TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal de Juicio de Barquisimeto
Barquisimeto, 5 de noviembre de 2012
202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : KP01-P-2010-015446
ASUNTO : KP01-P-2010-015446

Revisadas las actuaciones que lo conforman, éste Tribunal a los fines de emitir pronunciamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, observa:

Al encausado Daniel Alejandro vargas Suárez, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 23.486.170, le fue decretada en fecha 25/10/2010 Medida de Privación Judicial de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado, Robo Agravado de Vehículo Automotor, Uso de Adolescentes para Delinquir, Asociación para Delinquir y Extorsión, tipificados en los artículos 458 del Código Penal, 5 y 6 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos, 264 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y artículos 3, 10 y 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, quedando detenido en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental a órdenes de este Tribunal.

Observa esta operadora de justicia que desde la fecha en que fue decretada medida restrictiva de libertad hasta la presente, ha transcurrido dos (02) años y once (11) días, sin que se haya celebrado audiencia de juicio oral y público por causas imputables al procesado quien no ha sido trasladado a la sede de este despacho judicial, ocasionando la interrupción del debate oral iniciado en esta causa.

Evidenció esta Juzgadora que el Ministerio Público no hizo uso en tiempo hábil de la facultad excepcional establecida en el segundo aparte del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual lo autoriza para peticionar al Juez una prórroga que no podrá exceder de la pena mínima establecida para el delito, para el mantenimiento de la medida de coerción personal que se encuentren próximas a su vencimiento cuando existan causas graves que así lo justifiquen, las cuales deberán ser debidamente motivadas por el Fiscal.

Tal como lo ha señalado el Tribunal Supremo de Justicia, nuestro Código Orgánico Procesal Penal consagra como uno de los Principios y Garantías Procesales del sistema penal venezolano, la Afirmación de Libertad, según el cual las disposiciones que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta en la definitiva, principio éste que debe necesariamente concatenarse con el Estado de Libertad y Proporcionalidad señalados en los artículos 243 y 244 de la citada norma adjetiva vigente, con base a los cuales se ordenó la aplicación de Medida Cautelar por el Juzgado de Control competente en su debida oportunidad.

En este sentido, el principio de proporcionalidad de las medidas de coerción personal (privativas y menos gravosas), que las mismas no pueden sobrepasar la pena mínima prevista para el delito, ni exceder del plazo de dos años (cuando la pena sea igual o inferior a este lapso), contemplándose además la posibilidad de prorrogar su vigencia cuando de manera excepcional concurran circunstancias graves que a juicio del tribunal las justifiquen. Este límite fue establecido por el legislador para cualquier medida de coerción personal independientemente de su naturaleza, así como del tipo o entidad del punible por el cual se inició la persecución penal, puesto que previó que era un lapso suficiente para la tramitación del proceso.

En este caso el Tribunal observa que efectivamente ha habido una situación de retardo procesal, generada por la propia actuación del acusado, ya que en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental se han suscitado de forma constante huelgas que tienen por objeto impedir la realización de los actos procesales mediante la inasistencia de los justiciables, lo cual no puede ser utilizado para obtener un beneficio mediante el otorgamiento de una medida de coerción personal menos gravosa, ya que daría lugar a la ejecución de este tipo de conductas para obtener de forma maliciosa una gracia procesal en detrimento del estado de justicia, por cuanto ha sido él quien genera y agrava la suspensión indefinida de la actividad procesal que hoy alega para su provecho.

Es de hacer notar que estamos ante hecho punible de gran entidad que ataca bienes jurídicos de gran trascendencia social, y que por ende debemos calibrar el derecho de la parte agraviada para obtener reparación del daño causado al amparo de lo establecido en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que considera esta operadora de justicia que el decreto de decaimiento de esta Medida de Coerción Personal, incurriría en los supuestos de impunidad además de improcedencia por mandato de ley, y siendo que los Jueces de la República debemos velar por el cumplimiento de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, la medida de coerción personal privativa de libertad cuestionada por el imputado debe mantenerse, ya que de ordenarse su decaimiento implicaría la violación de los lapsos procesales de estricto orden público y que deben ser aplicados a las partes de forma equitativa, debiendo en consecuencia permanecer incólume la Medida de coerción personal dictada en contra del ciudadano Daniel Alejandro Vargas Suárez, ya identificado,. Así se decide.

DECISION

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, niega por improcedente el decreto de decaimiento de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, requerida por la defensa conforme a lo establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, dictada en contra del acusado Daniel Alejandro vargas Suárez, ut supra identificado, por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado, Robo Agravado de Vehículo Automotor, Uso de Adolescentes para Delinquir, Asociación para Delinquir y Extorsión, tipificados en los artículos 458 del Código Penal, 5 y 6 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos, 264 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y artículos 3, 10 y 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión. Notifíquese a las partes. Regístrese. Cúmplase.

CARMEN TERESA BOLIVAR PORTILLA.
JUEZ II DE JUICIO,

LA SECRETARIA,

Carmenteresa.-/