REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NOVENO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. 203º y 154º PARTE ACTORA: Ciudadana JUANA LÓPEZ PORTELA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V.-7.950.660. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Ciudadano ALBERTO LÓPEZ RASQUIN, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 58.890. PARTE DEMANDADA: Ciudadano JOSÉ MARÍA CORTES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V.-6.450.140. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: Ciudadanos JOSÉ MANUEL PACHECO MORALES, VÍCTOR LUCENA SALAS, ALEJANDRO LORÍA NORIA y ERIKA NATALIA MARRERO MEDINA, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 7.656, 76.664, 77.532 y 76.877, respectivamente. MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (APELACIÓN) SENTENCIA: DEFINITIVA EXPEDIENTE ITINERANTE Nº 0412-12. EXPEDIENTE ANTIGUO Nº AH18-R-2002-000030. -I- SÍNTESIS DE LA LITIS El presente proceso se inició mediante demanda que por DESALOJO, incoara la ciudadana JUANA LÓPEZ PORTELA, en contra del ciudadano JOSÉ MARÍA CORTES. Realizada la distribución de ley, le correspondió el conocimiento de la causa al Juzgado Sexto de Municipio de esta misma Circunscripción Judicial, quien admitió la presente demanda mediante auto de fecha 04 de octubre del 2002, y ordenó emplazar a la parte demandada (folio 16). En fecha 24 de octubre del 2002, compareció el alguacil de ese Tribunal y consignó recibo de citación debidamente firmado por la parte demandada (folio 17 y 18). En fecha 28 de octubre del 2002, compareció la parte demandada, debidamente asistida y consignó escrito de contestación a la demanda y opuso cuestiones previas (folio 19 al 22). En fecha 01 y 07 de noviembre del 2002, compareció el apoderado judicial de la parte actora y de la parte demandada, respectivamente y consignaron escritos de Promoción de Pruebas junto a anexos, siendo admitidas dichas pruebas en fecha 08 de noviembre del mismo año (folio 24 al 49). En fecha 18 de noviembre del 2002, se dictó sentencia, la cual declaró Sin Lugar la Cuestión Previa prevista en el Ordinal 3º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil y Con Lugar la demanda (folios 55 al 61). En fecha 20 de noviembre del 2002, compareció la apoderada judicial de la parte demandada y apeló de la sentencia dictada en fecha 18 de noviembre del 2002, siendo oída dicha apelación en ambos efectos en fecha 22 de noviembre del mismo año y enviado el presente expediente al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial (folio 62 al 92). En fecha 08 de enero del 2003, el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción judicial, le dio entrada al expediente y fijó el décimo día de despacho a los fines de dictar sentencia, todo de conformidad con el artículo 893 del Código de Procedimiento Civil (folio 93). En fecha 24 de febrero del 2003, compareció el apoderado judicial de la parte actora y solicitó el abocamiento en la presente causa, abocándose el Juez en fecha 05 de marzo del mismo año (folio 95 y 96). En fecha 07 de mayo del 2003, compareció el apoderado judicial de la parte actora y solicitó se decretara medida de secuestro (folio 100). En fecha 02 de julio del 2003, compareció el alguacil de ese Tribunal y consignó boleta de notificación librada a la parte demandada y dejó constancia que la parte demandada se negó a firmar (folio 101 y 102). En fecha 11 de septiembre del 2003, se abocó al conocimiento de la causa la Juez Mariana Valeri, decretando medida de secuestro en esta misma data, librando el despacho de comisión junto a oficio al Juzgado Distribuidor de Municipio Ejecutor de esta Circunscripción Judicial. En fecha 08 de octubre del 2003, se abocó al conocimiento de la causa el Juez Dr. Carlos Spartalian y de igual manera ordenó el desglose de los autos de fecha 11 de septiembre del mismo año y ordenó la apertura del cuaderno de medidas, asimismo, dictó auto ordenando agregar oficio proveniente del Juzgado Séptimo de Municipio Ejecutor de Medidas de esta misma Circunscripción Judicial (folio 1 al 10 cuaderno de medidas). En fecha 09 de octubre del 2003, se dictó auto en el cuaderno de medidas en el cual se da respuesta al oficio proveniente del Juzgado Séptimo de Municipio Ejecutor (folio 11 al 13). En fecha 04 de marzo del 2004, se ordenó agregar