REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE PRIMERA

JUEZ PONENTE: MARÍA EUGENIA MATA EXPEDIENTE N° AP42-N-2009-000419 En fecha 16 de julio de 2009, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, el escrito contentivo de la demanda de nulidad conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente con medida cautelar, incoada por el Abogado Alfredo Ayala Núñez, titular de la cédula de identidad 3.661.305, inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 11.575, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la sociedad mercantil INVERUNIÓN, BANCO COMERCIAL, C.A., (antes denominado Eurobanco Banco Comercial, C.A.,), inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda en fecha 8 de mayo de 1997, bajo el Nº 11, tomo 236-A-Sgdo., cambio de denominación social que consta en Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de julio de 2003, inscrita en el mencionado Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del distrito Capital y estado Miranda, de fecha 11 de noviembre de 2002, bajo el Nº 78, tomo 173-A Sdo.; contra los actos administrativos contenidos en la Resolución Nº 250.09, notificada en fecha 5 de junio de 2009, mediante el cual se declaró Parcialmente Con lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto por dicha Sociedad Mercantil, que revocó únicamente el contenido del punto No. 2 del oficio distinguido con las siglas SBIF-DSB-II-GGT-GEE-04383 de fecha 26 de marzo de 2009; así como contra la sucesión de actos administrativos dictados que forman parte o son consecuencia del mismo procedimiento administrativo, esto es, el Oficio SBIF-DBS-II-GGI-G12-03262 de fecha 9 de marzo de 2009; el Oficio SBIF-DBS-II-GGI-G12-03631 de fecha 16 de marzo de 2009; el Oficio SBIF-DBS-II-GGI-G12-06069 de fecha 24 de abril de 20089; el Oficio SBIF-DBS-GGCJ-GALE-06546 de fecha 6 de mayo de 2009, el Oficio SBIF-DBS-II-GGI-G12-07409 de fecha 21 de mayo de 2009 y el Oficio SBIF-DBS-GGI-G12-09148 emanados de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN). En fecha 22 de julio de 2009, se dio cuenta a la Corte y por auto de esa misma fecha, se designó Ponente a la Juez MARÍA EUGENIA MATA; a los fines que la Corte dictara la decisión correspondiente. En esa misma fecha, se pasó el expediente a la Juez Ponente. En la misma fecha, se libró oficio dirigido al Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), a los fines que remitiera a esta Corte los antecedentes administrativos vinculados con el caso. En fecha 28 de julio de 2009, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, diligencia mediante la cual, la Abogada Zhiomar Díaz Vivas, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) Nº 90.733, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil Inverunión Banco Comercial, señaló la continua violación y desconocimiento de los Derechos Constitucionales por parte de la demandada, consignando a su vez poder que acredita su representación. En fecha 5 de agosto de 2009, se paso el expediente a la Juez Ponente. En fecha 10 de agosto de 2009, compareció el Alguacil de esta Corte a fin de consignar el Oficio de notificación dirigido a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, señalando que el mismo fue debidamente recibido por la referida Superintendencia. En fecha 13 de octubre de 2009, se agregó a los autos el oficio recibido en fecha 6 de octubre de ese mismo año, emanado de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, mediante el cual adjuntaron los antecedentes administrativos relacionados con la causa. En fecha 20 de enero de 2010, en virtud de la incorporación del Juez Efrén Navarro, se reconstituyó la Corte y fue elegida nueva Junta Directiva, quedando conformada de la siguiente manera: Enrique Sánchez, Presidente; Efrén Navarro, Vicepresidente; María Eugenia Mata, Juez. En fecha 28 de junio de 2010, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, del Abogado José Alfredo Rangel Briceño, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) Nº 117.177, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), escrito de contestación al recurso contencioso administrativo de nulidad. En fecha 1º de julio de 2010, la Corte se abocó al conocimiento de la presente causa, advirtiendo su reanudación una vez transcurrido el lapso establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. En virtud de la incorporación a este Órgano Jurisdiccional de la Juez MARISOL MARÍN R. se reconstituyó la Corte y en sesión de fecha veintitrés (23) de enero de dos mil doce (2012), fue elegida la nueva Junta Directiva, quedando conformada de la siguiente manera: EFRÉN NAVARRO, Juez Presidente; MARÍA EUGENIA MATA, Juez Vicepresidente y MARISOL MARÍN R., Juez. En fecha 2 de febrero de 2012, esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encuentra, reanudándose la misma una vez transcurrido el lapso previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. Realizado el estudio individual de las actas, para decidir esta Corte observa: I Ahora bien, revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte observa, que el presente recurso fue interpuesto en fecha 16 de julio de 2009. Seguidamente, se dio inicio a la sustanciación