TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL
MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

PARTE ACTORA
Ciudadana EMMYLENA MARIA CARRERO LÓPEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V-6.202.548, APODERADOS JUDICIALES: LUIS ALBERTO SANDOVAL letrado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 20.002.

PARTE DEMANDADA
Ciudadano JAIME GONZALO NAZCO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V- 7.682.990. APODERADO JUDICIAL: FRANK PORFIRIO ROJAS, letrado en ejercicio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 103.693.
MOTIVO
RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
I

Con motivo de la decisión dictada el 07 de mayo de 2013 por el Juzgado Vigésimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, mediante la cual declaró terminado el juicio que por Resolución de Contrato de Arrendamiento Incoara la ciudadana EMMYLENA MERIA CARRERO LÓPEZ en contra del ciudadano JAIME GONZALO NAZCO, el abogado LUIS ALBERTO SANDOVAL, apoderado judicial de la parte actora interpuesto recurso de apelación contra la referida decisión.

Por oficio Nº 13.0137 del 03 de junio de 2013 se remitió el presente expediente al Juzgado a-quo, a los fines de que subsanara por Secretaría las tachaduras de foliatura que presentaba el mismo. Las actas procesales fueron devueltas a esta Superioridad el 04 de julio de 2013.

Mediante auto de fecha 08 de julio de 2013 este Juzgado Superior le dio entrada al expediente respectivo y se abocó el ciudadano Juez Titular de este Despacho Judicial al conocimiento y revisión de la causa.

