TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN
Caracas, 14 de octubre de 2013
203º y 154º
EXPEDIENTE Nº AP42-G-2013-000377
En fecha 2 de octubre de 2013, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, escrito contentivo de la demanda de nulidad interpuesta por el abogado Eliecer Zorce Salazar, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 8.574, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana VANESSA HURTADO DE GUEVARA, titular de la cédula de identidad Nº 12.560.783, contra el acto administrativo Nº PRE-VPAI-CJ-005703, de fecha 4 de marzo de 2013, emanada de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI).
En fecha 3 de octubre de 2013, se dio cuenta a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, asimismo en esa misma fecha se ordenó pasar el presente expediente al Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, siendo el mismo recibido en fecha 8 de octubre de 2013.
Ahora bien, señalado lo anterior, este Órgano Jurisdiccional pasa a emitir pronunciamiento sobre la competencia y admisibilidad en la presente demanda de nulidad, en los siguientes términos:

I
DE LA DEMANDA DE NULIDAD
En fecha 2 de octubre de 2013, el abogado Eliecer Zorce Salazar interpuso demanda de nulidad contra la Providencia Administrativa Nº PRE-VPAI-CJ-005703 de fecha 4 de marzo de 2013, emanada de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), con base a las siguientes consideraciones de hechos y de derechos:
Como primer término, alegó que “[…] el referido acto se ejerció oportunamente el correspondiente RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, por ante el Presidente y demás Miembros de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) ejercido en fecha 2 de junio de 2011. […]” [Mayúsculas y negrillas del original] [Corchetes de este Juzgado].
En ese sentido, indicó que “[…] [su] representada, ciudadana VENESSA HURTADO de GUEVARA, antes identificada fue alumna regular del Máster Universitario en Odón pediatría con Nº de Expediente 21108877 en la Universidad Europea de Madrid, con sede en Madrid, España. Durante su desempeño según Certificación Académica Personal su calificación fue notable. El master [sic] constó de un total de 90 ECTS, y la misma se matriculó con la totalidad de los créditos del programa […]” [Mayúsculas del original] [Corchetes de este Juzgado].
Referente a lo anterior, manifestó que “[…] [su] representada tomo [sic] la decisión de cursar estudios de Postgrado en el exterior, y concretamente en Madrid, España procedió a realizar todos los trámites pertinentes para la obtención de divisas como estudiante ante CADIVI, las cuales en todo momento le fueron asignadas, y con la certeza y seguridad que ello significaba, puso todo el empeño en iniciar y mantenerse en sus estudios a pesar de no solamente tener actividades académica, sino también la de cuidar y velar por su pequeña hija apenas tres años de edad, quien vive con ella en España. […]” [Mayúsculas del original] [Corchetes de este Juzgado].
Por tal circunstancia, resaltó que “[…] [su] poderdante [nunca] tuvo inconveniente ni rechazo alguno por parte de CADIVI ninguna de las solicitudes le fue negada y precisamente con la última sucesiva es cuando inexplicablemente la Comisión le niega la autorización y la deja prácticamente a las puertas de tener que dejar los estudios a punto de culminar y regresarse al país, sin título alguno, u optar por quedarse y resolver medianamente con la ayuda de su familia la culminación de la Maestría [Mayúsculas del original] [Corchetes de este Juzgado].
Por tal razón, adujo que la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) “[…] incurre en aplicación indebida de la norma legal ya que le da un sentido que no guarda relación alguna con los supuestos legales previstos en la norma que fundamenta el Acto recurrido […] De manera que la administración recurrida interpretó erróneamente la norma que aplicó al establecer como fecha de la solicitud Nº 15248077 el 22 de enero de 2013, cuando lo correcto y que se colige con las pruebas que se aportan, la fecha de consignación de la solicitud es el 15 de noviembre de 2013, un (1) mes y veinte (20) después de iniciada la actividad administrativa de la Universidad […]”[Mayúsculas del original] [Corchetes de este Juzgado].
Asimismo alegó que el acto administrativo incurre “[…] en el VICIO DE FALSO SUPUESTO DE DERECHO, cuando pretende aplicar un supuesto correcto sentido al artículo 20 de la Providencia 10, que le sirve de fundamento para sustentar el Acto recurrido, violentando el principio de interpretación literal de la norma y darle otra interpretación distinta a la que emerge del sentido literal del texto […]” [Mayúsculas del original].
