TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN
Caracas, 17 de septiembre de 2013
203º y 154º
EXPEDIENTE Nº AP42-G-2013-000294
En fecha 22 de julio de 2013, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, escrito contentivo de la demanda de nulidad interpuesta por los abogados Emilio Balbas Alfonzo y Lorena Vargas Pironchelli, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 15.734 y 95.017 respectivamente, actuando en su condición de apoderados judiciales de la sociedad mercantil AGROPECURÍA H. CARRILLO C.A, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda bajo el Nº 25, tomo 71-A en fecha 17 de agosto de 1993, cuya última notificación fue inscrita en el mismo Registro Mercantil, bajo el Nº 78, tomo 30-A en fecha 9 de mayo de 2004, contra el acto administrativo Nº PRE-VPAI-CI-02460-2013, de fecha 22 de enero de 2013, emanado de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI).
En fecha 30 de julio de 2013, se dio cuenta a la Jueza del Juzgado de Sustanciación MÓNICA LEONOR ZAPATA FONSECA.
En fecha 5 de agosto de 2013, este Tribunal dictó auto mediante el cual, difirió el pronunciamiento respectivo a la admisión de la demanda, para dentro de los tres (3) días de despacho.
En fecha 7 de agosto de 2013, este Tribunal dicto auto mediante el cual acordó para mejor proveer, conceder a la parte accionante AGROPECUARÍA H. CARRILLO C.A, en la persona de sus apoderados judiciales un lapso de tres (3) días de despacho a los fines que reforme o subsane su pretensión, con la advertencia que en caso de que lo solicitado no sea realizado dentro del lapso anteriormente descrito, este Juzgado se pronunciará de la admisibilidad con los documentos que cursen en autos.
En fecha 12 de agosto de 2013, se recibió de los abogados Emilio Balbas y Lorena Vargas, escrito de reforma al libelo de la demanda, en cumplimiento del auto dictado por este Juzgado en fecha 7 de agosto de 2013.
Ahora bien, señalado lo anterior, este Órgano Jurisdiccional pasa a emitir pronunciamiento sobre la competencia y admisibilidad en la presente demanda de nulidad, en los siguientes términos:
I
DE LA REFORMA DE LA DEMANDA DE NULIDAD
En fecha 22 de julio de 2013, los abogados Emilio Balbas y Lorena Vargas, interpusieron demanda de nulidad contra la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), siendo la misma reformada en fecha 12 de agosto de 2013, con base a las siguientes consideraciones de hechos y de derechos:
Como primer término, alegaron su “[…] disconformidad con la Resolución o Dictamen de fecha 22 de enero de 2013, PRE-VPAI-CJ-02460-2013, de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), donde se incurrió en lo establecido en los artículos 21 y 29 en la Providencia Nº 108, de fecha 23/09/2011 y que se había agotado la vía administrativa. […]” [Mayúsculas, negrillas y subrayado del original] [Corchetes de este Juzgado].

