REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 27 de febrero de 2013 202º y 154º ASUNTO: AP11-M-2012-000584 PARTE DEMANDANTE: BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A., Sociedad Mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas inscrita ante el Registro de comercio que lleva el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, en fecha 15 de enero de 1938, bajo el Nº 30, cuya modificación estatutaria quedó inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 07 de febrero de 2002, bajo el Nº 74, Tomo 08-A-Cto. APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: CONNIE SANTIAGO, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 33.306 PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil CONSULTEL, C.A., inscrita en el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del Estado Bolivariano de Miranda, el día 20 de Agosto de 1999, bajo el Nº 33, Tomo 341-Qto, y cuya ultima modificación estatutaria quedo inscrita en el citado Registro Mercantil, el dia 12 de Mayo de 2006, bajo el Nº 70, Tomo 1319, y los ciudadanos ANTONIO CARLO MENAFRA PALADINO, YOLANDA JOSEFINA PENZINI DE CALDERON y ERNESTO JOSE CALDERON BERTI, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cedulas de identidad Nrosº V.-6.929.113, V.-3.223.437 y V.-3.100.276. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: sin apoderado Judicial constituido en autos. MOTIVO: EJECUCION DE HIPOTECA. I ANTECEDENTES Conoce este órgano jurisdiccional de la presente demanda que por EJECUCION DE HIPOTECA, presentara BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A., contra la sociedad Mercantil CONSULTEL, C.A y contra los ciudadanos ANTONIO CARLO MENAFRA PALADINO, YOLANDA JOSEFINA PENZINI DE CALDERON y ERNESTO JOSE CALDERON BERTI, supra identificados, en fecha 30 de Octubre de 2012.- Por auto de fecha 07 de Noviembre de 2012, se admitió la presente demanda, asimismo, se ordeno la intimación de los codemandados. Por diligencia de fecha 16 de Noviembre de 2012, la representación judicial de la parte demandante consigno los fotostatos necesarios a fin de elaborar las respectivas boletas de intimacion. II MOTIVACIÓN Este Tribunal a los fines de decidir, pasa a hacerlo tomando en cuenta las siguientes consideraciones: Al respecto, advierte el Tribunal que la perención es sanción a la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso para que éste alcance su fin natural, el cual es la sentencia.- Al respecto, el primer aparte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la Perención”. (...) También se extingue la instancia: 1º “Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado." En el mismo orden de ideas, el artículo 269 del Código Adjetivo señala: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”. Asimismo la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 06 de julio del 2004, con ponencia del Magistrado CARLOS OBERTO VELEZ, en el juicio que por Cumplimiento de Contrato sigue el ciudadano José Ramón Barco Vásquez contra la sociedad mercantil Seguros Caracas Liberty Mutual, expuso lo siguiente: “… Las obligaciones a que se contrae el ordinal primero del artículo 267 aludido, son de dos órdenes; pero, ambas destinadas a lograr la citación. En primer lugar, la que le correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de la boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la practica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la ley de Arancel Judicial, que se materializaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de los extintos derechos de arancel judicial normas que en atención al contenido y alcance de la disposición derogatoria única de la constitución de 1.999, perdieron vigencia por contrariar la garantía de la justicia gratuita que ella misma contempla en su articulo 26, por lo que dada su derogatoria no cuenta para los efectos de la perención breve; en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar, en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero, jamás mediante liquidación de recibos o, planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención…” “Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que se ponga a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste mas de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporciono lo exigido en la Ley de los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicara para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca esta. Así se establece” Con fundamento a las anteriores consideraciones de hecho y derecho, y en apego al criterio jurisprudencial emanado de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, supra transcrita, se observa de las actas procesales, que la demanda se admitió por auto de fecha 07 de Noviembre de 2012, y hasta la presente fecha no se han consignado los emolumentos necesarios para que el Alguacil se trasladase a practicar la intimación de la parte demandada, requeridos estos cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal, evidenciándose que transcurrió mas de 30 días para cumplir con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación de la parte demandada, lo cual constituye una de las cargas procesales de impulso para la intimación de la parte demandada y cuyo incumplimiento acarrea la perención de la instancia, en virtud de lo antes expuesto, este Juzgado considera que necesariamente debe de producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en el presente juicio ha operado la perención de la instancia, Y ASI SE DECLARA EXPRESAMENTE.- -III- DECISION Por todas las consideraciones que han quedado expuestas, este Órgano Jurisdiccional administrando Justicia en el nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA PRESENTE INSTANCIA, en el presente juicio. De conformidad con lo previsto en el Artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costa. Publíquese, regístrese, déjese copia. Dada, firmada, y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los 27 días del mes de febrero de 2.013. Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación. LA JUEZ, DRA. BELLA DAYANA SEVILLA JIMENEZ, LA SECRETARIA, Abg. JENNY VILLAMIZAR. En la misma fecha siendo las 12:34 p.m., se publicó la referida sentencia y se dejó copia de la misma en el copiador de sentencia. LA SECRETARIA, Abg. JENNY VILLAMIZAR BDSJ/JV/FB-04 AP11-M-2012-000584