REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Caracas, _____________ ( ) de _______________ de 2013 Años 203° y 154° En fecha 30 de mayo de 2008, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, escrito contentivo de la Demanda por Resolución de Contrato y Ejecución de Fianza, conjuntamente con Medida Preventiva de Embargo y Medida Cautelar Innominada, por la abogada Livia Esther Guerrero García, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 28.393, actuando con el carácter de apoderada judicial de la Asociación Civil LAS MARIANAS, inscrita ante la Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios Cárdenas, Guásimos y Andrés Bello del estado Táchira, en fecha 15 de septiembre de 2000, bajo el número 2, Tomo 19, folios 1 al 15, Protocolo Primero, Tercer Trimestre del referido año, y del FONDO COMUNITARIO LAS MARIANAS, constituido mediante documento autenticado ante la Notaría Pública Cuadragésima Cuarta del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 12 de agosto de 2005, bajo el número 28, Tomo 44 e inscrito en el Registro Inmobiliario de los Municipios Libertad e Independencia del Estado Táchira, en fecha 15 de agosto de 2005, bajo el número 27-Ñ, Tomo 1, folios 119 al 126, contra las sociedades mercantiles PROYECTOS y CONSTRUCCIONES PÉREZ y ASOCIADOS C.A., inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Táchira en fecha 18 de marzo de 1999, bajo el número 79, Tomo 3-A, cuya última modificación quedó inscrita en el citado Registro Mercantil en fecha 6 de noviembre de 2003, bajo el número 76, Tomo 9-A y TRANSEGURO C.A. DE SEGUROS, inscrita ante la Superintendencia de Seguros bajo el número 97 de los libros de Registro de Empresas de Seguros, e inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, en fecha 19 de diciembre de 1989, bajo el número 35, Tomo 93-A Sgdo., cuya última modificación estatutaria fue en fecha 2 de diciembre de 2004, inscrita ante en el aludido Registro Mercantil bajo el número 43, Tomo 204-A-Sgdo; por el incumplimiento en la ejecución de la obra de urbanismo de 74 unidades de vivienda del proyecto habitacional Urbanización “Las Marianas”, ubicada en el Sector la Laja, del Municipio Independencia del estado Táchira. En fecha 30 de mayo de 2008, se dio cuenta a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y, por auto de esa misma fecha, se designó ponente al Juez Emilio Ramos González, a quien se ordenó pasar el presente expediente, a los fines que este Órgano Jurisdiccional dictara la decisión correspondiente. En fecha 8 de julio de 2008, la apoderada judicial de la parte demandante, antes identificada, consignó escrito mediante el cual ratificó la solicitud de medida preventiva de embargo e igualmente solicitó se decretara medida cautelar innominada de suspensión de pago. En fecha 25 de julio de 2008, se pasó el presente expediente al Juez ponente. En fecha 10 de noviembre de 2008, la apoderada judicial de la parte actora, identificada en autos, presentó escrito conforme al cual solicitó a esta Corte la admisión de la presente causa. En fecha 17 de diciembre de 2008, esta Corte dictó decisión número- 2008-02363, mediante la cual se declaró competente para conocer y decidir en primer grado de jurisdicción la demanda; admitió la demanda por Resolución de contrato y ejecución de fianzas; decretó medida preventiva de embargo sobre bienes muebles propiedad de las demandadas; improcedente la solicitud de medida cautelar innominada; concedió a la Superintendencia de Seguros un plazo de diez (10) días hábiles para que procediera a determinar los bienes muebles propiedad de la sociedad mercantil Transeguro C.A., de Seguros; ordenó se libraran los respectivos oficios y se comisionara al Juzgado Ejecutor de Medidas respectivo una vez que la Superintendencia de Seguros cumpliera con la referida gestión de determinación de bienes; ordenó se libraran las notificaciones correspondientes al máximo representante del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat y al máximo representante del Banco Nacional para la Vivienda y Hábitat, de igual forma se ordenó que de conformidad con el artículo 96 de la Reforma del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 5892, de fecha 31 de julio de 2008, se librara la notificación del Procurador General de la República. En fecha 29 de enero de 2009, se recibió de la apoderada judicial de la parte demandante, escrito mediante el cual solicitó se libraran las notificaciones ordenadas en la admisión de la demanda y se procediera a librar las boletas de citación a las partes demandadas. En fecha 11 de febrero de 2009, se dictó auto mediante el cual esta Corte ordenó notificar a la parte demandada, así como a los ciudadanos Ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Presidente del Banco Nacional para la Vivienda y Hábitat, Superintendente de Seguros y a los ciudadanos Procuradora y Fiscal General de la República, a los fines de dar cumplimiento a la decisión número 2008-02363, dictada por este Órgano Jurisdiccional en fecha 17 de diciembre de 2008, y de la diligencia de fecha 29 de enero de 2009, suscrita por la apoderada judicial de la parte demandante, mediante la cual se dio por notificada de la referida decisión, concediéndoles los ocho (08) días hábiles a los que