TSJ Regiones - Decisión

JUEZ PONENTE: ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA
EXPEDIENTE N° AP42-G-2012-000616
En fecha 23 de mayo de 2012, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, escrito contentivo de la demanda de nulidad interpuesta por el abogado Miguel Ángel Basile, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 145.989, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A., constituida originalmente bajo la denominación social C.A. PRO-MESA, mediante documento inscrito el 14 de mayo de 1964 por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del distrito Federal y del estado Miranda, el cual quedó anotado bajo el Nº 127, Tomo 10-A-Pro, contra la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) Nº 2263964, emitida por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), únicamente con respecto a la tasa de cambio aplicada a dicha operación.
El 8 de junio de 2012, se dio cuenta a la Jueza del Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.
En fecha 15 de junio de 2012, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte dictó auto para mejor proveer, mediante el cual, previo a resolver acerca de la competencia y admisibilidad de la presente demanda, ordenó requerirle a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), el expediente administrativo del presente caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, concediéndosele un lapso de diez (10) días de despacho para la remisión de los mismos, contados a partir del día siguiente a la constancia en autos de la notificación del oficio que se ordenó librar. Asimismo, estimó pertinente solicitar a los apoderados judiciales de la sociedad mercantil demandante, la consignación de cualquier documento que tuviera relación con la solicitud efectuada a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), para lo cual se le concedió un lapso de tres (3) días de despacho, contados a partir del día de despacho siguiente a la publicación del referido auto, ello conforme a lo establecido en los artículos 36 y 39 eiusdem, con la advertencia que una vez transcurridos los tres (3) días de despacho otorgados a la parte demandante y los diez (10) de despacho conferidos a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), el Juzgado de Sustanciación de esta Corte analizaría la competencia y las causales de inadmisibilidad con los documentos y soportes que cursen en autos, teniendo para ello tres (3) días de despacho siguientes, a tenor de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En fecha 22 de junio de 2012, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes de lo Contencioso Administrativo de Caracas, del abogado Carlos Briceño, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 107.967, actuando con el carácter de apoderado judicial de Alimentos Polar Comercial C.A., diligencia de consideraciones con respecto al auto para mejor proveer de fecha 15 de junio de 2012.
El 26 de julio de 2012, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte, consignó Oficio de notificación dirigido al ciudadano Manuel Barroso, Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), el cual fue recibido por el asistente de correspondencia de ese Ente, el ciudadano José Pérez en fecha 18 de julio de 2012.
En fecha 14 de agosto de 2012, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes de lo Contencioso Administrativo de Caracas, se recibió del abogado Alfredo Montaña, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 145.496, actuando con el carácter de representante de la República Bolivariana de Venezuela, por órgano de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), diligencia mediante la cual consignó copia de documento poder que acredita su representación y solicitó prórroga de diez (10) días de despacho para la consignación de los antecedentes administrativos.
El 14 de agosto de 2012, vista la solicitud del abogado Alfredo Montaña, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte, otorgó una prórroga de cinco (5) días de despacho para la consignación del referido expediente administrativo relacionado con la presente causa, asimismo, se ordenó agregar a autos el poder que acredita la representación del abogado Alfredo Montaña.
En fecha 26 de septiembre de 2012, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes de lo Contencioso Administrativo de Caracas, se recibió de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), Oficio Nº PRE-VPAI-CJ-101603, contentivo de los antecedentes administrativos requeridos.
El 27 de septiembre de 2012, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte, visto el Oficio Nº PRE-VPAI-CJ-101603, ordenó agregarlos a autos y abrir pieza separada con sus anexos.
Mediante decisión del 2 de octubre de 2012, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte, declaró competente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo para conocer la presente demanda de nulidad, admitió la misma y ordenó notificar, a los ciudadanos Fiscal General de la República, Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, Presidente del Banco Central de Venezuela y Procuradora General de la República; asimismo ordenó remitir el expediente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, una vez que constararan en autos las notificaciones ordenadas, a fin de fijar la oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
El 22 de octubre de 2012, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte, consignó Oficio de notificación dirigido al ciudadano Manuel Barroso, Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), el cual fue recibido el 19 de octubre de 2012.
El 25 de octubre de 2012, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte, consignó Oficio de notificación dirigido a la ciudadana Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, el cual fue recibido el 19 de octubre de 2012, por la ciudadana Carmen Mercado, receptora en la Dirección en lo Constitucional y Administrativo.
El 30 de octubre de 2012, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte, consignó Oficios de notificaciones dirigidos al ciudadano Nelson Merentes, Presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) y al ciudadano Jorge Giordani, Ministro del Poder Popular para la Planificación y Finanzas, los cuales fueron recibidos el 22 de octubre de 2012 y el 23 de octubre de 2012, respectivamente.
El 18 de febrero de 2013, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de este Tribunal Colegiado, consignó Oficio de notificación dirigido a la ciudadana Cilia Flores, Procuradora General de la República, el cual fue debidamente firmado y sellado el 30 de enero de 2013, por la prenombrada ciudadana.
En fecha 5 de marzo de 2013, Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional a los fines de verificar el vencimiento del lapso establecido en el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de la Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se ordenó realizar el cómputo por Secretaría de los días de despacho transcurridos desde la fecha de la consignación de la notificación de la ciudadana Procuradora General de la República hasta esa fecha.
En esa misma oportunidad se realizó dicho cómputo, y se certificó el transcurso de 9 días de despacho, correspondientes a los días 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de febrero y los días 4 y 5 de marzo de 2013. Así pues, visto el cumplimiento de las notificaciones ordenadas en fecha 2 de octubre de 2012, se dejó constancia de que comenzó a transcurrir en esa fecha el lapso de tres (3) días de despacho para que las partes ejercieran su derecho de apelación, a tenor del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
El 13 de marzo de 2013, a los fines de verificar si transcurrió el lapso establecido para ejercer el recurso de apelación, de conformidad con lo acordado en el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte en fecha 5 de marzo de ese mismo año, se ordenó practicar el cómputo de los días de despacho transcurridos desde la referida fecha.
