TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL PRIMERO (1°) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Y NACIONAL DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL.
Caracas, 10 de abril de 2014
203º y 154º

ASUNTO: AP51-V-2012-004668
PARTE ACTORA: CONSEJO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO LIBERTADOR
PARTE DEMANDADA: DARI LUZ DURAN, de nacionalidad colombiana, de la cual se desconocen sus datos.
NIÑA: (Se omite conforme al artículo 65 de la LOPNA).
MOTIVO: COLOCACIÓN EN ENTIDAD DE ATENCIÓN

I
DE LA CAUSA
Recibido el presente asunto en fecha 18/03/2013, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), la presente demanda de COLOCACIÓN EN ENTIDAD DE ATENCION, incoada por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Libertador, a favor de la niña (Se omite conforme al artículo 65 de la LOPNA), en virtud de que se encontraba en situación de calle desde hacia alrededor de tres días en la Parroquia Sucre, (Propatria). Admitida la presente demanda en fecha 25/03/2013, por el Tribunal Sexto (6°) de Mediación y Sustanciación de este Circuito Judicial, en fecha 17/10/2013, ordeno remitir el presente asunto a la Unidad Receptora y Distribuidora de Documentos de este Circuito Judicial a fin de que distribuyera el expediente al Tribunal de Juicio que conocería del mismo, correspondiendo a este Juez Primero de Juicio.-
En fecha 29/10/2013, este Tribunal da entrada al presente asunto, decretando en la misma fecha, Medida Provisional de Colocación en Entidad de Atención a favor de la niña de autos, la cual se continuaría ejecutando en Hogares Bambi de Venezuela, sede Antimano, de conformidad con lo establecido en el articulo 466 Literal (E), de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

II
DE LAS PRUEBAS
Considerando, que tal y como lo establece la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en su artículo 400, cuando un niño, niña o adolescente ha sido entregado o entregada para su crianza por su padre o su madre, o por ambos, a un tercero apto o apta para ejercer la Responsabilidad de Crianza, el juez o jueza, previo el informe respectivo, considerará ésta como la primera opción para el otorgamiento de la colocación familiar, por estas razones pasa este Juzgador a decidir, para lo cual se hará un análisis de las pruebas aportadas de la siguiente manera:
PRUEBAS PRESENTADAS POR LA PARTE ACTORA:
1) Cursa del folio 3 al 43, Expediente administrativo N° DA-1481-02015-2013, aperturado por parte del Consejo de Protección del Municipio Libertador del Distrito Capital, a favor de la niña (Se omite conforme al artículo 65 de la LOPNA), este Tribunal la valora conforme al principio de libertad probatoria previsto en el literal K, del artículo 450, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niños y Adolescentes, otorgándole pleno valor probatorio conforme a las reglas de libre convicción razonada, evidenciándose del mismo que el mencionado organismo dictó Medida de Abrigo Provisional y Excepcional ejecutada en Hogares Bambi de Venezuela Antimano, a favor de la niña de autos, por estar en situación de peligro y situación de calle junto a su madre, y así se declara
2) Cursa al folio 179, Acta de nacimiento de la niña (Se omite conforme al artículo 65 de la LOPNA). Este Juzgador le concede pleno valor probatorio en virtud de tratarse de un Documento Público, teniéndose como fidedigno por haber sido emanado de un Funcionario Público, de conformidad con lo establecido en los artículos 1357, 1359, 1360, 1380 y siguientes del Código Civil, en concordancia con los artículos 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 429 del Código de Procedimiento Civil, de la cual se demuestra la filiación de la niña antes mencionada con la demandada de la presente causa, y así se declara.