II
ANTECEDENTES
Visto el recurso de apelación interpuesto el 13 de mayo de 2013 por el abogado Luis Miguel Sandoval, apoderado judicial de la parte actora, en contra de la decisión de fecha 07 de mayo de 2013 dictada por el Juzgado Vigésimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, esta Superioridad considera menester hacer las siguientes consideraciones:
• Que el presente proceso se inició por demanda de Resolución de Contrato de Arrendamiento, incoada por la abogada JHOSMAR Y. PEREZ G., Inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 72.331, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana EMMYLENA MARIA CARRERO LÓPEZ contra el ciudadano JAIME GONZALO NAZCO, admitida el 25 de marzo de 2010 por el Juzgado Vigésimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual ordenó el respectivo emplazamiento (folio 28);
• Que el 15 de junio de 2010 comparecieron las abogadas JHOSMAR Y. PEREZ G. y ELEDINA PADRINO apoderadas judiciales de la parte actora y el ciudadano JAIME GONZALO MAZCO, asistido por la abogada MARIA ALEXIA LINCHE, consignando escrito de transacción (folios 40 y 41);
• Que por sentencia de fecha 22 de junio de 2010 dictada por el Juzgado Vigésimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas se negó la homologación de la transacción, en virtud de que las apoderadas judiciales de la parte actora no tenían capacidad para transigir, ni capacidad de disposición del objeto y derecho en litigio (folios 42 y 43);
• Que por diligencia de fecha 15 de julio de 2010 compareció la ciudadana EMMYLENA MARIA CARRERO LÓPEZ asistida por las abogadas JHOSMAR PEREZ Y ELEDINA MIREYA PADRINO y el ciudadano JAIME GONZALO NAZCO asistido por la abogada MARIA ALEXIA LINCHE ratificando el escrito de Transacción de fecha 15/06/2010 (folio 45);
• Que por decisión de fecha 27 de julio de 2010, el Tribunal A-quo homologó la transacción efectuada entre las partes (folios 46 y 47);
• Que a través de diligencia de fecha 30 de septiembre de 2010 la apoderada judicial de la parte actora solicitó la ejecución voluntaria de la sentencia de fecha 27 de julio de 2010, (folio 49);
• Que en fecha 01 de noviembre de 2010 la apoderada judicial de la parte actora solicitó la ejecución forzosa de la sentencia que homologó la transacción efectuada entre las partes (folio 52);
• Que por auto de fecha 28 de enero de 2011, el Tribunal A-quo en virtud de la solicitud de ejecución forzosa por parte de la actora, ordenó librar boleta de notificación a la demandada ciudadano JAIME GONZALO NAZCO (folios 53 y 54);
• Que mediante auto de fecha 11 de agosto de 2011 la juez temporal del Tribunal A-quo se abocó al conocimiento de la causa, y declaró la suspensión del proceso que se encontraba en estado de ejecución de la transacción (folios 67 al 70);
• Que a través de diligencia del 24 de enero de 2013 la parte actora consignó comunicación Nº 1828/11-10 de fecha 04 de diciembre de 2012, expedida por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI) donde se exhortó al Tribunal A-quo a reactivar el proceso judicial contenido en el expediente AP31-V-2010-000953, nomenclatura de ese juzgado (Folios 84 al 86);
• Que por auto del 15 de febrero de 2013 el tribunal A-quo se avoca al conocimiento del asunto e instó a la parte actora a poner en conocimiento a la parte demandada del auto dictado el 28 de enero de 2011(folios 89 y 90);
• Que el 05 de marzo de 2013, se ordenó mediante auto librar exhorto a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas con objeto de practicar la notificación personal de la parte demandada (folio 95);
• Que en fecha 23 de abril de 2013 compareció el ciudadano JAIME GONZALO NAZCO, asistido por el abogado FRANK PORFIRIO PEREZ ROJAS, consignado ante el Tribunal A-quo escrito de contestación a fin de exponer sobre la ejecución de la transacción que fuere celebrada el 27 de junio de 2010 y poder apud acta otorgado al abogado FRANK PORFIRIO PEREZ ROJAS, letrado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 103.693 (folios 105, 106 y 109);
• Que por sentencia de fecha 07 de mayo de 2013, el Juzgado Vigésimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró SIN LUGAR LA SOLICITUD DE EJECUCIOÓN FORZADA propuesta por la parte demandante en el juicio incoado por Resolución de Contrato de Arrendamiento contra el ciudadano JAIME GONZALO NAZCA y en consecuencia declaró terminado el juicio (folios 158 a 164);
• Que el 13 de abril de 2013, el apoderado judicial de la parte actora interpuso recurso de apelación contra el referido fallo (folio 166)
• Que posterior a los trámites de distribución en los Juzgados de Municipio de esta misma Circunscripción, quedó para conocer de la mencionada apelación esta Alzada;
• Que luego de recibido en esta superioridad el Juez se abocó al conocimiento de la causa.

Esta Alzada observa:

El Ejecutivo Nacional o los distintos órganos de gobiernos del Poder Judicial, en diferentes épocas, han proferido numerosas resoluciones y/o decretos que aluden a la competencia de los tribunales de la República y que en gran medida han influido en la actividad jurisdiccional, ya sea atendido razones de política judicial, de facilitación del acceso a la justicia, o fundándose en causas administrativas.

En relación con la mencionada temática, el profesor uruguayo ENRIQUE VESCOVI (1984), señala:

“La distribución de la competencia responde, a la necesidad práctica de una mejor y eficiente administración de la justicia. Se atiende a la mayor facilidad de administrarla, preferentemente, y al mejor acceso a ella de quienes, como partes, deben acudir o están sometidos a la misma.
La división obedece a diferentes razones y criterios. Hay, por sobre todo, una de carácter institucional, que se funda en el orden jerárquico de los tribunales y también en la especialización de la magistratura (por materias). También existe un criterio práctico consistente en la necesaria aproximación del tribunal al lugar del hecho, así como a aquel en el cual están situadas las partes (domicilio). Lo que, de otra manera, refiere a la centralización o descentralización (territorial). Otras veces el criterio es puramente objetivo, relacionado con la índole de la causa de que se trata (si es un delito más o menos grave, si es un asunto patrimonial de más razones o menos valor, …división por turnos).” (Teoría General del Proceso, P.156)

Durante la vigencia de la Constitución de 1961 y desde la promulgación de la actual Carta Magna, tanto el Consejo de la Judicatura, otrora; como el Tribunal Supremo de Justicia, actualmente, han venido estableciendo pautas, regulaciones y/o modificaciones cuánticas, con la finalidad de distribuir la competencia y adaptarla a los nuevos tiempos en beneficios de los justiciables.