alude el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y vencidos estos comenzarían a transcurrir los nueve (09) días continuos que se otorgan como término de la distancia a cuyo término comenzaría a correr el lapso de diez (10) días hábiles concedidos a la Superintendencia de Seguros para consignar la información solicitada, y vencidos estos, se daría inicio a los tres (03) días de despacho de oposición a la medida cautelar otorgada en la referida decisión. De igual forma se ordenó abrir cuaderno separado signado con la nomenclatura AB42-X-2009-000007, con el objeto de tramitar la medida otorgada. A su vez, se ordenó comisionar al Juzgado Distribuidor de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira por cuanto la parte demandada se encontraba domiciliada en el estado Táchira. En esa misma fecha, se libraron las boletas y los oficios correspondientes. En fecha 19 de febrero de 2009, el ciudadano Alguacil de esta Corte consignó copia de los oficios números. CSCA-2009-0354, CSCA-2009-0355, CSCA-2009-0356, CSCA-2009-0357, dirigidos a los ciudadanos Superintendente de Seguros, Ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Presidente del Banco Nacional para la Vivienda y Hábitat y Fiscal General de la República, respectivamente, los cuales fueron recibidos en fecha 18 de febrero de 2009. En fecha 5 de marzo de 2009, el ciudadano Alguacil de esta Corte consignó copia del oficio número CSCA-2009-0359 dirigido al Juzgado (Distribuidor) de los Municipios San Cristóbal y Torbes del Estado Táchira, la cual fue enviada a través de la valija oficial de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (D.E.M.) en fecha 4 de marzo de 2009. En fecha 10 de marzo de 2009, el ciudadano Alguacil de esta Corte consignó oficio número CSCA-2009-0358 dirigido a la ciudadana Procuradora General de la República, el cual fue recibido en fecha 4 de marzo de 2009. En fecha 26 de marzo de 2009, se recibió oficio proveniente de la Procuraduría General de la República signado con el número 000173, de fecha 24 de marzo de 2009, mediante la cual notificó a esta Corte su renuncia a la suspensión del proceso por el lapso de (90) días continuos conforme a lo establecido en el Articulo 96 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. En fecha 14 de abril de 2009, compareció el ciudadano Alguacil de esta Corte dejando constancia que los días 12, 13, 17 y 25 de marzo de 2009, se dirigió al domicilio de la sociedad mercantil Transeguro C.A. de Seguros, estando presente el mismo fue atendido por la ciudadana Mónica Vielma la cual se negó a recibir la referida boleta de notificación, por tanto en vista de la imposibilidad de practicar la referida notificación consignó la misma juntos con sus anexos. En fecha 3 de junio de 2009, se recibió de la apoderada judicial de la parte demandante, escrito mediante el cual consignó comisión conferida al Juzgado (Distribuidor) de Los Municipios San Cristóbal y Torbes del Estado Táchira. En esa misma fecha, se recibió de la referida apoderada judicial, escrito mediante el cual solicitó la apertura de los lapsos a los que se refiere la notificación de fecha 11 de febrero de 2009. En fecha 16 de junio de 2009, se dictó auto mediante el cual esta Corte ordenó agregar a los autos el Oficio número 5790-525, de fecha 26 de mayo de 2009, emanado del Juzgado Tercero de los Municipio San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, consignado ante este Órgano Jurisdiccional por la representante judicial de la parte demandante, por medio del cual remitió las resultas de la comisión que le fuera conferida por esta Corte en fecha 11 de febrero de 2009. En esa misma data, se ordenó librar boleta de notificación dirigida a la Sociedad Mercantil Transeguro C.A. de Seguros, en vista de que el ciudadano Mario Longa, en su carácter de Alguacil de esta Corte, luego de acudir en reiteradas oportunidades al domicilio procesal de la referida sociedad mercantil no pudo efectuar satisfactoriamente la notificación respectiva, ya que la persona que lo atendió en dicho domicilio manifestó no estar autorizada para ello, tal como se evidencia de diligencia suscrita por el citado Alguacil en fecha 3 de junio de 2009, motivo por el cual, la notificación fue fijada en la cartelera de esta Corte de conformidad con lo previsto en los artículos 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil. En esa misma fecha, se libró la referida boleta de citación a la sociedad mercantil Transeguro C.A., de Seguros. En fecha 8 de julio de 2009, se recibió de la apoderada judicial de la parte demandante, diligencia mediante la cual solicitó la fijación en la cartelera de esta Corte, del cartel de notificación de la empresa Transeguros C.A. de Seguros. En fecha 27 de julio de 2009, se recibió de la abogada Albelus Sanabria Guerrero, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 105.514, con el carácter de apoderada judicial de la parte demandante, diligencia mediante la cual consignó copia certificada del poder que acredita su representación. En fecha 17 de septiembre de 2009, se recibió de la Superintendencia de Seguros, Oficio número 00011779, de fecha 15 de septiembre de 2009, mediante el cual dan respuesta al Oficio número CSCA-2009-0354, de fecha 11 de febrero de 2009, emanado