JUEZ PONENTE: GUSTAVO VALERO RODRÍGUEZ Expediente Número AP42-N-2005-000836 El 18 de mayo de 2005, en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, se recibió el Oficio número 765-05 de fecha 26 de abril de 2005, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, anexo al cual remitió el expediente contentivo del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto conjuntamente con solicitud de Amparo Cautelar, por el ciudadano GUSTAVO COLORADO PALENCIA, titular de la cédula de identidad número 4.919.726, representado judicialmente por las abogadas Naila Marín y Martha González, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajos los números 63.995 y 56.459, respectivamente, contra el Acto Administrativo número 52, de fecha 12 de enero de 2001, suscrito por la Economista Nelys Lores de Matos, en su condición de “Directora General de Administración y Finanzas” de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO TRUJILLO, mediante el cual, se le notificó al mencionado querellante que había quedado cesante de su cargo. Tal remisión, se efectuó en virtud del auto de fecha 11 de febrero de 2005, dictado por el aludido Juzgado Superior, a lo fines de la consulta de su decisión de fecha 3 de diciembre de 2001, mediante la cual declaró “[…] NULO DE NULIDAD ABSOLUTA el acto contenido en el oficio Nº 52 de fecha 12/01/01 […]”. En fecha 21 de julio de 2005, se dio cuenta a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y, por auto de la misma fecha se designó ponente a la Jueza MARÍA EMMA LEÓN MONTESINOS, con el propósito que se dictara la decisión correspondiente. En fecha 25 de julio de 2005, se pasó el presente expediente a la Jueza ponente. En fecha 16 de septiembre de 2010, esta Corte dictó un auto dejando constancia que en fecha 6 de noviembre de 2006, fue constituida la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, conformada por los ciudadanos Emilio Ramos González, Presidente, Alexis José Crespo Daza, Vicepresidente y Alejandro Soto Villasmil, Juez; este Órgano Jurisdiccional se abocó al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encontraba, en el entendido que el lapso de los tres (03) días de despacho a que se contrae el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, comenzaría a transcurrir el día de despacho siguiente a la presente fecha. En esa misma fecha, se reasignó la ponencia al ciudadano Juez Emilio Ramos González, a quien se ordenó pasar el expediente a los fines que esta Sede Jurisdiccional dictara la decisión respectiva. En fecha 22 de septiembre de 2010, se pasó el expediente al ciudadano Juez ponente. En fecha 28 de febrero de 2011, esta Corte, vista la ausencia del expediente administrativo del ciudadano recurrente en el presente asunto, reiteró el carácter de prueba judicial que comporta el mismo dentro del proceso contencioso administrativo de anulación, por lo que, ordenó a la Gobernación del estado Trujillo, conforme lo prevé el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que, una vez constara en autos el recibo de la última de las notificaciones ordenadas y que hubiesen transcurrido los cinco (5) días continuos relativos al término de la distancia, en un lapso de cinco (5) días de despacho, remitiera a esta Sede Jurisdiccional copia certificada del aludido expediente, así como el Registro de Información de Cargos relativo al cargo de “Analista Medio de Presupuesto III”. De igual modo, se ordenó la notificación del ciudadano querellante a los fines que tuviera conocimiento de dicho requerimiento y, de haber sido el caso, hubiese tenido la oportunidad de impugnar la información que la Administración consignara. En fecha 29 de marzo de 2011, esta Alzada con el objeto de dar cumplimiento al auto dictado en fecha 28 de febrero de 2011, ordenó notificar a las partes de la presente litis, así como, al Procurador General del estado Trujillo. Y, visto que las mismas se encontraban domiciliadas en el mencionado estado, se comisionó al Juzgado de los Municipios de Trujillo, Pampan y Pampanito de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, para que efectuara las diligencias necesarias relacionadas con las notificaciones respectivas, ello, conforme lo prevé el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil. En esa misma fecha, se libraron los Oficios respectivos. En fecha 5 de mayo de 2011, el ciudadano Alguacil de este Órgano Jurisdiccional consignó oficio de la comisión número CSCA-2011-2187, dirigido al ciudadano Juez de los Municipios de Trujillo, Pampan y Pampanito de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, la cual fue enviada a través de la Valija Oficial de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en fecha 26 de abril de 2011. En fecha 30 de mayo de 2012, se recibió del Juzgado de los Municipios Trujillo, Pampan y Pampanito de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, el Oficio número 3250-5752, de fecha 19 de marzo de 2012, al cual remitió las resultas de la comisión número 7769, librada por esta Alzada en fecha 29 de marzo de 2011. En fecha 31 de mayo de 2012, se ordenó agregar a los autos las resultas de la comisión ut supra identificada, la cual fue parcialmente cumplida. En esa misma fecha, se dio cumplimiento a lo ordenado. En fecha 28 de junio de 2012, esta Corte, a los fines de dar cumplimiento a la decisión dictada en fecha 28 de febrero de 2011 y, vista la exposición del ciudadano Alguacil del Juzgado Comisionado de fecha 15 de marzo de 2012, por medio de la cual, manifestó la imposibilidad de practicar la notificación dirigida al ciudadano recurrente, se acordó librar boleta por cartelera dirigida al mismo, para que fuese fijada en la sede de este Tribunal, conforme lo prevé el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 174 y 233. En esa misma fecha, se libró la respectiva boleta por cartelera. En fecha 23 de julio de 2012, se fijó en la cartelera de esta Sede Jurisdiccional la boleta librada en fecha 28 de junio de 2012. En fecha 17 de septiembre de 2012, se retiró de la cartelera de esta Alzada la boleta fijada en fecha 23 de julio de 2012. En fecha 9 de octubre de 2012, esta Corte, considerando a las partes de la presente litis notificadas del auto de fecha 28 de febrero de 2012 y vencidos como se encontraban los lapsos establecidos en el mismo, se ordenó pasar el presente expediente al Juez ponente, a los fines que se dictara la decisión correspondiente. En fecha 17 de octubre de 2012, se pasó el expediente al Juez ponente. En fecha 25 de febrero de 2013, esta Corte dictó auto mediante el cual dejó constancia que, en fecha 20 de febrero de 2013, fue reconstituido este Órgano Jurisdiccional, en razón de la incorporación del Dr. GUSTAVO VALERO RODRÍGUEZ y mediante sesión de esa misma fecha, fue elegida la nueva Junta Directiva, la cual quedó constituida de la siguiente manera: ALEJANDRO SOTO VILLASMIL; Juez Presidente, GUSTAVO VALERO RODRÍGUEZ; Juez