REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL LOPNA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL PENAL SECCIÓN ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA Guanare, 29 de Abril de 2013. Años 203º y 154º. CAUSA 2C-797-13. JUEZ CONTROL 2: FISCAL AUXILIAR V DEL MINISTERIO PUBLICO NATALY PIEDRAITA IUSWA. ABG. REBECA PACHECO ARIAS. DEFENSOR PUBLICO I ABG. LUIS ALBERTO AROCHA VILLANUEVA. ADOLESCENTE IMPUTADO (IDENTIDAD OMITIDA POR RAZONES DE LEY). VICTIMA JORDI RAMÓN AGUILAR VALERA. La Fiscalía Quinta Especializada del Ministerio Público, representada por la Abg. Rebeca Pacheco Arias, presentó oralmente acusación penal en contra del adolescente (Identidad omitida por razones de Ley), siendo instruida por el delito de violencia privada, previsto en el artículo 175 segundo aparte del Código Penal, en perjuicio del adolescente Jordi Ramón Aguilar Valera. Con ocasión de la audiencia preliminar fijada y con la presencia del Ministerio Público Abg. Rebeca Pacheco, del Defensor Público I, Abg. Luis Alberto Arocha, el adolescente imputado, la víctima y sus representantes legales, fue presentada la eventual acusación, solicitando sea impuesta la sanción de libertad asistida y reglas de conducta, establecidas en los artículos 626 y 624 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, por el lapso de ocho (08) meses, no obstante, planteó al Tribunal la posibilidad de homologar un acuerdo conciliatorio entre las partes en la presente causa, por cuanto efectivamente el delito calificado no amerita pena privativa de libertad y dado que no se ha agotado la vía de la conciliación, propone dicho acuerdo conciliatorio con las condiciones de estudiar o trabajar, consignando la constancia según sea el caso y que el adolescente no agreda física ni verbalmente a la víctima ciudadano Jordi Ramón Aguilar Valera. Así la propuesta, este Juzgado, a titulo informativo e ilustrativo explicó al adolescente (Identidad omitida por razones de Ley), la eventual acusación del Ministerio Público y la impuso de las garantías constitucionales previstas en los ordinales 3° y 5° del artículo 49 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, de lo preceptuado en el artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, así como del derecho contenido en el artículo 542 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, interrogándolo si deseaba conciliar bajo la condición propuesta a lo que manifestó textualmente: “Si quiero conciliar y cumplir dichas condiciones”. La Defensa Pública representada por el Abogado Luis Alberto Arocha, expuso que siendo el delito imputado de aquellos que no ameritan pena privativa de libertad (violencia privada), estaba de acuerdo en conciliar dada como fue la conversación previa con su defendido, quien está conforme con la obligación propuesta y está dispuesto a conciliar. Por su parte la víctima Jordi Ramón Aguilar Valera, estuvo de acuerdo, conforme afirmó de viva voz, estar dispuesto a conciliar con el ciudadano (Identidad omitida por razones de Ley), siempre que él quede comprometido a cumplir las condiciones. El Tribunal oídas las partes y visto que el delito por el cual acusa el Ministerio Publico (violencia privada), no impone como sanción definitiva la privación de libertad, de conformidad con el artículo 564 de la LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES y no estando agotada esta fórmula de solución anticipada al conflicto con la ley penal, y siendo que este Tribunal considera que las formulas de solución anticipada previstas en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y el Adolescente, juegan un papel fundamental en el proceso de resocialización del adolescente sometido a un proceso penal, por cuanto permiten la canalización de su conducta bajo la supervisión del Tribunal, apoyado de personal especializado en orientación de la conducta del ser humano en algunos casos y se constituyen como un medio de restitución y salvaguarda de los derechos de las victimas y de los mismos adolescentes involucrados, consideró que es la vía procesal idónea en el presente caso, por lo que procedió a homologar el acuerdo. DISPOSITIVA Por las razones expuestas, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescentes, del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa, administrando justicia, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela, por Autoridad de la ley resolvió: PRIMERO: Homologa el acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes, en la causa seguida contra el adolescente (Identidad omitida por razones de Ley), siendo instruida por el delito de violencia privada, previsto en el artículo 175 segundo aparte del Código Penal, en perjuicio del adolescente Jordi Ramón Aguilar Valera, homologación que se decreta de conformidad con lo establecido en los Artículos 564 y 566 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, suspendiendo el proceso a prueba por el lapso de cuatro (04) meses. SEGUNDO Se impone al adolescente (Identidad omitida por razones de Ley) (ya identificado) las condiciones referidas a la obligación de estudiar o trabajar, consignando la constancia respectiva según sea el caso y la prohibición de agredir física o verbalmente a la victima ciudadano Jordi Ramón Aguilar Valera, obligaciones a ser cumplidas por el lapso de cuatro (04) meses. TERCERO: Se advierte al adolescente (Identidad omitida por razones de Ley), que debe informar al Tribunal y al Ministerio Público, cualquier cambio de residencia o domicilio, de conformidad con el literal “d” del artículo 566 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. CUARTO: Acuerda la expedición de las copias simples del acta de audiencia levantada al efecto, solicitadas por la Fiscal del Ministerio Público y por la Defensa. Decisión dictada en Guanare a los veintinueve (29) días del mes de Abril del año dos mil trece. Años 203 de la Independencia y 154 de la Federación. Nataly Piedraita Iuswa Juez Segundo de Control del Circuito Judicial Penal Portuguesa Sección Responsabilidad Penal de Adolescentes. ABG. Argelia Guédez. La Secretaria Causa: 2C-797-13.