TSJ Regiones - Decisión

JUEZ PONENTE: ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA
EXPEDIENTE Nº AP42-R-2013-000342
En fecha 11 de marzo de 2013, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, Oficio Nº 293/2013 de fecha 21 de febrero de 2013, emanado del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central, anexo al cual remitió expediente contentivo del “recurso contencioso administrativo por abstención” interpuesto por el ciudadano LUIS EDGARDO RODRÍGUEZ DELPINO, titular de la cédula de identidad Nº 7.239.369, asistido por el abogado Juan Tovar Galiano, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 124.367, contra el CUERPO DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIA DE CARÁCTER CIVIL DEL ESTADO ARAGUA.
Dicha remisión se efectuó en virtud de la apelación interpuesta en fecha 9 de octubre de 2012, por el apoderado judicial del recurrente contra la decisión dictada por el referido Juzgado en fecha 28 de septiembre de 2012, mediante la cual declaró el decaimiento del objeto “en el recurso contencioso administrativo por abstención” interpuesto.
En fecha 13 de marzo de 2013, se dio cuenta a la Corte, se designó ponente al Juez Alexis José Crespo Daza, se concedieron los dos (2) días continuos concedidos como término de la distancia y se ordenó la aplicación del procedimiento de segunda instancia de conformidad con los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, asimismo, se fijó el lapso de diez (10) días de despacho siguientes, para fundamentar la apelación interpuesta.
El 8 de abril de 2013, se ordenó practicar por Secretaría el cómputo de los días de despacho transcurridos para la fundamentación de la apelación, asimismo, se ordenó pasar el presente expediente al Juez ponente.
En esa misma fecha, la Secretaria de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo certificó, que: “(…) desde el día trece (13) de marzo de dos mil trece (2013), exclusive, fecha en la cual se fijó el lapso de fundamentación a la apelación, hasta el día cuatro (4) de abril de dos mil trece (2013), inclusive, fecha en la cual culminó el referido lapso, transcurrieron diez (10) días de despacho correspondientes a los días 18, 19, 20, 21, 25 y 26 de marzo y los días 1, 2, 3 y 4 de abril de 2013. Asimismo, se deja constancia que transcurrieron dos (2) días continuos del término de la distancia correspondiente a los días 14 y 15 de marzo de 2013 (…)”.
El 16 de abril de 2013, se pasó el expediente al Juez ponente.
Mediante sentencia Nº 2013-0935 de fecha 27 de mayo de 2013, esta Corte ordenó: “(...) remitir el presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central, a fin de que el mismo proceda a pronunciarse en forma inmediata en cuanto si oye o no el recurso de apelación ejercido en fecha 9 de octubre de 2012, por el abogado Juan Tovar Galiano, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 290 y 293 del Código de Procedimiento Civil”.
El 3 de junio de 2013, se ordenó remitir el presente expediente al Juzgado Superior Estatal Contencioso Administrativo del Estado Aragua. En esa misma fecha, se libró el Oficio correspondiente.
El 20 de junio de 2013, se recibió Oficio Nº 929-2013 de fecha 11 de junio de 2013, del Juzgado Superior Estatal de lo Contencioso Administrativo del Estado Aragua mediante el cual remitió a esta Corte el presente expediente luego de haber oído en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto el 9 de octubre de 2012, contra la decisión dictada por dicho Juzgado el 28 de septiembre de 2012.
Mediante auto de fecha 26 de junio de 2013, este Órgano Jurisdiccional señaló, lo siguiente:
“Visto el Oficio Nº 929-2013, de fecha once (11) de junio de dos mil trece (2013), emanado del Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, anexo al cual remite el presente expediente formado por una (1) pieza judicial constante de ochenta y siete (87) folios útiles y una (1) pieza administrativa relacionada con la presente causa, contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano LUIS EDGARDO RODRÍGUEZ DELPINO, (...) asistido por el Abogado Juan Tovar Galiano, (...) contra el CUERPO DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIA DE CARÁCTER CIVIL DEL ESTADO ARAGUA, el cual fue enviado a dicho Juzgado en virtud de la sentencia dictada por esta Corte en fecha veintisiete (27) de mayo de dos mil trece (2013); este Órgano Jurisdiccional, ordena darle entrada al mismo y ordena pasar el expediente al Juez Ponente ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA (...)”. (Mayúsculas y negrillas del auto).
