JUEZ PONENTE: EMILIO RAMOS GONZÁLEZ Expediente Número AP42-G-2012-000757 En fecha 1º de agosto de 2012, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, escrito contentivo de demanda por abstención o carencia, interpuesto por el ciudadano Andrés Vásquez Bastidas, titular de la cédula de identidad Nº V.- 5.630.891, actuando con el carácter de Presidente de la ASOCIACIÓN CIVIL DE LIBREROS COMUNIDAD UNIVERSITARIA, inscrita en el Registro Público del Cuarto Circuito Municipio Libertador bajo el Nº 12, tomo 26, en fecha 27 de julio de 2012, asistido por el abogado Otoniel Pautt Andrade, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 154.755, contra la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. En fecha 2 de agosto de 2012, se dio cuenta a esta Corte y se designó ponente al ciudadano Juez Emilio Ramos González, a quien se ordenó pasar el expediente, a los fines de dictar la decisión correspondiente. En fecha 6 de agosto de 2012, se pasó el presente expediente al Juez ponente. Revisadas las actas que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a decidir con base en los siguientes argumentos de hecho y de derecho: I DE LA DEMANDA POR ABSTENCIÓN O CARENCIA En fecha 1º de agosto de 2012, el ciudadano Andrés Vásquez Bastidas, actuando con el carácter de Presidente de la Asociación Civil de Libreros Comunidad Universitaria, asistido por el abogado Otoniel Pautt Andrade, presentó escrito con base en las siguientes consideraciones: Señaló que “[…] [e]n fecha 17-02-2012, varios de los miembros de la Asociación Civil De Libreros Comunidad Universitaria- aún sin registrar en esa fecha- presentamos ante la Dirección de Administración y Finanza de la Universidad Central de Venezuela una petición de información y, al mismo tiempo, una oposición a la pretensión de sustituir inconsultamente y sin consenso [sus] tradicionales módulos de venta para libros y papelería […]” [Corchetes de esta Corte]. Que “[…] desde el 17-02-2012 hasta la presente fecha de hoy, no habiendo transcurrido el lapso de caducidad de los seis meses (6), no [han] recibido ninguna respuesta formal por escrito respecto a la referida solicitud de información y la oposición formulada ante la mencionada Dirección, con el consecuente perjuicio adicional de estar trabajando a diario con el temor de que, en época de vacaciones, se ordene la remoción arbitraria de [sus] módulos de venta y los sustituyan por los que supuestamente ya tienen elaborados, basándose para tal actuación administrativa en una mal entendida AUTONOMÍA UNIVERSITARIA que nunca puede colocarse por encima de los derechos fundamentales que consagra nuestra actual Constitución, ya que si se concreta de manera arbitraria esa pretendida sustitución de módulos no consentida ni convalidada por [ellos], ello sería una clara vía de hecho que atentaría contra [su] estabilidad patrimonial y laboral, motivos por los cuales procurando la debida protección constitucional al derecho de petición y al Debido proceso administrativo, en nombre y representación de todos los miembros de la ASOCIACIÓN CIVIL DE LIBREROS COMUNIDAD UNIVERSITARIA [interpuso] la presente Demanda por abstención o Carencia, para así hacer valer los derechos constitucionales que [los] asiste y el interés de seguir trabajando como libreros en el Pasillo de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, tal y como lo [han] venido haciendo durante décadas, siendo ya parte del patrimonio cultural de la Universidad […]” (Resaltados del original) [Corchetes de esta Corte]. Arguyó, que “[…] para la fundamentación de la presente demanda es necesario atender el contenido del Artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela […]”. Expresó que “[…] la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, en la persona de su Directora: Ciudadana Gladys Fernández, se [negó] a cumplir su obligación de pronunciarse sobre la solicitud de información y la oposición formulada en fecha 17 de febrero de 2012, toda vez que hasta la fecha no nos ha dado ninguna respuesta formal por escrito, incurriendo así en violación al derecho de petición que consagra el citado artículo constitucional 51 […]” (Resaltados del original) [Corchetes de esta Corte]. Igualmente, concluyó en denunciar que “[…] tanto a [el] como a los demás miembros de la Asociación Civil que [preside] se [les] está conculcando el derecho de