REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En su nombre: JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL Expediente Nº 9216 Mediante escrito presentado en fecha 13 de agosto de 2012, el abogado RICARDO BARONI UZCATEGUI, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 49.220, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano NELSON OSWALDO DURÁN CÁCERES, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 9.489.906, interpuso ante el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en funciones de distribuidor de causas, demanda de nulidad en contra del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 151 de fecha 16 de agosto de 2011, emanado de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES. Asignado por distribución el expediente a este Juzgado Superior, consta en nota de secretaría que corre inserta al folio 485 del expediente, que en fecha 14 de agosto de 2012, se le dio entrada al mismo. Efectuado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, procede este Tribunal a decidir sobre la admisibilidad de la demanda interpuesta, para lo cual inicialmente observa: DE LA COMPETENCIA Previo a cualquier pronunciamiento procede este Órgano Jurisdiccional a verificar su competencia para conocer de la presente acción y, en tal sentido observa: Solicita la parte actora, la nulidad de la Resolución Nº 151 dictada por la Superintendencia Nacional de Valores, de conformidad con lo previsto en el artículo 19.1 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo previsto en los artículos 21, 25 y 49 Constitucionales, por haber sido dictada en franca violación de los derechos a la defensa y al debido proceso, así como a la no discriminación y a la presunción de inocencia. Al respecto, tenemos que las demandas de nulidad en contra de los actos administrativos emanados de los entes y órganos de la administración pública, son conocidas por los distintos órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en atención a la autoridad u órgano de donde emane el acto administrativo recurrido. Así, se aprecia que los artículos 23.5, 25.3 y 24.5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, regulan la competencia de los órganos que conforman la jurisdicción contenciosa, estableciendo al efecto lo siguiente: “Artículo 23: La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de justicia es competente para conocer de: (…omissis…) 5. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, los Ministros y Ministras, así como las máximas autoridades de los demás organismos de rango constitucional, si su competencia no está atribuida a otros Tribunal”. (Destacado del Tribunal). “Artículo 25: Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de: (…omissis…) 3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo”. (Destacado del Tribunal). “Artículo 24: Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de: (…omissis…) 5. Las demandas de nulidad de los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 5 del artículo 23 de esta Ley y en el numeral 3 del artículo 25 de esta Ley….” (Destacado del Tribunal). Definidas claramente las competencias de los órganos que conforman la jurisdicción Contencioso Administrativa, debe señalarse que en el caso que nos ocupa, se pretende la nulidad de un acto administrativo dictado por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Planificación y Finanzas, cuya competencia se circunscribe a regular y supervisar el funcionamiento eficiente del mercado de valores, para la protección de las personas que han realizado inversiones en los valores a que se refiere la Ley y para estimular el desarrollo productivo del país, bajo la vigilancia y coordinación del órgano superior del sistema financiero Nacional. Tratándose entonces en el presente caso de una demanda de nulidad en contra de un acto administrativo dictado por una autoridad distinta a las señaladas en los artículos 23.5 y 25.3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa -pues no se trata de un acto administrativo dictado por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, algún Ministro o Ministra, máximas autoridades de los entes de rango constitucional; o de alguna autoridad estadal o municipal respectivamente-. Estima este Tribunal, que de conformidad con lo establecido en el artículo 24.5 retro trascrito, inexorablemente la competencia residual para dirimir el presente juicio la tienen los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa -Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo-, tal como lo señala el acto administrativo impugnado. Así se decide. Atendiendo a lo expuesto, este Tribunal debe declararse incompetente para conocer de la presente acción, y declinar el conocimiento de la misma a las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, a quien corresponda previa su distribución. Así se decide. DECISIÓN Por las razones expuestas este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: Su INCOMPETENCIA para conocer de la demanda de nulidad interpuesta por el abogado RICARDO BARONI UZCATEGUI, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano NELSON OSWALDO DURÁN CÁSERES, ambos plenamente identificados en el encabezado del presente fallo, en contra del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 151 de fecha 16 de agosto de 2011, emanado de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES. SEGUNDO: DECLINA la competencia en las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso, a las cuales se ordena remitir el presente expediente. Publíquese y Regístrese. Cúmplase lo ordenado. Remítase el expediente una vez discurrido el lapso de cinco (5) días de despacho siguientes a la fecha de publicación del presente fallo interlocutorio. Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho de este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año dos mil doce (2012). Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación. EL JUEZ, HÉCTOR SALCEDO LÓPEZ. EL SECRETARIO ACC., JESÚS ESCALONA CARBALLO En esta misma fecha, siendo las ( ), se publicó y registró la anterior decisión, bajo el Nº . EL SECRETARIO ACC., JESÚS ESCALONA CARBALLO Exp. Nº 9216 HSL/rsj.-