En ese sentido, indicó que “[…] se le violó a [su] representado el Principio Constitucional al Debido Proceso y el Derecho a la Defensa del Sumario Administrativo, artículos 67 al 69, y el Recurso Jerárquico, artículos 70, establecido en la L.O.P.A., al indicar que se había agotado la vía administrativa, que podía ejercer en el esclarecimiento de los hechos; además de no valorar y acceder a las pruebas aportadas; contraviniendo lo estable[cido] [en] los artículos 26 del derecho al acceso de la justicia, y los principios a las garantías procesales, que en ella se mencionan y ordinal primero (1º) del 49, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela […]”[Mayúsculas y negrillas del original] [Corchetes de este Juzgado].
Referente a lo anterior, manifestó que “[…] se aplique el control difuso, ya que en [su] criterio la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), extralimita el uso de su poder discrecional, creando una situación más gravosa, al aplicar un artículo de la Providencia 108, antes mencionado, sin apreciar las pruebas y las defensas hechas en derecho; por lo que pedimos en justicia, y por las razones alegadas en este escrito, por el control difuso, se desaplique el artículo 21 de la Providencia Nº 108, Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, nº 39.794 de fecha 23 de septiembre de 2011. […]” [Corchetes de este Juzgado].
Asimismo, solicitaron que “[…] se aplique la tutela judicial efectiva, que también les he permisible a los jueces, consagrados en las normas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 26 y 49, en concordancia con el artículo 275 ejusdem. […]” [Corchetes de este Juzgado].
Finalmente solicitaron “[…] la declaración de NULIDAD de la Resolución o Dictamen de fecha 22 de enero de 2013, PRE-VPAI-CJ-02460-2013, de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), por cuanto se violo el derecho a la legítima defensa, ni valoró ni se revisó en el expediente administrativo […], por último [solicitaron], que el presente Recurso de NULIDAD, sea admitido y sustanciado conforme a derecho, declarado CON LUGAR, en la sentencia Definitiva. […]” [Mayúsculas y negrillas del original] [Corchetes de este Juzgado].
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
DE LA COMPETENCIA.
Previo a cualquier pronunciamiento, debe este Juzgado establecer la competencia de esta Corte para conocer el recurso interpuesto y, a tal efecto, se observa lo siguiente:
En la presente causa, se interpuso demanda de nulidad, contra un acto administrativo emanado de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
Ahora bien, a los fines de determinar la competencia de este Tribunal para conocer de la demanda de nulidad interpuesta, resulta necesario traer a colación lo establecido en los artículos 2 y 3 del Convenio Cambiario N° 1 de fecha 5 de febrero de 2003, suscrito entre el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas, hoy Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, el cual contempla lo siguiente:
“Artículo 2.- La coordinación, administración, control y establecimiento de requisitos, procedimientos y restricciones que requiera la ejecución de este Convenio corresponde a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), la cual será creada por el Ejecutivo Nacional mediante Decreto (…)”
Artículo 3.- Las atribuciones de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), deberán ser ejercidas sin perjuicio de las facultades de ejecución de la política cambiaria que corresponden al Banco Central de Venezuela y sus decisiones agotan la vía administrativa (…)”(Subrayado de este Tribunal).
En ese orden de ideas, el Decreto Presidencial N° 2330 de fecha 6 de marzo de 2003, publicado en la Gaceta Oficial N° 37.644, establece en su artículo 2, lo siguiente:
“Artículo 2.-Se crea la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), la cual tendrá por objeto ejercer las atribuciones que le correspondan, de conformidad con lo previsto en el Convenio Cambiario N° 1 de fecha 5 de febrero de 2003 (…) y las previstas en este Decreto. (…)”(Subrayado de este Tribunal).
Pues bien, de lo anterior resulta indubitable el carácter de Órgano de la Administración Pública que posee la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y, en consecuencia, por resultar sus actuaciones verdaderos actos administrativos, estos estarán sujetos al respectivo control de legalidad, atribuido competencialmente a la jurisdicción contencioso administrativa, como se infiere de la norma contenida en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por tanto, el conocimiento de las impugnaciones –en sede judicial de los actos administrativos emanados de aquella, corresponde a los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo.
Ahora bien, precisado el carácter administrativo de las actuaciones que emanan del ente recurrido, así como la competencia material de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de la nulidad de sus actos, es importante señalar que el artículo 24 numeral 5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece la competencia de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (aún Cortes de lo Contencioso Administrativo), de la siguiente manera:
“Artículo 24. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de: […] Numeral 5. Las demandas de nulidad de los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 5 del artículo 23 de esta Ley y en el numeral 3 del artículo 25 de esta Ley, cuyo conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de la materia”. [Corchete de este Tribunal].