El 1º de julio de 2013, se pasó el expediente al Juez ponente.
Examinadas las actas procesales que conforman el presente expediente, pasa esta Corte a realizar las siguientes consideraciones:
I
Se dio inicio a la presente causa, en virtud del “recurso contencioso administrativo por abstención” interpuesto por el ciudadano Luis Edgardo Rodríguez Delpino, asistido por el abogado Juan Tovar Galiano contra el Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil del estado Aragua.
En este contexto, se observa que el 28 de septiembre de 2012, el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central (hoy Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del Estado Aragua), luego de haberse celebrado la audiencia preliminar declaró el decaimiento del objeto en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano Luis Edgardo Rodríguez Delpino, asistido por el abogado Juan Tovar Galiano.
En fecha 9 de octubre de 2012, el apoderado judicial del recurrente ejerció recurso de apelación y se dio cuenta a este Órgano Jurisdiccional el 13 de marzo de 2013, y se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se designó ponente al Juez Alexis José Crespo Daza, y se fijó el lapso de diez (10) días de despacho siguientes, dentro de los cuales la parte apelante debía presentar las razones de hecho y de derecho en que fundamentaba la apelación interpuesta.
Por auto de fecha 8 de abril de 2013, se ordenó practicar por Secretaría el cómputo de los días de despacho transcurridos desde el día 13 de marzo de 2013, exclusive, fecha en la cual se fijó el lapso de fundamentación a la apelación, hasta el día 4 de abril de 2013, inclusive, fecha en la cual culminó el referido lapso, y a tal efecto la Secretaria Accidental de este Órgano Colegiado certificó que: “(…) transcurrieron diez (10) días de despacho correspondientes a los días 18, 19, 20, 21, 25 y 26 de marzo y los días 1, 2, 3 y 4 de abril de 2013 (…)”.
Evidenciado lo anterior, pasa esta Corte a realizar las siguientes consideraciones:
De la revisión realizada a los autos, se colige que entre el día en que el abogado Juan Tovar Galiano, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrente interpuso el recurso de apelación -9 de octubre de 2012- y el día 13 de marzo de 2013, fecha en la cual se dio cuenta en Corte del recibo del presente expediente, transcurrió más de un (1) mes.
Ante tal circunstancia, resulta indispensable destacar que a través de la sentencia Nº 2523 del 20 de diciembre de 2006, caso: Gladys Mireya Ramírez Acevedo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en un caso similar al de autos, estableció “que la estadía a derecho de las partes es un principio que rige el derecho procesal venezolano en general, de conformidad con el artículo 26 del Código de Procedimiento Civil (…). Por lo cual indicó que “(…) existió retraso entre la fecha en la cual la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo recibió el respectivo expediente y la fecha en que se le dio cuenta a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo –más de un mes-, por lo que esta Sala es del criterio que en el presente caso se produjo una paralización de la causa y la falta de notificación de las partes para la continuación del juicio, por parte de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo (ex artículo 14 del Código de Procedimiento Civil) en este particular caso, originó el que a la hoy solicitante se le privara de la posibilidad de fundamentar el recurso de apelación y se declarara el desistimiento del recurso interpuesto, lo que configuró sin duda, la violación de sus derechos a la defensa y al debido proceso, cuyo restablecimiento correspondía a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, la cual omitió pronunciamiento al respecto (…)”. Estableciendo en tal sentido, que “(…) la lesión del derecho a la defensa y al debido proceso se encuentra presente desde el momento en que no se ordenó la notificación de la parte ahora solicitante en revisión; y su situación jurídica infringida, nace a partir de todos los actos que surgen después de la falta de notificación, que debió producirse a instancia de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, una vez que se le dio cuenta a la misma mediante auto del 1 de febrero de 2005, generándole indefensión e inseguridad jurídica respecto de los actos procesales subsiguientes una vez reanudada la causa”. (Negrillas y subrayado de esta Corte).
