REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS CON COMPETENCIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA


PODER JUDICIAL
Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control del Estado Lara

Barquisimeto, 19 de Noviembre de 2013
203º y 154º
ASUNTO PRINCIPAL: KP01-S-2013-004602

AUTO DE APERTURA A JUICIO
Celebrada como fue la audiencia preliminar de conformidad con el artículo 104 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, corresponde a este Tribunal de Violencia contra la Mujer en Funciones de Control N° 3, Audiencias y Medidas del Estado Lara, fundamentar la decisión que de forma oral fuera dictada en presencia de las partes, en los siguientes términos:
La presente causa se sigue contra el ciudadano Acusado RAFAEL ANTONIO CASTILLO SUÁREZ, (..). Se reviso en el sistema Juris y presenta la causa 1.- KP01-P-08-10722 ante el Tribunal de Ejecución n° 4 de Penal Ordinario de este Circuito Penal, en la cual en fecha 30/06/2011 se decretó la extinción de la responsabilidad criminal por cumplimiento de la condena. Asimismo la 3.-KP01-P-10-2957 ante el tribunal de Control 4 de este Circuito Penal en la cual tiene Régimen de Presentaciones y 4.- KP01- P-09-94 ante el Tribunal de Juicio n° 6 de este Circuito Penal, en la cual Tiene Régimen de Presentaciones, a quien se le imputa la comisión de los delitos de: AMENAZA AGRAVADA, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y POSESIÓN DE DROGAS, previsto y sancionado en el artículo 41 con el agravante del artículo 65 ordinal 3 de la Ley Orgánica Sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículo 218 del Código Penal y 153 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio Adriana Nohemi Peralta Alvarado.-
En fecha 19 de Noviembre de 2013, se dio inicio a la Audiencia, se verificó la presencia de las partes, cumplida las formalidades de ley, se cedió el derecho de palabra a la representación fiscal, quien en ese acto expuso: El Ministerio Público solicita se de cumplimiento a lo establecido en el artículo 104 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, es por lo que interpongo formal acusación y expongo oralmente las razones de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos en las que se fundamenta el acto conclusivo que fuera presentado oportunamente contra el acusado : RAFAEL ANTONIO CASTILLO SUAREZ, (..), e indico los elementos de convicción y ofrezco los medios probatorios testimoniales y documentales que constan en el referido escrito, el cual ratifico en este acto y encuadro el ilícito en los delitos AMENAZA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 41 en su primer aparte de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal y POSESIÓN DE DROGA, previsto y sancionado en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas. Por lo que solicito el enjuiciamiento del ciudadano : RAFAEL ANTONIO CASTILLO SUAREZ, (..), mediante el respectivo auto de apertura a juicio oral y público y que se admita totalmente la acusación en virtud de que la misma cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, así como las pruebas documentales y testimoniales ofrecidas, cuya pertinencia y necesidad se ha indicado. Solicito se mantenga la medida de seguridad y protección contenida en el artículo 87 numeral 6, previsto en la Ley Orgánica Especial como es prohibición de realizar actos de persecución u acoso contra la víctima por sí o por interpuestas personas. Me reservo el derecho de ampliar o modificar la presente acusación si en el transcurso del debate surgen nuevos elementos que así lo ameriten ello de conformidad con el artículo 341 del Código Orgánico Procesal Penal, solicito además, se mantengan las medidas de protección y seguridad que fuera impuesta en su oportunidad, se mantenga la medida privativa de libertad por no haber variado las circunstancias que dieron origen a su imposición y solicito copias. Es todo. Seguidamente el imputado fue impuesto del hecho imputado y del precepto constitucional previsto en el artículo 49 numeral 5º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quien manifestó: “SE DESEO ACLARAR”. La Defensa Técnica expone: “Considerando las actuaciones que rielan en el presente asunto e invocando el principio procesal de defensa el cual debe ser desvirtuado por la representación fiscal, debiendo general certeza en relación a los hechos imputado formalmente y considerando que para desvirtuar las contradicciones existentes en el caso particular debe agotarse el debate oral y público, solicito se decrete la apertura oral y público, invocando el principio de comunidad de la prueba, Es todo. Solicito copias simples.”