PRUEBA DE INFORME DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DEL HOGAR BAMBI DE VENEZUELA:
Cursa a los folios (163 al 174) ambos inclusive, Informe Evolutivo remitido por el Equipo Multidisciplinario del Hogar Bambi de Venezuela, específicamente por la Sociolegal, Lic. KEIDY SANCHEZ (Directora), la Trabajadora Social, Lic. JOHANA CARRION, la Psicóloga PAVIANA VILLALOBOS y la Pediatra Dra. EDDY VILLASMIL, del cual puede leerse lo siguiente:
CONCLUSIONES
Una vez analizado cada una de las áreas del presente caso, se puede concluir con lo siguiente:
• La niña (Se omite conforme al artículo 65 de la LOPNA), ingreso el día 04 de Febrero de 2013, bajo Medida de abrigo Provisional. Hasta la fecha no se ha obtenido información respecto a sus datos de identificación. La madre escapó de Funcionarios del Cuerpo de Bomberos al momento del abordaje para ser trasladada al Hospital Clínico Universitario, para evaluación Psiquiátrica.
• Resulta de una familia monoparental constituida por la niña Maria Elizabeth Dari Duran y la Sra. Dariluz Durán, quienes se encontraban en situación de calle en las cercanías del Bloque VII en el sector Propatria. Vecinos del sector denunciaron que precitada ciudadana constantemente maltrataba física y verbalmente a la niña.
• Actualmente, se desconocen registros o datos de algún familiar de origen o extendido con quien se pueda establecer contacto, razón por la cual las relaciones de la niña (Se omite conforme al artículo 65 de la LOPNA), con su familia de origen o extendida no ha sido determinadas.
• HBV remite ante el Tribunal de protección, oficio N° 146, mediante el cual se consignan resultas de la evaluación atropométrica practicada a la niña (Se omite conforme al artículo 65 de la LOPNA), y asimismo se solicita la ratificación del oficio N° 055, emanado desde la Entidad de Atención, en el cual se solicita se designe correo especial a la Trabajadora Social, para que la misma realizara la presentación de la niña en comento ante el Registro Civil.
• En fecha 29 de octubre de 2013, el Tribunal Primero (¡°) de Juicio dictó entre sus deposiciones: Designar a Yasnalla Oropeza para realizar la presentación e inscripción de la niña ante la Oficina Subalterna de Registro Civil de la Parroquia Antemano, y una vez que obtenga el acta de nacimiento, deberá consignarla en el expediente realizar la presentación e inscripción de la niña.
• En fecha 27 de noviembre de 2013, se acude al Registro Civil del Distrito Capital, Municipio Libertador, Parroquia Antimano, con motivo de realizar la presentación e inscripción de la niña (Se omite conforme al artículo 65 de la LOPNA) ante dicha instancia, tal como fue solicitado desde el Tribunal de Protección, mediante oficio recibido N° 3021/2013, en fecha 29 de octubre de 2013. En este sentido la niña en comento quedo registrada con fecha de nacimiento: 30/06/2011.
• En fecha 11 de noviembre de 2014, HBV remite ante el Tribunal de protección, oficio N° HBV-2014-028, mediante el cual se consigna copia de la partida de nacimiento de la niña (Se omite conforme al artículo 65 de la LOPNA), dando respuesta a lo solicitado desde el Tribunal de Protección mediante oficio N° 137/2014, enviado en fecha 30 de enero del presente año.
• La niña (Se omite conforme al artículo 65 de la LOPNA), no se encuentra inscrita en el Sistema Educativo ya que no tiene la edad reglamentaria para ingresar a una institución. Sin embargo dentro de la Entidad de Atención recibe reforzamiento escolar, lo que ha favorecido su desarrollo cognitivo.
• En evaluación psicológica continua realizada desde la Entidad de Atención, la niña Maria Elizabeth Dari Duran evidencia cognitivamente, repertorios consolidados que se encuentran acordes a su edad y momento evolutivo. Socioemocionalmente reconoce a las personas de su entorno e interactúa activamente con ellas. Presenta tolerancia a periodos de separación.
• Durante última evaluación medica practicada por el personal de pediatría de la Entidad de atención a la niña Maria Elizabeth Dari Duran, la misma luce en regulares condiciones generales, aunque presento un episodio emético, el cual fue tratado y controlado.

