REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 12 de julio de 2013 203º y 154º ASUNTO: AP11-V-2009-000366 PARTE ACTORA: BOLÍVAR BANCO, C.A., domiciliada en Caracas, inscrita por ante el registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Capital) y Estado Miranda, en fecha 27 de abril de 1992, bajo el Nro. 44, Tomo 35-A-Pro., modificado su documento constitutivo-estatutario en diferentes oportunidades, siendo las últimas de ellas, las que constan en asientos inscritos por ante el Mencionado Registro Mercantil en fecha 15 de agosto de 20025, bajo el Nro. 8, Tomo 125-A-Pro., y en fecha 29 de octubre de 2007, bajo el Nro. 50, Tomo 170-A-Pro., e inscrito en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el Nro J-30004043-7.- APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: ANIELLO DE VITA CANABAL, mayor de edad, venezolano, abogado en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 45.467.- PARTE DEMANDADA: DISTRE C.A., sociedad mercantil domiciliada en el Municipio Autónomo San Francisco del Estado Zulia e inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 1º de marzo de 1994, bajo el Nº 10, Tomo 21-A, cuya última modificación estatutaria consta en asiento por ante el citado Registro Mercantil, en fecha 22 de agosto de 2005, bajo el Nº 9, Tomo 52-A, R.I.F. Nº J-30170616-1, y el ciudadano NESTOR LUIS ESPINOZA RAMIREZ, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Maracaibo, Estado Zulia, y titular de la cédula de identidad N° V.- 9.728.217, APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No consta en autos.- MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES.- PRIMERO: Por recibido el presente expediente en fecha 07 de abril de 2009, proveniente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta misma Circunscripción Judicial, este Juzgado le dio entrada y ordenó anotarlo en los libros a los fines de sustanciar y decidir la presente controversia.- Subsiguientemente, en fecha 27 de abril de 2009, el Tribunal por encontrarse llenos los extremos de ley, admitió la demanda y ordenó la citación de la parte demandada, sociedad mercantil DISTRE C.A., en la persona de su presidente, ciudadano NESTOR LUIS ESPINOZA RAMIREZ, y a éste en su propio nombre en su carácter de fiador solidario..- Posteriormente, el 20 de septiembre de 2010, el Abogado Carlos A. Rodríguez Rodríguez, se avocó al conocimiento de la presente causa, y se comisionó al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los fines de que por medio del Alguacil de ese Tribunal practicara la citación de la parte demandada en la presente causa.- Luego de ello, el día 03 de agosto de 2011, se dictó auto mediante el cual se ordenó agregar a los autos del presente expediente, las resultas de la comisión de citación, provenientes del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.- Seguidamente, en fecha 12 de diciembre de 2011, este Juzgado, de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, acordó la citación de la parte demandada, mediante cartel que libró a tal fin.- SEGUNDO: Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente: “Artículo 267.-Toda instancia se extingue por el transcurso de un año si haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención. (...).” De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber: a) Un supuesto de hecho: El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y, b) Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención. Ahora bien, quien aquí decide no aprecia motivo alguno para que su competencia subjetiva se vea comprometida en este proceso, en tal virtud se observa lo siguiente: El Código de Procedimiento Civil utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda hasta la sentencia definitiva de fondo; “…la regla general en materia de perención expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…”. Así mismo, el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil establece: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal...”. En las disposiciones antes transcritas el término instancia es utilizado como impulso; el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal invocada, provocando su extinción. La perención es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de un año, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, por cuanto es un modo de extinguir el procedimiento producido por la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que éstos se prolonguen indefinidamente manteniendo en intranquilidad, zozobra y en estado de incertidumbre a las partes en lo concerniente a los derechos privados. Teniendo en fundamento que corresponde a las partes dar impulso al juicio y la falta de éste podría considerarse un tácito abandono de la causa; es menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica. Así pues y bajo el mismo contexto, de acuerdo con el principio contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil y reiterado por la necesidad del impulso de parte para la resolución de la controversia por el tribunal de la causa, el de alzada o por la Sala de Casación Civil, al no poner en movimiento la actividad del tribunal mediante la pertinente actuación de la parte, se extingue el impulso dado, poniéndose así fin al proceso. En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis, al vencimiento del plazo de un año de inactividad y no desde el día en que es declarada por el juez, ya que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procesales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público. Así mismo debe considerarse en el presente pronunciamiento que la parte accionante en la presente causa no realizó actuación procesal alguna desde el día 13 de Diciembre de 2011, por lo que ha transcurrido mas de un año, tiempo superior al establecido por el legislador para que proceda la perención, es por lo que resulta forzoso para este Tribunal declarar la perención de la instancia, por haber transcurrido más de un año de inactividad de la parte actora para realizar las diligencias relativas para verificar cualquier acto de impulso o gestión del proceso que interrumpiera dicha perención. Y ASI EXPRESAMENTE SE DECIDE. TERCERO: Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de un año de inactividad de las partes conforme lo dispuesto en el primer aparte del artículo 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión. PUBLIQUESE Y REGISTRESE Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 4º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 12 días del mes de julio de 2013. Años 203º y 154º. El Juez, Abg. Carlos A. Rodriguez Rodriguez El Secretario Accidental Abg. Luis Eduardo Rodriguez En esta misma fecha, siendo las 9:42 AM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. El Secretario Accidental Abg. Luis Eduardo Rodriguez Asunto: AP11-V-2009-000366 CARR/LERR/ga