de esta Corte en el cual se le solicitó que señalaran los bienes propiedad de la compañía Transeguro C.A. de Seguros, sobre los cuales podría recaer la medida preventiva de embargo decretada en la presente causa. En fecha 28 de septiembre de 2009, la ciudadana Secretaria de esta Corte dejó constancia de que en esa misma fecha fue fijada en la cartelera de la misma, la boleta de notificación librada a la sociedad mercantil Transeguro C.A. de Seguros. En esa misma fecha, se recibió de la abogada Albelus Sanabria Guerrero, antes identificada, diligencia mediante la cual ratificó la diligencia de fecha 8 de julio de 2009, y solicitó fuera fijada en la cartelera de esta Corte la boleta de notificación librada a la sociedad mercantil Transeguros C.A. de Seguros. En fecha 20 de octubre de 2009, la ciudadana Secretaria de esta Corte dejó constancia de que en esa misma fecha fue retirada de la cartelera de la misma, la boleta de notificación librada a la sociedad mercantil Transeguro C.A. de Seguros. En fecha 28 de octubre de 2009, se recibió de la apoderada judicial de la parte demandante, diligencia mediante la cual solicitó la continuación del procedimiento en la causa principal. Igualmente, solicitó se comisionara al Juzgado Ejecutor para practicar la medida cautelar decretada en la causa. En fecha 2 de noviembre de 2009, se recibió del abogado José Varela, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 69.616, con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Transeguros C.A., de Seguros, diligencia mediante la cual solicitó se fijara el monto de la caución o garantía a ser presentada para suspender la medida preventiva en cuestión, asimismo consignó poder que acredita su representación. En fecha 16 de marzo de 2010, se dictó auto mediante el cual, visto como se encontraban notificadas las partes de la sentencia de fecha 17 de diciembre de 2008, se ordenó remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte a los fines legales consiguientes. En fecha 23 de marzo de 2010, se pasó el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, siendo recibido en esa misma fecha por el referido Juzgado. En fecha 7 de abril de 2010, se dictó auto mediante el cual el Juzgado de Sustanciación ordenó, emplazar mediante boletas a la sociedades mercantiles demandadas con el propósito que comparecieran por ante ese Juzgado de Sustanciación a dar contestación a la demanda u oponer las defensas que consideraran pertinentes, dentro del lapso de veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de su citación, concediéndole a la primera nueve (9) días como término de distancia; de igual manera, y en virtud que se pueden ver afectados directa o indirectamente los intereses patrimoniales de la República, se ordenó la notificación mediante oficio de la ciudadana Procuradora General de la República, conforme lo establece el artículo 86 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica que rige sus Funciones. En ese mismo sentido, a los fines de garantizar el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, se ordenó la notificación mediante boleta de la representante judicial de las sociedades civiles demandantes, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil. Para dar cumplimiento al referido auto se comisionó al Juzgado (Distribuidor) de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. En fecha 12 de abril de 2010, dando cumplimiento al auto dictado en fecha 7 de abril de 2010, se libraron los Oficios y las boletas de notificación respectivas. En fecha 13 de abril de 2010, se dictó auto mediante el cual se indicó que “[…] por cuanto de la revisión de las actas que cursan en el presente expediente, se evidencian actuaciones concernientes al cuaderno separado de medidas, signado con el número AB42-X-2009-000007, este Tribunal [ordenó] expedir copias certificadas de las referidas actuaciones, comprendidas desde el folio ciento ochenta (183) al ciento ochenta y siete (187), así como de los folios ciento noventa y cinco (195) al doscientos uno (201), con inserción del presente auto, a los fines de que sean agregadas al respectivo cuaderno de medidas[…]”. [Corchetes de esta Corte]. En fecha 26 de abril de 2010, compareció el ciudadano Alguacil de esta Corte consignando copia del oficio de notificación número JS/CSCA-2010-0233, de la comisión conferida al Juzgado (Distribuidor) de los Municipios San Cristóbal y Torbes del estado Táchira, la cual fue enviada a través de la valija oficial de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (D.E.M.), en fecha 22 de abril de 2010. En fecha 28 de abril de 2010, compareció el ciudadano Alguacil de esta Corte dejando constancia de la notificación practicada a la sociedad mercantil Transeguro C.A. de Seguro, la cual fue recibida en fecha 26 de abril de 2010. En fecha 15 de junio de 2010, compareció el ciudadano Alguacil de esta Corte, consignando oficio número JS/CSCA-2010-0234, dirigido a la ciudadana Procuradora General de la República, el cual fue recibido en fecha 9 de junio de 2010. En fecha 21 de septiembre de 2010, se recibió del Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, Oficio número 3190-1124, de fecha 9 de julio de 2010, anexo al cual remitió resultas de la Comisión librada por esta Corte en fecha 12 