petición, oportuna y adecuada respuesta, así como también la garantía del Debido Proceso por parte de la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Central de Venezuela, ya que tal organismo administrativo ha incumplido su obligación de responder por escrito a lo solicitado y opuesto en fecha 17 de febrero de 2012, y aún así, además, sin [haberles] consultado y sin [garantizarles] la permanencia en [sus] módulos para vender libros y papelería en el pasillo de Ingeniería en la citada Casa de Estudio, lo que de llegar a ocurrir [les] afectaría en grado superlativo tanto patrimonial como en lo moral […] [ya que] en dicho pasillo durante décadas, en pro de toda la Comunidad Universitaria, por lo que mal se [les] puede ahora sin consulta y sin respetar [sus] derechos constitucionales, [imponerles] una sustitución de módulo y un contrato por un año, todo lo cual afectaría con crece [sic] [su] estabilidad laboral y patrimonial. [Están] dispuestos al diálogo, al conceso, al procedimiento administrativo, pero no a la arbitrariedad sobre la base de una errada interpretación de la Autonomía Universitaria, razón por la cual, [incoaron] la presente demanda, a fin de que se [les] garantice el derecho a la oportuna y adecuada respuesta, e igualmente la garantía del Debido Proceso, tal y como están contemplados, respectivamente, en los Artículos 51 y 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela […]” [Corchetes de esta Corte]. Por las razones expuestas, solicitaron que “[…] ADMITA, SUSTANCIE Y DECLARE CON LUGAR LA PRESENTE DEMANDA POR Abstención o Carencia contra la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Central de Venezuela y, en consecuencia, declare la ilegalidad e inconstitucionalidad de la omisión de pronunciamiento administrativo respecto a la sustitución de módulos que se pretende, en el pasillo de Ingeniería de la prenombrada Universidad […] [se] ORDENE a la Universidad Central de Venezuela a que cumpla su obligación de responder formalmente la solicitud de información y la oposición manifiesta en la comunicación recibida en fecha 17 de febrero de 2012, e igualmente ORDENE, a la misma Universidad, a que se abstenga de hacer alguna sustitución de [sus] módulos de venta, hasta tanto inicie y concluya definitivamente firme el procedimiento administrativo correspondiente, en caso que la vía del dialogo [sic] y el conceso no resulten satisfactoria entre las partes […]”. (Resaltados del original) [Corchetes de esta Corte]. II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Corresponde entonces a esta Corte pronunciarse previamente acerca de su competencia para conocer de la presente causa, para lo cual se observa lo siguiente: 1.- Del Thema Decidendum Ante todo, debe esta Corte señalar que la parte actora interpuso la presente demanda por abstención o carencia en virtud de la presunta falta de respuesta por parte de la Directora de Administración y Finanzas de la Universidad Central de Venezuela, Gladys Fernández, ante el escrito presentado en fecha 17 de febrero de 2012, por los miembros de la Asociación Civil de Libreros Comunidad Universitaria, mediante la cual expusieron que “[…] por medio de la presente y con fundamento en los Artículos: 49.1 y 51 de la Constitución Nacional, en concordancia con lo con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos administrativos, SOLICITAMOS INFORMACIÓN por escrito sobre el Proyecto de Modulo Librero, con la cual se pretende sustituir unilateralmente los módulos de exhibición para libros y papelería existentes desde hace más de veinte años en el Pasillo de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela […]”. (Resaltados del original) [Corchetes de esta Corte]. En relación con lo expuesto, el objetivo de la presente demanda tiene como finalidad que se ordene “[…] a la Universidad Central de Venezuela a que cumpla su obligación de responder formalmente la solicitud de información y la oposición manifiesta en la comunicación recibida en fecha 17 de febrero de 2012 […]”. 2.