TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Circuito Judicial con Competencia en DVM .Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control del Edo. Lara
Barquisimeto, 17 de Abril de 2014
203º y 155º

ASUNTO PRINCIPAL : KP01-S-2014-001894
ASUNTO : KP01-S-2014-001894
JUEZA PROFESIONAL: ABG. THANIA M. ESTRADA BARRIOS

SECRETARIO: ABG. MIGUEL ANGEL SANCHEZ

IMPUTADO: JAVIER JOSE D´HOY OROZCO, titular de la Cedula de Identidad Nº (...)

DEFENSA TECNICA: ABG. NAILL OLIVERA. Defensor Público en delitos de Violencia contra la Mujer del estado Lara.

MINISTERIO PUBLICO: Abg. ELLYNETH GOMEZ, Fiscala Auxiliar Vigésima Octava del Ministerio Público con competencia en Derechos de la Mujer de la Circunscripción Judicial del estado Lara.

VICTIMA: YALIMAR DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ

DELITO: VIOLENCIA FISICA AGRAVADA. Previsto y sancionado en los artículos 42 Segundo aparte de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia.

Celebrada como ha sido la audiencia para oír al imputado, conforme a las previsiones del artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, corresponde a este Tribunal fundamentar lo decidido en fecha 15 de abril de 2014, con motivo de la presentación que hiciere el Fiscal Vigésima Octava del Ministerio Público del estado Lara, abogada Ellyneth Gómez, en virtud de la aprehensión del ciudadano JAVIER JOSE D´HOY OROZCO, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FÍSICA AGRAVADA, artículo 42 segundo aparte de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana YALIMAR DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ.

La Fiscala del Ministerio Público le atribuye al ciudadano JAVIER JOSE D´HOY OROZCO ya identificado, los hechos presuntamente ocurridos en fecha 12/04/2014, aproximadamente a las 10 horas de la noche, cuando el ciudadano JAVIER JOSE D´HOY OROZCO ex novio de la víctima YALIMAR DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ, encontrándose ésta en el Sector El cerrito de San José de Quibor al lado del motel, de Los Mudos, éste comenzó a insultarla, le agarró a la fuerza y le golpeó con sus manos en la cara y parte del cuello, llegó un amigo de él, y se lo quitó de encima. Las lesiones sufridas por la victima que fueron diagnosticadas por la médica Dra. Nairoby López, adscrita a Hospital Tipo I, Dr. Baudilio Lara, estado Lara, quién la evaluó y señala que presentaba a la valoración hematomas a nivel de ambas mejillas y cuello; estos hechos fueron denunciados por la victima ante las autoridades competentes, quienes una vez verificada la información procedieron a practicar la aprehensión del imputado de autos.

Este Tribunal luego de haber oído la exposición del representante del Ministerio Público, procede de conformidad con el artículo 131 a realizar advertencia preliminar al imputado y éste encontrándose provisto de todas las garantías procesales y del precepto constitucional que lo exime de declarar en causa propia, de conformidad con el artículo 49 ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y debidamente asistido por la abogado NAILL OLIVERA, Defensor Técnica del imputado; libre de toda coacción y apremió expuso lo siguiente: “Si deseo declarar, es todo”. Se le cede la palabra al imputado, quien expone: “Nosotros fuimos novios, terminamos, ese día yo estaba por allá arriba y ella también, yo estaba sentado, ella me habla y yo no le hago caso la ignore, y baje y seguí tomando, en eso llega ella con su prima y me dice dame un beso y le digo que no. Ella se me acercó y me mordió y yo lo que hice fue quitármela de encima. Y me la quité y me mordió, la boca y como puede me fui parando. Y ella, se cayó otra vez, y yo lo que hice fue quitármela. Y en ese momento llegó la prima y el tío, y la agarró y yo me fui de ahí y al día siguiente, fui al estadio y llegó la patrulla. Ella lo hace es por la mamá, ella cuando me llevaron preso bajo la mirada porque sabe que yo no hice mal. Es todo.”