RECOMENDACIONES

• Realizar seguimiento al proceso de adopción de la niña (Se omite conforme al artículo 65 de la LOPNA), impulsado por el IDENNA, en aras de garantizar su Derecho a crecer y desarrollarse en el seno de una familia tal como lo establece el Art. 26 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Este Juzgador le concede pleno valor probatorio en todas y cada una de sus partes a las consideraciones técnicas formuladas por los especialistas del Equipo Multidisciplinario de Hogares Bambi, de conformidad con lo establecido en el artículo 481 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como el sistema de la Sana Critica, constituyendo una herramienta fundamental para quien suscribe, por cuanto del mismo se puede conocer y comprobar las relaciones y entorno familiar, así como las circunstancias, las debilidades y fortalezas de los involucrados, lo cual da luces a este Juzgador para emitir una Sentencia lo mas ajustada a la realidad y al interés superior de la niña de marras. Así se declara.
Considerando todo lo anterior, y por cuanto se observa que este Juzgador debe decidir con base al interés superior de la niña antes mencionada y al informe antes valorado, así de seguidas pasa a realizarlo.
DE LA OPINIÓN DE LA NIÑA (Se omite conforme al artículo 65 de la LOPNA)
En la celebración de la Audiencia de Juicio, en virtud del mandato legal establecido en el artículo 80 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en el marco del derecho de los niños, niñas y adolescentes a opinar y ser oídos, se le otorgó la palabra a la niña de marras.
Ahora bien, a los fines de la valoración de la opinión de la Niña de marras, conviene citar lo establecido en el numeral 8, de la Orientación Novena de las Orientaciones sobre la garantía del derecho humano de los niños, niñas y adolescentes a opinar y a ser oídos en los procedimientos judiciales ante los Tribunales de Protección, dictadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo texto es del tenor siguiente:
“8. Que la opinión de los niños, niñas y adolescentes constituye un elemento adicional al conjunto de fundamentos que sustentan una decisión judicial imprescindible para determinar su interés superior en un caso en particular. En consecuencia, es menester comprender que se trata de un acto procesal sui géneris que realiza el Juez y Jueza para conocer la visión del niño, niña o adolescente en cuanto a la situación personal, familiar o social que lo afecta, por lo cual no debería estimarse como un medio de prueba, ni debe valorarse como tal.”
La opinión de los niños, niñas y adolescentes, en razón a la orientación anterior, no constituye medio de prueba, a tal efecto, no resulta valorable como probanza por quien suscribe, sin embargo, resulta vital denotar, que el ser oído, es un derecho que poseen todos los niños, niñas y adolescentes, consagrado en el artículo 80 de la Ley Orgánica que rige la materia, que como sujetos de derecho, les permite dar su impresión acerca de su situación personal, muy especialmente con respecto a la litis planteada, por lo tanto es apreciada por este Sentenciador, al ser demostrativa de la condición física, psíquica y emocional, en que se encuentra el adolescente, e incluso de cómo el proceso instaurado ha influido en su esfera subjetiva, considerándose entonces de suma importancia, pues expresa los deseos que precisamente deben ser tomados en cuenta para dictar una decisión acorde a su beneficio e interés superior; y así se declara.
III
MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN
Concluida la narración íntegra de todos los pasos en la sustanciación de la causa, y señalados los fundamentos esenciales que se deben tomar en cuenta para dictar sentencia, pasa este Juez a realizar las siguientes consideraciones:
La Colocación Familiar o en Entidad de Atención es una medida de protección aplicable en aquellos casos de niños, niñas o adolescentes privados temporalmente de su familia de origen y que solo puede ser dictada por un Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; siendo una modalidad la de familia sustituta, conviene tener en cuenta que la propia Ley que rige la materia, define en su artículo 394 lo que debe entenderse por tal, y en tal sentido establece lo siguiente: “…aquella que, no siendo la familia de origen, acoge, por decisión judicial, a un niño, niña o adolescente privado permanente o temporalmente de su medio familiar, ya sea por carecer de padre y madre, o porque éstos se encuentran afectados en la titularidad de la patria potestad o en el ejercicio de la responsabilidad de crianza…”.