- De la Competencia Visto lo anterior, pasa ahora esta Corte a establecer su competencia, señalando que, como punto previo, es necesario destacar que en fecha 16 de junio de 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.447 de la misma fecha, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010, la cual en su artículo 24 estableció el régimen competencial de este Órgano Jurisdiccional. Es importante mencionar los artículos 2 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales consagran derechos y principios que resguardan los valores que deben imperar en la sociedad, como es el reconocimiento del Estado de Derecho y de Justicia, garantizando una justicia expedita y sin reposiciones inútiles dentro del proceso, razón por la cual la Corte debe analizar previamente su competencia para continuar el conocimiento del presente caso. Visto lo anterior, es necesario traer a colación lo establecido en el numeral 3 del artículo 23, numeral 3 del artículo 24, y el numeral 4 del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los cuales establecen: “Artículo 23. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de: […Omissis…] 3.- La abstención o la negativa del Presidente o Presidenta de la República, del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, de los Ministros o Ministras, así como de las máximas autoridades de los demás órganos de rango constitucional, a cumplir los actos a que estén obligados por las leyes. […Omissis…] “Artículo 24. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativas son competentes para conocer de: […Omissis…] 3. La abstención o la negativa de las autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 3 del artículo 23 de esta Ley y en el numeral 4 del artículo 25 de esta Ley. […Omissis…] “Artículo 25. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de: […Omissis…] 4. La abstención o la negativa de las autoridades estadales o municipales a cumplir los actos a que estén obligadas por las leyes”. Ahora bien, aprecia esta Corte que la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Central de Venezuela, es un órgano que encuadra dentro del supuesto contemplado en el numeral 3 del artículo 24 de la norma antes transcrita, referido a la competencia residual, ya que no es una alta autoridad con rango Constitucional, es decir, no se inserta en el numeral 3 del artículo 23 eiusdem; así como tampoco es una autoridad Municipal o Estadal, por lo que tampoco encuadra en los supuestos del numeral 4 del artículo 25 ibídem. Dicho esto, el conocimiento de las acciones contra las abstenciones o negativas ejercidas contra la mencionada Dirección no le está atribuido a otro Órgano Jurisdiccional por disposición expresa de la ley, por lo que el conocimiento en primera instancia de las demandas por abstención o carencia, le corresponde a los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa –aún denominadas Cortes de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo se declara competente para conocer en primera instancia de la presente causa. Así se declara. 3.- De la Admisión Respecto de la admisión, observa esta Corte que en el caso de autos el ciudadano Andrés Vásquez Bastidas, actuando con el carácter de Presidente de la Asociación Civil de Libreros Comunidad Universitaria, asistido por el abogado Otoniel Pautt Andrade, presentó contentivo de la demanda por abstención o carencia contra la falta de respuesta por parte de la Directora de Administración y Finanzas de la Universidad Central de Venezuela, del escrito presentado en fecha 17 de febrero de 2012, ante la Dirección de Administración y Finanzas de la referida Universidad. Así pues, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo pasa a pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción interpuesta y, en tal sentido, debe efectuar el análisis de los requisitos establecidos en los artículos 33, 35 y 66 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los cuales establecen: “[…] Artículo 33.- El escrito de la demanda deberá expresar: 1. Identificación del tribunal ante el cual se interpone. 2. Nombre, apellido y domicilio de las partes, carácter con que actúan, su domicilio procesal y correo electrónico, si lo tuviere. 3. Si alguna de las partes fuese persona jurídica deberá indicar la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro. 4. La relación de los hechos y los fundamentos de derecho con sus respectivas conclusiones. 5. Si lo que se pretende es la indemnización de daños y perjuicios, deberá indicarse el fundamento del reclamo y su estimación. 6. Los instrumentos de los cuales se derive el derecho reclamado, los que deberán producirse con el escrito de la demanda. 