Aunado a lo anterior, adujo también que “[…] [e]l Acto incurre en el vicio de falso supuesto de hecho, al hacer aseveraciones reñidas con la realidad fáctica y jurídica que constituyen los supuestos establecidos en la misma decisión […]” [Mayúsculas del original] [Corchetes de este Juzgado].
De igual forma, reiteró que “[…] a [su] representada se le violo [sic] el sagrado principio del derecho al estudio, a la superación, el derecho a mejorar su condición profesional […]” [Mayúsculas del original] [Corchetes de este Juzgado].
Señaló “[...] la violación del principio de legalidad sancionatoria del órgano recurrido en sus conclusiones respecto a que si no se fijaran elementos condicionantes para la procedencia de las autorizaciones que otorga la Comisión, no se podría cumplir con el control no es suficiente argumento para la negativa por una presunta extemporaneidad inexistente por los demás, y que en todo caso si se produjo fue por la actuación errada de la Comisión, al no fijarle plazo al usuario para cumplir con el requerimiento del recaudo faltante […]”.
En base a todos los argumentos, solicitó que “[…] PRIMERO: se declare expresamente la NULIDAD ABSOLUTA del Acto Administrativo distinguido con el Nº PRE-VPAI-CJ-005703 de fecha 4 de marzo de 2013, contentivo de la decisión suscrita por el Ciudadano MANUEL BARROSO ALBERTO [anterior] Presidente de la Comisión de administración de Divisas (CADIVI) [Mayúsculas y negrillas del original] [Corchetes de este Juzgado].
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
DE LA COMPETENCIA.
Previo a cualquier pronunciamiento, debe este Juzgado establecer la competencia de esta Corte para conocer el recurso interpuesto y, a tal efecto, se observa lo siguiente:
En la presente causa, se interpuso demanda de nulidad, contra un acto administrativo emanado de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
Ahora bien, a los fines de determinar la competencia de este Tribunal para conocer de la demanda de nulidad interpuesta, resulta necesario traer a colación lo establecido en los artículos 2 y 3 del Convenio Cambiario N° 1 de fecha 5 de febrero de 2003, suscrito entre el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas, hoy Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, el cual contempla lo siguiente:
“Artículo 2.- La coordinación, administración, control y establecimiento de requisitos, procedimientos y restricciones que requiera la ejecución de este Convenio corresponde a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), la cual será creada por el Ejecutivo Nacional mediante Decreto (…)”
Artículo 3.- Las atribuciones de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), deberán ser ejercidas sin perjuicio de las facultades de ejecución de la política cambiaria que corresponden al Banco Central de Venezuela y sus decisiones agotan la vía administrativa (…)” (Subrayado de este Tribunal).
En ese orden de ideas, el Decreto Presidencial N° 2330 de fecha 6 de marzo de 2003, publicado en la Gaceta Oficial N° 37.644, establece en su artículo 2, lo siguiente:
“Artículo 2.-Se crea la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), la cual tendrá por objeto ejercer las atribuciones que le correspondan, de conformidad con lo previsto en el Convenio Cambiario N° 1 de fecha 5 de febrero de 2003 (…) y las previstas en este Decreto. (…)”(Subrayado de este Tribunal).
Pues bien, de lo anterior resulta indubitable el carácter de Órgano de la Administración Pública que posee la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y, en consecuencia, por resultar sus actuaciones verdaderos actos administrativos, estos estarán sujetos al respectivo control de legalidad, atribuido competencialmente a la jurisdicción contencioso administrativa, como se infiere de la norma contenida en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por tanto, el conocimiento de las impugnaciones –en sede judicial de los actos administrativos emanados de aquella, corresponde a los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo.
Ahora bien, precisado el carácter administrativo de las actuaciones que emanan del ente recurrido, así como la competencia material de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de la nulidad de sus actos, es importante señalar que el artículo 24 numeral 5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece la competencia de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (aún Cortes de lo Contencioso Administrativo), de la siguiente manera:
“Artículo 24. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de: […] Numeral 5. Las demandas de nulidad de los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 5 del artículo 23 de esta Ley y en el numeral 3 del artículo 25 de esta Ley, cuyo conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de la materia”. [Corchete de este Tribunal].
Ello así, este Órgano Jurisdiccional observa, que la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, no configura ninguna de las autoridades señaladas en los numerales 5 y 3 de los artículos 23 y 25 de la Ley supra mencionada, y habida cuenta que el conocimiento de las acciones ejercidas contra la mencionada Comisión no le está atribuido a otro Órgano Jurisdiccional por disposición expresa de la Ley, este Juzgado de Sustanciación declara COMPETENTE a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, para conocer y decidir en primer grado de jurisdicción la pretensión deducida. Así se declara.
