REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL
Exp. Nº KP02-N-2013-000131
En fecha 23 de abril de 2013, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos No Penal de Barquisimeto, escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana Gladys Linares, titular de la cédula de identidad Nº 4.409.173, asistida por el abogado Alí Humberto Escalona, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 150.769; contra el acto administrativo contenido en el Acuerdo Nº CM-455-11 y corrección en acuerdo Nº CM-150-12 de fecha 30 de mayo de 2012, sesión Nº 45, emanado del CONCEJO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA.
En fecha 25 de abril de 2013, se recibió en este Juzgado el mencionado escrito.
En fecha 09 de mayo de 2013, se dictó un auto admitiendo la demanda de nulidad interpuesta, ordenando en consecuencia librar las citaciones y notificaciones correspondientes, así como el cartel de emplazamiento.
En fecha 27 de mayo de 2013, se dejó constancia de haberse librado las citaciones y notificaciones ordenadas en el auto de admisión dictado, cuyas resultas fueron agregadas, la última de ellas, el 02 de octubre de 2013.
En fecha 07 de octubre de 2013, se dejó constancia de haberse librado el cartel de emplazamiento a los interesados, de conformidad con el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Seguidamente, el día 14 de noviembre de 2013, se recibió escrito de opinión fiscal.
Finalmente, este Órgano Jurisdiccional observa lo siguiente:
I
DE LA DEMANDA DE NULIDAD
Mediante escrito consignado en fecha 23 de abril de 2013, la parte actora alegó como fundamento de su demanda de nulidad interpuesta, las consideraciones de hecho y de derecho señaladas a continuación:
Que en el año 2012, el Concejo Municipal de Iribarren, en sesión ordinaria acordó la venta del inmueble matriculado con el Nº 363.11.2.7.3237.
Que con la intención de beneficiar al comprador, el Concejo Municipal de Iribarren “ha vulnerado el derecho de propiedad de [su} Madre sobre {la} parcela que lleva poseyendo por mas de DIEZ AÑOS tal como consta en título supletorio por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Transito de la Circunscripción Judicial del estado Lara en fecha 14 de Marzo de 2.000 (…)” .
Que “(…) el comprador no cumple con los requisitos exigidos (…) está demostrado que la posesión le pertenece a {su} madre (…) y que los derechos que se deriven de la misma le corresponden a ella.”
Que “(…) el acto es ilegal porque los actos de venta de ejidos está regulado en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, siendo revocables aquellos contratos de venta que no cumplen con las condiciones que afecta la venta (…)”
Por último, fundamenta su pretensión conforme lo dispuesto en el artículo 79 de la ordenanza Municipal sobre Ejidos y Terrenos de Propiedad Municipal, en concordancia con la Ordenanza 1177.
II
DE LA OPINIÓN FISCAL
Mediante escrito de fecha 14 de noviembre de 2013, el Fiscal Duodécimo Suplente Especial (E) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, solicitó se declarase el desistimiento del procedimiento bajo el siguiente fundamento:
“Esta representación del Ministerio Público, a los fines de emitir opinión en la presente causa, antes de proceder a abordar los alegatos del demandante estima necesario hacer las siguientes consideraciones: Como punto previo, habiéndose realizado la revisión de la presente causa, se observa que al (folio 41) cursa auto del tribunal de fecha 07/10/13, el cual libra cartel de emplazamiento, ordenado en el auto de admisión de fecha 09/05/13 conforme al articulo 80 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Evidenciándose que el demandante no retiró oportunamente el cartel (lo cual correspondía a tres (03) días de despacho siguientes a su emisión), para su debida publicación y consignación, incumpliendo con esta carga procesal, dando lugar a que se produzca el desistimiento de la demanda y se ordene el archivo del expediente conforme al articulo 81 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
CONCLUSIÓN
Por todo lo antes expuesto, esta representación del Ministerio Público como garante de la legalidad solicita se declare el desistimiento del procedimiento de conformidad con el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (...)”.
III
DE LA COMPETENCIA
Primeramente, debe este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente causa.
Mediante Gaceta Oficial Nº 39.447 de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en fecha 16 de junio de 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, concebida un como cuerpo normativo destinado a regular la organización, funcionamiento y competencia de los Tribunales que integran dicha Jurisdicción.
Así, de dicho texto normativo se observa que en el caso de los Juzgados Superiores -artículo 25 numeral 3-, se determinó entre sus competencias, la siguiente:
“Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción...”.
Por lo tanto, al constatarse de autos que el demandante dirige en esencia su pretensión anulatoria contra el Municipio Iribarren del Estado Lara, y al no estar atribuido su conocimiento a otro Tribunal, se estima que se encuentran configurados los supuestos de procedencia para que este Tribunal Superior entre a conocer y decidir la presente causa, y así se decide.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Realizada precedentemente una breve síntesis conforme a la cual se ha venido desarrollando hasta la presente fecha el iter procedimental en el caso de autos, es menester para este Juzgado señalar que en todas las acciones, recursos y solicitudes que interpongan los particulares para activar al Órgano Jurisdiccional, existen actuaciones que necesaria y obligatoriamente deben ser instadas a solicitud de la parte interesada por ser éstas una carga procesal que les impone la propia legislación y ante las cuales el Tribunal de que se trate está impedido a actuar de oficio para dar impulso a la causa, en el entendido de que el incumplimiento de tales obligaciones por parte de los interesados acarreará consecuencias jurídicas negativas que operarán de pleno derecho y deberán ser advertidas y declaradas por el Órgano Jurisdiccional ante la actitud pasiva de aquél durante los lapsos de que dispone para la materialización de sus obligaciones procesales durante la sustanciación del procedimiento.