Vicepresidente y ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA, Juez; esta Corte, se abocó al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encontraba, reanudándose la misma una vez transcurrido el lapso establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. En fecha 5 de marzo de 2013, esta Corte, transcurrido el lapso establecido en el auto dictado en fecha 25 de febrero de 2013, reasignó la ponencia de la presente causa al Juez GUSTAVO VALERO RODRÍGUEZ, a quien se ordenó pasar el expediente a los fines que se dictara la decisión correspondiente. En esa misma fecha, se pasó el expediente al Juez ponente. Verificadas como se encuentran las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a decidir previa las siguientes consideraciones: I DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL Mediante escrito de fecha 16 de febrero de 2001, el ciudadano Gustavo Coronado Palencia, representado judicialmente por las abogadas Naila Marín y Martha González, antes identificados, interpuso Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial conjuntamente con solicitud de Amparo Cautelar contra el acto administrativo número 52 de fecha 12 de enero de 2001, suscrito por la Economista Nelys Lores de Matos en su condición de Directora General Administración y Finanzas de la Gobernación del estado Trujillo, con base a los siguientes alegatos: En primer término, alegaron que en “[…] fecha 06/01/84 [sic] [su] mandante ingresó a la Administración Pública, […], convirtiéndose en sujeto de derecho de la Ley de Carrera Administrativa del Estado [sic] Trujillo, a tenor de lo establecido en el artículo 1 ejusdem [sic], la cual regula los deberes y derechos de los funcionarios públicos, en virtud de la relación, de trabajo existente entre éstos y el Poder Público Estadal […] [en] el mismo orden de ideas, [consideraron] importante señalar que [su] poderdante no [era] considerado funcionario de libre nombramiento y remoción a tenor de lo establecido en el artículo 4 de la Ley en comento […]”. (Negrillas del original) [Corchetes de esta Corte]. Manifestaron que, “[…] a [su] representado le fue participado el cese de sus funciones, como ANALISTA MEDIO DE PRESUPUESTO III adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas, mediante oficio Nº 52, de fecha 12/01/01 [sic], suscrito por la Econ. Nelys Lores de Matos, en su condición de Directora General de Administración y Finanzas […]”. (Negrillas del original) [Corchetes de esta Corte]. En cuanto, a los fundamentos de derecho utilizados en el precitado acto, esto es, el “[…] Decreto Nº 60 de fecha 20 de Diciembre del año 2000, publicado en Gaceta Oficial del Estado Trujillo Nº 00028 Extraordinaria de fecha 21 de diciembre del 2000 […]”, así como la “[…] Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2001 […]”, la representación judicial del recurrente efectuó ciertas observaciones y concluyó, por una parte, que “[…] dicho fundamento no se [correspondía] con causal alguna de destitución, consecuentemente no [había] una relación sucinta entre el hecho y el derecho invocado […]” y, por la otra que “[…] fue omitido de la Ley de Presupuesto 2001 (costos), sin conocer las causas, parámetros o criterios de exclusión; por consiguiente, la Administración Pública Estatal actuó con prescindencia Total y Absoluta del Procedimiento Legalmente Establecido, que por demás lo condujo a un estado de absoluta indefensión […]”. (Negrillas del original) [Corchetes de esta Corte]. En ese sentido, destacaron que “[…] en el supuesto negado que los fundamentos de derecho invocados por la Administración Pública Estadal, guardasen relación alguna con los hechos, los mismos no [debían] privar sobre la Ley especial que rige la materia a saber: Ley de Carrera Administrativa del Estado Trujillo, Ley de Carrera Administrativa Nacional y menos aún violar los derechos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela […]”. (Negrillas del original) [Corchetes de esta Corte]. Ahora bien, respecto al derecho vulnerado la parte recurrente arguyó que “[…] [del] análisis del acto administrativo que materializa la destitución de [su] representado, se [evidenció] la violación directa y flagrante de los derechos primarios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela - específicamente en sus artículos 49, 87 y 89 que prevén: a) Derecho al Debido Proceso: por cuanto la destitución de [su] mandante -en el supuesto negado de [que hubiese] incurrido en causal de destitución debió efectuarse previo el cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 74 de la Ley de Carrera Administrativa del Estado Trujillo en concordancia con los Artículos 107 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa del Estado [sic] Trujillo, perfectamente adminiculado con los artículos 110 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa Nacional. b) Derecho a la Defensa: El artículo 75 de la Ley de Carrera Administrativa del Estado Trujillo estipula: ‘Las sanciones aquí previstas no podrán aplicarse a los funcionarios públicos de carrera de la Administración Pública Estadal, sin que se les haya oído previamente’ […] aunado a que ha sido criterio pacífico y reiterado de la Corte Suprema de Justicia hoy Tribunal Supremo de Justicia, que el derecho a la defensa es extensible en su aplicación además de a [sic] los procesos judiciales a los procedimientos administrativos y cualquier violación flagrante del derecho a la defensa para la emisión de un acto administrativo, constituye un VICIO:(Art. 19 Ord. 4) susceptible de ser sancionado por la vía de la Acción de Amparo Constitucional, sin que ello [impidiera] que en determinados casos [pudiera] acudirse a las Acciones Contencioso-Administrativas […]. El actuar de la Administración Pública del Estado, constituye lesión de los derechos subjetivos de [su] poderdante, al no habérsele dado la posibilidad de intervenir en proceso alguno para alegar y probar lo que estimase conveniente en su favor, incurriendo de esta manera en el vició de abuso de poder (Art. 139 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela [sic]. c) Derecho al Trabajo y a la Estabilidad: Por mandato expreso del numeral 1 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1 y 15 de la Ley de Carrera Administrativa del Estado Trujillo, ninguna Ley (Decreto Nº 60, Ley de Régimen Político del Estado Trujillo, Ley de Presupuesto) podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. Derechos éstos estipulados en el artículo 93 eiusdem. En conclusión, el acto administrativo que contiene la destitución de [su] mandante, viola derechos legales y constitucionales tales como: derecho a la defensa el derecho de hacerse parte, el derecho a ser oído, el derecho a ser notificado, el derecho al acceso a la supuesta investigación, el derecho a presentar alegatos o pruebas, a ejercer cargos públicos (al trabajo) y a la estabilidad […]”. (Negrillas del original) [Corchetes