En este sentido, el 18 de marzo de 2009 la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia dictó Resolución Nº 2009-0006, en la que establece:
“Artículo 1.- Se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil y Tránsito, de la siguiente manera:
a) Los Juzgados de Municipio, categoría C en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía no exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).
b) Los Juzgados de Primera Instancia, categoría B en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía exceda las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).

A los efectos de la determinación de la competencia por la cuantía, en todos los asuntos contenciosos cuyo valor sea apreciable en dinero, conste o no el valor de la demanda, los justiciables deberán expresar, además de las sumas en bolívares conforme al Código de Procedimiento Civil y demás leyes que regulen la materia, su equivalente en unidades tributarias (U.T.) al momento de la interposición del asunto.

Artículo 2.- Se tramitarán por el procedimiento breve las causas a que se refiere el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, y cualquier otra que se someta a este procedimiento, cuya cuantía no exceda de mil quinientas unidades tributarias (1.500 U.T.); asimismo, las cuantías que aparecen en los artículos 882 y 891 del mismo Código de Procedimiento Civil, respecto al procedimiento breve, expresadas en bolívares, se fijan en quinientas unidades tributarias (500 U.T.).
Artículo 3.- Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas o adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro asunto de semejante naturaleza…”

De la precitada resolución se desprende, meridianamente, que aquellos litigios cuyo conocimiento se atribuye por una competencia objetiva cuántica que no exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.), serán susceptibles de atendibilidad, trámite y decisión por los Juzgados de Municipio de la correspondiente Circunscripción Judicial.

Asimismo, se atribuye a dichos juzgados el conocimiento exclusivo de los asuntos propios de la Jurisdicción Voluntaria, exceptuando los casos en los que participen niñas, niños o adolescentes.

Ahora bien, en Ponencia Conjunta del 10 de diciembre de 2009 (Exp: Nº AA20-C-2009-000283) la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, hace un análisis sobre el alcance de la Resolución Nº 2009-0006 (del 18/03/2009) estableciendo lo siguiente:

“(…Omissis…)
Dada la anterior problemática, la Sala Plena de este Máximo Tribunal, consideró de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la ley Orgánica del Poder Judicial, que debía hacerse una distribución equitativa y eficiente de las causas, entre los jueces ordinarios, para garantizar a los justiciables el acceso a la justicia, asegurando su eficacia y transparencia.

En consecuencia a partir de la publicación de la referida Resolución que fue en Gaceta Oficial Nº 39.152 de fecha 2 de abril de 2009, se redistribuyó a los Juzgados de Municipio la competencia para conocer en primera instancia de asuntos contenciosos que no excedan de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.); y de manera exclusiva y excluyente de todos los asuntos de la jurisdicción voluntaria y no contenciosa en materia civil, mercantil y familia donde no intervengan niños, niñas y adolescentes; todo ello, según las reglas ordinarias sobre la competencia sobre el territorio.

Por consiguiente, es evidente que el propósito y finalidad de la Resolución Nº 2009-00006, es garantizar el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de las partes, para lo cual, se atribuyó a los Juzgados de Municipio competencia en ciertos asuntos que eran del conocimiento de los Juzgados de Primera Instancia, para corregir el problema ocasionado por la excesiva acumulación de causas, en consecuencia, es obvio, que los Tribunales de Municipio, en virtud del propósito que persigue la resolución, actúan como Juzgados de Primera Instancia, en todos los asuntos de jurisdicción voluntaria y no contenciosa en materia civil, mercantil y familia donde no intervengan niños, niñas y adolescentes, mencionados en la Resolución. Por ese motivo, una consecuencia indiscutible, es que las apelaciones que se propongan contra las decisiones dictadas por los Juzgados de Municipio, cuando actúen como jueces de primera instancia, deben ser conocidas por los mismos tribunales que conocerían las proferidas por los jueces de primera instancia, esto es, los Juzgados Superiores con competencia en lo Civil en la Circunscripción Judicial, a la que pertenece el Juzgado de Municipio.