de abril de 2010. En fecha 22 de septiembre de 2010, esta Corte, visto el oficio número 3190-1124, emanado del Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, mediante el cual remitió las resultas de la comisión conferida por esta Sede jurisdiccional en fecha 12 de abril de 2010; ordenó agregar a los autos los recaudos recibidos. En fecha 30 de septiembre de 2010, se recibió de la abogada Albelus Sanabria Guerrero, antes identificada, con el carácter de apoderada judicial de la parte demandante, diligencia mediante la cual solicitó se practicara por secretaria cómputo de los días transcurridos del lapso de la contestación en la presente causa. En fecha 6 de octubre de 2010, se dictó auto mediante el cual el Juzgado de Sustanciación, vista la diligencia presentada por la apoderada judicial de la parte demandante, en la cual solicitó se practicase por secretaria el cómputo de los días transcurridos del lapso de contestación, declaró que “[…] a partir de la constancia en autos de las resultas de la comisión, vale decir, 21 de septiembre de 2010, comenzó a computarse el lapso para la comparecencia del representante legal de la mencionada asociación civil, habiendo transcurrido hasta la presente fecha nueve (9) días de despacho, correspondientes a los días 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de septiembre de 2010; 04, 05 y 06 de octubre de 2010 […]”. Asimismo, agregó que “[…] este Órgano Jurisdiccional, [advirtió] a [sic] parte actora que en la presente causa, aún no se ha iniciado el lapso para la contestación de la demanda […]”. [Corchetes de esta Corte]. En fecha 20 de octubre de 2010, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte dictó auto mediante el cual, por encontrarse vencido el lapso de quince días (15) calendario establecidos en el cartel de citación librado a la sociedad mercantil Proyectos y Construcciones Pérez y Asociados, C.A., y por no comparecer a darse por citada por medio de apoderado judicial alguno, designó como defensor ad-litem al ciudadano César Jesús Rodríguez Gandica, venezolano, titular de la cédula de identidad número 5.423.698, abogado, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 42.683, ordenando a su vez que el mismo fuese notificado mediante boleta con el objeto de que acudiera a dar su aceptación o excusa al cargo y que en caso de que aceptara el mismo, prestara el juramento de ley correspondiente, quedando con ello emplazado para la contestación de la demanda. En esa misma fecha, se libró la referida boleta de notificación. En fecha 1 de noviembre de 2010, se levantó acta mediante la cual se dejó constancia de la comparecencia del ciudadano César Jesús Rodríguez Gandica, antes identificado, con el carácter de Defensor ad-litem de la sociedad mercantil Proyectos y Construcciones Pérez y Asociados, C.A, en la cual renunció al lapso de comparecencia, aceptó el cargo para el cual fue designado y prestó juramento de Ley. En fecha 2 de noviembre de 2010, compareció el ciudadano Alguacil de esta Corte dejando constancia de la notificación practicada al ciudadano César Jesús Rodríguez Gandica, la cual fue recibida en fecha 26 de octubre de 2010. En fecha 8 de noviembre de 2010, se recibió del Defensor ad-litem de la sociedad mercantil demandada, antes identificado, diligencia mediante la cual consignó telegrama enviado a la parte demandada. En esa misma fecha, se ordenó agregar tal diligencia a los autos. En fecha 16 de noviembre de 2010, se recibió del Defensor ad-litem de la sociedad mercantil demandada, diligencia mediante la cual se dio por notificado de la sentencia de fecha 17 de diciembre de 2008. En fecha 1 de diciembre de 2010, se dictó auto mediante el cual el Juzgado de Sustanciación declaró que, era indispensable verificar el cumplimiento de la citación personal de la parte demandada en el presente caso, de conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, motivado por el hecho de ser una formalidad necesaria para la validez de todo juicio. Y, en vista de que la citación no fue cumplida por el ciudadano Alguacil, tal y como lo establece el referido artículo, se ordenó librar nuevamente boleta de notificación dirigida a la Sociedad Mercantil Transeguro C.A. de Seguros, estableciendo que el ciudadano Alguacil debía hacer cumplir los requisitos de la citación personal del mencionado artículo. En fecha 2 de diciembre de 2010, se libró la boleta de citación dirigida a la sociedad mercantil Transeguro C.A. de Seguros. En fecha 20 de enero de 2011, compareció el ciudadano Alguacil de esta Corte dejando constancia que los días 12, 18 y 19 de enero de 2011, se dirigió al domicilio de la sociedad mercantil Transeguro C.A. de Seguros, estando presente del mismo fue atendido por la ciudadana Andreina Pantoja, la cual, se negó a recibir la referida boleta de notificación, por tanto, vista la imposibilidad de practicar la notificación, consignó la misma junto con sus anexos. En fecha 27 de enero de 2011, el Juzgado de Sustanciación, a los fines de resaltar la relevancia de los requisitos de la citación personal que establece el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, declaró que en vista de que el ciudadano Alguacil no pudo llevar a efecto la citación personal de la empresa Transeguro C.A. de Seguros, tal