En esa misma oportunidad, se realizó dicho cómputo evidenciado el transcurso de cuatro (4) días de despacho, los cuales corresponden a los días 5, 11, 12 y 13 de marzo de 2013. Ello así, visto que las partes se encontraban a derecho en la presente causa y que no ejercieron recurso alguno, se ordenó la remisión del presente expediente a esta Corte, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, siendo recibido el 14 de marzo de 2013.
Mediante auto de fecha 20 de marzo de 2013, se dejó constancia de la reconstitución de este Tribunal Colegiado, el cual quedó conformado de la siguiente manera: Alejandro Soto Villasmil, Presidente; Gustavo Valero Rodríguez, Vicepresidente y; Alexis José Crespo Daza, Juez, en consecuencia; esta Corte se abocó al conocimiento de la causa en el estado en que se encontraba. Asimismo, se designó ponente al Juez Alexis José Crespo Daza, y se fijó para la fecha del 17 de abril de ese mismo año la celebración de la audiencia de juicio en la presente causa, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Mediante auto de fecha 16 de abril, se difirió la audiencia de juicio de la presente causa para el día 15 de mayo de 2013.
El 15 de mayo de 2013, se celebró la audiencia de juicio de conformidad con el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se dejó constancia de la comparecencia del abogado Carlos Briceño y por la parte demandante, la abogada Rocío Otalora, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 124.611, por la parte demandada: Asimismo, se dejó constancia de la comparecencia de la abogada Sorsire Fonseca, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 66.228, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico con competencia ante estas Cortes de lo Contencioso Administrativo. Igualmente, se dejó constancia que la representación judicial de la parte demandada consignó, escrito de consideraciones, así como también escrito poder que acredita su representación, los cuales se ordenaron agregar a los autos del presente expediente.
En esa misma oportunidad, de acuerdo a lo previsto en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se abrió el lapso de cinco (5) días de despacho para que las partes presenten los informes respectivos.
En fecha 21 de mayo de 2013, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de la abogada Sorsire Fonseca, actuando en su carácter de Fiscal Provisorio Tercera del Ministerio Público, escrito contentivo de la opinión del organismo que representa.
En esa misma oportunidad, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, de la abogada María Paradisi, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 137.672, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil Alimentos Polar Comercial, escrito de informes.
El 27 de mayo de 2013, vencido como se encontraba el lapso fijado en el auto de fecha 15 de mayo de 2013, dictado por esta Corte, se ordenó pasar el presente expediente al Juez Ponente Alexis José Crespo Daza, a los fines de que dictara decisión correspondiente, de conformidad a lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
El 3 de junio de 2013, se pasó el presente expediente al Juez ponente.
Revisadas las actas procesales que conforman el expediente, esta Corte pasa a decidir lo conducente en el presente asunto, previo las siguientes consideraciones:
I
DE LA DEMANDA DE NULIDAD INTERPUESTA
En fecha 23 de mayo de 2012, la representación judicial de la sociedad mercantil Cervecería Polar, C.A., interpuso demanda de nulidad contra la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), con base en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
Indicó, que “El propósito de la (…) demanda es la declaratoria de nulidad parcial del ACTO RECURRIDO PARCIALMENTE dictado por CADIVI y mediante el cual aplicó la tasa de cambio de cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 4,30) por dólar de los Estados Unidos de América (USD), aún cuando la tasa aplicable correspondiente era de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por USD, de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2 del CONVENIO CAMBIARIO Nº 15, por tratarse de importaciones para el sector alimentos (…)”.(Mayúsculas del texto.)
Manifestó, que “(…) CADIVI consideró que los bienes importados en el caso de marras por nuestra representada no se encontraban amparados dentro del supuesto previsto en el citado literal a) del artículo 2 del referido CONVENIO CAMBIARIO Nº 15, relativo a las importaciones para el sector alimentos, cuando lo cierto es que dichos bienes reúnen las condiciones y requisitos establecidos en esa norma para que las divisas correspondientes a su importación sean liquidadas a la tasa de cambio de Bs. 2,60 por USD, por estar destinadas precisamente para importaciones correspondientes a dicho sector de alimentos y estar expresamente acreditada nuestra representada para importar bienes para este último ante CADIVI como tal y estar los bienes correspondientes a los trámites sobre los cuales se refiere el ACTO RECURRIDO PARCIALMENTE precisamente destinados al mismo”. (Mayúsculas del texto.)
Indicó que “(…) que los productos alimenticios elaborados por nuestra representada son considerados alimentos, por lo cual APC forma parte del sector productivo nacional vinculado a los alimentos, se observa que las actividades productivas e industriales de ésta abarcan diversos procesos entre los cuales figuran la producción, distribución y venta de diversos productos alimenticios”.
Agregó, que “(…) el sector económico en el cual nuestra representada realiza su actividad económica y para el cual realizaría sus solicitudes de divisas es para el ‘SECTOR ALIMENTOS’”. (Negrillas, mayúsculas y subrayado del texto).
Expuso que la “(…) liquidación de divisas, en principio, se realiza según la tasa de cambio vigente para el momento de la operación, así, en la actualidad, según el CONVENIO CAMBIARIO Nº 14, el tipo de cambio previsto para estas operaciones es de Bs. 4.30 USD. No obstante, observamos que el CONVENIO CAMBIARIO Nº 15 estableció excepcionalmente el tipo de cambio de Bs. 2,60 por USD para determinadas operaciones, con el objeto de evitar que el aumento de la tasa de cambio efectuado por el CONVENIO CAMBIARIO Nº14 impactará negativamente en determinados sectores considerados estratégicos por el Ejecutivo Nacional”. (Negrillas y subrayado del texto.)
Indicó, que era forzoso concluir “(…) que la tasa de Bs. 2,60 USD aplica expresamente para las importaciones para el sector de alimentos que hubiesen obtenido un AAD antes del 31 de diciembre de 2010, supuesto en el cual se encontraba nuestra representada respecto a las importaciones en el ACTO RECURRIDO PARCIALMENTE”. (Mayúsculas del texto).