Oídas las exposiciones de las partes, revisadas las actuaciones que conforman la causa, este Tribunal de Violencia contra la Mujer en Funciones de Control N° 3, Audiencias y Medidas del Estado Lara Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, se pronunció en los siguientes términos:
De los elementos que hasta ahora obran en autos; esta juzgadora considera necesario indicar la inexistencia de violación o inobservancia de derechos y garantías fundamentales previstas en el Código Orgánico Procesal Penal; la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República.
PRIMERO: se ADMITE LA ACUSACION fiscal en contra de RAFAEL ANTONIO CASTILLO SUÁREZ, (..), por el delito imputado y calificado por la fiscalía AMENAZA AGRAVADA, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y POSESIÓN DE DROGAS, previsto y sancionado en el artículo 41 con el agravante del artículo 65 ordinal 3 de la Ley Orgánica Sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículo 218 del Código Penal y 153 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio de Adriana Nohemi Peralta Alvarado, así como los medios probatorios ofrecidos por la Fiscalía del Ministerio Público, por ser lícitos, necesarios y pertinentes; por cuanto se evidencia del escrito acusatorio y sus anexos tales como: Acta Policial N° 061-09-13, de fecha 07-09-2013, suscrita por Yaiker Alvarado, Omar Morillo, y Leonel Duque, funcionarios del Centro de Coordinación Policial de Jiménez, Denuncia de la víctima de autos, de fecha 05-09-2013 y rendida ante dicho cuerpo de investigaciones, , Experticia de Identificación Plena N° 9700-056-AT-1955-12, de fecha 08-09-13, practicada por Román Álvarez, funcionario adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Estado Lara, Sub delegación del Estado Lara, , Reconocimiento Técnico N° 9700-056-AT-1005-12, de fecha 08-09-13, practicada por María Marín, funcionario adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Estado Lara, Sub delegación del Estado Lara, Toxicológicas nº 9700-127-ATF-2464-13, , de fecha 07-10-2013, practicada por la Toxicólogo de Guardia Ana Torres y Julio Rodríguez, funcionarios adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Experticia Química y Botánica nº 9700-127-ATF-2466-13 y 9700-127-ATF-2465-13, de fecha 07-10-2013, suscrita por Julio Rodríguez y Ana Torres funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del Estado Lara, y demás actuaciones que constan en autos, se puede inferir que el imputado de autos en fecha 06-09-2013, presuntamente el imputado de autos la golpeó y amenazó a la víctima de autos.
Coincide quien juzga además, con el criterio fiscal en relación a la calificación jurídica dada a tales hechos en Audiencia Preliminar y estima que los mismos encuadran en el tipo penal señalado, es decir, el delito de AMENAZA AGRAVADA, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y POSESIÓN DE DROGAS, previsto y sancionado en el artículo 41 con el agravante del artículo 65 ordinal 3 de la Ley Orgánica Sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículo 218 del Código Penal y 153 de la Ley Orgánica de Drogas, y así se decide. En atención a las consideraciones anteriores y verificada la acusación presentada por la Representación Fiscal; esta juzgadora considera que la misma cumple con los extremos exigidos por el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 308, declarándose en consecuencia sin lugar los argumentos expuestos por la defensa, y así se decide
SEGUNDO: Se admiten por ser lícitas, necesarias y pertinentes y a los fines del juicio Oral y Público, las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, como único promovente; a tal efecto:
TESTIMONIALES
1. Testimonio de los ciudadanos Yaiker Alvarado, Omar Morillo, y Leonel Duque, funcionarios del Centro de Coordinación Policial de Jiménez, lícita, pertinente y necesaria su declaración por ser funcionarios actuantes en el presente asunto.
2. Testimonio de la ciudadana Adriana Nohemi Peralta Alvarado lícita, pertinente y necesaria su declaración por ser víctima en el presente asunto.
3. Testimonio de los expertos (as) Ana Torres y Julio Rodríguez, María Marín, todos adscrito al Departamento de Ciencias Forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Estado Lara, siendo lícita, necesaria y pertinente su declaración por cuanto practicaron experticias cuyas conclusiones son relevantes relacionados con los hechos objeto del presente procedimiento.
DOCUMENTALES
1. Reconocimiento Técnico N° 9700-056-AT-1005-12, de fecha 08-09-13, practicada por María Marín, funcionario adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Estado Lara, Sub delegación del Estado Lara, lícita, pertinente y necesaria su reproducción por cuanto su resultado es relevante en el presente asunto.
