TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPERIOR DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGION CENTRAL
Valencia, 22 de enero de 2013
202º y 153º
EXPEDIENTE N° 2889
SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 2857
El 25 de abril de 2012, se le dió entrada en este tribunal al recurso contencioso tributario interpuesto por el ciudadano Carlos Arteaga Rojas, titular de la cédula de identidad Nº V-8.569.690, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 26.963, en su carácter de apoderado judicial de “INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA PARA LA INFORMATICA (IUTEPI)”, inscrita ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Distrito Valencia del estado Carabobo, el 21 de abril de 1988, bajo el Nº 21, Tomo 9°, Aportante INCES N° 539929, con domicilio procesal en la Zona Industrial y Comercial la Isabelica, C.C. Save, Galpón N° 3, Municipio Valencia estado Carabobo, contra el acto administrativo contenido en la resolución culminatoria de sumario N° 283-2011-12-50, del 15 de diciembre de 2011 emanada del Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), mediante la cual se le formulo a la contribuyente un reparo por concepto de aportes, intereses y multas por un monto total de 227.037,36.
El apoderado judicial de la contribuyente solicitó en su escrito recursivo la suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido de conformidad con lo establecido en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario
A tal efecto, corresponde en esta oportunidad conocer y decidir la solicitud de suspensión de efectos planteada atendiendo al contenido de lo establecido en el Código Orgánico Tributario, sin entrar a decidir sobre el fondo de la demanda, lo cual se deja para la definitiva.
I
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIDO
El representante de la contribuyente solicito se declare la suspensión de efectos de los actos administrativos recurridos atendiendo al contenido de la norma antes referida por la existencia del peligro de daño por mora (periculum in mora) y de la presunción de buen derecho (fumus boni iuris), en tal sentido alega:”… todas estas consideraciones evidencian la existencia o Presunción de Buen Derecho que hace posible el otorgamiento de la medida cautelar...”
“... En complemento se ha entendido que el fumus bonis iuris, apariencia o presunción del buen derecho, es fundamental para el otorgamiento de una medida cautelar, se detecta la verosimilitud del derecho que se reclama, la virtualidad de que probablemente el solicitante saldrá vencedor en sus pretensiones …”
“…En fin ciudadano juez luce evidente que los daños que se pretenden evitar mediante la suspensión de los efectos del acto impugnado son de imposible o difícil reparación máxime ya que estaría comprometiendo las tareas de todos los que laboramos para la institución “IUTEPI”, en el logro de sus fines educativos y así lo destacamos”
En relación al periculum in damni“…igualmente a los efectos del acto administrativo el cual es objeto de este recurso de igualmente los efectos del acto administrativo el cual es objeto de este recurso de nulidad, no son una mera presunción, sino un temor fundado ya que el daño que se le puede presentar a mi representada “IUTEPI”, y a sus representantes es inminente, serio, grave y manifiesto, entendiéndose dicho daño igualmente sobre los Alumnos de mi representada al poner en peligro la seguridad Económica de la Educación Superior impartida por “IUTEPI”, con repercusión directa e inmediata sobre la fuente de puestos de trabajo de su personal administrativo y profesional académico…” .
“…En fin ciudadano juez luce evidente que los daños que se pretenden evitar mediante la suspensión de efectos del acto impugnado son de imposible o difícil reparación máxime ya que estaría comprometiendo las tareas de todos los que laboramos para la institución “IUTEPI”, en el logro de sus fines educativos y así lo destacamos…”
“…con fundamento a todo lo expuesto, Ciudadano Juez, respectos de os requisitos o extremos exigidos de conformidad con lo establecido en el articulo 588 del Código de Procedimiento Civil , es por lo que formalmente le solicito a su competente autoridad, que adopte y dispense la tutela cautelar para proteger los derechos que han sido conculcados a mi representada, decretando la respectiva cautelar de suspensión de efectos de la referida RESOLUCIÖN CULMINATORIA DE SUMARIO numero 283-2011-12-50, así como de los actos consecuenciales anteriores que lo sustenten (negrilla de ellos)…”
II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Corresponde entrar a conocer la solicitud de suspensión de efectos planteada por el representante de la contribuyente.
En tal sentido, constata quien decide que del contenido de la norma prevista en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario se desprenden los supuestos de procedencia de dicha suspensión, los cuales se corresponden con la demostración de los graves perjuicios que podría causar al interesado la ejecución del acto impugnado (periculum in damni) y la apariencia de buen derecho evidenciada de los fundamentos de la impugnación (fumus bonis iuris).
En virtud de los amplios poderes del juez contencioso tributario para decretar medidas cautelares cuando lo considere pertinente, se pasa a revisar la existencia del fumus bonis iuris, lo cual requiere la comprobación por una parte, de la aparente existencia de un derecho o interés del recurrente en la presente acción y, por otra, la probabilidad de que los actos administrativos impugnados sean inconstitucionales o ilegales.
En cuanto a la valoración preliminar de la presunta inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos impugnados, este tribunal observa, que el acto administrativo recurrido tiene como fundamento de hecho, la presunta pretensión por parte del Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES)., por concepto de aportes, intereses y multas por un monto total de bolívares doscientos veintisiete mil treinta y siete con treinta y seis céntimos (BsF.227.037,36).
Sin prejuzgar sobre el fondo de la controversia, observa este juzgador que a la contribuyente le rodea una apariencia de buen derecho a su favor en el ejercicio del presente recurso, por lo que se encuentra satisfecho el segundo supuesto (fumus boni iuris) previsto en la norma dispuesta en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario.