Denunció el vicio de falso supuesto de hecho, indicando que “(…) la obtención de divisas para importaciones al país se somete a un régimen cambiario basado en la restricción de la posibilidad de cambiar divisas en bolívares y viceversa. Así, según el CONVENIO CAMBIARIO Nº 14, el tipo de cambio utilizado en la actualidad es de Bs. 4,30 por USD, no obstante, excepcionalmente el CONVENIO CAMBIARIO Nro. 15 contempla el derecho de acceder al tipo de Bs. 2,60 por USD bajo determinados casos, como lo son las importaciones para los sectores de alimentos que hubieren obtenido la AAD antes de 31 de diciembre de 2010 y que no posean código de autorización de liquidación de divisas antes de la indicada fecha”. (Mayúsculas del texto).
Agregó, que “(…) a pesar de que nuestra representada reunió las condiciones y requisitos establecidos en esa norma para que las divisas correspondientes a la importación de bienes indispensable para la fabricación de los alimentos que produce fuesen liquidadas a Bs. 2,60 por USD, CADIVI aplicó una tasa de cambio mayor a aquella que correspondía a los productos importados, al utilizar la tasa de Bs. 4,30 por USD, lo cual, en definitiva, dio como resultado que el monto pagado por nuestra representada fuese superior al que le era aplicable, en detrimento de su derecho legítimamente adquirido”.
Señaló, que “(…) a pesar de que nuestra representada tiene derecho a la tasa de cambio de Bs. 2,60 por USD prevista en el literal a) del artículo 2 del CONVENIO CAMBIARIO NRO 15, dado que los bienes importados se encontraban claramente destinados al sector alimentos y su AAD fue emitida por CADIVI antes de 31 de diciembre de 2010, CADIVI no reparó en esta especial circunstancia, la cual era expresamente de su conocimiento por vía del RUSAD, y liquidó las divisas al tipo de cambio de Bs. 4,30 por USD contenida en el CONVENIO CAMBIARIO NRO. 14, existiendo así una diferencia en el monto liquidado (…)”. (Mayúsculas del original).
En cuanto al delatado vicio de falso supuesto de derecho, indicó que “(…) conforme a lo establecido en el literal a) del artículo 2 del CONVENIO CAMBIARIO NRO. 15, para que determinadas operaciones sean liquidadas con el tipo de cambio de Bs. 2,60 por USD, se requiere que se presenten de manera concurrente dos circunstancias específicas, a saber: (i) que la empresa cuente con un AAD emitido por CADIVI antes de 31 de diciembre de 2010 para esa importación; y (ii) que el objeto de importación se vincule al sector alimentos, sin que CADIVI pueda alterar la interpretación de este supuesto alegando que sólo se debe entender referida a los bienes que sean importados bajo los códigos arancelarios que se corresponden a alimentos, pues ni fue lo establecido expresamente en el literal a) del artículo 2 del CONVENIO CAMBIARIO Nº 15, ni obviamente fue la intención de los emisores de dicha norma”. (Mayúsculas del texto.)
Precisó en este contexto que “(…) (i) los bienes importados por nuestra representada son utilizados única y exclusivamente para la producción y comercialización de productos que son catalogados como alimentos, y (ii) su AAD fue obtenida por la empresa con anterioridad al 01 de enero de 2011. Por tanto, se aprecia que la Administración cambiaria debió aplicar la excepción prevista en el literal a) del artículo 2 del CONVENIO CAMBIARIO NRO.15 y liquidar la ALD referida en el ACTO RECURRIDO PARCIALMENTE al tipo de cambio de Bs. 2,60 por USD”. (Mayúsculas del texto.)
Que no obstante a lo expuesto “(…) CADIVI aplicó al caso en concreto el tipo de cambio previsto en el CONVENIO CAMBIARIO NRO. 14, el cual establece una tasa de Bs, 4,30 por USD. De esa manera, esa comisión incurrió en una errónea aplicación del Derecho, puesto que fundamenta su decisión en una norma que no es aplicable al caso concreto, evidenciando con ello un vicio en el elemento causa del ACTO RECURRIDO PARCIALMENTE, por lo que respecta a la tasa de cambio aplicada a dicha operación, y de manera más concreta un vicio de falso supuesto de Derecho que conlleva a que el mismo deba ser anulado parcialmente en los términos explicados, de conformidad con lo establecido en el artículo 19, numeral 4 de la LOPA (…)”. (Mayúsculas del texto.)
Finalmente, solicitó la representación judicial de la parte demandante que, se declare con lugar la demanda de nulidad parcial incoada ordenándose el “(…) reintegro de la cantidad de Bs. 42.843,28,, que corresponden al diferencial pagado en exceso por APC respecto de la liquidación de las divisas correspondientes a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS número 13721308”, y que se “ORDENE LA INDEXACIÓN de los montos demandados conforme al índice de Precios al Consumidor (‘IPC’) vigente para el momento en que esta Corte proceda a dictar sentencia definitiva en la presente causa y esta quede definitivamente firme (…)”.(Mayúsculas del texto.)
II
DEL ESCRITO DE CONSIDERACIONES PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDADA
En fecha 15 de mayo de 2013, la representación judicial de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), consignó escrito de consideraciones en la presente causa, en el cual niega, rechaza y contradice los vicios alegados, exponiendo lo siguiente:
Alegó, que “el convenio cambiario Nº 1 “(…) establece en su artículo 6 que para las operaciones indicadas en ese convenio, el Banco Central de Venezuela fijará de común acuerdo con el Ejecutivo Nacional el tipo de cambio para la compra y venta de divisas, y lo ajustarán cuando lo consideren conveniente, mediante convenios especiales”. (Negrillas del texto).