y como se evidencia de diligencia suscrita por él en fecha 20 de enero de 2011, la cual corre inserta al folio veintiséis de la tercera pieza del presente expediente; ordenó a la Secretaria librar nuevamente la boleta de notificación a la referida empresa, estableciendo a su vez que la misma contuviera la declaración realizada por el ciudadano Alguacil en diligencia, ut supra identificada. En fecha 31 de enero de 2011, se libró boleta de notificación dirigida a la sociedad mercantil Transeguro C.A. De Seguros. En fecha 7 de febrero de 2011, se estampó nota de secretaría mediante la cual el ciudadano Secretario Accidental del Juzgado de Sustanciación de esta Corte dejó constancia de que fijó, en el domicilio de la sociedad mercantil Transeguro C.A. De Seguros, oficio de notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil. En fecha 23 de febrero de 2011, se recibió de la apoderada judicial de la parte demandante, escrito mediante el cual consignó transacción celebrada en fecha 8 de febrero de 2011, por ante la Notaria Pública Quinta de San Cristóbal del Estado Táchira. Razón por la cual, en esa misma fecha se dictó auto mediante el cual, se ordenó agregarla a los autos. En fecha 24 de febrero de 2011, vista la transacción celebrada entre las partes, se dictó auto ordenando remitir el expediente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo a los fines legales consiguientes. En fecha 28 de febrero de 2011, se pasó el presente expediente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. En fecha 2 de marzo de 2011, esta Corte recibió dicho expediente. En esa misma fecha, se dictó auto mediante el cual, visto el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación de esta Alzada en fecha 24 de febrero de 2011, y por cuanto en fecha 30 de mayo de 2008 se designó ponente al ciudadano Juez Emilio Ramos González, se ratificó la ponencia del mismo y, se ordenó pasar el presente expediente a los fines de que este Órgano Jurisdiccional dictara la decisión correspondiente. En fecha 28 de marzo de 2011, se pasó el presente expediente al ciudadano Juez ponente. En fecha 18 de abril de 2011, esta Corte dictó decisión número 2011-0629, mediante la cual “[ordenó] oficiar al Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat, a la Asociación Civil Fondo Comunitario Las Marianas y a la sociedad mercantil Proyectos y Construcciones Pérez y Asociados C.A. para que dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes, [consignara] ante esta Sede Jurisdiccional la resolución donde se nombra al director ejecutivo de la Asociación Civil demandante nombrado por el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat, así como el poder otorgado a la apoderada judicial de la parte demandada donde conste la facultad para celebrar transacciones, en el presente litigio […]”. (Destacados del original) [Corchetes de esta Corte]. En fecha 27 de junio de 2011, esta Corte dando cumplimiento a la referida decisión, comisionó al Juzgado (Distribuidor) de Los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con el objeto de que se practicaran las notificaciones respectivas de las Asociaciones Civiles Las Marianas y Fondo Comunitario Las Marianas, así como de la Sociedad Mercantil Proyectos y Construcciones Pérez y Asociados, C.A., y del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. En esa misma fecha, se libraron las boletas y oficios de notificación respectivos. En fecha 19 de julio de 2011, compareció el ciudadano Alguacil de esta Corte consignando oficio de notificación número 2011-004183, dirigido al ciudadano Presidente del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, la cual fue recibida, en fecha 14 de julio de 2011, por el ciudadano José Aviant del departamento de correspondencia del referido banco. En fecha 1 de agosto de 2011, se recibió de la abogada Mirna Oliver Bello, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el número 127.913, con el carácter de apoderada judicial del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, diligencia mediante la cual consignó copia del poder que acredita su representación, así como los recaudos solicitados por esta Corte en la decisión de fecha 18 de abril de 2011. En fecha 2 de febrero de 2012, se recibió del abogado Arturo Jesús Bravo Roa, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el número 38.593, con el carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Transeguros, C.A. de Seguros, diligencia mediante la cual consignó copia simple de la renuncia al Poder Judicial Especial otorgado por la citada empresa a todos los apoderados allí especificados. Asimismo, solicitó a esta Corte se le notificara de tal decisión a la referida empresa. En fecha 16 de febrero de 2012, esta Corte dictó auto mediante el cual visto que “[…] no consta en autos las resultas de la comisión librada por esta Corte en fecha veintisiete (27) de junio de dos mil once (2011), al JUZGADO (DISTRIBUIDOR) DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, en consecuencia, se [acordó] oficiar al mencionado Juzgado a fin que informe a este Órgano Jurisdiccional el estado en que se [encontraba] la referida comisión […]”. En esa misma fecha, se libró el oficio dirigido al mencionado Juzgado. En fecha 9 de agosto de 2012, se recibió