Acto seguido se le concedió el derecho de palabra a la Defensa Técnica, quien manifestó: “Esta defensa técnica en las circunstancia que se dieron los hechos, mi defendido no tuvo la intención de causarle un daño, a la ciudadana Yalimar, ya que el actuó en reacción a la actuación de la víctima, quien de alguna manera le causo también un daño como se evidencia de la cara del mismo que presente un mordisco, y que de alguna manera el actuó solo para defenderse de dicha agresión, ante tal situación es importante que la víctima con mi defendido deben tener presente sobre lo que es la violencia de género y coincido en que deberían asistir ambos a las charlas, ya que ellos no tienen ninguna relación pero sui debe existir un respeto de ambas partes, por ello coincido en que ambos asistan a las charlas, difiero del arresto transitorio por cuanto mi defendido no tiene conducta pre delictual, y que de alguna manera esto pueda garantizar que el mismo se ajuste al proceso. Es todo”.

La Fiscalía del Ministerio Público, precalifica los hechos narrados como configurativos del delito de VIOLENCIA FÍSICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, en agravio de la ciudadana YALIMAR DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ precalificación esta que comparte quien decide, tomando en consideración los elementos de convicción siguientes: 1.- Denuncia común realizada en fecha 12 de abril de 2014, por la ciudadana YALIMAR DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ, donde describe las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, consta al folio dos (2) de este asunto penal; 2.- Constancia de evaluación médica de la ciudadana YALIMAR DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ, suscrita por la médica, la médica Dra. Nairobi López, adscrita a Hospital Tipo I, Dr. Baudilio Lara, estado Lara, quién la evaluó y señala que presentaba a la valoración hematomas a nivel de ambas mejillas y cuello, como las lesiones que presenta la víctima, corre al folio tres (3). 3.- Acta de entrevista a la ciudadana MILANYI JIMENEZ, testigo presencial de los hechos objeto de este asunto penal, consta al folio seis (6); 4.- Acta de Inspección Técnica realizada al sitio del suceso, de fecha 13 de abril de 2014, suscrita por los levantada por los funcionarios Detectives JEFFERSON MACHADO y TITO J. VARGAS, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas Su Delegación Quibor del estado Lara, ubicado en Caserío Cerrito de San José, Sector El Mamón, Calle Principal, vía pública, parroquia Cabo José Dorante, Municipio Jiménez, estado Lara, corre al folio siete (7); 5.- El acta de investigación penal de fecha trece (13) de abril de 2014, levantada por los funcionarios Detectives JEFFERSON MACHADO y TITO J. VARGAS, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas Su Delegación Quibor del estado Lara, quienes practicaron de aprehensión del imputado, que riela al folio ocho (8) en la cual constan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tienen conocimiento de los hechos. 6.- Constancia de evaluación médica realizada al ciudadano JAVIER JOSE D´HOY OROZCO, suscrito por el médico la médica Dra. Nairobis López, adscrita a Hospital Tipo I, Dr. Baudilio Lara, estado Lara, quién lo valoró y refiere que presenta laceración a nivel de la mejilla derecha y labio superior, corre al folio once (11). Elementos que hacen estimar a quien decide, que los hechos denunciados encuadran en el tipo penal precalificado por el Ministerio Público. Y ASI SE DECIDE.

El artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se encuentra referido a las situaciones en que se estima que un ciudadano ha sido detenido en condición de flagrancia, por lo que se puede afirmar que en el procedimiento especial previsto para el juzgamiento de delito de género existe una clara descripción de las situaciones en que se estima que un ciudadano ha sido detenido en situación de flagrancia a saber:
1. El que se está cometiendo.
2. El que se acaba de cometer.
a. Se entiende que se acaba de cometer cuando la víctima u otra persona que haya tenido conocimiento del hecho, acuda dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la comisión del hecho punible al órgano receptor o la autoridad que tenga conocimiento.
b. En este supuesto la autoridad competente debe dirigirse en un lapso que no debe exceder de doce (12) horas, hasta el lugar donde ocurrieron los hechos, donde debe recabar los elementos que acreditan su comisión, y verificados los supuestos de flagrancia procede a practicar la aprehensión en situación de flagrancia.
3. Cuando el agresor se vea perseguido por la autoridad policial, o por la mujer agredida, por un particular o por el clamor público.
4. Cuando se produzcan solicitudes de ayuda a servicios especializados de atención a la violencia contra las mujeres, realizadas a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o fax, que permitan establecer su comisión de manera inequívoca.
5. El que se sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.