Indicó, que “(…) será competencia conjunta del Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela, establecer el tipo de cambio para la compra y venta de divisas, lo cual se materializó por última vez en el Convenio Cambiario 14, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.584 de fecha 30 de diciembre de 2010, y suscrito por el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela, donde fijaron el tipo de cambio para la compra en Bs. 4.2893, y para la venta en Bs 4.30 por dólar de los Estados Unidos de América”.
Refirió, que “(…) la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) en uso de sus atribuciones para mejor administración de las divisas, y teniendo en consideración las políticas económicas que dicta el Ejecutivo Nacional, aplica una sectorización de los códigos arancelarios y los enmarca dentro de los Sectores Económicos a los cuales pertenece, sin importar la actividad económica que realiza el importador, ello con ocasión a que la excepción establecida en el Convenio Cambiario 15, referida al régimen de transitoriedad para la liquidación y adquisición de divisas en atención a la nueva fijación del tipo cambiario, toma en cuenta la mercancía objeto de importación, y no a la actividad económica del usuario (…)”.(Negrillas del texto).
Sostuvo que, de lo expuesto anteriormente “(…) en el presente caso se pudo determinar que los bienes a importar no se corresponden con los conceptos establecidos en el literal ‘a’ del artículo 2 del Convenio Cambiario 15 (sector alimentos), ya que su naturaleza está sujeta a la clasificación y descripción arancelaria del mismo, tipificada en el Arancel de Aduanas de Venezuela, es decir, la mercancía señalada a importar en la solicitud Nº 13763094, que se describe bajo el código arancelario Nº 3920.49.00 antes mencionado, fue enmarcada bajo el Sector Económico denominado -PLASTICOS (sic) Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS, tal como incluso se puede desprender de la ubicación en el Arancel de Aduanas de Venezuela arriba explicada, del código arancelario señalado, a importar por el usuario hoy demandante (…)”. (Negrillas y mayúsculas del original).
Observó, que “(…) el ya mencionado Convenio Cambiario 1 de fecha 05 de febrero de 2003 (…) es claro en establecer en sus artículos 7 y 8, que el régimen de venta de las divisas a los administrados, no se constituye como una obligación del Estado, sino que el mismo dependerá de la disponibilidad de las divisas tomando en consideración ‘(…) las condiciones monetarias, crediticias y cambiarias, relacionadas con la estabilidad de la moneda y al desarrollo ordenado en la economía, así como los niveles de las reservas internacionales”.
Expuso, que “(…) al estar en presencia de un sistema de régimen cambiario el cual restringe por imperio del Estado la libre comercialización de las divisas extranjeras, impone una serie de obligaciones a los administrados y deja una amplia discrecionalidad a la Administración al momento de la venta de divisas, y que por tanto no puede ser vista como una relación obligacional entre dos partes, donde existe un sujeto activo o acreedor y un sujeto pasivo o deudor de divisas, mal podría solicitar la representación judicial de la sociedad mercantil demandante la indexación ‘de los montos demandados’, toda vez que dicho mecanismo de corrección monetaria, como ya se dijo sólo es aplicable a las obligaciones dinerarias (…)”.
Finalmente, solicitó que “(…) se declare sin lugar la demanda contencioso administrativo de nulidad interpuesta por la sociedad mercantil Alimentos Polar Comercial C.A., (…)”.

III
DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
En fecha 21 de mayo de 2013, la abogada Sorsire Fonseca, antes identificada, actuando con el carácter de representante del Ministerio Público, consignó escrito de opinión del Ministerio Público, en los siguientes términos:
Indicó que “(…) la Comisión de Administración de divisas arguye ‘…que en uso de sus atribuciones legales y teniendo en consideración las políticas económicas que dicta el Ejecutivo Nacional, aplica una sectorización de los códigos arancelarios, y los enmarca dentro de los Sectores Económicos a los cuales pertenece, sin importar la actividad económica que realiza el importador, ello con ocasión la excepción establecida en el Convenio Cambiario 15, referida al régimen de transitoriedad para la liquidación y adquisición de divisas en atención a la nueva fijación del tipo cambiario, tomando en cuenta la mercancía objeto de importación, y no la actividad económica del usuario”.
Manifestó, que “CADIVI, como órgano llamado a coordinar, administrar, controlar y establecer requisitos, procedimientos y restricciones que requiere la ejecución de los convenios cambiarios, determinó que en el presente caso, los bienes a importar no se corresponden con los conceptos establecidos en el referido literal ‘a’ del artículo 2 del Convenio Cambiario 15, ya que su naturaleza está sujeta a la clasificación y descripción de los mismos tipificada en el Arancel de Aduanas de Venezuela, que clasifica a los bienes objeto de importación dentro de la categoría de ‘PLASTICOS (sic) Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS’, de allí que deba aplicarse el contenido del Convenio Cambiario 14 (…) mediante el cual se fija el tipo de cambio en 4,30 por dólar de los Estados Unidos de América”. (Mayúsculas del original).
Insistió, que “(…) de las actas procesales se observa que la mercancía a importar se describe bajo el código arancelario Nº 84.584, enmarcada bajo el sector económico denominado ‘PLASTICOS (sic) Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS’, de allí que no le sea aplicable el régimen excepcional establecido en el convenio cambiario Nº 15, el cual establece el régimen de transitoriedad para la liquidación y adquisición de divisas, tomando en cuenta la mercancía objeto de la importación y no la actividad económica del usuario”. (Mayúsculas del original).
Arguyó, que “(…) visto que en el caso de autos, la mercancía a importar no está referida a ‘ALIMENTOS’, sino a ‘PLASTICOS (sic) Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS’ (…) estima el Ministerio Público que la administración no incurrió en error alguno al autorizar la liquidación de la mercancía al tipo de cambio de 4,30 USD, aplicando el Convenio Cambiario Nº 14, vigente para la época”. (Mayúsculas del original).
Vistas las consideraciones expuestas, el Ministerio Público desestimó el alegato interpuesto por la parte recurrente, asimismo consideró que el presente recurso de nulidad debía ser declarado sin lugar.