de esta Corte]. Aunado a ello, el recurrente señaló que el Acto Administrativo impugnado era nulo de nulidad absoluta, por la siguientes razones: “[…] PRIMERA: […] el acto impugnado [era] Inmotivado, [adolecía] de expresión sucinta de los hechos, de las razones que originaron la destitución y los fundamentos legales utilizados no [correspondían] con la decisión: es decir, con las causales de destitución taxativamente indicadas en el artículo 73 de la Ley de Carrera Administrativa del Estado Trujillo, transgrediendo los artículos 9, 18 y 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos […]”. (Negrillas del original) [Corchetes de esta Corte]. Luego, señaló “[…] SEGUNDA: [el] acto administrativo impugnado, fue participado a [su] poderdante, mas [sic] no notificado puesto que para adquirir dicho carácter, era necesario cumplir con los requisitos del artículo 73 de la L.O.P.A., requisitos éstos que obvió el órgano que lo emitió, pues no se [indicaron] los recursos que [procedían], los términos para ejercerlos y los órganos ante los cuales [debían] interponerse; por consiguiente [era] defectuoso e ineficaz según el artículo 74 ejusdem [sic] […]”. (Mayúsculas y negrillas del original) [Corchetes de esta Corte]. En relación a las razones antes expuestas, continuó manifestando lo siguiente “[…] TERCERA: [en] cuanto a la autoridad que dictó el acto, es relevante destacar el contenido del Parágrafo Primero del artículo 73 de la Ley de Carrera Administrativa del Estado Trujillo: […]. Así mismo, los artículos 6 y 45 ejusdem [sic] establecen cuáles son las autoridades competentes para efectuar los nombramientos (Gobernador del Estado, Prefectos de los Distritos) y en el supuesto negado que se hubiese actuado por delegación, debió constar el número y fecha del acto que confirió la competencia (artículo 18 numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos); por consiguiente [estaba] viciado de NULIDAD ABSOLUTA de conformidad con el artículo 19 ordinal 4 de la señalada Ley […]”. (Mayúsculas y negrillas del original) [Corchetes de esta Corte]. Así, agregó lo siguiente “[…] CUARTA: Respecto al fundamento jurídico, tal como, se indicó con anterioridad, no [guardaba] relación con el hecho (destitución) además de haber omitido lo previsto en el artículo 74 de la Ley de Carrera Administrativa del Estado Trujillo […] [menoscabando] o perturbando el ejercicio de los derechos particulares consagrados en normas de mayor jerarquía como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, convirtiendo el acto de imposible e ILEGAL ejecución por mandato expreso del artículo 19 ordinal 3 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos […]”. (Mayúsculas y negrillas del original) [Corchetes de esta Corte]. De igual forma, arguyó lo siguiente “[…] QUINTA: Respecto al fundamento jurídico, tal como, se indicó con anterioridad, no [guardaba] relación con el hecho (destitución) además de haber omitido lo previsto en el artículo 74 de la Ley de Carrera Administrativa del Estado Trujillo […] [menoscabando] o perturbando el ejercicio de los derechos particulares consagrados en normas de mayor jerarquía como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, convirtiendo el acto de imposible e ILEGAL ejecución por mandato expreso del artículo 19 ordinal 3 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos […]”. (Mayúsculas y negrillas del original) [Corchetes de esta Corte]. En ese sentido, agregó como “[…] SEXTA: La ausencia del debido proceso, […] conlleva a la NULIDAD por prescindencia total y absoluta de procedimiento legalmente establecido de conformidad con el artículo 19 ordinal 4 de la misma Ley […]. Finalmente, el incumplimiento de los requisitos y de los procedimientos para la producción del acto administrativo [configuró una] violación directa, flagrante, grosera e inmediata de las limitaciones a la actividad administrativa que [acarreó] como consecuencia la invalidez o la ineficacia del Acto Impugnado y que para mayor gravamen, además de pertenecer como Secretario de Organización, a la Junta Directiva del Sindicato Único de Empleados Públicos del Estado Trujillo para el período 99-2002 (Fuero Sindical), al momento de la destitución, [su] poderdante gozaba de Inamovilidad Funcionarial prevista en el artículo 458 de la Ley Orgánica del Trabajo […]”. (Mayúsculas y negrillas del original) [Corchetes de esta Corte]. Ahora bien, respecto a la medida cautelar innominada señalaron que, de los documentos que acompañaban el escrito recursivo “[…] se [evidenciaba] clara y fehacientemente el fundado temor por parte de [su] representada que [persistiera] la actitud violatoria de los derechos constitucionales y normas procedimentales que le [causaban] lesiones graves entre ellos: el de ejercer el cargo para el cual fue nombrado (trabajo), el de estabilidad en el mismo y el de percibir un salario para su sustento y de su familia; derecho éste último que le [había] sido cercenado desde el 01/01/2001 [sic], puesto que la última quincena devengada fue la del 31/12/2000 [sic], transgrediendo el carácter de crédito laboral de exigibilidad inmediata previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, agravándose el daño por el transcurso del tiempo hasta la obtención de sentencia definitiva […]”. (Negrillas del original) [Corchetes de esta Corte]. Por ello, solicitaron “[…] a) La suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado, de conformidad con lo establecido en los artículos 585, 588 Parágrafo Primero y 601 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de justicia [sic] y por consiguiente se [restituyera] en el ejercicio de sus funciones a [su] poderdante, así como la cancelación de los sueldos dejados de percibir desde el 01/01/01 [sic] y los demás conceptos derivados del régimen funcionarial […]. b) La declaratoria de urgencia y reducción de los plazos legales, a tenor de lo establecido en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con la decisión vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 01/02/00 [sic], en expediente N° 00-00-10, en el juicio de José a. Mejía y José Sánchez V. […]”. (Negrillas del original) [Corchetes de esta Corte]. En relación de lo antes expuesto, la parte recurrente solicitó que fuese declarado con lugar “[…] EL AMPARO Y LA NULIDAD ABSOLUTA del acto recurrido y en consecuencia [se ordenara] su incorporación inmediata al cargo con el pago de la remuneración y demás conceptos dejados de percibir desde el 01/01/01 [sic], así como la indexación de los mismos […]”. (Mayúsculas y negrillas del original) [Corchetes de esta Corte]. Por otra parte, incoaron “[…] [como] acción subsidiaria y sólo en el supuesto negado que el Tribunal [declarara] sin lugar el Recurso de Nulidad por ilegalidad interpuesto, [demandaron] en nombre de GUSTAVO CORONADO PALENCIA el pago de las Prestaciones Sociales y los Intereses de Mora que le [correspondían] desde la fecha de su destitución, a tenor de lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela concatenado con el artículo 259 eiusdem […]”.