TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO
EXTENSION PUERTO CABELLO

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
Puerto Cabello, veintiuno de mayo de dos mil trece
203º y 154º
ASUNTO PRINCIPAL: GP31-V-2012-000146
ASUNTO: GP31-V-2012-000146
DEMANDANTE: Argenio Ramón Brett Acosta, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 3.306.579, de este domicilio.
ABOGADO ASISTENTE: Carlos Eduardo Lameda Brett, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 134.942.
DEMANDADA: Ysvelia Coromoto Marjal Cova, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.156.879, de este domicilio.
MOTIVO DIVORCIO
EXPEDIENTE: GP31-V-2012-000146
RESOLUCIÓN No.: 2013-000039 INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA

I
Por escrito de fecha 7 de agosto de 2012, presentado por el ciudadano ARGENIO RAMON BRETT ACOSTA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-3.306.579, de este domicilio, asistido por el Abogado CARLOS EDUARDO LAMEDA BRETT, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 134.942, interpuso demanda por DIVORCIO, contra la ciudadana YSVELIA COROMOTO MARVAL COVA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 7.156.879, de este domicilio.
En esa misma fecha 7 de agosto de 2012, se le dio entrada a la demanda, y se le asignó el número de asunto GP31-V-2012-000146.
El día 8 de agosto de 2012, el Tribunal admitió la demanda, ordenándose la citación de la parte demandada de autos.
En fecha 11 de octubre de 2012, el Alguacil consignó Boleta de Notificación debidamente firmada por la Fiscal Décimo Noveno del Ministerio Público.
En fecha 17 de octubre de 2012, comparece el demandante asistido de abogado y consignó los emolumentos necesarios para las copias fotostáticas y traslado, para la práctica de la citación.
Las diligencias conducentes a la citación de la parte demandada rielan a los folios 20 24 al 30.
II
Con respecto a la Perención de los 30 días se había afirmado en la doctrina, que en virtud de haberse decretado la gratuidad de la Justicia, las partes ya no estaban obligadas con el Estado a pagarle arancel judicial, al respecto existe jurisprudencia que indica expresamente las obligaciones o cargas procesales que el demandante debe cumplir dentro del lapso de 30 días continuos siguientes a la admisión de la demanda, sin menoscabar el principio de justicia gratuita contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En efecto, en sentencia del 06 de Julio del 2004, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación, caso J.R. Barco, contra Seguros Caracas Liberty Mutual estableció que:
“Las demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante diligencia, deberán poner a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado (transporte, etc.)”
Dice la Sala:
...Como se observa, el legislador impone una dura sanción a la negligencia de las partes, lo cual evidentemente redunda en agilizar los procesos, puesto que obliga a los litigantes a impulsarlos bajo la amenaza de la perención, evitando así en gran medida, las paralizaciones de las causas por largos períodos, tal y como ocurría anteriormente. En este sentido se pronunció la sentencia N° 172 del fecha 22 de Junio de 2001, expediente N° 00-373, en el juicio de Raúl Esparza y otra contra Marco Puglia Morgguese y otros, ...”
...A propósito de las obligaciones o cargas procesales que el demandante debe cumplir dentro del lapso de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de la reforma de la misma, esta Sala estima necesario y oportuno conciliarlas bajo el nuevo principio de la justicia gratuita contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la doctrina que ha considerado que no ha lugar la perención por la gratuidad de los procedimientos…
Sin embargo, nada se ha dicho sobre la obligación contemplada en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial,…que impone la Ley al demandante para el logro de la citación en el lapso de 30 días contados a partir de la fecha de admisión de la demanda o de su reforma, para dilucidar –contrariamente a lo que ha venido afirmando la casación- esto es, que si es procedente la perención de la instancia de todos aquellos procedimientos informados por el principio de la gratuidad…quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha Ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la Ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece...”
Revisadas las actuaciones cursantes en autos se constata que la demanda fue admitida el día 8 de agosto de 2012.
AGOSTO 2012
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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SEPTIEMBRE 2012
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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24 25 26 27 28 29 30

Los días del 15 de agosto al 15 de septiembre no se computan por ser receso judicial.
OCTUBRE 2012
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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8 9 10 11 12 13 14
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Desde el día 8 de agosto de 2012 exclusive, hasta el día 17 de octubre de 2012 inclusive, fecha en que la parte actora consignó los emolumentos para la practica de las citaciones, transcurrieron treinta y ocho (38) días continuos, lo que obviamente evidencia que transcurrió con creces el plazo de Treinta (30) días (cumplidos el día 09 de octubre de 2012), contados desde la admisión de la demanda, para que la parte actora cumpliera con su obligación de impulsar la intimación, acto procesal necesario e indispensable para la trabazón de la litis; sin haber sido consignados los emolumentos por la parte actora para la práctica de la citación, ni haber realizado ningún otro acto de impulso procesal para la citación de la parte demandada.
La Perención es un medio de terminación del proceso, fundamentado en condiciones objetivas, no fundamentada en la voluntad de las partes o del Juez, al respecto se ha pronunciado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicio, en sentencia No. 80 dictada el 27 de enero de 2006, estableciendo lo siguiente:
“…En razón de lo anterior, es necesario concluir lo siguiente:
1. Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de la perención de la instancia, ésta ha sido reconocida como una institución eminentemente sancionatoria desde que está predeterminada a la extinción del proceso y a impedir además que pueda demandarse nuevamente hasta que transcurra el lapso de noventa días.
2. Es de naturaleza irrenunciable por las partes, lo cual hace que ocurridos los supuestos objetivos de procedencia, ella opera de pleno derecho sin que se pueda convalidar por acto posterior alguno.
3. El juez puede decretarla de oficio, para lo cual sólo bastará que concurran las circunstancias que regulan la materia...
Así las cosas, debe concluirse que la perención de la instancia es una institución procesal de orden público, que debe ser declarada aún de oficio por el juez de la causa, ya sean éstos de primera o segunda instancia…”
Habiéndose cumplido en esta causa los supuestos de la perención breve, es obligatorio declararla, con fundamento a lo expresado anteriormente y sobre la base de la disposición legal establecida en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
III
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Segundo de Primera Instancia del Circuito Judicial Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Extensión Puerto Cabello, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara consumada la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en la demanda por DIVORCIO incoada por el ciudadano ARGENIO RAMON BRETT ACOSTA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-3.306.579, de este domicilio, asistido por el Abogado CARLOS EDUARDO LAMEDA BRETT, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 134.942, contra la ciudadana YSVELIA COROMOTO MARVAL COVA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 7.156.879, de este domicilio, de conformidad con lo establecido en el Artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo 269 eiusdem.
No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el Artículo 283 ibídem.
Publíquese, regístrese y anótese en los libros respectivos.
Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho de este Tribunal, a los veintiun (21) días del mes de mayo de 2013, siendo las 11:23 de la mañana. Año 203º de la Independencia y 154° de la Federación.
La Jueza Provisoria

Abogada Lucilda Ollarves Velásquez
La Secretaria

Abogada Raiza Lena Delgado Vargas

En la misma fecha previa formalidades de ley se cumplió lo ordenado, se libró boleta de notificación.

La Secretaria

Abogada Raiza Lena Delgado Vargas