TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL
Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional
Juez del Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia de Juicio

ASUNTO: AP51-V-2011-022011
MOTIVO: COLOCACIÓN EN ENTIDAD DE ATENCION.
PARTE DEMANDANTE: Consejo de Protección del Municipio Ambrosio Plaza Guarenas Estado Miranda.
FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: CELIA VIRGINIA MENDOZA RODRIGUEZ, en su carácter de Fiscal Centésima Quinta (105°) del Ministerio Público.
NIÑO: (Se omiten los datos de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño Niña y Adolescente) .-

DE LA CAUSA
Recibido el presente asunto en fecha 28/11/2011, se recibió de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), la presente demanda de COLOCACIÓN EN ENTIDAD DE ATENCION, remitida del Tribunal Primero de Primera Instancia del Estado Miranda con sede en Guatire, la cual fue incoada por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de del Municipio Ambrosio Plaza Guarenas Estado Miranda, a favor del niño(Se omiten los datos de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño Niña y Adolescente), Admitida la presente demanda en fecha 12/05/2011, por el Tribunal Décimo Quinto 15° de este Circuito Judicial, decretando Medida Provisional de Colocación en entidad de Atención a favor del adolescente de autos, la cual se continuaría ejecutando en la entidad de Atención Colmena de la vida, dicha medida fue ratificada en fecha 13/02/2013, por el Tribunal de la causa, quien en fecha 11/11/2012, ordeno remitir el presente asunto a la Unidad Receptora y Distribuidora de Documentos de este Circuito Judicial, a fin de que distribuyera el expediente al Tribunal de Juicio que conocería del mismo, correspondiendo a este Juez Primero de Juicio.-
En fecha 30/04/2013, este Tribunal da entrada al presente asunto y fija para el día 03/06/2013, oportunidad para que tuviera lugar la Audiencia de Juicio, en la cual las partes expusieron sus alegatos, evacuaron los medios probatorios y dieron sus respectivas conclusiones, así mismo el niño de autos se entrevisto con el Juez de este Despacho.
DE LAS PRUEBAS
Considerando, que tal y como lo establece la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en su artículo 400, cuando un niño, niña o adolescente ha sido entregado o entregada para su crianza por su padre o su madre, o por ambos, a un tercero apto o apta para ejercer la Responsabilidad de Crianza, el juez o jueza, previo el informe respectivo, considerará ésta como la primera opción para el otorgamiento de la colocación familiar, por estas razones pasa este Juzgador a decidir, para lo cual se hará un análisis de las pruebas aportadas de la siguiente manera:
PRUEBAS PRESENTADAS POR LA PARTE ACTORA:
1) Informe Reevaluativo correspondiente al mes de enero de 2013, emanado de la Entidad de Atención Las Villas Los Chiquiticos de Fundana. Este Tribunal la valora conforme al principio de libertad probatoria previsto en el Literal K, del articulo 450, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, otorgándole pleno valor probatorio conforme a las reglas de libra convicción razonada, del cual se observa las dificultades presentadas por el niños de autos, y así se declara.
EVALUACIÓN PSICOLOGICA REALIZADA POR EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO:
Cursa a los folios desde el folio 222 hasta el folio 239, Evaluación Psicológica remitido por el Equipo Multidisciplinario Nº 01, adscrito a este Circuito Judicial de Protección, al ciudadano LUIS ALEXIS ROBLES, padre del niño de autos, del cual puede leerse lo siguiente:
Conclusiones y recomendaciones
• El Sr. Luis manifiesta su interés en ejercer el cuidado directo de su hijo, argumentando como elemento favorable el afecto y deseo que profesa a favor él. Actualmente, y según la información aportada, para tal fin cuenta con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades y la de su hijo (en el caso de habitar con él). También tiene proyectado hacer algunos cambios de su rutina diaria a los fines de atender adecuadamente su hijo. Sin embargo; no posee una vivienda propia con condiciones favorables para ambos; dijo poseer planes al respecto y ha de hacer ajustes importantes en su rutina para abocarse al cuidado efectivo del pequeño. Impresiona con una visión reducida de sus propias debilidades o limitaciones (materiales y de personalidad) para ejercer de manera óptima sus funciones parentales.