7. Identificación del apoderado y la consignación del poder. En casos justificados podrá presentarse la demanda en forma oral ante el tribunal, el cual ordenará su trascripción. La negativa a aceptar la presentación oral deberá estar motivada por escrito. […Omissis…] Artículo 35.- La demanda se declara inadmisible en los supuestos siguientes: 1. Caducidad de la acción. 2. Acumulación de pretensiones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles. 3. Incumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, los estados, o contra los órganos o entes del Poder Público a los cuales la ley les atribuye tal prerrogativa. 4. No acompañar los documentos indispensables para verificar su admisibilidad. 5. Existencia de cosa juzgada. 6. Existencia de conceptos irrespetuosos. 7. Cuando sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley. […Omissis…] Artículo 66.- Además de los requisitos previstos en el artículo 33, el demandante deberá acompañar los documentos que acrediten los trámites efectuados, en los casos de reclamo por la prestación de servicios públicos o por abstención […]” (Resaltados del original) [Corchetes de esta Corte]. En este sentido, se observa que el recurso interpuesto satisface los extremos indicados en los artículos antes mencionados, puesto que 1) no ha caducado la acción, por cuanto la abstención que se denuncia es con respecto a la falta de respuesta por parte de la Directora de Administración y Finanzas de la Universidad Central de Venezuela a la comunicación dirigida a esa Dirección con respecto al Proyecto de Módulo Librero, se debe empezar a computar desde la fecha 16 de marzo de 2012, y el presente recurso fue ejercido en fecha 1º de agosto de 2012, resultando tempestiva dicha acción, ya que se interpuso dentro de los 180 días continuos, establecidos en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; 2) no se produjo la acumulación indebida de acciones o recursos; 3) consta en los autos los instrumentos suficientes para decidir sobre la admisibilidad del recurso; 4) el libelo recursivo no contiene conceptos irrespetuosos u ofensivos; 5) no es ininteligible; 6) no existe disposición legal que declare ilegal la tramitación de dicho recurso y 7) que quien se presenta como demandante, consigna en su oportunidad el instrumento que acredita su representación como Presidente de la Asociación Civil de Libreros Comunidad Universitaria, razón por la cual esta Corte admite el recurso de abstención o carencia interpuesto, de conformidad con los artículos 32, 33, 35, y 66 ejusdem. Así de decide. 4.- Del Procedimiento Aplicable Finalmente, este Órgano Jurisdiccional estima pertinente hacer alusión al procedimiento por el cual se deben llevar este tipo de acciones, y en tal sentido, es menester indicar que el artículo 65 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, relativo al Procedimiento Breve, consagra el trámite que regula este tipo de demandas, según el cual una vez admitida la acción, se requerirá que el demandado informe por escrito sobre la causa de la abstención dentro del lapso de cinco (5) días hábiles luego de que conste en autos su citación, vencidos los cuales se efectuará, a los diez (10) días de despacho siguientes, la audiencia oral con el objeto de que las partes presenten las pruebas que consideren pertinentes y, finalmente, el Tribunal dicte sentencia a los cinco (5) días de despacho. En relación con el aludido procedimiento, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 112 de fecha 27 de enero de 2011, señaló lo siguiente: “[…] En cuanto al procedimiento para el trámite de las referidas demandas, los artículos 67 y 70 disponen: ‘Artículo 67: Admitida la demanda, el tribunal requerirá con la citación que el demandado informe sobre la causa de la demora, omisión o deficiencia del servicio público, de la abstención o de las vías de hecho, según sea el caso. Dicho informe deberá presentarse en un lapso no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de que conste en autos la citación. Cuando el informe no sea presentado oportunamente, el responsable podrá ser sancionado con multa entre cincuenta unidades (50U.T) y cien unidades tributarias (100 U.T), y se tendrá por confeso a menos que se trate de la Administración Pública. […Omissis…] ‘Artículo 70: Recibido el informe o transcurrido el término para su presentación, el tribunal dentro de los diez días de despacho siguientes, realizará la audiencia oral oyendo a las partes, a los notificados y demás interesados. Los asistentes a la audiencia podrán presentar sus pruebas. Si el demandante no asistiere a la audiencia se entenderá desistida la demanda, salvo que otra persona de las convocadas manifieste su interés en la resolución del asunto.’ ‘Artículo 71: En la oportunidad de la audiencia oral, el tribunal oirá a los asistentes y propiciará la conciliación. El tribunal admitirá las pruebas, el mismo día o el siguiente, ordenando la evacuación que así lo requieran.’ ‘Artículo 72: En casos especiales el tribunal podrá prolongar la audiencia. Finalizada la audiencia, la sentencia será publicada dentro de los cinco días de despacho siguientes.’ Ahora bien, esta Sala en sentencia de reciente data, estableció lo que a continuación se transcribe: ‘Conforme se desprende de las normas antes citadas, las demandas relacionadas con reclamos por la omisión, demora o deficiente prestación de los servicios públicos, vías de hecho y abstención, cuando no tengan contenido patrimonial o indemnizatorio, se tramitarán por el procedimiento breve. Persigue así el legislador arbitrar un procedimiento expedito que resulte cónsono con la naturaleza y finalidad de la pretensión deducida, en tanto la materia se relaciona con principios cardinales de derecho público y rango constitucional, tales como el derecho a ser notificado de la apertura de cualquier procedimiento que afecte intereses de los particulares, de alegar y disponer del tiempo y los medios adecuados para su defensa; el derecho a servicios básicos de calidad; así como el derecho a dirigir peticiones a cualquier autoridad y obtener oportuna y adecuada respuesta. De ahí que se haya pensado en evitar demoras inconvenientes mediante la aplicación de un procedimiento que constituya garantía del efectivo y rápido restablecimiento de la situación jurídica infringida. Considera la Sala, dada la naturaleza breve del procedimiento en cuestión, que su tramitación (admisión, notificación, audiencia oral y decisión), en los tribunales colegiados, debe realizarse directamente ante el juez de mérito, en este caso, la Sala Político-Administrativa, ello en virtud del carácter breve del referido procedimiento por el cual corresponde a dicho juez instruir directamente el expediente. Por tanto, sólo procederá la remisión de la solicitud al Juzgado de Sustanciación en aquellos casos en que los asistentes a la audiencia, si así lo consideran pertinente, presentan sus pruebas y las mismas por su naturaleza, necesiten ser evacuadas. Conforme a lo expuesto, concluye la Sala, que los recursos por abstención o carencia deben tramitarse directamente por ante esta Sala Político-Administrativa y sólo se remitirá el expediente al Juzgado de Sustanciación en caso de ser necesaria la evacuación de alguna prueba, asegurándose así la celeridad que quiso el legislador incorporar a ese especial procedimiento. Así se declara. De otra parte, cabe precisar que el cómputo del lapso de cinco (5) días hábiles a que se refiere el artículo 67 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contados a partir de que conste en autos la citación del demandado para que la autoridad respectiva informe sobre la denunciada demora, omisión o deficiencia del servicio público, de la abstención o vías de hecho, debe hacerse por días de despacho del tribunal, pues si bien se persigue celeridad en el procedimiento debe también procurarse un lapso razonable y suficiente para que el responsable pueda elaborar y presentar el informe sobre la denuncia formulada, previa la consulta que deba realizar con el órgano asesor correspondiente, máxime si se considera la grave consecuencia que prevé la norma frente a la omisión de tal exigencia. En suma, armonizando la necesaria prontitud en la sustanciación del caso con el también indispensable tiempo para que pueda sustanciarse debidamente la denuncia, concluye la Sala que el lapso fijado en el artículo 67 de la referida ley, debe computarse por días de despacho. Así también se declara.’ (Sentencia N° 1.177 publicada en fecha 24 de noviembre de 2010). Siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia antes citada, ratifica esta Sala que las demandas relacionadas con reclamos por la omisión, demora o deficiente prestación de los servicios públicos, vías de hecho y abstención, cuando no tengan contenido patrimonial o indemnizatorio, se tramitarán por el procedimiento breve […]”. (Resaltado de esta Corte). Ahora bien, este Órgano Jurisdiccional en estricta aplicación del criterio emanado de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, estima que se debe aplicar el procedimiento breve contemplado en los artículos 65 al 75 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, en consecuencia, se ordena citar a la ciudadana Directora de Administración y Finanzas de la Universidad Central de Venezuela, a los fines de que comparezca por ante este Juzgado dentro de un plazo de cinco (5) días de despacho, una vez haya transcurrido primeramente los ocho (8) días de despacho establecidos en el artículo 86 del Decreto Nº 6.286 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de fecha 30 de julio de 2008, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.892 (Extraordinario), de fecha 31 de julio de 2008, contados a partir del día siguiente en que conste en autos la última de las notificaciones, para que consigne informe explicativo de las razones de hecho y de derecho que generaron la presunta abstención alegada, conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se decide. Asimismo, esta Corte estima pertinente ordenar la notificación a la ciudadana Rectora de la Universidad Central de Venezuela, a la ciudadana Fiscal General de la República, y a la ciudadana Procuradora General de la República, en atención a lo establecido en el artículo 68 de la normativa previamente citada, esta última de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Decreto Nº 6.286 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Así se decide. Por último, se indica que una vez recibido el informe solicitado o vencido el lapso de cinco (5) días de despacho establecidos para su presentación, establecidos anteriormente, esta Corte fijará la oportunidad para que tenga lugar la celebración de la audiencia oral a que alude el artículo 70 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. (Vid sentencia Nº 2011-1087 de esta Corte en fecha 14 de julio de 2011, caso: Josefina Rafaela Ojeda Torres contra el Instituto Nacional de Ferrocarriles del Estado). IV DECISIÓN Por las razones antes expuestas, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la demanda por abstención o carencia interpuesto por el ciudadano Andrés Vásquez Bastidas, titular de la cédula de identidad Nº V.- 5.630.891, actuando con el carácter de Presidente de la ASOCIACIÓN CIVIL DE LIBREROS COMUNIDAD UNIVERSITARIA, inscrita en el Registro Público del Cuarto Circuito Municipio Libertador bajo Nº 12, tomo 26, en fecha 27 de julio de 2012, asistido por el abogado Otoniel Pautt Andrade, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 154.755, contra la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. 2.- ADMITE la presente demanda. 3.- ORDENA citar a la ciudadana Directora de Administración y Finanzas de la Universidad Central de Venezuela, a los fines de que comparezca por ante este Juzgado dentro de un plazo de (5) días de despacho, una vez haya transcurrido primeramente los ocho (8) días de despacho establecidos en el artículo 86 del Decreto Nº 6.286 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, contados a partir del día siguiente en que conste en autos la última de las notificaciones, para que consigne informe explicativo de las razones de hecho y de derecho que generaron la presunta abstención alegada por el demandante en el presente procedimiento. 4.- ORDENA notificar a la ciudadana Rectora de la Universidad Central de Venezuela, a la ciudadana Procuradora General de la República y a la ciudadana Fiscal General de la República. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en Caracas, a los ___________ (___) días del mes de __________________ de dos mil doce (2012) Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación. El Presidente, EMILIO RAMOS GONZÁLEZ Ponente El Vicepresidente, ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA El Juez, ALEJANDRO SOTO VILLASMIL La Secretaria Accidental, CARMEN CECILIA VANEGAS SALAS Exp. Nº AP42-G-2012-000757 ERG/014 En fecha _____________ (___) de _______________de dos mil doce (2012), siendo la (s) ___________ de la_____________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº 2012-________. La Secretaria Accidental.