oficio número 5790-729, emanado del Juzgado Tercero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en fecha 6 de julio de 2012, mediante el cual remitió las resultas de la comisión número 3430, librada por esta Corte en fecha 27 de junio de 2011. En fecha 13 de agosto de 2012, esta Corte ordenó agregar a los autos el referido oficio. En fecha 17 de septiembre de 2012, notificadas como se encontraban las partes de la decisión dictada en fecha 18 de abril de dos mil once (2011), y por constar en autos la información requerida, se ordenó pasar el presente expediente al Juez ponente Emilio Ramos González, con el propósito de que la Corte dictara la decisión correspondiente. En fecha 18 de septiembre de 2012, se ordenó pasar el presente expediente al Juez Ponente. En fecha 29 de octubre de 2012, esta Corte dictó decisión mediante la cual indicó que, vista las declaraciones del ciudadano Alguacil del Juzgado Comisionado respecto a las notificaciones practicadas tanto a la parte demandante como a la parte demandada, ordenó notificarlas nuevamente a los fines de resguardar los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa, previstos en los artículos 26, 49 numeral 1 y artículo 257 del Texto Fundamental, por cuanto de dichas declaraciones no se evidenciaba a quien específicamente se le habían dejado las boletas de notificación respectivas. En fecha 20 de noviembre de 2012, esta Alzada en cumplimiento del auto dictado en fecha 29 de octubre de 2012, ordenó notificar nuevamente a las partes de la presente litis, así como al Banco Nacional de Vivienda y Habitat. Para lo cual, comisionó al Juzgado (Distribuidor) de los Municipios San Cristobal y Torbes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. En esa misma fecha, se libraron las boletas y el oficio de notificación correspondiente. En fecha 20 de diciembre de 2012, se recibió de la abogada Suhail Orellana, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 97.604, apoderada judicial de la Sociedad Mercantil Transeguro C.A., de Seguros, escrito mediante el cual solicitó se declarara la falta de jurisdicción de cualquier tribunal para conocer el presente caso. En fecha 31 de enero de 2013, el ciudadano Alguacil de esta Corte consignó oficio de notificación número 2012-010099, dirigido al ciudadano Presidente del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, el cual fue recibido en fecha 25 de enero de 2013. En fecha 29 de abril de 2013, se recibió del Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, el oficio número 3180-290 de fecha 22 de marzo de 2013, anexo al cual remitió las resultas de la comisión librada por esta Alzada en fecha 20 de noviembre de 2012, la cual no fue debidamente cumplida. En fecha 30 de abril de 2013, esta Corte dictó auto mediante el cual dejó constancia que, en fecha 20 de febrero de 2013, fue reconstituido este Órgano Jurisdiccional, en razón de la incorporación del Dr. GUSTAVO VALERO RODRÍGUEZ y mediante sesión de esa misma fecha, fue elegida la nueva Junta Directiva, la cual quedó constituida de la siguiente manera: ALEJANDRO SOTO VILLASMIL; Juez Presidente, GUSTAVO VALERO RODRÍGUEZ; Juez Vicepresidente y ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA, Juez; esta Corte, se abocó al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encontraba, reanudándose la misma una vez transcurrido el lapso establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. En esa misma fecha, se ordenó agregar a los autos el oficio emanado del Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, antes identificado. En esa data, fecha se dio cumplimiento a lo ordenado. En fecha 22 de mayo de 2013, se recibió de la abogada Briseida Izaguirre, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 136.979, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil Transeguro C.A., de Seguro, escrito mediante el cual ratificó su solicitud de fecha 20 de diciembre de 2012. En esa misma fecha, esta Corte, visto la falta de cumplimiento con lo ordenado en las decisiones dictadas en fecha 18 de abril de 2011 y 29 de octubre de 2012, ordenó se notificara al Presidente del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat y, al Procurador General de la República. Asimismo, en virtud de las exposiciones del ciudadano Alguacil del Juzgado Comisionado de fecha 11 y 20 de marzo de 2013, por medio las cuales manifestó la imposibilidad de practicar las notificaciones dirigidas a la sociedad mercantil Proyectos y Construcciones Pérez y Asociados, C.A., y de las Asociaciones Civiles Las Marianas y Fondo Comunitario Las Marianas; se acordó librarles boleta por cartelera dirigida a las mencionadas personas jurídicas, para que fueran fijadas en la Sede de este Tribunal, conforme lo prevé los artículos 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil. En esa misma data, se libraron las boletas y los oficios de notificación correspondientes. En fecha 12 de junio de 2013, se fijó en la cartelera de esta Corte, la boleta librada en fecha 22 de mayo de 2013. En fecha 2 de julio de 2013, se retiró de la cartelera de esta Corte la boleta fijada en fecha 12 de junio de 2013. En fecha 17 de julio de 2013, el ciudadano Alguacil de esta Corte consignó oficio de notificación número CSCA-2013-5149, dirigido al