• El padre no parece contar con una red de apoyo familiar y social inmediato para el cuidado y atención de su hijo. Tiende a proyectar la responsabilidad de lo ocurrido a su hijo a las fallas de la madre, la abuela materna y otras situaciones circunstanciales, de esta manera parece no haber podido crear consciencia de su propio compromiso y comportamiento respecto al tema.
• Al momento de la evaluación psicológica practicada al Sr. Luis se encontró que se muestra como una persona con necesidad de ser aceptado, respetado y proyectar una imagen favorable de sí mismo; no obstante, si se siente vulnerado en sus derechos o si percibe que las circunstancias no corresponden con sus expectativas puede reaccionar violenta o efusivamente, observable en casos como por ejemplo al realizar una petición, hacer un reclamo y/o exigencia de forma ajustada, esto le puede crear inconvenientes en el proceso de socialización y de adecuado desenvolvimiento de tareas de gran envergadura como la crianza de su hijo. Impresiona presentar dificultades para manejar situaciones que le generan ansiedad, esto puede trastocarle su ciclo de sueño y el apetito, entre otros aspectos de salud.
• Su exploración psicológica también permite señalar la presencia en el Sr. Luís de algunas ideas sobre valoradas de grandeza sobre algunos aspectos de su vida, en los que parece haber alcanzado un nivel de logro por debajo de lo esperado para su edad, así como en lo familiar y de pareja. Hace un manejo de información en el que omite o ajusta detalles como procurando impresionar favorablemente, pudiendo actuar en él mecanismos de defensa como la formación reactiva, entendida como una expresión opuesta del deseo subyacente que evita por motivos de censura anticipada de las consecuencias. Otros mecanismos que pueden aparecer son la negación y la proyección. Este adulto evidencia dificultad en el control de los impulsos.
• Las pautas del comportamiento del Sr. Luís (antes señaladas) parecen asociadas a rasgos de personalidad patológicos (cuya etiología no está clara) en la que pudieran confluir tres aspectos centrales: consumo de sustancias psicotrópicas, lesión y/o disfunción cerebral y dificultades en el control de los impulsos.
• Se estima como probable la presencia de posible alteración neurológica, considerando sus antecedentes médicos y por los resultados arrojados en las pruebas aplicadas, no obstante, para mayor precisión de tal posibilidad son necesarias evaluaciones médicas especializadas (neurología). Esto se considera pertinente, ya que de estar presente alguna condición medica, pudiera recibir control y tratamiento farmacológico apropiado, a su vez esto ha de traducirse en mejoras en algunos rasgos de personalidad ya referidos.
• Se sugiere que el Sr. Luis se someta a las pruebas toxicológicas a la brevedad posible. También se considera imprescindible que reciba atención psiquiátrica y sea incorporado a talleres para manejo del estrés y la ira, técnicas de resolución de conflictos y comunicación asertiva, ello con la finalidad de ofrecerle la posibilidad de que aprenda herramientas y estrategias para optimizar su rol paterno, su desempeño social en general y para que se le apoye en adquirir una mayor auto critica, en concordancia con el establecimiento de un proyecto de vida factible que le permita la toma de mejores decisiones y el alcance de mayor estabilidad en general.
• Se recomienda que al Sr. Luís se le ordene estudios neurológicos a los fines de descartar o no posible alteración.
• Se estima importante que al Sr. Luis se le pueda practicar un estudio social y visita al hogar en el que reside actualmente, esto permitiría una visión más amplia de la problemática relacionada con el niño en estudio.