(Mayúsculas y negrillas del original) [Corchetes de esta Corte]. Finalmente, solicitaron que el “[…] Recurso de Amparo Constitucional conjuntamente con Recurso de Nulidad por ilegalidad [fueran] admitidos, tramitados y sustanciados conforme a derecho y declarados con lugar con todos pronunciamientos de Ley […]”. (Negrillas del original) [Corchetes de esta Corte]. II DEL FALLO APELADO En fecha 3 de diciembre de 2001, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, declaró “[…] NULO DE NULIDAD ABSOLUTA el acto contenido en el oficio Nº 52 de fecha 12/01/01 [sic] […]”, con fundamento en las siguientes consideraciones: “[…] Pretende la defensa del estado Trujillo, con evidente fraude de la Ley plantear que el cambio de denominación en el servicio, donde prestaba sus funciones la parte recurrente, es de suyo suficiente para considerar que se eliminó el servicio público que se prestaba, pero a juicio de quien juzga, ello no ha sucedido, por que [sic] tal, equivaldría a decir por ejemplo, que los empleados del Ministerio de Sanidad, perdieron su estabilidad, por que [sic] ahora se denomina Ministerio de la Salud, lo que es a todas luces un argumento baladí y fraudulento y así se decide. Es de hacer notar que el acto de ‘Destitución’ del funcionario recurrente, es ejemplo de lo que no debe hacerse en materia de actos administrativos; en efecto, violó el debido proceso y el derecho a la asistencia jurídica, simplemente por que [sic] no estuvo precedido de un procedimiento de formación del acto, configurándose la nulidad absoluta prevista en los ordinales 1ro y 4to del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, bien por violación expresa de normas constitucionales y legales bien por ausencia total y absoluta de procedimiento, pero además de ello, fue dictado por funcionario incompetente para ello, ya que la suma administración y disposición de los asuntos de Gobierno, son de la competencia exclusiva y excluyente del Gobernador del estado y por consiguiente el acto contenido en el oficio N° 52 de fecha 12/01/01 [sic], es nulo de nulidad absoluta, por haber sido dictado por funcionario incompetente para ello, como lo era la economista Nelys Lores de Matos, quien a pesar de decir actuar por instrucciones del Gobernador, no se trajo a los autos la demostración de la delegación funcional o de firma y así se decide. Como consecuencia de la nulidad, se ordena al estado Trujillo, reincorporar al recurrente a su cargo de ANALISTA MEDIO DE PRESUPUESTO III o a otro de igual o similar jerarquía en el organigrama del Ejecutivo Trujillano y por vía de consecuencia se ordena pagarle al recurrente los salarios dejados de percibir así como cualquier otro beneficio socioeconómico, aumentados en la misma proporción que lo haya hecho el cargo del cual se lo destituyó u otro de similar jerarquía, desde el momento de su ilegal retiro que lo fue el 12/01/01 [sic] hasta la fecha en que sea solicitada la ejecución voluntaria del presente fallo y así se decide. Con relación al poder en copia que fue impugnado, a este tribunal le consta por conocimiento privado judicial, que las abogadas recurrentes, tienen otorgado dicho poder, cual consta en el original que riela al expediente Nº 5580 y que este tribunal puede utilizar según la doctrina de ‘Stein’, ampliamente utilizada en este tribunal, en casos anteriores y por consiguiente el poder se tiene por fidedigno, por constar en original y así se decide. No se analiza la acción subsidiaria, por haberse propuesto para el supuesto de denegatoria de la acción principal. DECISIÓN En virtud de lo antes expuesto, este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA NULO DE NULIDAD ABSOLUTA el acto contenido en el oficio Nº 52 de fecha 12/01/01 por haber sido dictado por funcionario incompetente para ello, como lo era la Economista Nelys Lores de Matos, quien a pesar de decir actuar por instrucciones del Gobernador, no se trajo a los autos la demostración de la delegación funcional o de firma, al igual que es nulo encuadrar dentro de los ordinales 1er y 4to del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cual se dijo supra. Como consecuencia de la nulidad, se ordena al estado Trujillo, reincorporar al recurrente a su cargo de ANALISTA MEDIO DE PRESUPUESTO III o a otro de igual o similar jerarquía en el organigrama del Ejecutivo Trujillano y por vía de consecuencia se ordena pagarle al recurrente los salarios dejados de percibir así como cualquier otro beneficio socioeconómico, aumentados en la misma proporción que lo haya hecho el cargo del cual se lo destituyó u otro de similar jerarquía, desde el momento de su ilegal retiro que lo fue el 12/01/01 [sic] hasta la fecha en que sea solicitada la ejecución voluntaria del presente fallo […]”. (Mayúsculas y Negrillas del original) [Corchetes de esta Corte]. III DE LA COMPETENCIA Como punto previo, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo debe verificar su competencia para conocer de la consulta de Ley, establecida en el artículo 70 de la derogada Ley de la Procuraduría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial número 5.554 Extraordinario de fecha 13 de noviembre de 2001, aplicable rationae temporis, hoy artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial número 5.892 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008. De dicho artículo se colige que toda decisión que resulte contraria a la pretensión, defensa o excepción de la República debe ser sometida a consulta obligatoria ante el Tribunal Superior Competente. Ello así, corresponde a esta Alzada verificar su competencia para conocer el presente asunto, para lo cual observa que dentro del ámbito de competencias de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, se encuentra el conocimiento de las apelaciones interpuestas contra las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial número 39.451, de fecha 22 de junio de 2010, la cual establece que los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa -aún Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo- son los competentes para conocer de las apelaciones y las consultas de ley, de las decisiones de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los cuales mantienen la denominación de Juzgados Superiores Regionales de lo Contencioso Administrativo hasta tanto entre en vigencia lo relativo a la Estructura Orgánica de dicha Jurisdicción, en virtud de lo cual esta Corte resulta competente para conocer como Alzada natural de las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores con competencia contencioso-administrativa. Así se declara. IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Establecida la competencia anteriormente, resulta pertinente para esta Corte determinar, si en el caso de marras, es aplicable