De la admisibilidad:
Determinada la competencia de esta Corte para decidir el caso de autos, pasa de seguidas este Juzgado de Sustanciación a pronunciarse sobre su admisibilidad y, en tal sentido, debe efectuar el análisis de los requisitos establecidos en los artículos 33 y 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con excepción del numeral 3 aplicable sólo a las demandas de contenido patrimonial.
Del análisis de las mencionadas normas se extrae que el legislador estableció que se declararán inadmisibles las demandas en los supuestos en los que se evidenciare la caducidad de la acción, o cuando se acumulen acciones o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles; cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recurso es admisible; si se verificara la existencia de cosa juzgada; si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos; o cuando sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley.
En tal sentido, de la revisión minuciosa del libelo, se observa que la demanda interpuesta cubre los extremos indicados en los artículos 33 y 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dado que el mismo no es de los prohibidos en su ejercicio, es decir, no existe disposición legal que declare ilegal la tramitación de dicho recurso; ni es contraria al orden público ni a las buenas costumbres; que no es evidente la caducidad de la acción, por cuanto la referida demanda según lo afirmado y presentado por el recurrente fue interpuesta dentro del lapso de ciento ochenta (180) días continuos, establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; que no se produjo la acumulación indebida de acciones o recursos; consta en los autos los instrumentos suficientes para decidir sobre la admisión o inadmisión del presente recurso; el libelo recursivo no contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos; no es ininteligible; quienes se presentan como apoderados judiciales de la parte actora consignaron en su oportunidad el instrumento poder donde acreditan su representación; y por cuanto no consta en autos que el presente asunto haya sido precedentemente resuelto en sede judicial, es decir, no consta que exista cosa juzgada, en base a las consideraciones precedentemente expuestas, este Tribunal ADMITE, la demanda de nulidad interpuesta por el apoderado judicial de la ciudadana VANESSA HURTADO DE GUEVARA. Así se declara.
Precisado lo anterior, se ordena notificar de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a los ciudadanos Vanessa Hurtado de Guevara, Fiscal General de la República, Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), Ministro del Poder Popular Para las Finanzas y Procurador General de la República, notificación esta última que se practicará de conformidad con el artículo 86 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica que rige sus funciones, remitiéndole a dichos ciudadanos copia certificada del libelo, del acto administrativo impugnado y del presente fallo.
Asimismo observa este Juzgado Sustanciador, que la ciudadana Vanessa Hurtado de Guevara, se encuentra domiciliada en el estado Aragua, en consecuencia este Juzgado ordena comisionar al Juzgado (Distribuidor) del municipio Girardot de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, a los fines de que notifique a la ciudadana anteriormente señalada.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa este Juzgado, acuerda solicitar al ciudadano Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), los antecedentes administrativos relacionados con el presente caso, concediéndole diez (10) días de despacho para la remisión de los mismos.
Finalmente, se deja establecido que una vez conste en autos las notificaciones ordenadas se remitirá a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, el presente expediente a fin que se fije la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 eiusdem. Cúmplase lo ordenado.
III
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, este Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1.- COMPETENTE, a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo para conocer y decidir en primer grado de jurisdicción la demanda de nulidad interpuesta por el abogado Eliecer Zorce Salazar, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana VANESSA HURTADO DE GUEVARA, contra el acto administrativo Nº PRE-VPAI-CJ-005703, de fecha 4 de marzo de 2013, emanada de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI);
2.- ADMITE la referida demanda de nulidad;
3.- ORDENA notificar a los ciudadanos Vanessa Hurtado de Guevara, Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), Ministro del Poder Popular para las Finanzas, Fiscal General de la República y Procurador General de la República;
4.- ORDENA comisionar al Juzgado (Distribuidor) del municipio Girardot de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, a los fines de que notifique a la ciudadana Vanessa Hurtado de Guevara;

4.- ORDENA solicitar al Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), los antecedentes administrativos relacionados con la presente causa;
5.- ORDENA remitir el presente expediente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, una vez consten en autos las notificaciones ordenadas, a fin que fije la oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. En Caracas, a los catorce (14) días del mes de octubre de dos mil trece (2013). Año 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
La Jueza Provisoria,

MÓNICA LEONOR ZAPATA FONSECA
La Secretaria,

ANA TERESA OROPEZA DE MÉRIDA
BAR/coc
Exp. Nº AP42-G-2013-000377