A dicha evaluación se le otorga pleno valor probatorio por ser un documento emanado de un funcionario público en ejercicio de sus funciones conforme a los artículos 1359 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil, del cual se evidencia una probable presencia de posible alteración neurológica en la que pudieran confluir tres aspectos centrales: consumo de sustancias psicotrópicas, lesión y/o disfunción cerebral y dificultades en el control de los impulsos. Y así se declara.
Considerando todo lo anterior, y por cuanto se observa que este Juzgador debe decidir con base al interés superior de las adolescentes de autos y al informe antes valorado, así de seguidas pasa a realizarlo.
MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN
Concluida la narración íntegra de todos los pasos en la sustanciación de la causa, y señalados los fundamentos esenciales que se deben tomar en cuenta para dictar sentencia, pasa este Juez a realizar las siguientes consideraciones:
La Colocación Familiar o en Entidad de Atención es una medida de protección aplicable en aquellos casos de niños, niñas o adolescentes privados temporalmente de su familia de origen y que solo puede ser dictada por un Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; siendo una modalidad la de familia sustituta, conviene tener en cuenta que la propia Ley que rige la materia, define en su artículo 394 lo que debe entenderse por tal, y en tal sentido establece lo siguiente: “…aquella que, no siendo la familia de origen, acoge, por decisión judicial, a un niño, niña o adolescente privado permanente o temporalmente de su medio familiar, ya sea por carecer de padre y madre, o porque éstos se encuentran afectados en la titularidad de la patria potestad o en el ejercicio de la responsabilidad de crianza…”.
Por otra parte, resulta impretermitible para este Juzgador enfatizar la gran importancia que tiene, el derecho natural y primario que tiene todo niño, niña y adolescente a ser criado en su familia de origen, ya que esta constituye el grupo familiar al cual, el niño, niña y adolescente se encuentran unidos por los vínculos de la sangre y que se determina a través de la filiación, derecho éste que se encuentra consagrado en el artículo 26 de Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual considera como primera opción el derecho a vivir, a ser criados y desarrollarse en su familia de origen y excepcionalmente, a hacerlo en una familia sustituta.
En tal sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en su artículo 75:
“…El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia.
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la Ley…” (Resaltado nuestro).
Igualmente el único aparte del artículo 76 eiusdem dispone:
“…El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas, y éstos o éstas tienen el deber de asistirlos o asistirlas cuando aquel o aquella no puedan hacerlo por sí mismos o por sí mismas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación…”.
En tanto que la Convención sobre los Derechos del Niño preceptúa como un derecho humano fundamental para los niños, niñas y adolescentes el ser cuidado por sus progenitores cuando dispone en su artículo 7, “El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”. (Resaltado de este fallo), y en su artículo 9 expresa: “Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño”. (Resaltado de este fallo). De donde se sigue que se trata de un derecho cuyo ejercicio el Estado debe garantizar y sólo de manera excepcional como se evidencia de las normas jurídicas anotadas, puede limitarse tal derecho, lo que, obviamente, requiere de una motivación fundada, visto -se insiste- el carácter excepcional de la separación.
Una decisión que conlleve a la separación del niño de sus progenitores debe calificarse como extraordinaria y por tanto requiere, según la propia Convención, que se mantenga dentro de ciertos parámetros, a saber:
“(...)
2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.
4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas” (artículo 9 de la Convención).