la consulta obligatoria establecida en el artículo 70 de la derogada Ley de la Procuraduría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial número 5.554 Extraordinario de fecha 13 de noviembre de 2001, aplicable rationae temporis, hoy artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial número 5.892 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, para lo cual se observa: El presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial fue ejercido contra la Gobernación del estado Trujillo, por lo que se considera preciso hacer alusión al contenido del artículo 36 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, (antes artículo 33 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público), el cual contiene una cláusula de aplicación extensiva, conforme al cual las prerrogativas y privilegios que acordaran las leyes nacionales a la República serían aplicables, por efecto del artículo in examine, a los estados. Ahora bien, debe observarse que la sentencia dictada en fecha 3 de diciembre de 2001, en primera instancia, es contraria a la defensa del estado Trujillo, por lo que ante tal circunstancia, debe ser aplicada al caso de autos, la prerrogativa contenida en el artículo 70 de la derogada Ley de la Procuraduría General de la República, antes identificada, en consecuencia, resulta Procedente la consulta obligatoria de la referida sentencia, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental. Así se establece. En ese sentido, resulta oportuno destacar que ha sido criterio reiterado de este Órgano Jurisdiccional, que la consulta, a diferencia del Recurso de Apelación, constituye una institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del Juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de la que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente la decisión adoptada en primera instancia, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, corrigiendo los errores jurídicos que ésta adolezca. No obstante, es menester resaltar que la revisión mediante la Consulta no abarca la revisión total del mismo, sino que ha de circunscribirse al aspecto o aspectos de la decisión que resultaron contrarios a los intereses de la República, tal y como lo dispone expresamente el referido artículo 70 eiusdem. Razón por la cual, esta Corte pasa de seguidas a revisar, sólo en aquellos aspectos que resultaron desfavorables a la defensa esgrimida por la representación del estado Trujillo, la sentencia dictada por el Juzgador de Instancia, a los fines de dar cumplimiento a la Consulta de Ley. Así se decide. Precisado lo anterior, pasa a esta Corte a pronunciarse sobre la Consulta de Ley correspondiente y, al respecto observa: Las apoderadas judiciales del ciudadano Gustavo Coronado Palencia adujeron que, del análisis del Acto Administrativo impugnado e identificado con el número 52 de fecha 12 de enero de 2001, suscrito por la Economista Nelyz Lores de Matos en su condición de “Directora General de Administración y Finanzas” de la Gobernación del estado Trujillo, mediante el cual se le notificó al mencionado querellante que había quedado cesante de su cargo; se evidencia la violación directa y flagrante de los derechos consagrados en los artículos 49, 87 y 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativos al debido proceso, a la defensa, al trabajo y a la estabilidad. Alegando además que, dicho acto es “NULO DE NULIDAD ABSOLUTA” por ser inmotivado, ya que a su decir, carece de la expresión sucinta de los hechos y, los fundamentos legales utilizados no corresponden con la decisión, esto es, con las causales de destitución previstas en el artículo 73 de la Ley de Carrera Administrativa del estado Trujillo. Aunado a ello, aparentemente, el aludido acto administrativo fue participado al ciudadano querellante más no notificado, al no haber indicado los recursos que procedían en su contra, los términos para ejercerlos ni los órganos ante los cuales debían interponerse, siendo además que dicho acto fue suscrito, presuntamente, por un funcionario incompetente, por consiguiente defectuoso según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. A tal efecto, observa esta Corte que el Juzgador de Instancia en la sentencia objeto de consulta anuló el acto impugnado por parte del querellante, como consecuencia de la incompetencia de la entonces Directora de Finanzas, adscrita a la Gobernación del estado Trujillo, aunado al hecho que, aparentemente, la Administración querellada no implementó ningún tipo de procedimiento para proceder a la “destitución” del querellante de su cargo, incurriendo, en las causales previstas en el numeral 1 y 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Por ende, ordenó la reincorporación del ciudadano recurrente, al cargo que desempeñaba o a otro de igual o similar jerarquía en el organigrama del Ejecutivo Trujillano, así como el pago de los salarios dejados de percibir, y cualquier otro beneficio socioeconómico, aumentados en la misma proporción que lo haya hecho el cargo del cual se le retiró u otro de similar jerarquía, desde el momento de su ilegal retiro, esto es, el 12 de enero del 2001, hasta la fecha en que hubiese sido solicitada la ejecución voluntaria del fallo bajo estudio. En atención a lo expuesto, estima esta Corte necesario destacar preliminarmente, que el ciudadano Gustavo Coronado Palencia, antes identificado, se desempeñó como Analista Medio de Presupuesto III, adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas de la Gobernación del estado Trujillo, habiendo ingresado en el Ejecutivo de dicha Entidad Federal en fecha 1 de enero de 1976 y egresado en fecha 12 de enero de 2001 (fecha en que le fue notificado el acto impugnado), tal y como se evidencia de la copia simple de la constancia de trabajo de fecha 20 de febrero de 1990 y del Acto Administrativo impugnado contenido en el Oficio número 52 de fecha 12 de enero de 2001, los cuales corren insertos al folio catorce (14) y al folio quince (15) del expediente judicial. Aunado a ello, se observa que el aludido querellante se desempeñó como “Secretario Organizacional” de la Junta Directiva del Sindicato Único de Empleados Públicos del estado Trujillo (S.U.E.P.E.T.), para el periodo comprendido entre el año 1999 y el año 2002, gozando aparentemente de la inamovilidad laboral prevista en la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para dicho periodo, tal y como se desprende de la copias simples que corren insertas al folio veinticinco (25), veintiséis (26), veintinueve (29) y treinta (30) del expediente judicial. Al respecto, es menester recalcar que tales documentales no fueron desvirtuadas por la parte querellada, de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se tienen como ciertas. Precisado lo anterior, y luego de una exhaustiva revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente observa esta Alzada que, el hecho que generó la lesión