En cuanto al requisito del periculum in damni, quien decide constata, que no se evidencia de las actas que componen el presente expediente, prueba alguna de la existencia de un daño patrimonial en la esfera del recurrente.
A tal efecto, en opinión de quien decide con fundamento en el criterio sostenido en la sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 25 de junio de 2002, número 00874, en casos como el de autos, es imprescindible tomar en consideración la estabilidad económica del sujeto sancionado, elemento éste que no puede deducirse de meros alegatos genéricos como los planteados en el asunto bajo examen.
En este sentido, quien solicite la suspensión de efectos de un acto impugnado, además de afirmar que se le han causado o se le podrían causar perjuicios irreparables o de difícil reparación, debe señalar hechos o circunstancias concretas y aportar elementos suficientes y precisos que permitan al órgano jurisdiccional concluir objetivamente sobre la irreparabilidad del daño por la definitiva.
En razón a las consideraciones anteriores, es criterio de este juzgador que no ha sido demostrada de manera fehaciente la existencia del periculum in damni. Así se decide.
Pasa ahora este tribunal al considerar si la existencia de uno sólo de los dos requisitos contenidos en el artículo 263 eiusdem es suficiente para que proceda la aprobación de la suspensión de los efectos del acto recurrido o no, es decir, si son concurrentes o no.
A tal efecto este juzgado considera necesario y oportuno ratificar, en esta oportunidad el criterio sostenido por el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 00737 dictada por la Sala Político Administrativa el 29 de junio de 2004, Caso: Mercedes Benz Venezuela, S.A, que al respecto estableció lo siguiente:
“…esta Sala estima que las exigencias enunciadas en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario, no deben examinarse aisladamente, sino en forma conjunta, porque la existencia de uno sola de ellas no es capaz de lograr la consecuencia jurídica del texto legal, cual es la suspensión de los efectos del acto impugnado…”.
(…) Tan es así que las previsiones generales en materia de medidas cautelares contenidas en el Código de Procedimiento Civil, exigen la concurrencia de los requisitos de procedencia de tales medidas, no existiendo en el ámbito contencioso tributario como tampoco ocurren en el contencioso administrativo una razón lógica para soportar lo contrario, esto es, la procedencia de la medida cautelar de que se trata por la sola verificación de uno de los aludidos extremos…”
(…) En tal sentido, la medida preventiva de suspensión de efectos procede solo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación y que adicionalmente resulte presumible que la pretensión procesal principal resultara favorable, a todo lo cual debe agregarse la adecuada ponderación del interés publico involucrado…”
Ante la ausencia de uno de los dos requisitos para que proceda la solicitud de suspensión de los efectos, el periculum in damni, este tribunal decide que al no concurrir con el fumus boni iuris, no es causa para la suspensión solicitada.
Sin embargo, y producto del análisis supra hecho por este juzgador, el hecho que el recurrente haya solicitado la suspensión de los efectos en el recurso contencioso tributario interpuesto y la administración tributaria no haya ejercido el juicio ejecutivo para hacer efectivo el acto administrativo hasta la fecha, y que si lo hace a partir de la interposición del recurso, tiene que hacerlo ante este mismo tribunal, con lo cual el juez tiene la oportunidad de decidir a la luz de los hechos, y que el tribunal no encuentra necesario pronunciarse sobre una probable acción en la vía ejecutiva cuando está no ha sido ejercida y está pendiente un recurso contencioso tributario, en el cual debe pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones de las partes, a no ser que las condiciones implícitas en los hechos hagan aconsejable cualquier medida cautelar prevista en la ley durante el proceso, considera el juez que no debe suspender los efectos del acto recurrido al no existir interposición del juicio ejecutivo, por no haber concurrencia del fumus boni iuris y del periculum in damni y por considerar que en este caso sólo debe pronunciarse cuando exista concurrencia de los dos institutos jurídicos o en la eventualidad que el juicio ejecutivo sea interpuesto por la administración tributaria en el transcurso del proceso. Así se decide.
III
DECISIÓN
Por las razones expresadas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara:
SIN LUGAR la solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo previsto en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario, interpuesto por el ciudadano Carlos Arteaga Rojas, titular de la cédula de identidad Nº V-8.569.690, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 26.963, en su carácter de apoderado judicial de “INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA PARA LA INFORMATICA (IUTEPI)”, inscrita ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Distrito Valencia del estado Carabobo, el 21 de abril de 1988, bajo el Nº 21, Tomo 9°, Aportante INCES N° 539929, con domicilio procesal en la Zona Industrial y Comercial la Isabelica, C.C. Save, Galpón N° 3, Municipio Valencia estado Carabobo, contra el acto administrativo contenido en la resolución culminatoria de sumario N° 283-2011-12-50, del 15 de diciembre de 2011, mediante la cual se le formulo a la contribuyente un reparo por concepto de aportes, intereses y multas por un monto total de 227.037,36.
Notifíquese de la presente decisión mediante oficio a la Procuradora General de la República con copia certificada una vez la parte interesada provea para lo conducente, Contralor General de la República y al Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES).y notifíquese mediante boleta a el apoderado judicial de “INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA PARA LA INFORMATICA (IUTEPI)”. Líbrese los oficios y boleta correspondientes. Cúmplase lo ordenado.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, a los veintidós (22) días del mes de enero de dos mil trece (2013). Año 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
El Juez Titular,

Abg. José Alberto Yanes García.
La Secretaria Titular,

Abg Mitzy Sánchez.

En la misma fecha se libraron oficios y boleta correspondientes. Se cumplió con lo ordenado.

La Secretaria Titular,

Abg Mitzy Sánchez

Exp. N° 2889
JAYG/ms/ps