este sentido, el fundamento de la falta probidad como causal de destitución, estriba en que la Administración se encuentra obligada a velar porque los funcionarios a ella adscritos reúnan los requisitos mínimos de comportamiento debido que aseguren el ejercicio adecuado y confiable de la misión pública que la Constitución y las leyes les han encomendado.
Así, la falta de probidad constituye, entonces una conducta contraria a los principios de bondad, rectitud de ánimo, integridad y honradez en el obrar, por tanto comprende todo incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley.
Aunado a ello, debe tenerse en consideración que los hechos por los cuales se atribuyan al recurrente un comportamiento contrario a la rectitud, la justicia, la honradez y la integridad, deben poseer una relevancia en relación al buen nombre o a los intereses del órgano o ente de la Administración Pública de la que forme parte, de manera que debe entenderse que tal actitud contraria a los principio y valores antes aludidos deben manifestarse en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo y dentro del ámbito normal que le corresponda desplegar las mismas.
En consecuencia, es evidente que la conducta desplegada por el ciudadano Junis Edinson Briceño Flores, es subsumible dentro de la causal de destitución por falta de probidad, puesto que su conducta distó de los principios éticos y morales que deben regir la actuación de un funcionario público, toda vez, que se ausentó de su puesto de trabajo sin autorización de su superior, olvidando el arma de reglamento en el Centro de Diagnostico Integral (C.D.I) cerca de las instalaciones del Puesto Policial Bararida Vieja, sede de la Zona Policial Nº 02 del estado Lara, lo que pudo dar lugar a la manipulación del armamento por personas extrañas y potencialmente, ocasionar daños físicos y materiales.
Asimismo, es de destacar que el arma de reglamento asignada a los funcionarios policiales en el ejercicio de su funciones, forman parte del patrimonio del Estado, en virtud de lo previsto en el artículo 324 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de allí que radique la importancia en la salvaguarda de estos bienes, pues al tratarse de armas de guerra propiedad de la República, se requiere una custodia efectiva por parte de los funcionarios a su cargo, la cual excede de la simple prestación de servicio, por lo que el incumplimiento de tal responsabilidad no puede acarrear una mera amonestación, cuando lo que está en juego son los intereses del Estado y el compromiso de los funcionarios policiales en el manejo adecuado y seguro de tales armas, a los fines del resguardo, la protección y seguridad de la colectividad.
Por tanto, este Órgano Jurisdiccional es del criterio que la Administración fundamentó su decisión en una serie de hechos comprobados y aceptados por el propio recurrente y asimismo, los subsumió, de manera adecuada, dentro de las causales de destitución establecidas en el artículo 86 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, razón por la cual la sanción impuesta no resulta desproporcionada en cuanto al incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley por parte del actor en el ejercicio de sus funciones, razón por la cual esta Corte desecha el presente alegato. Así se decide.
Con fundamento en lo antes expuesto, este Órgano Jurisdiccional considera que tanto el procedimiento administrativo sancionatorio llevado a cabo por las Fuerzas Armadas Policiales del estado Lara en contra del ciudadano Junis Edinson Briceño Flores, en su condición de Agente del referido Organismo, así como el acto administrativo de destitución de fecha 13 de junio de 2008, fueron realizados de conformidad con la normativa legal correspondiente, en virtud, de haber incurrido el actor en la falta prevista en el numeral 6 del artículo 86 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, al haberse ausentado del puesto policial al cual se encontraba asignado sin la debida autorización y en la negligencia y descuido en el manejo del arma de reglamento, razón por la cual esta Corte declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la Abogada Norelis Barroeta, en su condición de Apoderada Judicial del mencionado ciudadano. Así se decide.
-VI-
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido por el Abogado Richard Rodríguez, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano JUNIS EDINSON BRICEÑO FLORES contra la decisión dictada en fecha 21 de abril de 2009, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los Apoderado Judiciales del referido ciudadano contra las FUERZAS ARMADAS POLICIALES DEL ESTADO LARA.
2. ANULA por orden público la decisión dictada en fecha 21 de abril de 2009, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental.
3. SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia certificada de la presente decisión y remítase el expediente al Tribunal de origen.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los veintidós (22) días del mes de noviembre de dos mil doce (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
El Juez Presidente,
EFRÉN NAVARRO
La Juez Vicepresidente,
MARÍA EUGENIA MATA
La Juez,
MARISOL MARÍN R.
PONENTE
El Secretario,
IVÁN HIDALGO
AP42-R-2009-000975
MM/2
En fecha__________ ( ) de _____________de dos mil doce (2012), siendo la (s)__________ de la_______, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° _________________.
El Secretario,
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