2. Toxicológicas nº 9700-127-ATF-2464-13, , de fecha 07-10-2013, practicada por la Toxicólogo de Guardia Ana Torres y Julio Rodríguez, funcionarios adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, lícita, pertinente y necesaria su reproducción por cuanto su resultado es relevante en el presente asunto.
3. Experticia Química y Botánica nº 9700-127-ATF-2466-13 y 9700-127-ATF-2465-13, de fecha 07-10-2013, suscrita por Julio Rodríguez y Ana Torres funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del Estado Lara, lícita, pertinente y necesaria su reproducción por cuanto su resultado es relevante en el presente asunto.
Una vez admitida la acusación y los medios probatorios, se impuso al acusado del Procedimiento Especial por Admisión de los Hechos previsto en el primer aparte del artículo 104 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, explicándoles detalladamente en que consistía siendo el mismo procedente en la presente causa, por cuanto dicho texto normativo adjetivo prevalece respecto de cualquier norma, tal como se desprende de la exposición de motivos de la ley especial al establecer su carácter orgánico y al señalar un procedimiento especial que preserva los principios de celeridad y no impunidad, así como la estructura del procedimiento especial ordinario limitando los lapsos; premisa desarrollada en el artículo 12 de dicha Ley Orgánica, con la finalidad de cubrir el objetivo de dicha ley (consagrado en el artículo 1º) que pretende erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad democrática, participativa, paritaria y protagónica; siendo en este punto conteste la Jurisprudencia del Máximo Tribunal Patrio en Sala Penal, desde el 11 julio 2012, sentencia nº 255, al considerar que los delitos de violencia contra la mujer constituyen una violación a los derechos humanos y de las libertades fundamentales, una ofensa a la dignidad humana; que trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión; en tal sentido dichos delitos son de carácter público y no admiten fórmulas alternativas de resolución de conflictos (conciliación, mediación) ni perdón del ofendido los cuales solo son posibles en materia de justicia penal ordinaria; manifestando igualmente el máximo Tribunal en Sala Constitucional desde 24 mayo de 2010, sentencia nº 486, que resulta un error que el operador de justicia juzgue la agresión contra mujer como una forma más de violencia común, ya que con ello estaría justiciando el uso de la violencia como algo lógico normal y exculpado a quien ejerce con el velo de la normalidad, no siendo aplicable por vía de supletoriedad (figura prevista en el artículo 64 ejusdem) la imposición de los medios alternativos a la prosecución del proceso (figuras netamente procesales, mas no derechos del imputado; pertenecientes al procedimiento ordinario) previstos en el Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto el artículo 104 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia indica en forma unívoca y clara que en este acto de audiencia preliminar el imputado podrá admitir los hechos; y siendo impuesto el ciudadano RAFAEL ANTONIO CASTILLO SUÁREZ, (..), de tal figura de admisión de los hechos, el mismo manifestó lo siguiente: “quiero irme a juicio y demostrar mi inocencia. Es Todo”
TERCERO: Una vez escuchada la declaración del acusado, se acuerda el enjuiciamiento oral y público del ciudadano RAFAEL ANTONIO CASTILLO SUÁREZ, (..), por la presunta comisión del delito de AMENAZA AGRAVADA, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y POSESIÓN DE DROGAS, previsto y sancionado en el artículo 41 con el agravante del artículo 65 ordinal 3 de la Ley Orgánica Sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículo 218 del Código Penal y 153 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio de Adriana Nohemi Peralta Alvarado.-
CUARTO: Se mantienen las Medidas de Protección y Seguridad a favor de la víctima impuestas a los acusados de autos, previstas en el numeral 5º Prohibición de acercarse a la víctima, y 6º Prohibición por si mismo de terceras personas, realice actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia.
QUINTO: Se mantiene la Medida Preventiva de la Privativa de Libertad impuesta los acusados de autos en su debida oportunidad prevista en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud que a juicio de esta juzgadora no han variado las circunstancias que motivaron la imposición de dicha medida en su debida oportunidad, y así se decide.
SEXTO: Líbrese los oficios respectivos
La parte dispositiva del presente auto fundado fue dictada en audiencia preliminar celebrada el día de hoy 19 de Noviembre de 2013 en presencia de todas las partes, quedando las mismas debidamente notificadas, Es todo, Regístrese, Publíquese y Cúmplase.
La Juez de Control Nº 03
El Secretario
Abg. Neddibell Giménez Jiménez
ASUNTO PRINCIPAL: KP01-S-2013-4602