Esta descripción de las situaciones en las cuales se debe estimar que existe una aprehensión en flagrancia, amplia de manera considerable lo descrito en el Código Orgánico Procesal Penal en relación al juzgamiento de delitos ordinarios.

Ahora bien, debe entenderse claramente que existe una considerable diferencia entre lo que es el delito flagrante y lo que es la aprehensión en flagrancia, asuntos que son absolutamente disímiles aunque tienden a confundirse en la práctica forense.

Se entiende que el delito flagrante se verifica “…por la prueba inmediata y directa que emana del o de los medios de prueba que se impresionaron con la totalidad de la acción delictiva…” . La detención in fraganti, está referida a “…la detención de la persona en el sitio de los hechos o a poco de haberse cometido, lo cual es la ejemplificación más clásica de la flagrancia, o bien a la aprehensión del sospechoso a poco e haberse cometido el hecho en el mismo lugar, o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos, que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor, es decir, lo que la doctrina impropiamente denomina cuasi-flagrancia…” .

En particular sobre los delitos de Violencia de Género la Sala Constitucional en la ya citada Sentencia Nº 272 del 15 de febrero de 2007 con ponencia de la Magistrado Carmen Zuleta de Merchán citando a CABRERA ROMERO , sobre la aprehensión en asuntos de violencia de género expreso lo siguiente:

“...La detención judicial del sujeto activo de los delito de género, más que ser una medida preventiva privativa de libertad en el concepto tradicional del derecho penal o una medida de aseguramiento con fines privativos como lo establecen la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y la nueva normativa agraria, es una medida positiva de protección que incardina a la Ley que regula la materia dentro de las normas de Derechos Humanos (…omisis…)
Al ser ello así, la razón de esta interpretación tiene que partir de la particular naturaleza de los delitos de género, pues su configuración, y en especial el de la violencia doméstica, son tan especiales que con dificultad podrían encuadrarse en una concepción tradicional de la flagrancia, por lo que podría dejarse desprovistas a las mujeres víctimas de medidas positivas de protección con fines preventivos, por ello, vista la particular naturaleza de los delitos de género (…omisis…)
(…omisis…) la institución constitucional de la flagrancia tiene que estar por encima de algunos derechos humanos individuales, ya que la lucha contra el delito en general, es una defensa social que en un estado de justicia se complementa con el proceso.
Ante la relevancia y la enfermedad social que causan ciertos delitos, su persecución, respetando los derechos humanos absolutos, se coloca por encima de algunos derechos humanos individuales.
La prevención social tiene tanto fundamento constitucional como los derechos humanos...”.

De la decisión parcialmente transcrita se puede verificar que la detención en materia de violencia de género no sólo debe ser entendida como la detención en delitos ordinarios, sino que representan además actuaciones de protección a derechos fundamentales de la víctima que se encuentran en peligro inminente como el caso que nos ocupa.

La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es la concreción de la Convención Belén Do Pará, ratificada por Venezuela mediante Ley Aprobatoria del 24 de noviembre de 1994 sancionada por el Presidente de la República el 16 de enero de 1995, y publicada en Gaceta Oficial en esa misma fecha, por lo que la resolución de esta situación tiene que partir de la especial naturaleza de los delitos de violencia de género, ya que ellos no pueden encuadrarse dentro de los delitos comunes, ya que se correría el riesgo de que dichos delitos queden impunes.

Podemos concluir que resulta proporcional que para garantizar la integridad de la víctima, y garantizar las resultas del proceso se haya practicado la aprehensión de este ciudadano, ya que lo contrario resultaría violentar el contenido de los artículos 55 y 22.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debiendo entender que la situación planteada debe ser vista no sólo desde la óptica del derecho procesal penal, sino que debe atender al ámbito de los derechos humanos de las mujeres.

En el caso de nos ocupa el imputado fue aprehendido por funcionarios adscritos a Organismos de Seguridad del Estado, por denuncia realizada por la víctima dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de ocurridos los hechos, siendo aprehendido dentro de las doce (12) horas siguientes a formulada la denuncia, con lo cual se verificó una aprehensión en flagrancia. Y ASI SE DECIDE.