Por otra parte, resulta impretermitible para este Juzgador enfatizar la gran importancia que tiene, el derecho natural y primario que tiene todo niño, niña y adolescente a ser criado en su familia de origen, ya que esta constituye el grupo familiar al cual, el niño, niña y adolescente se encuentran unidos por los vínculos de la sangre y que se determina a través de la filiación, derecho éste que se encuentra consagrado en el artículo 26 de Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual considera como primera opción el derecho a vivir, a ser criados y desarrollarse en su familia de origen y excepcionalmente, a hacerlo en una familia sustituta.
En tal sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en su artículo 75:
“…El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia.
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la Ley…” (Resaltado nuestro).
Igualmente el único aparte del artículo 76 eiusdem dispone:
“…El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas, y éstos o éstas tienen el deber de asistirlos o asistirlas cuando aquel o aquella no puedan hacerlo por sí mismos o por sí mismas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación…”.
En tanto que la Convención sobre los Derechos del Niño preceptúa como un derecho humano fundamental para los niños, niñas y adolescentes el ser cuidado por sus progenitores cuando dispone en su artículo 7, “El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”. (Resaltado de este fallo), y en su artículo 9 expresa: “Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño”. (Resaltado de este fallo). De donde se sigue que se trata de un derecho cuyo ejercicio el Estado debe garantizar y sólo de manera excepcional como se evidencia de las normas jurídicas anotadas, puede limitarse tal derecho, lo que, obviamente, requiere de una motivación fundada, visto -se insiste- el carácter excepcional de la separación.
Una decisión que conlleve a la separación del niño de sus progenitores debe calificarse como extraordinaria y por tanto requiere, según la propia Convención, que se mantenga dentro de ciertos parámetros, a saber:
1. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.
2. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.
3. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas” (artículo 9 de la Convención).
Asimismo, y para confirmar el aserto de lo expuesto, en armonía con las disposiciones señaladas, este Tribunal trae a colación la Exposición de Motivos, de la ley adjetiva que rige la materia, por la importancia de su contenido, según la cual:
“…Esta norma (se refiere al artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) desarrolla a la perfección el principio del rol o papel fundamental de las familias en la crianza de los niños, niñas y adolescentes, contemplado en la Convención sobre Derechos del Niño. Precisamente, para hacer más efectivo este principio y derecho humano de la infancia se optó por incluir una reforma del artículo 26 de la Ley de 1998, referido al Derecho a una familia. Los cambios propuestos tienen como objetivo fundamental garantizar que los niños, niñas y adolescentes vivan y se desarrollen en el seno de su familia de origen y, sobre todo, que no sean separados de ella de forma injusta o arbitraria. Por ello, se indica que dicha separación sólo procede de forma excepcional cuando sea estrictamente necesaria para preservar su interés superior, mediante la aplicación de una medida de protección dictada por la autoridad competente y de conformidad con los requisitos y procedimientos previstos en la Ley. En este sentido, uno de los cambios más importantes es la prohibición expresa de la separación del niño, niña o adolescente de su familia de origen por motivos de pobreza u otros supuestos de exclusión social, así como la obligación del Estado de realizar todas las acciones dirigidas a lograr su integración o reintegración familiar cuando se encuentren separados de su familia de origen nuclear o ampliada…”. (Resaltado nuestro).
