JUEZ PONENTE: GUSTAVO VALERO RODRÍGUEZ Expediente número: AP42-R-2012-001448 En fecha 5 de diciembre de 2012, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, Oficio número TSSCA-1320-2012 de fecha 1 de noviembre de 2012, emanado del Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió el expediente contentivo del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto conjuntamente con Medida Cautelar Innominada, por la ciudadana CARMEN EILEEN EVANG CLEARY DE PACANINS, titular de la cédula de identidad número 3.190.361, asistida por el abogado Edgar Parra Moreno, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 18.386, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA por concepto de reajuste de pensión de jubilación. Dicha remisión se efectuó en virtud del auto de fecha 1 de noviembre de 2012 que oyó en ambos efectos la apelación ejercida por la parte recurrente en fecha 15 de octubre de 2012, contra la sentencia dictada por el referido Juzgado en fecha 5 de octubre de 2012, que declaró sin lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto conjuntamente con Medida Cautelar Innominada. En fecha6 de diciembre de 2012, se dio cuenta a esta Corte y se ordenó la aplicación del procedimiento de segunda instancia previsto en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; asimismo, se designó ponente al Juez Emilio Ramos González y se fijó el lapso de diez (10) días de despacho siguientes para la fundamentación de la apelación. En fecha 17 de diciembre de 2012, se recibió del abogado Edgar Parra Moreno, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana querellante, escrito de fundamentación a la apelación. En fecha 22 de enero de 2013, se dictó auto mediante el cual se reconstituyó la Corte en virtud de la incorporación de la Dra. Anabel Hernández Robles y se abocó al conocimiento de la causa en el estado en que se encuentra, reanudándose la misma una vez transcurrido el lapso establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. En fecha 28 de enero de 2013, la abogada María González, inscrita en el IPSA bajo el número 163.164, actuando en su condición de apoderada judicial de la Alcaldía del Municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda consignó escrito de contestación a la fundamentación de la apelación. En fecha 29 de enero de 2013, se abrió el lapso de cinco (5) días de despacho para la contestación a la fundamentación a la apelación. En fecha 4 de febrero de 2013, la apoderada Judicial de la Alcaldía del Municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda consignó diligencia mediante la cual ratificó el escrito de contestación a la formalización de la apelación y los anexos consignados en fecha 28 de enero de 2013. En fecha 5 de febrero de 2013, venció el lapso de cinco (5) días de despacho para la contestación a la fundamentación a la apelación. En fecha 6 de febrero de 2013, vencido como se encontraba el lapso para la contestación a la fundamentación a la apelación y de conformidad con lo previsto en el artículo 93 de la Ley Orgánica de la jurisdicción Contencioso Administrativo, se reasignó la ponencia la Jueza Anabel Hernández Robles, a quien se ordenó pasar el presente expediente a los fines que dictara la decisión correspondiente, en esa misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado. En fecha 27 de febrero de 2013, se dictó auto mediante el cual se reconstituyó la Corte en virtud de la incorporación del Dr. Gustavo Valero Rodríguez y se abocó al conocimiento de la causa en el estado en que se encontraba, reanudándose la misma una vez transcurrido el lapso previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En fecha 12 de marzo de 2013, se dictó auto mediante el cual se reasignó la ponencia al Juez Gustavo Valero Rodríguez, a quien se ordenó pasar el expediente, a los fines que la Corte dicte la decisión correspondiente; por cuanto se encuentra vencido el lapso establecido en el auto dictado por este Órgano Jurisdiccional en fecha 5 de marzo de 2013, En esta misma fecha, se dio cumplimiento a lo ordenado. En fecha 28 de octubre de 2013, el abogado Edgar Parra Moreno actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana Carmen Eileen Evang Cleary de Pacanins, consignó diligencia mediante la cual solicita se dicte sentencia en la presente causa. Examinadas las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones. ÚNICO