Ello así, este Órgano Jurisdiccional observa, que la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, no configura ninguna de las autoridades señaladas en los numerales 5 y 3 de los artículos 23 y 25 de la Ley supra mencionada, y habida cuenta que el conocimiento de las acciones ejercidas contra la mencionada Comisión no le está atribuido a otro Órgano Jurisdiccional por disposición expresa de la Ley, este Juzgado de Sustanciación declara COMPETENTE a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, para conocer y decidir en primer grado de jurisdicción la pretensión deducida. Así se declara.
De la admisibilidad:
Determinada la competencia de esta Corte para decidir el caso de autos, pasa de seguidas este Juzgado de Sustanciación a pronunciarse sobre su admisibilidad y, en tal sentido, debe efectuar el análisis de los requisitos establecidos en los artículos 33 y 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con excepción del numeral 3 aplicable sólo a las demandas de contenido patrimonial.
Del análisis de las mencionadas normas se extrae que el legislador estableció que se declararán inadmisibles las demandas en los supuestos en los que se evidenciare la caducidad de la acción, o cuando se acumulen acciones o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles; cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recurso es admisible; si se verificara la existencia de cosa juzgada; si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos; o cuando sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley.
En tal sentido, de la revisión minuciosa del libelo, se observa que la demanda interpuesta cubre los extremos indicados en los artículos 33 y 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dado que el mismo no es de los prohibidos en su ejercicio, es decir, no existe disposición legal que declare ilegal la tramitación de dicho recurso; ni es contraria al orden público ni a las buenas costumbres; que no es evidente la caducidad de la acción, por cuanto la referida demanda según lo afirmado y presentado por el recurrente fue interpuesta dentro del lapso de ciento ochenta (180) días continuos, establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; que no se produjo la acumulación indebida de acciones o recursos; consta en los autos los instrumentos suficientes para decidir sobre la admisión o inadmisión del presente recurso; el libelo recursivo no contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos; no es ininteligible; quienes se presentan como apoderados judiciales de la parte actora consignaron en su oportunidad el instrumento poder donde acreditan su representación; y por cuanto no consta en autos que el presente asunto haya sido precedentemente resuelto en sede judicial, es decir, no consta que exista cosa juzgada, en base a las consideraciones precedentemente expuestas, este Tribunal ADMITE, la demanda de nulidad interpuesta por el apoderado judicial de la sociedad mercantil AGROPECUARÍA H CARILLO C.A. Así se declara.
Precisado lo anterior, se ordena notificar de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a los ciudadanos Fiscal General de la República, Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), Ministro del Poder Popular Para las Finanzas y Procurador General de la República, notificación esta última que se practicará de conformidad con el artículo 86 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica que rige sus funciones, remitiéndole a dichos funcionarios copia certificada del libelo, del acto administrativo impugnado y del presente fallo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa este Juzgado, acuerda solicitar al ciudadano Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), los antecedentes administrativos relacionados con el presente caso, concediéndole diez (10) días de despacho para la remisión de los mismos.
Finalmente, se deja establecido que una vez conste en autos las notificaciones ordenadas se remitirá a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, el presente expediente a fin que se fije la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 eiusdem. Cúmplase lo ordenado.

III
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, este Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1.- COMPETENTE, a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo para conocer y decidir en primer grado de jurisdicción la demanda de nulidad interpuesta por los abogados Emilio Balbas Alfonzo y Lorena Vargas Pironchelli respectivamente, actuando en su condición de apoderados judiciales de la sociedad mercantil AGROPECURÍA H. CARRILLO C.A, contra el acto administrativo Nº PRE-VPAI-CI-02460-2013, de fecha 22 de enero de 2013, emanado de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI);
2.- ADMITE la referida demanda de nulidad;
3.- ORDENA notificar a los ciudadanos Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), Ministro del Poder Popular para las Finanzas, Fiscal General de la República y Procurador General de la República;

4.- ORDENA solicitar al Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), los antecedentes administrativos relacionados con la presente causa;

5.- ORDENA remitir el presente expediente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, una vez consten en autos las notificaciones ordenadas, a fin que fije la oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. En Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de dos mil trece (2013). Año 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
La Jueza Provisoria,

MÓNICA LEONOR ZAPATA FONSECA

La Secretaria Accidental,

JEANNETTE MARÍA GARCÍA RUÍZ
BAR/coc
Exp. Nº AP42-G-2013-000294