Asimismo, y para confirmar el aserto de lo expuesto, en armonía con las disposiciones señaladas, este Tribunal trae a colación la Exposición de Motivos, de la ley adjetiva que rige la materia, por la importancia de su contenido, según la cual:
“…Esta norma (se refiere al artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) desarrolla a la perfección el principio del rol o papel fundamental de las familias en la crianza de los niños, niñas y adolescentes, contemplado en la Convención sobre Derechos del Niño. Precisamente, para hacer más efectivo este principio y derecho humano de la infancia se optó por incluir una reforma del artículo 26 de la Ley de 1998, referido al Derecho a una familia. Los cambios propuestos tienen como objetivo fundamental garantizar que los niños, niñas y adolescentes vivan y se desarrollen en el seno de su familia de origen y, sobre todo, que no sean separados de ella de forma injusta o arbitraria. Por ello, se indica que dicha separación sólo procede de forma excepcional cuando sea estrictamente necesaria para preservar su interés superior, mediante la aplicación de una medida de protección dictada por la autoridad competente y de conformidad con los requisitos y procedimientos previstos en la Ley. En este sentido, uno de los cambios más importantes es la prohibición expresa de la separación del niño, niña o adolescente de su familia de origen por motivos de pobreza u otros supuestos de exclusión social, así como la obligación del Estado de realizar todas las acciones dirigidas a lograr su integración o reintegración familiar cuando se encuentren separados de su familia de origen nuclear o ampliada…”. (Resaltado nuestro).

Por otra parte, también se señala en la aludida Exposición que se “modifica los nombres o denominaciones de dos instituciones familiares. Así, se reforma el término de la ‘guarda’ por el de ‘responsabilidad de crianza’, que además de ser más cercano a su contenido, esto es, al deber y el derecho del padre y la madre de amar, criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir materialmente a sus hijos e hijas, deja atrás el paradigma de los niños, niñas y adolescentes como objetos propiedad de sus progenitores, que se ‘guardan’. En este sentido, es necesario recordar que la doctrina especializada en nuestro país ha cuestionado el uso del término ‘guarda’ para referirse a las relaciones de los padres y madres con sus hijos e hijas, pues el mismo, incluso en términos coloquiales, está más asociado a las potestades sobre bienes u objetos y, por tanto, constituye un reflejo de las antiguas concepciones que valoraban a los niños, niñas y adolescentes como una suerte de propiedad de quienes ejercían la patria potestad”.
Por último, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, instrumento normativo especialísimo que regula y protege la situación de la infancia y la adolescencia establece en su artículo 5:
“Obligaciones generales de la familia e igualdad de género en la crianza de los niños, niñas y adolescentes.
La familia es la asociación natural de la sociedad y el espacio fundamental para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Las relaciones familiares se deben fundamentar en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. En consecuencia, las familias son responsables de forma prioritaria, inmediata e indeclinable, de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías.
El padre y la madre tienen deberes, responsabilidades y derechos compartidos, iguales e irrenunciables de criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y, asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas.
El Estado debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente estas responsabilidades, y para que el padre y la madre asuman, en igualdad de condiciones, sus deberes, responsabilidades y derechos. Asimismo, garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia”.
De donde se desprende de manera definitiva la importancia que tiene para el Estado y la sociedad que los niños, niñas y adolescentes sean criados por sus padres, como expresión y reconocimiento de un estado natural de nuestras relaciones y afectos como seres humanos. Aserto que queda afianzado en las disposiciones contenidas en los artículos 25, 26 y 27 de la referida Ley Orgánica, cuando establecen de manera inequívoca este derecho y el carácter excepcional que reviste la circunstancia de que sean criados por personas distintas de aquellos, quienes por naturaleza deben ejercer el rol fundamental de padres. Tales preceptos normativos señalan:
Artículo 25. Derecho a conocer a su padre y madre y a ser cuidados por ellos. Todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de cuál fuere su filiación, tienen derecho a conocer a su padre y madre, así como a ser cuidados por ellos, salvo cuando sea contrario a su interés superior.
Artículo 26. Derecho a ser criado en una familia. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Excepcionalmente, en los casos en que ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a vivir, ser criados o criadas y desarrollarse en una familia sustituta, de conformidad con la ley. La familia debe ofrecer un ambiente de afecto, seguridad, solidaridad, esfuerzo común, comprensión mutua y respeto recíproco que permita el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.