Es importante señalar que la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, por mandato constitucional atiende a las necesidades de celeridad y no impunidad, por lo que establece un procedimiento penal especial que preserva los principios y la estructura del procedimiento ordinario establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, limitando los lapsos y garantizando la debida diligencia y celeridad por parte del Fiscal o Fiscala del Ministerio Público en la fase de investigación para que dicte el acto conclusivo que corresponda, como una forma de materializar una justicia expedita conforme lo consagra el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho procedimiento resguarda los derechos y garantías procesales de las personas sometidas a investigación, enjuiciamiento y sanción, por lo que se acuerda el Procedimiento establecido en 94 en relación con el artículo 79, ambos de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ASÍ SE DECIDE.

En cuanto a las Medidas de Seguridad y Protección, solicitadas por la representante del Ministerio Público, siendo estas consagradas en la Ley a los fines de salvaguardar la integridad física y psicológica de la mujer, y su entorno familiar de forma expedita y efectiva, así como en consideración de los hechos expuestos en la Audiencia, este Tribunal IMPONE al imputado, las contenidas en los numerales 5 y 6 del artículo 87 de la Ley Orgánica para el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que consisten la salida inmediata del agresor del hogar común con la ciudadana YALIMAR DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ y la prohibición de acercarse a la víctima, a su sitio de residencia, trabajo o estudio; también, la prohibición de realizar actos de persecución, acoso o intimidación por sí mismo o por interpuesta persona contra la víctima o sus familiares.

Este Tribunal en atención de que la violencia contra la mujer constituye un grave problema de salud pública y de violaciones sistemática de los derechos humanos, que muestran en forman dramática sus consecuencias, decreta las medidas anteriormente descritas, las cuales obedecen a la protección de la víctima y de su derecho a no ser sometida a maltratos o trato violento, lo que implica el derecho a vivir una vida libre de violencia, teniendo el derecho a no ser agredida física ni verbalmente. Y ASI SE DECIDE.

En cuanto a las medidas cautelares, estas tienen como finalidad general garantizar las resultas del proceso, ante un inminente riesgo de que quede ilusiona la pretensión del accionante, siendo en materia penal la regularidad del proceso penal mediante la evasión u obstaculización del proceso penal. En materia de violencia de género estas medidas tienen aparte de este carácter instrumental de velar por la regularidad del proceso, el de garantizar la integridad física, psicológica y sexual de la mujer presuntamente agraviada, atendiendo a la finalidad de la Ley que es prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, siendo un obligación del tribunal el de garantizar el disfrute de los derechos de la misma sin que se vean amenazados ante posibles agresiones actuales o probables.

Una de estas medidas cautelares que se hace necesario, considerar en este caso, es la contenida en el numeral 7 del artículo 92 de la Ley Orgánica Especial, referida a la obligación del imputado de someterse a charlas de orientación en materia de violencia de género, medida esta que atiende igualmente a cumplir con uno de los objetos de la Ley Especial como lo es impulsar cambios en los patrones socio culturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, siendo esta una medida eficaz para lograr mediante la reeducación del presunto agresor, prevenir nuevas agresiones hacía la víctima. En el caso de marras estima quien decide que existen suficientes elementos para estimar que el imputado JAVIER JOSE D´HOY OROZCO debe recibir orientación en materia de violencia de género con el objeto de modificar los patrones socio culturales que sustentan su conducta machista y agresiva, en virtud de lo cual estima procedente la solicitud del Fiscal del Ministerio Público que sea dictada en el presente asunto esta medida cautelar, la cual se ordena cumplir que consiste en asistir a Charlas de orientación y a grupos de reflexión en la Equipo Interdisciplinario de este Circuito Judicial especializado. ASÍ SE DECIDE.

La representación fiscal solicitó la medida contenida en el artículo 92.1 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, consistente en arresto transitorio para el imputado JAVIER JOSE D´HOY OROZCO, que en el presente caso resultaría desproporcionado imponer esta medida en relación a con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión, y el estado de libertad durante el proceso de toda persona a quién se le impute un hecho punible, considerando lo dispuesto en los artículos 230 y 229 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que lo procedente y ajustado a derecho es declarar Sin Lugar el arresto transitorio solicitado. Y ASÍ SE DECIDE.