resultas de comisión provenientes del Juzgado Séptimo de Municipio Ejecutor de Medidas de esta misma Circunscripción Judicial (folio 15 al 38 cuaderno de medida). Mediante auto de fecha 13 de febrero de 2012, el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en acatamiento de la Resolución 2011-0062 de fecha 30 de noviembre de 2011, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, y previa revisión del expediente, ordenó la remisión del mismo a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, siendo que la presente causa se encontraba fuera del lapso legal establecido para el dictamen de la sentencia definitiva del recurso de apelación (folios 106). Tal oficio fue emitido con el Nº 0266, haciéndole saber a la U.R.D.D. sobre la remisión del expediente. En fecha 02 de abril de 2012, mediante Nota de Secretaría, este Juzgado Noveno de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dio cuenta de la entrada del presente expediente, asignándosele el Nº 0412-12, acorde a la nomenclatura llevada por el Tribunal (folio 108). En fecha 04 de diciembre de 2012, este Tribunal Itinerante dictó auto mediante el cual se abocó al conocimiento de la causa la Juez Titular, Dra. Adelaida Silva Morales (folio 109). En fecha 30 de mayo de 2013, a los fines de dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 2012-0033 de fecha 28 de noviembre de 2012, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se prorrogó la competencia de los Juzgados Itinerantes establecida por la Resolución 2011-0062 antes nombrada, se publicó en fecha 10 de enero de 2013, en el Diario Últimas Noticias Cartel Único de Notificación y de Contenido General, al que se refiere el artículo 2 de la nombrada Resolución 2012-0033, mediante el cual se dio notificación de los abocamientos de causas en los expedientes que se encuentran en estado de sentencia fuera de su lapso natural correspondiente para emitir decisión, de igual manera se ordenó agregar al expediente copia del Cartel de Notificación librado en fecha 06 de diciembre de 2012, y del Cartel publicado en prensa el 10 de enero de 2013, así como su publicación en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, asimismo mediante Nota de Secretaría de éste Juzgado Itinerante, se dio cuenta del cumplimiento de las formalidades para las notificaciones de las partes según lo ordenado por la Resolución 2012-0033, con lo que se dejó constancia que los lapsos de reanudación de la causa, de recusación según lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, y de sentencia se comenzarían a contar desde tal fecha. -II- PARTE MOTIVA De la revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el presente expediente se observa que en virtud de la entrada en vigencia de la Resolución Nº 2011-0062 de fecha 30 de Noviembre de 2011, y de la Resolución N° 0212-0033 de fecha 28 de noviembre de 2012 dictadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la cual se le atribuye a este Juzgado competencia como Juzgado Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, quien suscribe el presente fallo, previo abocamiento efectuado y notificadas ambas partes, procede a revisar previamente las actuaciones procesales, con el fin de verificar si en la presente causa se consumó la pérdida del interés procesal de parte de los actores, con lo cual puede devenir en el decaimiento y extinción de la acción. Estando en la oportunidad procesal correspondiente, habiéndose efectuado previamente una síntesis de los hechos, y remitido previa distribución como ha sido a este Tribunal el conocimiento de las presentes actuaciones, esta Juzgadora pasa a emitir su pronunciamiento con base a las siguientes consideraciones: El artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra dentro de nuestro sistema judicial el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva al decir: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente (…)” Así, la acción como derecho, facultad o poder reconocido Constitucionalmente, deviene del interés de todas las personas de instar al Órgano Jurisdiccional, a fin de que se le tutele su derecho, el cual se materializa con la interposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el impulso del proceso hasta obtener una decisión. La “jurisprudencia normativa” del Tribunal Supremo de Justicia creó la figura del decaimiento