ciudadano Presidente del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, el cual fue recibido por el ciudadano José Durán, en fecha 9 de julio de 2013. En fecha 25 de julio de 2013, el ciudadano Alguacil de esta Corte consignó oficio de notificación número CSCA-2013-5150, suscrito por el Procurador General de la República en fecha 3 de julio 2013. En fecha 5 de agosto de 2013, esta Alzada, considerando notificadas a las partes del presente asunto del auto de fecha 29 de octubre de 2012 y vencido el lapso establecido en el mismo, se reasignó la ponencia al Juez Gustavo Valero Rodríguez, a quien se ordenó pasar el presente expediente, a los fines que la Corte dictara la decisión correspondiente. En esa misma fecha, se pasó el expediente al Juez ponente. En fecha 25 de septiembre de 2013, se recibió de la Procuraduría General de la República, oficio número 09725 de fecha 20 de septiembre de 2013, por medio del cual el Gerente General de Litigio manifestó haber recibido en fecha 3 de julio de 2013, el oficio número CSCA-2013-005150 de fecha 22 de mayo de 2013, a través del cual se le notificó al ciudadano Procurador la decisión dictada por esta Alzada en fecha 29 de octubre de 2012. Asimismo, señaló el haber remitido comunicación al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, con el objeto de informar sobre la referida notificación. Verificadas como se encuentran las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a decidir previa las siguientes consideraciones: I En primer término, es preciso destacar que en fecha 29 de octubre de 2012 esta Alzada emitió la decisión número 2012-2152, ordenando se notificara nuevamente a las Asociaciones Civiles las Marianas y Fondo Comunitario las Marianas, a la sociedad Mercantil Proyectos y Construcciones Pérez y Asociados C.A., y al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), tanto de dicha sentencia como de la decisión número 2011-0629 de fecha 18 de abril de 2011, ello, por cuanto de la revisión de la comisión librada al Juez (Distribuidor) de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en fecha 20 de noviembre de 2012 (Vid. Folio 164 de la tercera pieza del expediente judicial), se constató la práctica defectuosa de las notificaciones dirigidas a la parte demandante y a la parte demandada. Ahora bien, de las actas que conforman el expediente judicial se desprende la imposibilidad que tuvo nuevamente el ciudadano Alguacil del Juzgado comisionado para practicar las notificaciones de las partes de la presente litis, respecto a la decisión del 29 de octubre de 2012, ut supra señalada, tal y como se evidencia de las diligencias que corren insertas del folio doscientos cuarenta y siete (247) al folio doscientos cincuenta (250), de la tercera pieza del referido expediente, cuyo contenido señalan lo siguiente: “[…] Consigno en este acto Boleta de Notificación librada para la Sociedad Mercantil PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PEREZ [sic] Y ASOCIADOS C.A., ya que habiéndome trasladado en varias oportunidades al local signado con el No. 127, del Nivel Paramillo, del Centro Comercial Plaza San Cristóbal, en la Calle 10 con la Carrera 23 de Barrio Obrero de esta ciudad, no se encontró ni fue posible establecer su ubicación, ya que en dicho local actualmente funciona OPTIMUS SOFWAR Y CONSULTORIA, siendo informado por una [sic] ciudadano quien me manifestó desconocer a la mencionada Empresa, razón por la cual me fue imposible practicar la Notificación por lo antes expuesto. San Cristóbal 11 de marzo del año 2013 […]”. [Corchetes de esta Corte]. “[…] Consigno en este acto la Boleta de Notificación librada para las Asociaciones Civiles LAS MARIANAS Y FONDO COMUNITARIO LAS MARIANAS en las personas de las ciudadanas Rebeca Nuria Poblete Vallejos y Edecio Francisco Monzón López, ya que habiéndome trasladado en varias oportunidades al local signado con el No. C2-19, Nivel Avenida, del Centro Comercial El Pinar en las Acacias de esta ciudad, no se encontró ni fue posible establecer su ubicación, ya que en dicho local actualmente funciona otra Empresa, siendo informado por una ciudadana quien me manifestó desconocer a los mencionados ciudadanos, razón por la cual me fue imposible practicar la Notificación personal por lo antes expuesto. San Cristóbal 20 de marzo del año 2013 […]”. [Corchetes de esta Corte]. De modo que, ni la parte demandante ni la parte demandada se encuentran a derecho en el caso sub examine, imposibilitándose así, emitir pronunciamiento de fondo para esta Alzada, por cuanto el principio del debido proceso, consagrado en nuestra Carta Magna, constituye la base fundamental de la administración de justicia, debido a que, de allí parte la garantía del derecho a la defensa de los justiciables, motivo por el cual tanto los órganos jurisdiccionales como administrativos deben cumplir y hacer cumplir los medios de comunicación procesal, tales como, la citación y la notificación, a las partes involucradas en la litis a los fines de asegurar su correcta defensa. Por ello, esta Sede Jurisdiccional considera que hacer cumplir correctamente la notificación de las partes en el proceso judicial es de vital importancia para la validez de todo juicio, salvaguardando con ello, el derecho que tienen las personas de