IV
DEL ESCRITO DE INFORMES DE LA PARTE RECURRENTE
En fecha 21 de mayo de 2013, la abogada María Paradisi, antes identificada, actuando con el carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil Cervecería Polar, C.A., consignó escrito de informes, en el cual reiteró en su totalidad los alegatos esgrimidos en el escrito libelar.

V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Declarada como ha sido la competencia de este Tribunal Colegiado para conocer la presente demanda de nulidad mediante decisión dictada por el Juzgado de Sustanciación en fecha 2 de octubre de 2012, pasa de seguidas esta Corte a estudiar la misma, en los términos siguientes:
Ello así, aprecia este Órgano Jurisdiccional que la demanda de nulidad interpuesta por la Representación Judicial de la Sociedad Mercantil Alimentos Polar Comercial C.A., busca enervar parcialmente los efectos de la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) Nº 2263964, emitida por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), mediante la cual, la aludida Comisión aplicó la tasa de cambio de cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 4,30) por dólar de los Estados Unidos de América (USD), aún cuando, bajo los dichos de la parte recurrente, la tasa aplicable correspondiente era de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar americano, de conformidad con lo dispuesto en el literal “a” del artículo 2 del Convenio Cambiario Nº 15.
En ese sentido, se observa que la representación judicial de la parte demandante, indicó en su escrito libelar, que el acto impugnado se encuentra viciado de falso supuesto de hecho, por cuanto “(…) a pesar de que nuestra representada tiene derecho a la tasa de cambio de Bs. 2,60 por USD prevista en el literal a) del artículo 2 del CONVENIO CAMBIARIO NRO. 15, dado que los bienes importados se encontraban claramente destinados al sector alimentos y su AAD fue emitida por CADIVI antes de 31 de diciembre de 2010, CADIVI no reparó en esta especial circunstancia, la cual era expresamente de su conocimiento por vía del RUSAD, y liquidó las divisas al tipo de cambio de Bs. 4,30 por USD contenida en el CONVENIO CAMBIARIO NRO.14 (…)”.
En el mismo orden de ideas, señaló que el acto administrativo cuya nulidad persiguen, incurre en el vicio de falso supuesto de derecho, ya que “(…) CADIVI aplicó al caso en concreto el tipo de cambio previsto en el CONVENIO CAMBIARIO NRO. 14, el cual establece una tasa de Bs. 4,30 por USD. De esa manera, esa comisión incurrió en una errónea aplicación del Derecho, puesto que fundamenta su decisión en una norma que no es aplicable al caso concreto, evidenciando con ello un vicio en el elemento causa del ACTO RECURRIDO PARCIALMENTE, por lo que respecta a la tasa de cambio aplicada a dicha operación, y de manera más concreta un vicio de falso supuesto de Derecho (…)”.
En atención a los vicios señalados en los acápites precedentes, solicitó la indexación de los montos demandados, los cuales resultan de la diferencia existente entre la tasa que bajo sus dichos correspondía, y la aplicada por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
Visto lo anterior y, delimitado como ha sido el ámbito subjetivo de la presente controversia, pasa de seguidas este Tribunal Colegiado a realizar el análisis correspondiente, iniciando por el primero de los vicios delatados, a decir, el falso supuesto de hecho, en los términos siguientes:
i) Del falso supuesto de hecho.
Expuso la representación judicial de la sociedad mercantil Alimentos Polar Comercial C.A., que su representada obtuvo la Autorización para la Adquisición de Divisas (AAD) antes del 31 de diciembre de 2010, sin embargo, la liquidación correspondiente fue efectuada con una tasa de cambio mayor a aquella que correspondía a los bienes objeto de importación, por tal razón, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) incurrió en un error al momento de hacer efectiva el dispendio de las divisas en cuestión, ya que, en vez de aplicar el tipo de cambio de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar americano, contemplado en el Convenio Cambiario Nº 15, utilizó la tasa de cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 4,30) prevista en el Convenio Cambiario Nº 14, a pesar de que a su decir, los aludidos bienes se encontraban destinados al sector de alimentos.
Indicaron, que el aludido Convenio Cambiario Nº 15 establece el derecho a acceder al tipo de cambio de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar americano bajo determinados casos, siendo éstos (i) la importación para sector de alimentos; (ii) que hubieren obtenido la Autorización para la Adquisición de Divisas (AAD) antes del 31 de diciembre de 2010; (iii) y que no posean código de autorización de liquidación de divisas antes de la prenombrada fecha.
En contraposición de lo anterior, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) señaló que en el presente caso se puede evidenciar que la Planilla del Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) correspondiente a la solicitud Nº 13721308, perteneciente a la mercancía objeto de importación, contiene el código arancelario Nro. 3920.49.00, el cual presuntamente forma parte del sector de plástico, cauchos y sus manufacturas y no de alimentos, ello de conformidad con el Arancel de Aduanas de Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario Nº 5.774 de fecha 28 de junio de 2005.
Por tal motivo, a su juicio, no puede otorgársele a la Sociedad Mercantil Alimentos Polar Comercial C.A., la excepción prevista en el Convenio Cambiario Nº 15, ya que, tal como se precisó en líneas precedentes, los productos solicitados por la prenombrada empresa se encuentran enmarcados en los sectores económicos de plástico y caucho de nuestro país y no en el sector alimenticio.
Ahora bien, visto lo anterior, aprecia esta Instancia Jurisdiccional que la denuncia esgrimida por la representación judicial de la parte actora se circunscribe al vicio de falso supuesto de hecho en el que presuntamente incurrió la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) al momento de liquidar las divisas solicitadas, ya que en su opinión, las precitadas divisas debieron ser emitidas a dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar, ello de conformidad con el literal “a” del artículo 2 del Convenio Cambiario Nº 15, dado que, a su parecer, los productos objeto de importación correspondían al “sector alimentos”, situación que prevé dicho Convenio, concluyendo entonces que no se le debió aplicar la tasa de cambio relativa a cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 4,30) por dólar prevista en el Convenio Cambiario Nº 14.
