TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 15 de mayo de 2013
203º y 154º

ASUNTO: AP11-M-2012-000115

PARTE DEMANDANTE: Sociedad Mercantil ELECNOR DE VENEZUELA, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el N° 63, tomo 438-A-Sgdo, de fecha 08 de septiembre de 1.997.
APODERADO JUDICIAL: abogados ERICK BOSCAN ARRIETA, CRISTOBAL BREWER, MARIANNE VASQUEZ y JOSUE BAUTISTA VIVAS, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 80.156, 83.042, 131.652 y 124.424.
PARTE DEMANDADA: Sociedades Mercantiles OFICINA FRANCHINI OLIVEROS C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 29 de noviembre de 2000, bajo el N° 27, tomo 142-A-VII, y la sociedad mercantil COMPAÑÍA ANONIMA DE SEGUROS LA OCCIDENTAL, inscrita por ante el Registro de Comercio que era llevado por la Secretaría del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 06 de noviembre de 1956, anotado bajo el N° 53, Libro 42, tomo primero.
APODERADO JUDICIAL: No constituyeron apoderados judiciales a los autos.
MOTIVO: Cobro de Bolívares.

- I -
Se inició la demanda por libelo presentado para su distribución ante la Unidad de Recepción y Distribución del Circuito de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 09 de Marzo de 2012, correspondiéndole su conocimiento a este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Por auto de fecha 14 de Marzo de 2012, se admitió la presente demanda y se ordenó la citación de la sociedad mercantil OFICINA FRANCHINI OLIVEROS C.A., en la persona de su Director, ciudadano Máximo Fran chini Rivas, y de la sociedad mercantil COMPAÑÍA ANONIMA DE SEGUROS LA OCCIDENTAL, en la persona de su Presidente, ciudadano VICTOR VARGAS IRAUSQUIN, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-3.828.851 y V-3.949.297, respectivamente, a los fines establecido en el auto de admisión.
En fecha 02 de abril de 2012, compareció el abogado JOSUE BAUTISTA VIVAS, en su condición de apoderado judicial de la parte actora, y consignó los fotostatos requeridos en el auto de admisión, consignando los emolumentos para la práctica de la citación de la parte demandada, siendo proveído dicho pedimento por auto de fecha 10 de abril de 2012, aperturándose el cuaderno de medidas.
En fecha 26 de abril y 04 de mayo de 2012, los ciudadanos Rosa Lamon y Julio Arrivillaga Rodríguez, respectivamente, en su condición de Alguaciles de este Circuito Judicial, consignaron las compulsas libradas a la parte demandada, alegando la imposibilidad de su práctica.
En fecha 07 de mayo de 2012, el abogado JOSUE BAUTISTA VIVAS, solicitó al Tribunal la citación de la parte demandada, por cartel de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, siendo que por auto de fecha 11 de mayo de 2012, el Tribunal negó la citación por cartel, en virtud de lo alegado por los ciudadanos Alguaciles de este Circuito Judicial, en diligencias de fecha 26 de abril y 04 de mayo del año 2012, respectivamente, advirtiéndole a esa al considera que no ha sido agostada la citación personal de la parte demandada.

- II -
Ahora bien, en virtud de lo antes transcrito, este Tribunal previamente estima realizar las siguientes consideraciones de orden fáctico y jurídico:
Que desde el día 07 de mayo de 2012, fecha en que solicitó la citación por carteles de la parte demandada, hasta el 08 de mayo de 2013, fecha en que solicitó al Tribunal se librara nueva boleta de notificación, y suministrando la dirección de la codemandada Oficina Franchini Oliveros, C.A, trascurrieron más de un (01) año sin que se haya impulsado la citación de las codemandadas OFICINA FRANCHINI OLIVEROS C.A., y COMPAÑÍA ANONIMA DE SEGUROS LA OCCIDENTAL,, y sin que se haya realizado algún acto del procedimiento, por lo que este Juzgado observa que no existe interés alguno por la parte actora, para impulsar o gestionar las citaciones acordadas, evidenciándose así la falta de interés del actor en el perfeccionamiento de la relación jurídica procesal, y por cuanto ha transcurrido en el presente procedimiento más de un (01) año, sin que se haya perfeccionado la citación, y sin que se le haya dado impulso procesal al presente juicio, forzosamente este Despacho debe concluir que, en el caso de autos ha operado la perención a la que hace referencia el encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone:
Artículo 267: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”.

