REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN Caracas, 12 de junio de 2013 203° y 154° Vista la sentencia dictada en fecha 6 de diciembre de 2012, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en la cual declaró que “…1. ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre en fecha 9 de octubre de 2012, para conocer de la demanda por indemnización de daños y perjuicios conjuntamente con medida cautelar innominada interpuesta por el ciudadano MANUEL ALCALÁ, debidamente asistido por los Abogados Héctor Ramón Velázquez Márquez y Luís Guillermo Medina Macuaran, respectivamente, contra la Sociedad Mercantil PDVSA GAS, S.A., filial de la Sociedad Mercantil PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. 2. ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines que se pronuncie sobre la admisión de la presente causa y de ser conducente continúe con el procedimiento de Ley, asimismo, ORDENA abrir cuaderno separado del presente expediente, a los fines de que se tramite la medida cautelar innominada solicitada (Mayúsculas y resaltado de la sentencia). Visto igualmente, el auto dictado en fecha 3 de junio de 2013, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante el cual ordenó pasar el presente expediente a este Tribunal, recibido el día 6 de junio de 2013, a los fines legales consiguientes. Visto asimismo, el escrito de consideraciones presentado el dos (2) de abril de 2013 por la abogada Andrea Cimino Marcano, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 130.023, actuado con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil PDVSA GAS, S.A., este Tribunal para proveer observa: Este Juzgado de Sustanciación siendo la oportunidad procesal para pronunciarse en relación a la admisibilidad de la presente demanda, pasa a examinar las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, entre las cuales se observa la contenida en el numeral 3 del citado artículo, referida al requisito del cumplimiento del procedimiento administrativo previo para la interposición de las demandas contra la República, el cual prevé: Artículo 35: “…La demanda se declarará inadmisible en los supuestos siguientes: (…) “3. Incumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, de los estados, o contra los órganos o entes del Poder Público a los cuales la ley les atribuye esa prerrogativa”. Este procedimiento se denomina en la doctrina antejuicio administrativo, esto es, la petición que el interesado dirige al órgano correspondiente con el fin de obtener la satisfacción de su pretensión a los fines de resolver el conflicto en sede administrativa, sin necesidad de acudir a la vía judicial. Así las cosas, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su Título IV, Capítulo I, señala: Artículo 56: “Quienes pretendan instaurar demandas de contenido patrimonial contra la República deben manifestarlo previamente por escrito al órgano al cual corresponda el asunto y exponer concretamente sus pretensiones en el caso. De la presentación de este escrito se debe dar recibo al interesado y su recepción debe constar en el mismo”. (…) Artículo 62: “Los funcionarios judiciales deben declarar inadmisible las acciones o tercerías que se intente contra la República, sin que se acredite el cumplimiento de las formalidades del procedimiento administrativo previo a que se refiere este Capítulo”. En tal sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia Nº 281 de fecha 26 de febrero de 2007 (caso: PDVSA Petróleo, S.A.), hizo extensivo a PDVSA y sus filiales el beneficio del antejuicio administrativo correspondiente a la República, criterio ratificado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia Nº 977 de fecha 20 de julio de 2011, caso (CAVIM). En consecuencia, siendo el caso de autos una demanda interpuesta contra la sociedad mercantil PDVSA GAS, S.A., por indemnización de daños y perjuicios, esta requiere para su admisibilidad, que se haya cumplido con el procedimiento administrativo previo a las acciones contra la República. Ahora bien, de la revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente se evidencia con meridiana claridad que no se dio cumplimiento al procedimiento establecido en el Título IV, Capítulo I, artículos 56 y 62 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por cuanto no consta en autos algún documento del cual se desprenda que el ciudadano Manuel Alcalá, haya agotado el antejuicio administrativo previsto en las normas anteriormente citadas, en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 eiusdem, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 35 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Juzgado de Sustanciación declara inadmisible la demanda por indemnización por daños y perjuicios interpuesta por el ciudadano Manuel Alcalá, asistido por los abogados Héctor Ramón Velázquez Márquez y Luís Guillermo Medina Macuaran, contra PDVSA GAS, S.A., por no haberse acreditado el cumplimiento de las formalidades del procedimiento administrativo previo a las acciones contra la República, previsto en los artículos antes citados. La Juez de Sustanciación, Belén Serpa Blandín El Secretario, Amílcar Vígüez BSB/AV/mub/rab Exp. N° AP42-G-2012-001019