de la instancia, el cual ocurre cuando el juicio está paralizado por un lapso mayor al que la ley establece para que se produzca la prescripción o la caducidad de la acción. Es decir, se considera a la prescripción como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, tomando en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda, lo cual es un argumento que tiende a clarificar la relación entre uno y otro lapso, a los fines de establecer si el proceso ha decaído en estado de sentencia por falta de actividad del actor. En sentencias emanadas de la Sala Constitucional caso Felipe Bravo Amado de fecha 29 de junio de 2001, caso Carlos Vecchio y otros de fecha 28 de abril de 2009, precisan la definición de acción y de interés procesal para que pueda poner en movimiento al órgano jurisdiccional. Así, en la sentencia del 1º de junio de 2001, la Sala Constitucional previó el decaimiento de la instancia por inactividad indicando: “…la Sala considera que cuando los términos de prescripción de los derechos ventilados sean de un año o menos, vencido un año de inactividad en estado de sentencia, sin impulso del actor, si en el año siguiente al de la prescripción no hay impulso de su parte, se tendrá tal desidia procesal como muestra inequívoca que los accionantes perdieron el interés procesal en dicha causa, y así se declara”. La falta de interés puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. En este sentido, la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, mediante sentencia N° 1.167, de fecha 29 de junio de 2001 (Caso: Felipe Bravo Amado), precisó la definición de acción, en los términos siguientes: “…La acción es el derecho de las personas a exigir de los órganos jurisdiccionales, mediante el proceso, la resolución de una controversia o de una petición, independientemente de que obtengan o no sentencia favorable. La acción pone en movimiento a la jurisdicción y una de las formas de su extinción es la sentencia que finaliza definitivamente el proceso. Con el ejercicio del derecho de acción se crea en el Estado, por intermedio del órgano jurisdiccional competente, la obligación de prestar la función jurisdiccional…”. Ahora bien, la Sala Constitucional mediante decisión Nº 416, de fecha 28 de abril de 2009 (Caso: Carlos Vecchio y otros), indicó: “El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero”). En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia. “La jurisprudencia normativa” del Tribunal Supremo de Justicia creó la figura del decaimiento de la instancia, el cual ocurre cuando el juicio está paralizado, por un lapso mayor al que la ley establece, para que se produzca la prescripción o la caducidad de la acción. La extinción del proceso por abandono es de orden público pues ayuda a desbrozar los tribunales de expedientes estáticos que dificultan la dinámica jurisdiccional, reclamada por la garantía constitucional de celeridad y oportunidad de la respuesta del Estado a la acción judicial propuesta. El accionante debe instar el fallo o demostrar interés en él”. De la anterior trascripción se aprecia que la Sala Constitucional ratifica su criterio con relación al interés procesal y el carácter imperativo de que el mismo se mantenga durante todo el proceso, pues su pérdida puede devenir en el decaimiento y extinción de la acción, por lo cual se observa en la presente causa inactividad de las partes denotando un desinterés procesal. En este mismo orden de ideas, la “jurisprudencia normativa” también interpretó el artículo 26 constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, estableciendo que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el Juez puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción previa la notificación del actor, en las formas previstas para ello en el Código de Procedimiento Civil, de esta manera se garantiza a las partes el debido proceso y el derecho a la defensa como uno de los pilares de la cultura jurídica. En el Código Civil venezolano, no existe disposición legal alguna que en forma expresa establezca que la pendencia del juicio constituye una instancia permanente de cobro o reclamo del derecho subjetivo sustancial que se pretende en la demanda, de manera que, si bien la citación para la contestación de la demanda (vocatio in ius) interrumpe la prescripción, no obstante, tal cosa no ocurre