Por otra parte, es necesario señalar que las modificaciones a las competencias de los Tribunales de la República, no afectará el conocimiento ni el trámite de los asuntos en curso, sino en los asuntos nuevos que se presenten posterior a su entrada en vigencia, es decir, esta Resolución Nº 2009-0006 da ultraactividad (transitoria) a la normativa anterior en relación a los procesos en curso, por ello, tal Resolución es aplicable a los juicios iniciados posterior a la publicación de la referida Resolución en Gaceta Oficial Nº 39.153 de fecha 2 de abril de 2009.

En virtud de los antes expuesto, la Resolución Nº 2009-0006…no es aplicable al presente caso, pues el presente juicio de desalojo se inició en fecha…antes de su entrada en vigencia. (…)”

Igualmente, en sentencia del 10 de marzo de 2010 (Exp: Nº AA20-C-2009-000673) la Sala Civil del Alto Tribunal de la República, en la resolución de un conflicto de competencia, sentó lo siguiente:

“(…) Ahora bien, de la lectura de las actas que integran el expediente, específicamente en el folio noventa y siete (97) se encuentra inserto auto proferido en fecha 20 de abril de 2009, por el Juzgado Quinto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, el cual indica: “…Visto el anterior libelo de demanda y sus recaudos, referente al juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN A COMPRA VENTA, sigue la ciudadana MILAGRO DEL VALLE HERNÁNDEZ GÓMEZ, (…), contra la ciudadana NORATCY ELENA SEMPRUN OCANDO (…). Por cuanto la demanda no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley, este Tribunal la ADMITE en cuanto a lugar en derecho”.
De lo anterior, se evidencia que el presente juicio por cumplimiento de contrato opción de compra-venta, fue interpuesto en fecha posterior a la entrada en vigencia de la Resolución emanada de este Máximo Tribunal, lo que determina en el sub iudice la aplicabilidad de la misma. Así se decide.
Por consiguiente, de conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala determina que el órgano jurisdiccional competente en este caso, para conocer del recurso de apelación interpuesto por la demandante contra el fallo proferido en fecha 21 de julio de 2009, por el Juzgado Quinto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Maracaibo, es el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la mencionada Circunscripción Judicial y sede. Así se decide.
No obstante ante la declaratoria de competencia, esta Sala insta a la abogada Imelda Rincón Ocando, Juez Provisoria del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, para que en lo sucesivo, de estricto cumplimiento y atienda con verdadero empeño lo ordenado en la Resolución N° 2009-0006, proferida por la Sala Plena de este Alto Tribunal, en el sentido de que realice interpretaciones que vayan en favor de la celeridad y la expedita administración de la justicia, ello con el fin de evitar desgastes jurisdiccionales innecesarios.
Siendo que, la mencionada profesional del derecho le otorgó a la mencionada Resolución, una interpretación errónea como fue: “…siendo que la Resolución (…), únicamente modifica “a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil y Tránsito, de los Juzgados de Municipio, categoría C en el escalafón judicial, y de los Juzgados de Primera Instancia, categoría B en el escalafón judicial”; sin hacer mención alguna a los Tribunales Superiores o de Categoría “A”; resulta a todas luces improcedente en derecho, inferir que la competencia vertical o jerárquica funcional ha sido modificada implícitamente.
En consecuencia, y por los fundamentos antes expuestos se declara la incompetencia de este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, para conocer la presente causas (sic), pues proviene de un Tribunal de Municipio o de la categoría “C”, y su superior jerárquico es el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, de Categoría “B”, a quien le corresponde conocer, una vez distribuida la causa por la Oficina correspondiente, sobre el recurso de apelación formulado, como Juzgado de Segunda Instancia…”. Pues, tal interpretación otorgada contraría el espíritu, propósito y razón de la Resolución emanada de la Sala Plena de este Máximo Tribunal, tal y como quedó expuesto en la presente decisión. Así queda establecido.
D E C I S I Ó N
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara competente al JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, a fin de que conozca y resuelva la apelación ejercida en el presente juicio.(…)”