de los derechos subjetivos del querellante, y el cual ocasionó la interposición del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, fue el Acto Administrativo contenido en el Oficio número 52 de fecha 12 de enero de 2001, suscrito por quien fuera la Directora de Finanzas de la Gobernación del estado Trujillo para el referido año, mediante el cual se le notificó a la ciudadano Gustavo Coronado Palencia que: “[…] Siguiendo instrucciones del ciudadano Gobernador del Estado Trujillo Dr. Gilmer Viloria, y a los efectos de dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 10º del Decreto Nº 60 de fecha 20 de Diciembre del año 2000, publicado en Gaceta Oficial del Estado Trujillo Nº 00028 Extraordinaria de fecha 21 de Diciembre del 2000, cumplo en notificarle que con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2001 y el Registro de Asignación de Cargos de la Gobernación del Estado Trujillo, el cargo que usted, venía desempeñando en calidad de ANALISTA MEDIO DE PRESUPUESTO III y que estaba adscrito a la Dirección de Administración Y Finanzas de la Gobernación del Estado Trujillo, no aparece en la referida Ley antes señalada, por lo que en consecuencia las funciones que usted desempeñaba cesaron. Notificación que hago llegar a usted para su debido conocimientos y demás fines. ATENTAMENTE […Firma…] ECON. NELYS LORES DE MATOS DIRECTORA DE FINANZAS […]”. (Mayúsculas del original) [Subrayado y corchetes de esta Corte]. En atención al acto ut supra transcrito, es necesario para esta Corte destacar que el “cese” del cargo del ciudadano Gustavo Coronado Palencia, comunicado por la Administración querellada en dicho acto, comprendió la separación definitiva de dicho funcionario público de su relación de empleo público. Por lo que, resulta imperante para esta Corte pasar a determinar si quien suscribió el acto impugnado incurrió o no en la incompetencia alegada por la parte querellante, por ende, se efectuarán las siguientes consideraciones respecto al vicio de incompetencia en los actos administrativos: El artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en cuanto al referido vicio de incompetencia, dispone lo siguiente: “[…] Artículo 19. Los actos de la administración serán absolutamente nulos en los siguientes casos: […Omissis…] 4. Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes, o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido”. [Subrayado y corchetes de esta Corte]. En virtud de lo señalado en la norma parcialmente citada ut supra, entiende esta Corte que el vicio de incompetencia es uno de los vicios más graves que afecta la validez del Acto Administrativo, ya que implica que el acto ha sido dictado por funcionarios u órganos que no estaban debida y legalmente autorizados para dictarlo, sea en virtud de que se extralimitaron en el ejercicio de las competencias que tenían para otra actuación o simplemente actuaron en usurpación de autoridad o funciones. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone en su artículo 136 que cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias. Por su parte, el artículo 137 eiusdem determina que la Constitución y la Ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realice el Estado. Al respecto, debe destacarse igualmente que el artículo 141 eiusdem proclama que la Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, esto es, al Principio de Legalidad. Las normas anteriormente mencionadas contienen los principios esenciales en que se fundamenta el ejercicio del Poder Público, siendo el más importante de todos ellos, el que consagra el pleno y absoluto sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. De esta manera, los órganos recipiendarios del Poder Público, sea cual fuere su naturaleza, no pueden actuar sino dentro de los límites fijados por el ordenamiento jurídico. Por tanto, toda actuación que trascienda el bloque de la legalidad, es contraria a derecho, y debe ser corregida por los mecanismos ideados por el propio ordenamiento jurídico. En este orden de ideas, la competencia es ciertamente la medida de la potestad atribuida por la Ley a cada órgano, de modo que no habrá competencia ni, desde luego, actuación administrativa válida, si no hay previamente el señalamiento, por norma legal expresa, de la atribución que se reconoce al órgano y de los límites que la condicionan. De allí que, si hay inexistencia o falseamiento de los presupuestos fácticos, el órgano no podrá ejercitar el poder que el ordenamiento le ha atribuido y la actuación que cumpla estará viciada de ilegalidad y de nulidad absoluta, acorde con la previsión contenida en el citado numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. De modo que, al ser la competencia resultado de una declaración normativa, el ejercicio de atribuciones en defecto de dicha declaración implica, por una parte, una acción administrativa de hecho, por la otra, una extralimitación de atribuciones o, la más grave, una usurpación de funciones. Ahora bien, podrá modificarse tal atribución de competencia a través de la delegación de poder, competencia, funciones o atribuciones, cuyo fin es cambiar el orden de cómo las mismas se encuentran distribuidas entre los órganos administrativos, lo cual constituye una verdadera y propia desviación de competencia por delegación, en el sentido que, por su intermedio, el órgano titular de una competencia por disposición de una norma, transfiere mediante un acto de carácter subjetivo, su ejercicio a un órgano subalterno, siempre y cuando una norma así lo permita, de manera que éste puede lícitamente ejercitar dicha competencia, de la misma forma como antes sólo podía hacerlo su superior jerárquico. (Vid. Sentencia número 2010-1789, dictada por este Órgano Jurisdiccional, en fecha 29 de noviembre de 2010, caso: María Dolores Lozada contra la Gobernación del estado Trujillo). En atención a lo expuesto, es menester destacar que el artículo 160 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que el gobierno y la administración de cada estado corresponde a su Gobernador, por tanto, es este último, el funcionario competente en todo lo concerniente a la Función Pública Estadal y a la Administración de Personal en la Administración Pública Estadal. Y así, lo consagra la Ley de Régimen Político del estado Trujillo, publicada en la Gaceta Oficial número 00027, de fecha 15 de diciembre de 2000, al disponer en su artículo 5 lo siguiente: “Artículo 5. El gobierno y la administración estadal corresponden al Gobernador o Gobernadora, quien es el Jefe o la Jefa de Gobierno y de la Administración Pública del Estado, por lo tanto superior jerárquico de los órganos y funcionarios y funcionarias de la misma”. Así pues, circunscribiéndonos al caso sub examine, se observa que la Administración querellada retiró al ciudadano querellante del Ejecutivo Trujillano, por medio del Acto Administrativo ut supra identificado, el cual estuvo fundamentado en