Asimismo, establece el Artículo 269 eiusdem lo siguiente:
”La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.”

En este sentido ha sido criterio reiterado por la Jurisprudencia que, no todo acto de procedimiento de parte impide la consumación de la perención, sino aquel que contenga implícita la intención de impulsar el proceso. Así por ejemplo, la Sala de Casación Civil, como la Sala Político- Administrativa han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escritos, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación en el proceso y, por tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención, circunstancia que ocurrió en el caso de autos por cuanto se evidenció que desde el 07 de mayo de 2012, no ha sido gestionada la practica de la citación, aunado a que la actora no fue diligente para dar cumplimiento a lo solicitado por el Tribunal, para impulsar la citación transcurriendo mas de un (01) año desde la fecha en que solicitó la citación por carteles, para la practica de la citación de la parte demandada, sin que se haya ejecutado ningún acto de procedimiento, evidenciándose que no consta en autos que se haya practicado la citación personal ordenada, a los efectos de trabar la litis, por la falta de actividad de la parte actora, quien tiene la carga procesal de gestionar que la citación se cumpla efectivamente.
Cabe destacar que, el fin público de todo proceso como la calificación de normas de orden público, constituyen la más sana garantía de que los juicios no pueden eternizarse a voluntad de las partes o del Juez, debiendo concluir a través de la sentencia o por las llamadas formas de autocomposición procesal, y la institución de la perención de la instancia, la cual no es otra cosa que, la extinción del proceso, extinción derivada de la inercia, de la inactividad procesal de las partes durante el plazo o término previsto en la Ley, para que dicho efecto se produzca. Esta institución se caracteriza por su naturaleza de orden público, de conformidad con lo previsto en el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, es facultad del Juez declarar de oficio la perención, por estar el interés del Estado en su función jurisdiccional representativa del interés colectivo por encima del interés particular, de quienes desean la continuación de un proceso perimido.
Es por ello que, los actos que debe efectuar el actor tendiente a que el órgano jurisdiccional pueda citar al demandado no son deberes u obligaciones procesales, sino que constituyen cargas procesales. Aceptar lo contrario conllevaría, tácitamente a la aceptación de que no existe interés en la propia pretensión deducida o en convenir acerca de que pueden deducirse pretensiones carentes de fundamentación, lo cual desnaturaliza el proceso.
Entre los casos previstos en los cuales operaria la perención como consecuencia del comportamiento negligente de la o de las partes, se encuentra pautado por la Ley, una sanción a la inactividad del actor, en el sentido de ser él, el interesado en que se perfeccione la citación del demandado, a los fines de poder entablar la relación jurídica procesal, la falta de manifestación de ese interés propio es sancionado con la perención y adicionalmente, con la previsión contenida en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, esto es; la inadmisibilidad “pro tempore” de la nueva demanda.
Por tanto siendo que, la demanda debidamente admitida es el acto que da inicio al proceso, que ella contiene la pretensión cuya satisfacción pide el actor al órgano jurisdiccional, y que la citación es una formalidad necesaria para la validez del juicio y el establecimiento de la relación jurídico procesal.
Realizadas como ha sido tales consideraciones, es forzoso para este Juzgador concluir que, el supuesto de hecho establecido en el encabezado del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra verificado en el presente caso, por cuanto se aprecia que ante la existencia del proceso correspondía a la parte interesada impulsar el procedimiento para que el mismo continuará y se cumplieran las distintas etapas del juicio, y el primero de ellos consistía en cumplir con las cargas procesales tendiente a lograr la citación de la parte demandada, y en virtud que desde que el día 07 de mayo de 2012, fecha de la última actuación de la parte actora no se tramito la citación, transcurriendo por ante este Despacho más de un (01) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento para la continuación de la causa, es por lo que se considera perimida la instancia, y así se declara.
- III -
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo estatuido en el artículo 267, en concordancia con lo previsto en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia establecida en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los quince (15) días del mes de mayo de dos mil trece (2013). Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
EL JUEZ,

DR. JUAN CARLOS VARELA RAMOS
LA SECRETARIA

Abg. DIOCELIS PÉREZ BARRETO
En la misma fecha, siendo las 14: 58 de la tarde, se publicó y registró la anterior sentencia previo anuncio de Ley.-
LA SECRETARIA,

Abg. DIOCELIS PÉREZ BARRETO