De manera que, de acuerdo al contenido de las decisiones parcialmente precitadas, y toda vez que lo que se persigue, mutatis mutandi, es “corregir el problema ocasionado por la excesiva acumulación de causas” de los Tribunales de Primera Instancia, se colige que las apelaciones de los Juzgados de Municipio deben ser conocidas, Per Saltum, por los Juzgados Superiores con competencia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial respectiva.

De tal modo que, la causa de marras, admitida el 25 de marzo de 2010, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución Nº 2009-0006 (del 18/03/2009, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.153 del 02-04-2009), y sentenciada por un Juzgado Municipio que actuó como tribunal de causa, cuya decisión fue recurrida, debe ser conocida en segundo grado de jurisdicción por este Juzgado Superior, de acuerdo al contenido de la mencionada resolución de la Sala Plena de nuestro Supremo Órgano Judicial y a las Jurisprudencias antes citadas.

De ahí, que conforme a lo antes señalado, en lo ateniente a la apelación interpuesta por el abogado Luís Alberto Sandoval apoderado judicial de la parte actora, en contra de la sentencia del 07 de mayo de 2013 dictada por el Juzgado Vigésimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró sin lugar la solicitud de Ejecución Forzada y en consecuencia dio por terminado el juicio que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO incoara la ciudadana EMMYLENA MARIA CARRERO LÓPEZ BANESCO en contra del ciudadano JAIME GONZALO NAZCO, este Juzgado Superior debe asumir la competencia para conocer y resolver el recurso a que se ha hecho referencia.

En consecuencia, asumida la competencia del presente asunto por este Juzgado Superior, lo procedente es ordenar a trámite al recurso de apelación interpuesta por la parte accionante, en el juicio de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO incoado por la ciudadana EMMYLENA MARIA CARRERO LÓPEZ BANESCO en contra del ciudadano JAIME CONZALO NAZCO.

III
DE LA DECISIÓN

Por las motivaciones antes expuestas, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta la siguiente sentencia.

PRIMERO: Declara su competencia para conocer y decidir el recurso de apelación interpuesto el 13 de mayo de 2013 por el apoderado judicial de la parte actora, en contra de la resolución judicial proferida el 7 de mayo de 2013 por el Juzgado Vigésimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró sin lugar la solicitud de Ejecución Forzada y en consecuencia dio por terminado el juicio que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO incoara la ciudadana EMMYLENA MARIA CARRERO LÓPEZ BENESCO en contra del ciudadano JAIME GONZALO NAZCO.

SEGUNDO: Asumida la competencia por este Órgano Jurisdiccional en la causa de marras, se ordena a trámite la apelación en referencia y se fija el décimo (10º) día de despacho siguiente a la data de la presente decisión para dictar la sentencia de mérito, de conformidad con el artículo 893 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la presente causa fue tramitada por el procedimiento breve, de conformidad con el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios en concordancia con el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese y regístrese.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Tercero en lo Civil. Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela, a los doce (12) días del mes de julio de dos mil trece (2013).-
EL JUEZ

Dr. ALEXIS CABRERA ESPINOZA
LA SECRETARIA,

Abg. ANA MORENO V.

En esta misma fecha, siendo las tres y veinticinco minutos de la tarde (03:25 p.m.), se publicó y registró la presente decisión.
LA SECRETARIA,

Abg. ANA MORENO V.
EXP. AP71-R-2013-000554
(10.661)
AJCE/AMV/Katerina
D.Int.