obtener una tutela judicial efectiva sin formalismos ni dilaciones indebidas, tal como lo consagra nuestra Carta Magna en sus artículos 26 y 257. Por lo antes expuesto, y visto el presunto cambio de domicilio procesal de las referidas partes, estima esta Corte pertinente oficiar al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a los fines que, dentro de diez (10) día de despacho siguientes a que conste en autos su notificación, remita la información correspondiente sobre el domicilio fiscal de la sociedad mercantil demandada Proyectos y Construcciones Pérez y Asociados C.A., y de las Asociaciones Civiles las Marianas y Fondo Comunitario las Marianas. Así se decide. Así, luego de que conste en actas la información requerida, se ordena a la Secretaría de esta Corte, que proceda a dictar un auto ordenando la notificación de todas las partes de la presente controversia, a saber: las Asociaciones Civiles las Marianas y Fondo Comunitario las Marianas, las sociedades mercantiles Proyectos y Construcciones Pérez y Asociados C.A., y Transeguro C.A., de Seguros, así como al ciudadano Presidente del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), al ciudadano Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat y al ciudadano Procurador General de la República, a los fines que den cumplimiento a lo ordenado por esta Alzada en la decisión número 2011-0629 de fecha 18 de abril de 2011. Así se decide. Aunado a ello, no se debe pasar por alto que, la representación judicial de la parte codemandada sociedad mercantil Transeguro C.A., de Seguros, en fecha 20 de diciembre de 2012, consignó un escrito solicitando a esta Alzada que declarara: “[…] la falta de Jurisdicción de cualquier Tribunal para conocer del presente caso, por cuanto toda gestión para el cobro de acreencias de cualquier tipo, en general de deudas de valor que se hayan originado en obligaciones contratadas por una empresa aseguradora Intervenida o en Liquidación, con anterioridad a la fecha de Intervención o de Liquidación, deben ser acumuladas al procedimiento administrativo que adelanta el Órgano Regulador de manera similar al proceso concursal de quiebra, pero en Sede Administrativa, el cual se abre tan pronto como se decide la Intervención o la Liquidación y que compete en forma exclusiva a la Administración Pública en cuestión y conmine a la parte actora que concurra ante la Junta Interventora para que reclame las obligaciones que tuviere la empresa TRANSEGURO C.A. DE SEGUROS en proceso de intervención […]”. (Destacado del original) [Corchetes de esta Corte]. En atención a lo expuesto, estima esta Corte menester oficiar a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora de la presente decisión, a los fines que dentro de diez (10) días de despacho, luego de que conste en autos su notificación, remita la información pertinente del estado en que se encuentra el proceso de intervención de la sociedad mercantil Transeguro C.A., de Seguros, alegado por la representación judicial de esta última. Así se decide. II Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley ordena: 1.- OFICIAR al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a los fines que dentro de diez (10) días de despacho siguientes a que conste en autos su notificación, remita la información correspondiente sobre el domicilio fiscal de la sociedad mercantil demandada Proyectos y Construcciones Pérez y Asociados C.A., y de las Asociaciones Civiles las Marianas y Fondo Comunitario las Marianas. 2.- Luego de que conste en actas la información requerida, se ORDENA a la Secretaría de esta Corte, que proceda a dictar un auto ordenando la notificación de todas las partes de la presente controversia, a saber: las Asociaciones Civiles las Marianas y Fondo Comunitario las Marianas, las sociedades mercantiles Proyectos y Construcciones Pérez y Asociados C.A., y Transeguro C.A., de Seguros, así como al ciudadano Presidente del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), al ciudadano Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat y a la ciudadana Procuradora General de la República, a los fines que den cumplimiento a lo ordenado por esta Alzada en la decisión número 2011-0629 de fecha 18 de abril de 2011. 3.- OFICIAR a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora de la presente decisión, a los fines que dentro de diez (10) días de despacho, luego de que conste en autos su notificación, remita la información pertinente del estado en que se encuentra el proceso de intervención de la sociedad mercantil Transeguro C.A., de Seguros, alegado por la representación judicial de esta última. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los ___________________ (___) días del mes de __________ del dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación. El Juez Presidente, ALEJANDRO SOTO VILLASMIL El Juez Vicepresidente, GUSTAVO VALERO RODRÍGUEZ Ponente El Juez, ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA La Secretaria Accidental, CARMEN CECILIA VANEGAS SALAS Exp. Número AP42-G-2008-000046 GVR/010 En fecha _____________________ ( ) de _____________ de dos mil trece (2013), siendo la (s) _________ de la ____________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el número ______________. La Secretaria Accidental.