Por otra parte, también se señala en la aludida Exposición que se “modifica los nombres o denominaciones de dos instituciones familiares. Así, se reforma el término de la ‘guarda’ por el de ‘responsabilidad de crianza’, que además de ser más cercano a su contenido, esto es, al deber y el derecho del padre y la madre de amar, criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir materialmente a sus hijos e hijas, deja atrás el paradigma de los niños, niñas y adolescentes como objetos propiedad de sus progenitores, que se ‘guardan’. En este sentido, es necesario recordar que la doctrina especializada en nuestro país ha cuestionado el uso del término ‘guarda’ para referirse a las relaciones de los padres y madres con sus hijos e hijas, pues el mismo, incluso en términos coloquiales, está más asociado a las potestades sobre bienes u objetos y, por tanto, constituye un reflejo de las antiguas concepciones que valoraban a los niños, niñas y adolescentes como una suerte de propiedad de quienes ejercían la patria potestad”.
Por último, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, instrumento normativo especialísimo que regula y protege la situación de la infancia y la adolescencia establece en su artículo 5:
“Obligaciones generales de la familia e igualdad de género en la crianza de los niños, niñas y adolescentes.
La familia es la asociación natural de la sociedad y el espacio fundamental para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Las relaciones familiares se deben fundamentar en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. En consecuencia, las familias son responsables de forma prioritaria, inmediata e indeclinable, de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías.
El padre y la madre tienen deberes, responsabilidades y derechos compartidos, iguales e irrenunciables de criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y, asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas.
El Estado debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente estas responsabilidades, y para que el padre y la madre asuman, en igualdad de condiciones, sus deberes, responsabilidades y derechos. Asimismo, garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia”.
De donde se desprende de manera definitiva la importancia que tiene para el Estado y la sociedad que los niños, niñas y adolescentes sean criados por sus padres, como expresión y reconocimiento de un estado natural de nuestras relaciones y afectos como seres humanos. Aserto que queda afianzado en las disposiciones contenidas en los artículos 25, 26 y 27 de la referida Ley Orgánica, cuando establecen de manera inequívoca este derecho y el carácter excepcional que reviste la circunstancia de que sean criados por personas distintas de aquellos, quienes por naturaleza deben ejercer el rol fundamental de padres. Tales preceptos normativos señalan:
Artículo 25. Derecho a conocer a su padre y madre y a ser cuidados por ellos. Todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de cuál fuere su filiación, tienen derecho a conocer a su padre y madre, así como a ser cuidados por ellos, salvo cuando sea contrario a su interés superior.
Artículo 26. Derecho a ser criado en una familia. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Excepcionalmente, en los casos en que ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a vivir, ser criados o criadas y desarrollarse en una familia sustituta, de conformidad con la ley. La familia debe ofrecer un ambiente de afecto, seguridad, solidaridad, esfuerzo común, comprensión mutua y respeto recíproco que permita el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.
Parágrafo Primero. Los niños, niñas y adolescentes sólo podrán ser separados o separadas de su familia de origen cuando sea estrictamente necesario para preservar su interés superior. En estos casos, la separación sólo procede mediante la aplicación de una medida de protección aplicada por la autoridad competente y de conformidad con los requisitos y procedimientos previstos en la ley. Estas medidas de protección tendrán carácter excepcional, de último recurso y, en la medida en que sea procedente, deben durar el tiempo más breve posible.
Parágrafo Segundo. No procede la separación de los niños, niñas y adolescentes de su familia de origen por motivos de pobreza u otros supuestos de exclusión social. Cuando la medida de abrigo, colocación en familia sustituta o en entidad de atención, recaiga sobre varios hermanos o hermanas, éstos deben mantenerse unidos en un mismo programa de protección, excepto por motivos fundados en condiciones de salud. Salvo en los casos en que proceda la adopción, durante el tiempo que permanezcan los niños, niñas y adolescentes separados o separadas de su familia de origen, deben realizarse todas las acciones dirigidas a lograr su integración o reintegración en su familia de origen nuclear o ampliada.
Parágrafo Tercero. El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar programas y medidas de protección especiales para los niños, niñas y adolescentes, privados o privadas temporal o permanentemente de su familia de origen.