Ahora bien, aún cuando la sentencia citada ut retro se refiere a la circunstancia en que transcurre el referido período (más de un mes) entre el momento en que se recibe el expediente en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, y la fecha en que se da cuenta del asunto en este Órgano Jurisdiccional, no es menos cierto que resultan perfectamente aplicables los principios expuestos en dicho fallo, los cuales igualmente han sido expuestos por la misma Sala en otros casos similares al de autos. (Vid. Sentencia N° 06-0258, de fecha 13 de agosto de 2007, caso: Gladis Margarita Servilla).
Ello así es pertinente indicar, que esta Corte por decisión N° 2007-2121, de fecha 27 de noviembre de 2007, (caso: Silvia Survergine Peña contra la Alcaldía del Municipio José Ángel Lamas del Estado Aragua), amplió su criterio respecto al momento en que se debe iniciar el cómputo para determinar la necesidad de notificar la continuación del proceso, esto es desde el momento en que se presentó el recurso de apelación en el Tribunal de Instancia, hasta la oportunidad en que se dio entrada a la Corte.
En aplicación de las anteriores premisas al caso de marras, esta Alzada observa tal y como ha sido expuesto, que en fecha 9 de octubre de 2012, el abogado Juan Tovar Galiano, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, presentó recurso de apelación contra la sentencia dictada el 28 de septiembre de 2012, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central, y visto que no fue sino hasta el 13 de marzo de 2013, cuando se dio cuenta del presente expediente en esta Corte, de allí que el trámite procesal adecuado imponía a la Secretaría de este Órgano Jurisdiccional, notificar a las partes de dicha cuenta, y así darle continuidad a la causa, dado que esto no sucedió, y habiendo transcurrido entre los referidos períodos procesales más de un (1) mes, la controversia se mantuvo paralizada por causa no imputable a las partes. Por tanto en el presente caso, se debió ordenar la notificación de éstas a los fines de iniciar el procedimiento de segunda instancia contemplado en el Título IV, Capítulo III, artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a los fines que la parte apelante presente por escrito los fundamentos de hecho y derecho del recurso apelación, conjuntamente con las pruebas documentales, dentro de los diez (10) días de despacho siguientes, de conformidad con los artículos 91 y 92 eiusdem.
Por tanto, en aras de salvaguardar el derecho a la defensa de las partes, y en atención a lo estatuido en el artículo 206 y 310 del Código de Procedimiento Civil, aplicable de manera supletoria al presente caso por mandato del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, debe esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declarar la nulidad parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 13 de marzo de 2013, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia, así como la nulidad del auto de fecha 8 de abril de 2013, mediante el cual se ordenó practicar por Secretaría el cómputo de los días de despacho transcurridos para la fundamentación de la apelación conforme a lo previsto en los artículos 92 y 93 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en consecuencia, se repone la causa al estado de que se libren las notificaciones a que hubiera lugar, para que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia de conformidad con los artículos 90, 91 y 92 eiusdem. Así se decide.
II
En virtud de los planteamientos precedentemente expuestos, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:
1.- La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 13 de marzo de 2013, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia, así como la nulidad del auto de fecha 8 de abril de 2013, mediante el cual se ordenó practicar por Secretaría el cómputo de los días de despacho transcurridos para la fundamentación de la apelación.
2.- REPONE la causa al estado de que se libren las notificaciones a que hubiera lugar para que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia de conformidad con los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Publíquese y regístrese. Déjese copia de la presenta decisión. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en la ciudad de Caracas, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154º de la Federación.
El Presidente,
ALEJANDRO SOTO VILLASMIL
El Vicepresidente,
GUSTAVO VALERO RODRÍGUEZ
El Juez,

ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA Ponente
La Secretaria Accidental,

CARMEN CECILIA VANEGAS
AJCD/08
Exp. Nº AP42-R-2013-000342
En fecha _________________ (______) de __________________ de dos mil trece (2013), siendo la (s) _____________ de la ________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° __________________.
La Secretaria Acc.