Asimismo, como nuestro proceso penal reconoce como finalidades de las medidas de coerción personal, evitar la frustración del proceso por fuga del imputado, y asegurar el resultado de la investigación y evitar el ocultamiento de futuras pruebas. Nuestro legislador ha considerado que a los fines de solicitar una medida de coerción personal se deben cumplir con los extremos contenidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, que son las siguientes: “1) Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; 2) Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible; 3) Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación”. Así, el artículo 242 eiusdem, lo siguiente: “Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, alguna de las medidas siguientes…omisis…”, con lo cual podemos afirmar que a los fines de que sea dictada una medida cautelar sustitutiva, deben encontrarse satisfechos los mismos extremos que para dictar una privación judicial preventiva de Libertad, pero que por las circunstancias del caso se pueda ver satisfecha con una medida menos extrema, pero siempre teniendo en cuenta que dicha medida debe atender a la finalidad para la cual fue decretada que como se indicara ut supra, debe impedir la fuga del imputado, y de impedir que el imputado pueda borrar o impedir que sean traídas al proceso determinadas pruebas.

Tomando en consideración la gravedad de los hechos objeto del presente proceso, que se ve materializado en el maltrato hacia la mujer, estima quien decide que lo proporcional y ajustado a derecho, a tales hechos atribuidos al imputado y para garantizar las finalidades del proceso, es decretar una MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVATIVA DE LIBERTAD, de las contenidas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, específicamente la prevista en el numeral 3, en relación a lo establecido en el artículo 92.8 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia; medida consistente en presentaciones periódicas cada treinta (30) días por ante la Unidad de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del estado Lara. ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial con competencia en Violencia contra la Mujer del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, resuelve lo siguiente: PRIMERO: Se decreta con lugar la aprehensión del ciudadano JAVIER JOSE D´HOY OROZCO, titular de la Cedula de Identidad Nº (...), en flagrancia conforme al artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por el delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, previstos y sancionados en los artículos 42 segundo aparte de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. SEGUNDO: Se DICTAN las Medidas de Seguridad y Protección a favor de la ciudadana YALIMAR DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ, consistentes en la prohibición al agresor de acercarse a la víctima, a su lugar de trabajo o estudio, la prohibición al imputado de acosar, por si o por terceras personas, realizar actos de persecución, intimidación, o acoso a la mujer agredida o a algún integrante de la familia de la referida ciudadana, así como la prohibición de consumir bebidas alcohólicas, de conformidad con el artículo 87 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, ordinales 5º 6º y 13º. TERCERO: Se impone al ciudadano JAVIER JOSE D’HOY, la obligación contenida en el artículo 92 ordinal 7º, consistentes en asistir a charlas en materia de género en Equipo Interdisciplinario De Violencia Contra La Mujer De este Circuito Judicial. CUARTO: Se declara sin lugar el arresto transitorio, solicitado por la representación fiscal, contenida en el artículo 92.1 del la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia. QUINTO: Se le impone al ciudadano JAVIER JOSE D’HOY, la medida cautelar contenidas en el articulo 92 Ordinales 8º de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en relación con el artículo 242.3 del Código Orgánico procesal Penal consistente en la presentación periódica cada treinta (30) días por ante la taquilla de presentación de este Circuito Judicial Penal. SEXTO: Se declara la continuación de la investigación por el PROCEDIMIENTO ESPECIAL previsto en el artículo 94 y siguientes de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia. SEPTIMO: Se ordena la libertad del ciudadano JAVIER JOSE D´HOY OROZCO, titular de la Cedula de Identidad Nº (...).

Regístrese y publíquese. En Barquisimeto, a los diecisiete (17) días del mes de abril de dos mil catorce (2014).
LA JUEZA

ABG. THANIA M. ESTRADA BARRIOS
JUEZA 1° DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS
DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
DEL ESTADO LARA
El Secretario

Abg. MIGUEL ANGEL SANCHEZ
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ASUNTO : KP01-S-2014-001894