Ello así, estima esta Instancia Jurisdiccional prudente reproducir el criterio sostenido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en relación al vicio de falso supuesto, mediante sentencia Nº 307 de fecha 22 de febrero de 2007 (Caso: Rafael Enrique Quijada Hernández), en la cual señaló que:
“Esta Sala ha establecido en reiteradas oportunidades que éste se configura de dos maneras: la primera de ellas, cuando la Administración al dictar un acto administrativo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el o los asuntos objeto de decisión, casos en los que se incurre en el vicio de falso supuesto de hecho; el segundo supuesto se presenta cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentarlo, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado, en estos casos se está en presencia de un falso supuesto de derecho que acarrearía la anulabilidad del acto.”
De acuerdo con la decisión parcialmente transcrita, se observa que se ha establecido que el vicio de falso supuesto de hecho alude bien sea a la inexistencia de los hechos que motivaron la emisión del acto, a la apreciación errada de las circunstancias presentes, o a una relación errónea entre la Ley y el hecho, que ocurre cuando se aplica la norma a un hecho no regulado por ella o cuando su aplicación se realiza de tal forma al caso concreto, que se arriba a consecuencias jurídicas distintas o contrarias a las perseguidas por el legislador.
Ahora bien, expuesto lo anterior y vista la denuncia planteada por la parte actora relativa al presunto falso supuesto de hecho en el que incurrió la demandada al liquidar las divisas solicitadas, debido a que, a su decir, las mismas debían ser emitidas a dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar, ello en atención al literal “a” del artículo 2 del Convenio Cambiario Nº 15, por cuanto, los productos objeto de importación correspondían al “sector alimentos”, situación que prevé dicho Convenio, por tal razón, señaló que no se le debió aplicar la tasa de cambio a cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 4,30) por dólar prevista en el Convenio Cambiario Nº 14, al respecto, resulta pertinente para esta Corte traer a consideración el contenido de los artículos 1, 2 y 3 del precitado Convenio Cambiario Nº 14, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.342 de fecha 8 de enero de 2010, los cuales son del tenor siguiente:
“Artículo 1. La liquidación de las operaciones de venta de divisas destinadas a los conceptos que se indican a continuación, previstos en las correspondientes Providencias dictadas por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), se efectuará al tipo de cambio de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar de los Estados Unidos de América:
a) Importaciones para los sectores de alimentos, salud, educación, maquinarias y equipos, y ciencia y tecnología, de acuerdo con la política comercial establecida por el Ejecutivo Nacional.
b) Operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero.
c) Pagos por gastos de estudiantes cursantes de actividades académicas en el exterior.
d) Pagos por gastos para recuperación de la salud, deporte, cultura, investigaciones científicas y otros casos de especial urgencia, a juicio de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
e) Pagos a jubilados y pensionados residentes en el exterior.
f) Adquisición de divisas por parte de las representaciones diplomáticas, consulares, sus funcionarios, así como parte de funcionarios extranjeros de los organismos internacionales, debidamente acreditados ante el Gobierno Nacional.

Artículo 2. La liquidación de las operaciones de venta de divisas efectuadas por el Banco Central de Venezuela destinadas a los pagos del sector público no petrolero, incluido el pago de la deuda pública externa, se efectuarán al tipo de cambio de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar de los Estados Unidos de América.
Artículo 3. La liquidación de las operaciones de venta de divisas previstas en los Convenios Cambiarios, distintas a las indicadas en los artículos 1 y 2 del presente Convenio, se efectuará al tipo de cambio de cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 4,30) por dólar de los Estados Unidos de América (…)”. (Negrillas de esta Corte).
De las normas anteriormente transcritas, se desprende que la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) liquidaría las divisas a un tipo de cambio equivalente a dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar de los Estados Unidos de América, siempre y cuando se tratasen de importaciones que se encuentren dirigidas al sector de alimentos, educación, salud, maquinarias y equipos, ciencia y tecnología, envío de remesas a familiares cuya residencia se encuentre en el extranjero, pagos por gastos de estudiantiles que cursen sus asignaturas en el exterior, así como los pagos a jubilados y pensionados residenciados en el extranjero, adquisición de divisas por parte de diplomáticos o funcionarios extranjeros que formen parte de las organizaciones internacionales que se encuentren debidamente acreditados en nuestro país por el Ejecutivo Nacional, además de los pagos por gastos para la reparación de los sectores culturales, deportivos, científicos, de salud, entre otros casos que sean de urgencia, asimismo, se evidencia que las divisas destinadas al sector público (incluyendo el pago de la deuda pública externa) salvo el sector petrolero, también debieron ser liquidadas a un monto de dos coma sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar, ello en atención a lo previsto en los artículos 1 y 2 del Convenio Nº 14.
No obstante lo anterior, se aprecia del artículo 3 del aludido Convenio que todas aquellas divisas que no hubieran sido solicitadas para los sectores o productos anteriormente descritos debieron ser liquidadas a un tipo de cambio equivalente a cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 4,30) por dólar americano.
En ese mismo orden de ideas, resulta importante traer a colación el contenido del artículo 2 del Convenio Cambiario 15, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.593 de fecha 13 de enero de 2011, y reimpreso por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.603 de fecha 27 de enero de 2011, el cual es del tenor siguiente:
“Artículo 2: Serán liquidadas al tipo de cambio de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar de los Estados Unidos de América, las operaciones de venta de divisas correspondientes a autorizaciones de adquisición de divisas (AAD) emitidas por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) al 31 de diciembre de 2010, y que no posean código de autorización de liquidación de divisas a la fecha antes indicada, o emisión de código de reembolso en el caso de importaciones canalizadas a través del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), para los conceptos que a continuación se señalan, previstos en las correspondientes Providencias dictadas por dicha Comisión, y cuya autorización para la liquidación de acuerdo con éstas resulte procedente:
Importaciones para los sectores de alimentos y salud.
Pagos por gastos de estudiantes cursantes de actividades académicas en el exterior.