el artículo 10 del Decreto número 60 de fecha 20 de diciembre de 2000, publicado en la Gaceta Oficial del estado Trujillo número 00028 Extraordinaria, de fecha 21 de diciembre del mismo año, el cual, respecto a la funciones de los Directores que formarían parte de la Gobernación del estado Trujillo, establecía lo siguiente: “Artículo 10º - Cada uno de los Directores y Directoras Nombrados deberán organizar su despacho, cuidar de la inversión de las partidas variables de sus respectivos presupuestos, atendiendo a los registros de cargos aprobado por el Consejo Legislativo del Estado y procediendo a elaborar un Proyecto que determine el costo económico para el pago de la prestaciones social [sic], jubilaciones y demás derechos que correspondan a las personas que en virtud de esta nueva estructura organizacional de la administración pública del estado hayan cesado en sus funciones; y velar por la buena marcha y eficacia de los servicios que dependan de cada Dirección, bajo la inmediata supervisión del Gobernador, a través de la Secretaria General de Gobierno, como lo determina el Artículo 15 de la Ley del Régimen Político del Estado Trujillo”. [Negrillas y corchetes de esta Corte]. De la norma antes citada, no se evidencia que a los Directores de la Administración querellada se le haya atribuido la facultad de remover o destituir a ninguno de los funcionarios de la Gobernación del estado Trujillo, por el contrario, se evidencia que las funciones que debían desempeñar estarían bajo la supervisión inmediata del Gobernador de dicho estado. No obstante, a los fines de verificar más a profundidad las funciones de los aludidos Directores, específicamente las de la Directora de Finanzas de la Entidad Federal querellada, se hace necesario traer a colación lo dispuesto en la Ley de Régimen Político del estado Trujillo, antes identificada, que en sus artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 45 eiusdem, establece lo siguiente: “[…] TITULO II DE LAS DIRECCIONES DEL PODER EJECUTIVO CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 14.- Las Direcciones del Poder Ejecutivo son las siguientes: […] 3.- Dirección de Finanzas […]. ARTÍCULO 15.- En cada una de las Direcciones que esta ley establece, el respectivo Director o Directora es el Jefe o Jefa de su Despacho, conformado igualmente por los demás empleados subalternos y empleadas subalternas requeridos por el servicio que designe el Gobernador o Gobernadora del Estado. A cada Director o Directora corresponde organizar su Despacho, cuidar de la inversión de la Partidas Variables de su respectivo presupuesto, y de los distintos servicios que de él o de ella dependan bajo la inmediata supervisión del Gobernador o Gobernadora del Estado, a través de la Secretaria General de Gobierno. ARTÍCULO 16.- Cada una de las Direcciones del Poder Ejecutivo dará cuenta por escrito, al Gobernador o Gobernadora del Estado, a través de la Secretaria General, de todos los asuntos que ocurrieren en su respectivo Despacho, presentará un estudio sobre ellos y propondrá las soluciones que a su juicio deban adoptarse. ARTÍCULO 17.- Los Directores y Directoras del Poder Ejecutivo son de la libre elección y remoción del Gobernador o Gobernadora del Estado. ARTÍCULO 18.- El Gobernador o Gobernadora, con el Secretario o Secretaria General de Gobierno y los Directores y Directoras del Poder Ejecutivo, celebraran semanalmente reuniones para considerar todos los aspectos que convengan al buen funcionamiento del gobierno y de la administración en el Estado. […]. ARTÍCULO 19.- Las distintas Direcciones del Poder Ejecutivo, presentarán un Informe de la labor realizada en su respectivo Despacho durante el ejercicio fiscal correspondiente al Gobernador o Gobernadora del Estado, para incluirlos en la cuenta de su gestión, que éste o ésta ha de presentar ante el Contralor o Contralora General del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 161 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela […]. ARTÍCULO 29.- El Director o Directora de la Dirección de Finanzas tendrá las siguientes atribuciones: 1. Llevar por órgano del Departamento de Contabilidad la relación y control de todos los bienes, títulos y valores que integran el patrimonio o el fisco del Estado, de conformidad con las leyes de la materia. 2. Proveer lo conducente para el buen funcionamiento de servicios generales. 3. Informar semanalmente al Gobernador o Gobernadora del Estado o al Secretario o Secretaria General, acerca de la disponibilidad de sus respectivas partidas variables. Las demás que le señalen las leyes”. [Subrayados y corchetes de esta Corte]. Así pues, de las normas antes transcritas, tampoco se desprende que a los Directores de la Administración querellada, en el caso concreto a la Directora de Finanzas, se le haya atribuido la facultad de remover o destituir a ninguno de los funcionarios de la Gobernación del estado Trujillo. De igual manera, y luego de una revisión exhaustiva del expediente judicial, no se evidenció documento alguno del cual se constatara una delegación de competencia del Gobernador del estado Trujillo hacia la aludida Directora a los fines que retirara al ciudadano querellante del cargo que desempeñaba en dicho órgano. Aunado a ello, y visto que esta Corte ya se ha pronunciado anteriormente en casos similares al de autos, considera la misma oportuno traer a colación la Sentencia número 2006-2540 de fecha 1 de agosto de 2006, (caso: Pedro Alfonso Villegas vs. Gobernación del Estado Trujillo), en donde se dejó establecido lo que a continuación se transcribe: “En atención al caso sub examine, comparte esta Alzada el criterio sostenido por el a quo en cuanto a la incompetencia del funcionario que dictó el acto administrativo N° S/N del 17 de enero de 2001, mediante el cual se procedió a destituir al querellante, el cual fue dictado por el Arquitecto Octaviano Mejía, en su condición de Director de Infraestructura de la Gobernación del Estado Trujillo, siendo ostensiblemente incompetente, de conformidad con lo previsto en el artículo 160 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra que el gobierno y administración de cada Estado corresponde a su Gobernador, y en el caso de autos no se desprende, del acto administrativo impugnado ni del expediente judicial, acto alguno de delegación de atribuciones en el señalado funcionario, por lo que el acto administrativo recurrido es nulo, con fundamento en el numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”. De allí, precisa esta Corte que acertadamente el Juzgador de Instancia declaró la existencia del vicio de incompetencia en el acto administrativo recurrido, al haber sido emitido el mismo por la Directora de Finanzas de la Gobernación del estado Trujillo, correspondiéndole al Gobernador de la identificada Entidad Estadal todo lo concerniente a la estabilidad laboral de sus funcionarios públicos, conforme lo estipula el