En el caso de autos corresponde a esta Corte resolver el recurso de apelación interpuesto en fecha 15 de octubre de 2012, por el abogado Edgar Parra Moreno, actuando como apoderado judicial de la pate recurrente, contra la decisión de fecha 5 de octubre de 2012, dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró sin lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial incoado contra la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda. Así las cosas, el 17 de diciembre de 2012, el abogado Edgar Parra Moreno, actuando como apoderado judicial del recurrente Luis Piñero Fuentes, fundamentó el recurso de apelación interpuesto, expresando entre otras consideraciones, que “[...] consta que mi representada devengaba, por concepto de jubilación, como ex concejal del Municipio Sucre del estado Miranda la cantidad de Bs. 14.319.51, (Anexo documento marcado ‘A’, documento éste que debe ser valorado como Documento Público Administrativo (‘erga omne’) [sic] y que acompaño, de conformidad a lo previsto en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa [...].” Asimismo, el 28 de enero de 2013, la abogada María González Battaglini, actuando como apoderada judicial de la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda, presentó escrito de contestación a la fundamentación de la apelación, en el cual expuso entre otros argumentos, que “[...] como prueba de todos los alegatos expuestos con anterioridad, promovemos, reproducimos y hacemos valer en este acto, copia certificada de recibos de pago de la querellante desde el mes de febrero del año 2011 al mes de diciembre de 2012, de los cuales se desprende que su pensión de jubilación fue ajustada en el mes de agosto de 2011 [...].” Ahora bien, visto que las partes contendientes promovieron pruebas de acuerdo con lo anteriormente citado, esta Corte considera necesario referir que mediante sentencia emanada de este Órgano Jurisdiccional número 1.783 de fecha 8 de agosto de 2012, caso: Sucesión de Luciano Rodríguez Vs. Municipio Baruta del estado Bolivariano de Miranda, se estableció en relación a las pruebas promovidas en segunda Instancia ante este Órgano Jurisdiccional, que: “1.- La parte apelante deberá presentar escrito que contenga los fundamentos de hecho y de derecho de su apelación dentro de los diez (10) días de despacho siguientes al auto donde se dé cuenta a la Corte, o conste en autos su notificación, cuando corresponda notificar. En esta oportunidad y no otra la parte apelante podrá promover pruebas documentales las cuales deberá consignar al escrito de fundamentación. 2.- Luego de transcurrido el lapso anterior, se abrirá un lapso de cinco (5) días de despacho para que la otra parte de (sic) contestación a la apelación, quien también podrá promover pruebas documentales sólo en esta oportunidad y las deberá acompañar al aludido escrito de contestación. 3.- Transcurridos dichos lapsos, si algunas de las partes promovieren las aludidas pruebas documentales se abrirá un lapso de tres (3) días de despacho para la oposición a las mismas. 4.- Vencido el lapso anterior, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y no su Juzgado de Sustanciación, providenciará dentro de los tres (3) días de despacho siguientes al lapso de oposición, sobre la admisión de dichas documentales, admitiendo las que sean legales y procedentes y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes. 5.- Si las partes no promueven las pruebas documentales referidas en el artículo 91 eiusdem, dicho lapso no se abrirá. 6.- Luego de que esta Corte se haya pronunciado sobre la admisibilidad o no de las documentales promovidas, las cuales no requieren de evacuación alguna, la causa deberá pasar al Juez ponente para que dicte la decisión correspondiente, conforme a lo previsto en el artículo 93 de Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Finalmente, esta Corte estima pertinente indicar que el presente criterio debe ser aplicado a situaciones que se originen tras su establecimiento, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica y evitar una grave alteración del conjunto de situaciones, derechos y expectativas nacidas del régimen en vigor para el momento en que se produjeron los hechos (Vid. Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia Nº 401 de fecha 19 de Marzo de 2004, caso: Servicios La Puerta, S.A.). Así se decide.” [Resaltados de esta Corte] De la anterior trascripción se colige, que cuando las partes de acuerdo con el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, promuevan pruebas ante esta Instancia Jurisdiccional, se abrirá un lapso de tres (3) días de despacho para la oposición a las mismas y vencido este lapso, esta Corte mediante auto suscrito por el Juez Presidente y la Secretaria de este Órgano y no su Juzgado de Sustanciación, providenciará dentro de los tres (3) días de despacho siguientes al lapso de oposición, sobre la admisión de dichas pruebas. De allí, que considera esta Corte que al promoverse pruebas debe dársele cumplimiento al procedimiento indicado anteriormente a los fines de incorporar legítimamente al proceso las probanzas promovidas y hacer eficientes, entonces, los derechos constitucionales concernientes al debido proceso y a la tutela judicial efectiva que sustancian esta etapa procesal. En este orden de ideas, debe indicar esta Sede Jurisdiccional en relación a los principios relativos a la defensa del orden constitucional que estos imponen al juzgador el deber de dar aplicación a institutos procesales relacionados con el saneamiento, la relevancia o trascendencia del fin perseguido, sobre la nulidad esencial y la obligatoriedad de los procedimientos establecidos, a los fines de optimizar la dinámica que apareja el ejercicio de los derechos constitucionales de las partes y que se dilucidan mediante el procedimiento seguido. De acuerdo a lo referido, los vicios procesales tienen diversos grados de gravedad; por lo cual, el juez tiene que ponderar si los mismos conducen o no a una reposición útil debiendo sopesar el carácter del orden público en juego, independientemente de la valoración subjetiva que se haga. En el caso de autos, observa esta Corte que aunque fueron promovidas pruebas por parte de los contendientes esta Corte no las providenció de acuerdo con el criterio establecido por este Órgano Jurisdiccional en sentencia número 1.783 de fecha 8 de agosto de 2012, citada; por lo que, considera que la reposición al momento en que se abra el lapso de oposición previa notificación de las partes constituye el modo de subsanar la falla ocurrida; ya que, al omitir la providenciación in commento se vulnera el orden público ínsito a los referidos derechos constitucionales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. En este sentido, es pertinente indicar que el orden público, en criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 77 de fecha 9 de marzo de 2000, caso: José Alberto Zamora Quevedo, ha sido categorizado como: “(…) el conjunto de condiciones fundamentales de la vida social instituidas en una comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente la organización de ésta, no pueden ser alterados por voluntad de los individuos’ (...) La ineficacia de esas condiciones fundamentales generaría el caos social (…)”. [Resaltados de esta Corte]. Por todo lo anterior, este Órgano Jurisdiccional ordena REPONER la causa al estado en que se fije por auto separado el lapso de tres (3) días de despacho para la oposición a las pruebas presentadas por ambas partes, lapso que deberá computarse a partir de que conste en autos el recibo de la última de las notificaciones aquí ordenadas; por lo que, precluido el lapso de oposición procederá a pronunciarse sobre la admisión de las pruebas promovidas, conforme a lo antes expuesto. En virtud de la anterior declaratoria, esta Instancia Jurisdiccional ordena a la Secretaría de esta Corte, la notificación de las partes en la presente causa, a los efectos de que una vez notificadas y fijado el lapso correspondiente se emita pronunciamiento sobre la admisión de las pruebas promovidas. Así se declara. Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en Caracas, a los ___________ ( ) días del mes de __________________ de dos mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación. El Presidente, ALEJANDRO SOTO VILLASMIL El Vicepresidente, GUSTAVO VALERO RODRÍGUEZ Ponente El Juez, ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA La Secretaria Accidental, CARMEN CECILIA VANEGAS SALAS Exp. Nº AP42-R-2012-001448 GVR/19 En fecha _____________ (____) de __________ de dos mil trece (2013), siendo la(s) ________________minutos de la ______________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº 2013______________________. La Secretaria Accidental.