Pagos por gastos para recuperación de la salud, deporte, cultura, investigaciones científicas y otros casos de especial urgencia, a juicio de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
Pagos a jubilados y pensionados residentes en el exterior” (Negrillas de esta Corte).
De lo anteriormente transcrito, se colige que todas aquellas operaciones de venta de divisas correspondientes a Autorizaciones de Adquisición de Divisas (AAD) emitidas por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) al 31 de diciembre de 2010, serían liquidadas al tipo de cambio de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar de los Estados Unidos de América, siempre y cuando no ostentaran código de autorización de liquidación de divisas a la fecha antes indicada, o emisión de código de reembolso en el caso de importaciones canalizadas a través del Convenio de Pago y Crédito Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), siempre que se tratasen de importaciones para los sectores de alimentos y salud, entre otros casos mencionados en acápites precedentes.
De modo que, todas aquellas importaciones relativas a sectores como el de alimentos, salud, entre otros, que fueron emitidas antes del 31 de diciembre de 2010, debieron ser liquidadas a un tipo de cambio de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar americano, siempre y cuando los productos objeto de importación no tuviesen códigos de autorización de liquidación de divisas.
Ello así y a los fines de resolver el alegato sostenido por la parte actora relativo a que las divisas solicitadas se encontraban destinadas a importar bienes que correspondían al sector alimenticio, y por ende, debieron ser liquidadas a un tipo de cambio equivalente a dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar y no a cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 4,30), resulta pertinente para este Órgano Colegiado pasar a examinar los folios de los expedientes administrativo y judicial, de los cuales se observa lo siguiente:
En fecha 10 de diciembre de 2010, la Sociedad Mercantil Alimentos Polar Comercial C.A., consignó ante su operador cambiario Banco Citibank la solicitud de adquisición de divisas Nº 13721308, correspondiente a treinta y dos mil quinientos treinta con setenta y seis céntimos (32.530,76) dólares, tal y como se desprende de los folios uno (1) y tres (3) del expediente administrativo.
Al respecto, es pertinente indicar que se desprende de la “Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para Importación”, que corre inserta al folio diez (10) del expediente administrativo, la descripción del producto requerido por la demandante en la solicitud estudiada se circunscribe a “penta label tipo M148/01 50 MY 1205 MM,” que son “rollos o bobinas de películas plásticas de PVC”, el cual que se encuentra dentro del rubro de plástico, caucho y manufacturas, tal como se desprende del folio catorce (14) del expediente administrativo, éste es un material destinado a la fabricación de etiquetas termoretraibles para envases rígidos, dirigidos a la realización de sus productos, el cual se encontraba esquematizado en el códigos de arancel Nro. 3920.49.00.
Asimismo, aprecia este Órgano Colegiado que en fecha 17 de junio de 2011, la Comisión de Administración de Divisas liquidó la Autorización de Liquidación de Divisas Nº 13721308, correspondiente a un monto de veinticinco mil doscientos uno con noventa y tres céntimos (25.201,93) dólares, tal como se desprende del folio 4 del expediente administrativo, el cual fue emitido con base a un tipo de cambio de cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs 4,30) por dólar de los Estados Unidos de América, esto último de acuerdo con lo previsto en el Convenio Cambiario Nº 14.
Por tal razón, resulta pertinente traer a consideración el numeral 1º, del artículo 3, del Arancel de Aduana de Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario Nº 5.774 de fecha 28 de junio de 2005, el cual es del tenor siguiente:
“Artículo 3: Para la declaración de las mercancías en Aduanas, la clasificación arancelaria se ajustará en todo al ordenamiento previsto en la Ley Orgánica de Aduanas, sus Reglamentos, en este Decreto y sus modificaciones; y estará conformada, principalmente, por:
1. El código numérico, estará compuesto por ocho (8) o diez (10) dígitos, según se trate de subpartidas ANDINA o subpartidas nacionales. Los dos (2) primeros dígitos identifican al Capítulo; al tener cuatro (4) dígitos se denomina Partida; con seis (6) dígitos subpartida del Sistema Armonizado; con ocho (8) dígitos conforman la subpartida ANDINA y con diez (10) dígitos la subpartida nacional; y será el indicado en la columna uno (1) del artículo 23”. (Negrillas de esta Corte y mayúsculas del original).

De lo anterior se colige, que los dos (2) primeros dígitos de cada uno de los códigos arancelarios identifican el capítulo al cual pertenecen, en consecuencia, resulta pertinente traer a colación lo previsto en el aludido Arancel de Aduanas de Venezuela, en las secciones siguientes:
“Sección VII: ‘Plástico y sus manufacturas; Caucho y sus manufacturas’.
Capítulo 39: ‘Plástico y su manufacturas’.
Partida 3926: ‘LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE PLÁSTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMÁS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.14’.
Capítulo 40: ‘Caucho y sus manufacturas’.
Partida 4016:’LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER”.
En este contexto, evidencia esta Corte, en atención a lo dispuesto en los acápites precedentes que, los productos objeto de importación contenían códigos arancelarios que encuadran en los productos relacionados con “Plástico y sus Manufacturas; Caucho y sus manufacturas”, los cuales de forma alguna podrían verse enmarcados en la excepción prevista en el literal “a” del artículo 2 del Convenio Cambiario Nº 15, relativa a la liquidación de divisas a un tipo de cambio de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar americano cuando se tratase de bienes que correspondan al sector alimentos, por tal razón, los bienes objeto de importación en la presente causa no se corresponden con los relacionados con el sector alimenticio.
Además, resulta pertinente acotar que aún cuando la Sociedad Mercantil Alimentos Polar Comercial C.A., en su escrito libelar señaló que la mencionada autorización fue “(…) emitida antes del 31 de diciembre de 2010”, al respecto, evidencia esta Corte que, tal como se precisó en líneas precedentes, las divisas solicitadas en la misma tenían como destino la adquisición de bienes que no corresponden al sector de alimentos, es decir, no se encontraban previstas en las excepciones del aludido Convenio Cambiario Nº 15, por tal motivo, resulta inoficioso para este Tribunal examinar cuando fue “emitida” la respectiva Autorización. Así se decide.