del asunto solicitando los antecedentes administrativos correspondiente, conforme lo pautaban las normas de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, vigente para la época, que resulta aplicable a los procedimientos como el de autos. Ahora bien, aprecia esta instancia que desde la interposición del recurso, sólo existe una actuación de la parte actora, de fecha 28 de julio de 2009, mediante la cual señala que para la fecha indicada, continuaba la situación denunciada como lesiva, sin que desde julio de 2009 a la fecha de la presente decisión, se realizara ninguna otra intervención de la parte demandante, mediante la cual inste al Órgano Jurisdiccional a dar continuidad al proceso, habiendo transcurrido tres años y seis meses desde entonces, todo lo cual hace presumir la pérdida de su interés. En vista de lo anterior, debe reiterarse el criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nº 956, de fecha 1º de junio de 2001, que fuera ratificada posteriormente mediante decisión Nº 416, de fecha 28 de abril de 2009 (caso: Carlos Vecchio y otros) según en la cual la actitud pasiva de la parte actora conduce al Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal, lo que deviene en la extinción de la acción, por ser éste uno de sus requisitos. Asimismo, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 00075 dictada en fecha 23 de enero de 2003 (caso: C.V.G Bauxilum, C.A.) la cual fue posteriormente ratificada en las decisiones números 1.144 y 929, de fechas 5 de agosto de 2009 y 25 de junio de 2009, respectivamente, estableció que: “(…) Cuando el justiciable considera que sus derechos se encuentran insatisfechos, puede acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar se le otorgue tutela judicial a su pretensión, esto es, cuando tenga interés procesal para accionar, entendido éste como la necesidad y adecuación del proceso para satisfacer la pretensión demandada. Este especial derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales en busca de la satisfacción de los demás derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, es el denominado derecho de acción procesal, el cual está previsto y garantizado expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos: ‘Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.(omissis)’. En sentencia número 1.648 de fecha 13 de julio de 2000, dictada por esta Sala Político-Administrativa, se expresó, con relación a la acción procesal, lo que a continuación se transcribe: ‘En la estructura del ordenamiento jurídico, está concebida la acción procesal como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. Esta necesaria relación de medio a fin, permite calificar a la acción como un derecho especial o de segundo nivel, es decir, un auténtico metaderecho, frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico.’ (...omissis)” (Destacado del fallo). Por otra parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la decisión Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009 (caso: Carlos Vecchio y otros) a la cual se hizo referencia previamente, estableció lo siguiente: “(…) El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión. El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’). El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’). En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia”. Conforme a lo indicado en los fallos parcialmente transcritos, es posible que se declare la pérdida de interés procesal en una causa, trayendo como consecuencia la extinción de la acción, bajo dos supuestos claramente establecidos, esto es, la inactividad de la parte antes de la admisión de la demanda o después que la causa ha entrado en estado de sentencia. Así las cosas, la presunción de la pérdida del interés procesal del actor en el presente caso, encuentra su fundamento en el hecho de que la parte accionante ha mantenido una actitud pasiva frente al Órgano Jurisdiccional, dado que no efectuó actuación alguna ni instó al mismo con el objeto que se pronunciara respecto de la admisión de la demanda, existiendo una paralización en el juicio durante un lapso de más de tres (3) años lo que permite, en principio, declarar la pérdida del interés. No obstante, esta Corte considera conveniente notificar a la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que informe, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos el recibo de su notificación, a fin de manifestar su interés en que emita pronunciamiento sobre la admisión de la causa y se continúe con el trámite de la misma, con la advertencia de que la falta de comparecencia ante este Órgano Jurisdiccional en el lapso indicado, hará presumir de pleno derecho la pérdida de interés en la misma y en consecuencia, se declarará extinguida la instancia y el archivo del expediente. Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en Caracas, a los ______________________ (___) días del mes de ________________ de dos mil trece (2013). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación. El Juez Presidente, EFRÉN NAVARRO La Juez Vicepresidente, MARÍA EUGENIA MATA Ponente La Juez, MARISOL MARÍN R. El Secretario, IVAN HIDALGO Exp. N° AP42-N-2009-000419 MEM