En este sentido, cabe resaltar que para el caso en concreto una vez librado el correspondiente cartel de emplazamiento a los interesados, deviene una carga procesal para la parte demandante en proceder a retirar el mismo para su debida publicación y posterior consignación en autos dentro de los lapsos establecidos para tal fin, por lo que según fuera señalado supra, tal omisión o inactividad implica una consecuencia jurídica que opera contra la parte no diligente en el cumplimiento de tal obligación.
En efecto, de la revisión de las actas procesales en la presente causa tenemos que desde la fecha en que se dejó constancia de haberse librado el correspondiente cartel de emplazamiento, la parte interesada no materializó ninguna actuación procesal para la consecución del procedimiento, es decir, la parte demandante no cumplió con la obligación de retirar el respectivo cartel de emplazamiento para proceder a su publicación y consignación en autos, para así dar cabal cumplimiento a la fase de poner en conocimiento a aquellos posibles interesados sobre la interposición de su pretensión.
Ahora bien, respecto a esta fase del procedimiento y específicamente a la forma y lapsos en que deberá materializarse todo lo relativo al cartel de emplazamiento -retirar, publicar y consignar- el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece lo siguiente:
“El demandante deberá retirar el cartel de emplazamiento dentro de los tres días de despacho siguientes a su emisión, lo publicará y consignará la publicación, dentro de los ocho días de despacho siguientes a su retiro.
El incumplimiento de las cargas antes previstas, dará lugar a que el tribunal declare el desistimiento del recurso y ordene el archivo del expediente, salvo que dentro del lapso indiciado algún interesados se diera por notificado y consignara su publicación.”. (Resaltado del Tribunal).
Conforme al anterior disposición, una vez expedido el cartel de emplazamiento la parte interesada dispondrá de un lapso de tres (3) días de despacho siguientes para proceder a su retiro, y posteriormente deberá publicarlo para luego consignar en el expediente el ejemplar que se haga en prensa, para lo cual dispondrá de un lapso de ocho (8) días de despacho siguientes; por lo tanto, la omisión a dicha carga procesal dentro de los lapsos previamente descritos, producirá el desistimiento de la demanda interpuesta y el consecuente archivo del expediente.
Dicha norma está dirigida al Juez, quien en acatamiento de la Ley deberá ser garante de su fiel cumplimento, pues de lo contrario estaría continuado con el curso de un procedimiento en contra de los supuestos legales, lo cual no puede entenderse como una negación a la tutela judicial efectiva invocada por los justiciables ni a la correspondiente protección jurídica, ya que la cuestión procesal consiste en exigir el cumplimiento y agotamiento de todas y cada una de las cargas procesales que la Ley impone a las partes, dentro de los lapsos procesales previstos para tal fin.
Ahora bien, en el caso de marras se observa que desde el 07 de octubre de de 2013, exclusive, fecha en la cual se expidió el cartel de emplazamiento por este Tribunal, hasta la presente fecha, inclusive, han transcurrido treinta y cinco (35) días de despacho -08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 30 y 31 de octubre de 2013 y 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 y 29 de noviembre de 2013-; sin que se haya retirado el cartel librado.
Por lo tanto, habiéndose constatado en el caso de autos que el cartel de emplazamiento fue oportunamente librado por este Juzgado Superior, y que la parte demandante no cumplió con la obligación que le imponía el auto de admisión y el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa respecto a la carga procesal de retirar, publicar y consignar el referido cartel, específicamente la de su retiro para la posterior publicación en prensa dentro del lapso previsto para ello; es por lo que, siendo librado el mismo en fecha 07 de octubre de 2013, se observa que transcurrieron con creces los tres (03) días de despacho siguientes con los que disponía para su retiro.
En consecuencia, en el caso que se examina resulta forzoso para este Tribunal Superior, declarar desistida la presente demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta, y ordenar oportunamente el archivo del expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y así se decide.
V
DECISIÓN
En mérito de las anteriores consideraciones este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: Su COMPETENCIA para conocer y decidir el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana Gladys Linares, titular de la cédula de identidad Nº 4.409.173, contra el acto administrativo contenido en el Acuerdo Nº CM-455-11 y corrección en acuerdo Nº CM-150-12 de fecha 30 de mayo de 2012, sesión Nº 45, emanado del CONCEJO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA.
SEGUNDO: DESISTIDO el procedimiento, de conformidad con el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
TERCERO: Se ordena el archivo oportuno del presente asunto.
Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de dos mil trece (2013). Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
La Jueza,
Marilyn Quiñónez Bastidas
La Secretaria,
Sarah Franco Castellanos
Publicada en su fecha a las 10:30 a.m.
La Secretaria,
sf
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