artículo 160 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En virtud de lo anteriormente expuesto, y visto que el Gobernador del estado Trujillo es el funcionario competente para designar y retirar a los funcionarios al servicio de la Administración Pública a nivel estadal, y no constando en autos delegación alguna por parte del mismo hacia la Directora de Finanzas de dicho estado, para ejercer tales funciones, coincide esta Alzada con el iudex a quo, en cuanto a que el Acto Administrativo contenido en el Oficio número 52 de fecha 12 de enero de 2001, se encuentra viciado de nulidad de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 4° del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por evidenciarse que fue dictado por una autoridad manifiestamente incompetente. Así se decide. Y, siendo que con la incompetencia declarada se configuró la nulidad del acto, considera esta Corte inoficioso, pronunciarse respecto a la ausencia absoluta de procedimiento e ilegalidad del objeto manifestadas por el Juzgador de Instancia en el fallo en Consulta. Así se decide. En razón de las consideraciones precedentes, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo considera procedente la decisión del iudex a quo en cuanto a la reincorporación del recurrente al cargo que venía desempeñando dentro de la Administración, esto es, el de “Analista Medio de Presupuesto III” o en otro de igual jerarquía “en el organigrama del Ejecutivo Trujillano”, con el correspondiente pago de los sueldos dejados de percibir desde su ilegal retiro hasta la materialización efectiva de su reincorporación al cargo que venía desempeñando u otro de similares características. Para lo cual se deberá tomar en cuenta todos los aumentos de sueldos y salarios que se hubiesen dado durante el período antes mencionado por fuente convencional o por Decreto del Ejecutivo Nacional. Así se establece. Finalmente, considera necesario esta Corte pronunciarse respecto al pago de “cualquier otro beneficio socioeconómico” acordado por el Juzgador de Instancia, a favor del ciudadano querellante, por cuanto ha sido criterio reiterado de esta Alzada que “[…] el querellante tiene derecho a que le sean cancelados todos los conceptos laborales dejados de percibir -que no impliquen prestación efectiva del servicio- durante el período en que no estuvo al servicio de la Administración como consecuencia de su inconstitucional destitución, lo cual forma parte de la indemnización económica que le corresponde a todo funcionario público afectado por un acto administrativo que decida su egreso de la Administración Pública sin observar la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa y que posteriormente sea declarada su inconstitucionalidad y/o ilegalidad por un Órgano Jurisdiccional, como sucedió en el presente caso […]”. [Vid. Sentencia Número 2007-00934 de fecha 25 de mayo de 2007, caso: Blas José Reina García vs. D.E.M.]. De allí, visto que, el recurrente no especificó con claridad los beneficios socioeconómicos a los que hizo referencia, esto es, si los mismos recaían sobre algún concepto laboral de prestación efectiva del servicio, resulta improcedente para esta Alzada confirmar el pago de “cualquier otro beneficio socioeconómico” otorgado por el iudex a quo, pues lo requerido ostenta un carácter genérico e indeterminado y, por ende de imposible ejecución. Así se decide. Ahora bien, visto que el Juzgador de Instancia no emitió pronunciamiento alguno respecto a quien debe encargarse del cálculo del sueldo dejado de percibir por el querellante, este Órgano Jurisdiccional ordena el cálculo por experticia complementaria del fallo, mediante el nombramiento de un experto contable el cual será designado por el Tribunal de la causa, quien dentro de los parámetros de la presente decisión deberá establecer lo que en definitiva corresponda al querellante por este concepto, ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece. En virtud de las consideraciones anteriores, esta Corte REVOCA PARCIALMENTE, la sentencia consultada, respecto al pago de “cualquier otro beneficio socioeconómico” otorgado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental al ciudadano Gustavo Coronado Palencia, en fecha 3 de diciembre de 2001 y, en consecuencia declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el aludido recurrente, contra la Gobernación del estado Trujillo. Así se decide. V DECISIÓN En virtud de los planteamientos precedentemente expuestos, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la consulta de Ley establecida en el artículo 70 de la derogada Ley de la Procuraduría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial número 5.554 Extraordinario de fecha 13 de noviembre de 2001, aplicable rationae temporis, hoy artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial número 5.892 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, a la que fue sometida la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 3 de diciembre de 2001, mediante la cual declaró Con Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano GUSTAVO COLORADO PALENCIA, titular de la cédula de identidad número 4.919.726, representado judicialmente por las abogadas Naila Marín y Martha González, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajos los Números 63.995 y 56.459, respectivamente, contra el Acto Administrativo número 52, de fecha 12 de enero de 2001, suscrito por la Economista Nelys Lores de Matos, en su condición de Directora de Finanzas de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO TRUJILLO. 2.- Se REVOCA PARCIALMENTE, la sentencia consultada, respecto al pago de “cualquier otro beneficio socioeconómico” otorgado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental al ciudadano Gustavo Coronado Palencia, ut supra identificado. 3.- PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el aludido recurrente, contra la Gobernación del estado Trujillo. 4.- Se ORDENA el cálculo por experticia complementaria del fallo, mediante el nombramiento de un experto contable el cual será designado por el Tribunal de la causa, quien dentro de los parámetros de la presente decisión deberá establecer lo que en definitiva corresponda al querellante por concepto del sueldo dejado de percibir, ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los ___________________ (___) días del mes de ______________ del dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación. El Juez Presidente, ALEJANDRO SOTO VILLASMIL El Juez Vicepresidente, GUSTAVO VALERO RODRÍGUEZ Ponente El Juez, ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA La Secretaria Accidental, CARMEN CECILIA VANEGAS SALAS GVR/10 Exp. Número AP42-N-2005-000836 En fecha _____________________ ( ) de _____________ de dos mil trece (2013), siendo la (s) _________ de la ____________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el número ______________. La Secretaria Accidental.