Parágrafo Primero. Los niños, niñas y adolescentes sólo podrán ser separados o separadas de su familia de origen cuando sea estrictamente necesario para preservar su interés superior. En estos casos, la separación sólo procede mediante la aplicación de una medida de protección aplicada por la autoridad competente y de conformidad con los requisitos y procedimientos previstos en la ley. Estas medidas de protección tendrán carácter excepcional, de último recurso y, en la medida en que sea procedente, deben durar el tiempo más breve posible.
Parágrafo Segundo. No procede la separación de los niños, niñas y adolescentes de su familia de origen por motivos de pobreza u otros supuestos de exclusión social. Cuando la medida de abrigo, colocación en familia sustituta o en entidad de atención, recaiga sobre varios hermanos o hermanas, éstos deben mantenerse unidos en un mismo programa de protección, excepto por motivos fundados en condiciones de salud. Salvo en los casos en que proceda la adopción, durante el tiempo que permanezcan los niños, niñas y adolescentes separados o separadas de su familia de origen, deben realizarse todas las acciones dirigidas a lograr su integración o reintegración en su familia de origen nuclear o ampliada.
Parágrafo Tercero. El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar programas y medidas de protección especiales para los niños, niñas y adolescentes, privados o privadas temporal o permanentemente de su familia de origen.
Artículo 27. Derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con el padre y la madre. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a mantener de forma regular y permanente, relaciones personales y contacto directo con su padre y madre, aun cuando exista separación entre éstos, salvo que ello sea contrario a su interés superior.
No quiere este Tribunal con ello decir, por otra parte, que no deba garantizarse las relaciones de los niños, niñas y adolescentes con sus demás familiares, antes por el contrario se trata de un derecho de aquellos por el que el Estado debe velar. Sin embargo, la colocación familiar que tiene como finalidad, de acuerdo con el articulo 396 “otorgar la Responsabilidad de Crianza de un niño, niña o adolescente, de manera temporal y mientras se determina una modalidad de protección permanente para el mismo”, debe cumplir con ciertos requisitos de procedencia, tales son:
“…La colocación familiar o en entidad de atención de un niño, niña o adolescente procede cuando:
a) Transcurrido el lapso previsto en el artículo 127 de esta Ley, no se haya resuelto el asunto por vía administrativa.
b) Sea imposible abrir o continuar la Tutela.
c) Se haya privado a su padre y madre de la Patria Potestad o ésta se haya extinguido…”

De lo anterior se evidencia, que de manera excepcional y cuando el interés superior del niño, niña y adolescente lo aconseje, puede acordarse que la responsabilidad de crianza y custodia de la niña esté bajo la responsabilidad de un tercero, pero en tales supuestos, excepcionales, como se ha visto, se precisa de una fundamentación razonada que pondere las circunstancias y determine que lo más conveniente para la niña es el régimen excepcional, previsto y diseñado en las disposiciones antes citadas, con la intención de cubrir eventuales y desafortunadas situaciones en las cuales no debe el niño, niña o adolescente permanecer con sus padres biológicos.
Aunado a las anteriores consideraciones, resulta novedoso la presencia protagónica de la familia de origen del niño, niña y adolescente en el sistema jurídico venezolano. En efecto, los textos legales que han entrado en vigencia en Venezuela se encuentran diseminados del reconocimiento del derecho del niño, niña y adolescente a crecer en medio de una familia en particular, de su familia de origen.