cuando el juicio queda paralizado, y por ello se ha de suponer que la paralización que se prolonga por el lapso señalado en las decisiones de la “jurisprudencia normativa”, provoca la extinción del proceso y la extinción de la acción. Por eso que el decaimiento de la instancia puede denominarse también decaimiento de la acción. Ahora bien, se evidencia de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, que la causa se encuentra inactiva desde el 10 de agosto del 2003. En este orden de ideas es preciso, para esta Juzgadora, señalar que la parte demandada apelante, compareció hasta el 20 de noviembre del 2002, y desde esa fecha, las partes ni por sí, ni por medio de apoderados han solicitado la continuación del procedimiento, ni mucho menos insistido en sus pretensiones, por lo que entiende esta Juzgadora que dichas partes han incurrido en la pérdida del interés procesal de la presente causa, ya que como se evidencia en las actas procesales los interesados no cumplieron con su deber de impulsar el procedimiento que versaba sobre la acción interpuesta, a consecuencia de ello sobrevino la extinción de dicha acción, por no verificarse actuación o diligencia alguna que fuere realizada por las partes desde la fecha antes mencionada hasta la actualidad, a pesar de haber sido notificadas por este Juzgado del abocamiento en la presente causa, mediante Cartel Único de Notificación y de Contenido General, librado en fecha 06 de diciembre de 2012, publicado en prensa el 10 de enero de 2013, y en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia, denotándose de forma clara, lacónica e inequívoca una absoluta ausencia de actividad procesal de las partes, por lo que desde el 10 de octubre de 2003, hasta la presente fecha, la causa ha sido evidentemente abandonada. De los razonamientos precedentemente expuestos, visto que la pérdida del interés procesal se produjo en la etapa de sentencia y que rebasa el término de prescripción, concluye esta Juzgadora que en este proceso ha decaído el interés del accionante en la Apelación de la sentencia dictada, en fecha 18 de noviembre del 2002, lo que se pone de manifiesto tras apreciar su inactividad procesal por un lapso holgadamente superior al de la prescripción del derecho objeto de la pretensión. En consecuencia resulta forzoso para esta Alzada declarar el decaimiento y extinción de la presente acción, por pérdida del interés de las partes en la prosecución de la presente causa. Y así se decide. -III- DISPOSITIVA En vista de los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO NOVENO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, pasa a dictar el dispositivo en el presente caso, declarando lo siguiente: PRIMERO: El DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN, POR PÉRDIDA DEL INTERÉS PROCESAL DE LAS PARTES INVOLUCRADAS, en el juicio de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (APELACIÓN) que incoaran los ciudadanos JOSÉ MANUEL PACHECO MORALES, VICTOR LUCENA SALAS y ALEJANDRO LORÍA NORIA, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 7.656, 76.664 y 77.532, respectivamente apoderados judiciales de la parte demandada, en contra de la Sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 18 de noviembre del 2002. SEGUNDO: SE CONFIRMA, en todas y cada una de sus partes, la Sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual declaró Sin Lugar la Cuestión Previa prevista en el Ordinal 3º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil y Con Lugar la demanda, intentada por JUANA LÓPEZ PORTELA, en contra del ciudadano JOSÉ MARÍA CORTES, ambas partes identificadas en el encabezado del fallo. TERCERO: Por la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas. Déjese copia certificada de esta decisión en el copiador correspondiente, según prevé el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO NOVENO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en Caracas, a los veintiún (21) días del mes de Junio de dos mil treces (2013). Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación. LA JUEZ TITULAR Dra. ADELAIDA C. SILVA MORALES LA SECRETARIA ACC, Abg. BIRMANIA AVERO A En esta misma fecha siendo las 11:00 a.m., se registró y publicó la anterior decisión.- LA SECRETARIA ACC, Abg. BIRMANIA AVERO A Exp. Itinerante Nº: 0412-12 Exp. Antiguo Nº: AH18-R-2002-000030 ACSM/BAA/adpr.