Por las razones precedentes, esta Instancia Jurisdiccional debe forzosamente desechar la denuncia referente al falso supuesto de hecho, toda vez que la Comisión demandada, luego de estudiar los acontecimientos del caso, otorgó la tasa de cambio aplicable, en atención a los bienes que la sociedad mercantil Alimentos Polar Comercial C.A., requería importar. Así se establece.
ii) Del vicio de falso supuesto de derecho.
Prosiguiendo con el análisis de los vicios delatados, se observa que la representación judicial de la sociedad mercantil Alimentos Polar Comercial C.A., manifestó que la demandada Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho, por cuanto “(…) fundamenta su decisión en una norma que no es aplicable al caso en concreto (…)”.
Asimismo, adujo que la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho, ya que, el Convenio Cambiario Nº 15 establece el derecho a acceder al tipo de cambio de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar americano bajo determinados casos, como lo son las importaciones para los sectores de alimentos que hubieren obtenido la Autorización para la Adquisición de Divisas (AAD) antes del 31 de diciembre de 2010, y que no posean código de autorización de liquidación de divisas antes de la prenombrada fecha, por tanto, a su juicio, su representada reunió los requisitos para que las divisas correspondientes a la importación de bienes fuesen liquidadas a dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar, de conformidad con el literal “a” del artículo 2 del Convenio Cambiario Nº 15, no obstante, el órgano demandado emitió las divisas solicitadas de acuerdo a cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 4,30), ello en atención al Convenio Cambiario Nº 14.
En contraposición a lo anterior, la Comisión demandada adujo que no puede otorgársele a la parte actora la excepción prevista en el Convenio Cambiario Nº 15, ya que, tal como se precisó en líneas precedentes, los productos solicitados por la misma no se encuentran enmarcados en los sectores de alimentación de nuestro país, es por ello que, el tipo de cambio fijado para los bienes requeridos por la demandante fueron liquidados en cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 4,30) por dólar americano.
En virtud de la denuncia esbozada, resulta pertinente para esta Corte señalar que tal vicio se configura cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado, se está en presencia de un falso supuesto de derecho que acarrearía la anulabilidad del acto (Vid. sentencia Nº 1117 del 19 de septiembre de 2002 emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia).
En ese mismo sentido, resulta pertinente indicar que los bienes objeto de importación correspondían al sector económico de plástico y caucho -tal y como quedó evidenciado en el capítulo anterior, referido al análisis del falso supuesto de hecho-, debido a que se desprende de la precitada solicitud que la misma hacía mención a productos que contenían códigos arancelarios que se encuentran enmarcados en los sectores económicos referidos a “Plástico y sus Manufacturas; Caucho y sus manufacturas”; lo cual, no cabe duda para esta Corte que los mismos no forman parte de la excepción prevista en el literal “a” del artículo 2 del Convenio Cambiario Nº 15.
Visto lo anterior, aprecia esta Instancia Sentenciadora que al no ser dichos bienes alimentos, mal podría la demandante solicitar que se le aplique el contenido del artículo 2 del Convenio Cambiario, por lo cual, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo aprecia que la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) interpretó y aplicó correctamente la normativa que rige en casos como el de autos, es por ello que, se desecha el argumento esgrimido por la misma, ya que, los bienes solicitados no forman parte de la excepción prevista en el precitado artículo. Así se decide.
iii) De la indexación de los montos demandados
En atención a lo verificado en los capítulos anteriores, observa este Órgano Jurisdiccional que los representantes judiciales de la sociedad mercantil Alimentos Polar Comercial, C.A., solicitaron que se ordene la indexación de los montos demandados conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) vigente para el momento en que se dicte sentencia, para lo cual pidieron que se realice una experticia complementaria del fallo para calcular dicha indexación, ello en atención a lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.
Al respecto, resulta pertinente acotar que, tal como se precisó anteriormente, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) liquidó las divisas solicitadas por la parte demandante de conformidad con las normas cambiarias que le correspondían, por tanto, mal podría esta última pretender que se le otorgue las mismas a la tasa de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar americano, cuando los productos objeto de importación no correspondían a la excepción prevista en el artículo 2 del Convenio Cambiario Nº 15.
Por tal razón, a juicio de quien aquí juzga, no es posible ordenar la indexación de los montos solicitados a la demandada, ya que, no existe pago de deuda alguna que pueda solicitar la parte actora, debido a que la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) liquidó como debía las aludidas divisas, es por ello que, resulta forzoso para esta Instancia Sentenciadora desechar la presente denuncia. Así se decide.
En igualdad de términos, se ha pronunciado este Órgano Jurisdiccional, en sentencia Nº 2013-1092 de fecha 10 de junio de 2013 (Caso: Cervecería Polar, C.A., vs. Comisión de Administración de Divisas (CADIVI)).
Una vez analizadas la totalidad de las denuncias presentadas, así como la improcedencia de la indexación solicitada, resulta forzoso para esta Corte declarar Sin Lugar la demanda de nulidad interpuesta por la Representación Judicial de la Sociedad Mercantil Alimentos Polar Comercial, C.A., contra la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) Nº 2263964, emitida por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
VI
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por los abogados Gustavo Grau Fortoul, Miguel Mónaco y Miguel Ángel Basile, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A., contra la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) Nº 2263964, notificado en fecha 21 de julio de 2011, por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI).
Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los diez (10) días del mes de octubre de dos mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
El Presidente,

ALEJANDRO SOTO VILLASMIL
El Vicepresidente,

GUSTAVO VALERO RODRÍGUEZ

El Juez,

ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA
Ponente

La Secretaria Accidental,

CARMEN CECILIA VANEGAS

AJCD/25
Exp. Nº AP42-G-2012-000616

En fecha ____________ (__) de ____________ de dos mil trece (2013), siendo la (s) _____________ de la ________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2013________.

La Secretaria Accidental.