Por otra parte, en sentencia Nº 2320 del 18 de diciembre de 2007 (caso: Pedro Elías Alcalá) la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia juzgó, con motivo de una acción de amparo contra una decisión judicial dictada con ocasión de una solicitud de revisión de guarda y custodia, y que, resulta aplicable, en general, a cualquier procedimiento judicial en los que pudiesen estar involucrados los derechos e intereses de niños, niñas y adolescentes, lo siguiente:
“…Casos como el presente exigen mucha prudencia, responsabilidad y razonabilidad, gran ponderación, un dominio impecable de las instituciones familiares, con sus efectos y consecuencias sociales; además, de una especial sensibilidad y un manejo de los distintos institutos procesales, toda vez que las decisiones que se dictan en torno a los niños, niñas y adolescente producen e inciden de manera decisiva en su desarrollo y formación integral. Cuando se dictan medidas judiciales que los afectan se produce una innovación sentimental y afectiva; pero además, éstas repercuten en el aspecto social y estilo de vida; de tal manera, que no pueden los jueces y juezas disponer de los niños, niñas y adolescentes como si de objetos se tratara; ellos no sólo son sujetos de derecho, sino que debe tenerse presente cómo sienten y padecen de manera significativa a consecuencia de un proceso judicial, y cómo una decisión judicial puede llegar a ser fundamental en su existencia; por tanto, no puede ordenarse trasladar de un lado para otro, sin mediar y ponderar las transformaciones de vida que ello implica”. (Resaltado nuestro).
Ahora bien, del contenido del ultimo informe reevaluativo del niño de marras, se evidencia que el mismo requiere una atención especial debido a las dificultades que señalan en dicho informe, y el padre ciudadano LUIS ALEXIS ROBLES, según su evaluación psicológica no se encuentra apto para desempeñar su rol y satisfacer las necesidades de LUIS ALEXANDER, por lo que este Tribunal, dada la naturaleza del presente juicio y adminiculado con el resultado de los informes realizados, resulta forzoso para este Juez, siguiendo las corrientes actuales de nuestro ordenamiento jurídico RATIFICAR la medida de Protección, en modalidad de Colocación en Entidad de Atención a favor del niño (Se omiten los datos de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño Niña y Adolescente), como se hará en la parte dispositiva del presente fallo. Y así se declara.
DECISIÓN
Por todo lo anteriormente expuesto, este TRIBUNAL PRIMERO (1°) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Y NACIONAL DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley RATIFICA la Medida Preventiva de Colocación en Entidad de Atención, dictada a favor del niño (Se omiten los datos de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño Niña y Adolescente), en fecha 15/11/2010, y ratificada en fecha 29/01/2013, por el Tribunal Primero de Medición y Sustanciación de este Circuito Judicial, quien se encuentra en la Entidad de Atención “LAS VILLAS LOS CHIQUITICOS”, todo de conformidad con lo previsto en los artículos 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 126 literal “i”, 128, 358, 396, 397 y 466 parágrafo primero literal “e” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Asimismo la Entidad de Atención deberá asegurarse de que el niño (Se omiten los datos de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño Niña y Adolescente), continué con las terapias de lenguaje, fisioterapia a las cuales asiste hasta la fecha.
Igualmente al niño (Se omiten los datos de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño Niña y Adolescente), deberá ser evaluado por la Oficinal de Adopción de esta Circunscripción Judicial para verificar su adoptabilidad.
El padre ciudadano LUIS ALEXIS ROBLES, titular de la cédula de identidad N° V.-13.321.565, deberá practicarse, evaluaciones neurológica y toxicológicas, a definir por el Tribunal de Ejecución, igualmente deberá recibir atención psiquiátrica, y taller para manejo de la ira y el estrés.
Se ordena la realización de un Informe Social y visita al hogar actual del ciudadano LUIS ALEXIS ROBLES, antes identificado.
Finalmente la presente Medida deberá ser Revisada dentro de seis (06) meses, a fin de verificar si las circunstancias con se han dictado se mantienen, han variado, o cesado, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley especial
PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE
Dada, firmada y sellada en el despacho del Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Tribual de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil trece (2013). Años: 203° de Independencia y 154° de la Federación.
EL JUEZ,

ABG. WILLIAN PÁEZ JIMÉNEZ.
LA SECRETARIA,

ABG. NAYETTI ROJAS

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