Artículo 27. Derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con el padre y la madre. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a mantener de forma regular y permanente, relaciones personales y contacto directo con su padre y madre, aun cuando exista separación entre éstos, salvo que ello sea contrario a su interés superior.
No quiere este Tribunal con ello decir, por otra parte, que no deba garantizarse las relaciones de los niños, niñas y adolescentes con sus demás familiares, antes por el contrario se trata de un derecho de aquellos por el que el Estado debe velar. Sin embargo, la colocación familiar que tiene como finalidad, de acuerdo con el articulo 396 “otorgar la Responsabilidad de Crianza de un niño, niña o adolescente, de manera temporal y mientras se determina una modalidad de protección permanente para el mismo”, debe cumplir con ciertos requisitos de procedencia, tales son:
“…La colocación familiar o en entidad de atención de un niño, niña o adolescente procede cuando:
a) Transcurrido el lapso previsto en el artículo 127 de esta Ley, no se haya resuelto el asunto por vía administrativa.
b) Sea imposible abrir o continuar la Tutela.
c) Se haya privado a su padre y madre de la Patria Potestad o ésta se haya extinguido…”
De lo anterior se evidencia, que de manera excepcional y cuando el interés superior del niño, niña y adolescente lo aconseje, puede acordarse que la responsabilidad de crianza y custodia de los niños esté bajo la responsabilidad de un tercero, pero en tales supuestos, excepcionales, como se ha visto, se precisa de una fundamentación razonada que pondere las circunstancias y determine que lo más conveniente para los niños es el régimen excepcional, previsto y diseñado en las disposiciones antes citadas, con la intención de cubrir eventuales y desafortunadas situaciones en las cuales no debe el niño, niña o adolescente permanecer con sus padres biológicos.
Aunado a las anteriores consideraciones, resulta novedoso la presencia protagónica de la familia de origen del niño, niña y adolescente en el sistema jurídico venezolano. En efecto, los textos legales que han entrado en vigencia en Venezuela se encuentran diseminados del reconocimiento del derecho del niño, niña y adolescente a crecer en medio de una familia en particular, de su familia de origen.
Por otra parte, en sentencia Nº 2320 del 18 de diciembre de 2007 (caso: Pedro Elías Alcalá) la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia juzgó, con motivo de una acción de amparo contra una decisión judicial dictada con ocasión de una solicitud de revisión de guarda y custodia, y que, resulta aplicable, en general, a cualquier procedimiento judicial en los que pudiesen estar involucrados los derechos e intereses de niños, niñas y adolescentes, lo siguiente:
“…Casos como el presente exigen mucha prudencia, responsabilidad y razonabilidad, gran ponderación, un dominio impecable de las instituciones familiares, con sus efectos y consecuencias sociales; además, de una especial sensibilidad y un manejo de los distintos institutos procesales, toda vez que las decisiones que se dictan en torno a los niños, niñas y adolescente producen e inciden de manera decisiva en su desarrollo y formación integral. Cuando se dictan medidas judiciales que los afectan se produce una innovación sentimental y afectiva; pero además, éstas repercuten en el aspecto social y estilo de vida; de tal manera, que no pueden los jueces y juezas disponer de los niños, niñas y adolescentes como si de objetos se tratara; ellos no sólo son sujetos de derecho, sino que debe tenerse presente cómo sienten y padecen de manera significativa a consecuencia de un proceso judicial, y cómo una decisión judicial puede llegar a ser fundamental en su existencia; por tanto, no puede ordenarse trasladar de un lado para otro, sin mediar y ponderar las transformaciones de vida que ello implica”. (Resaltado nuestro).
Ahora bien, de las actas que conforman el presente expediente se observa que la niña (Se omite conforme al artículo 65 de la LOPNA), en virtud de la medida de Abrigo dictada por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Libertador, en resguardo del Interés Superior de la misma, quien se encontraba en situación de riesgo, por el maltrato del cual estaban siendo victima, no existiendo posibilidad alguna de reinsertar a la niña a su familia de origen, por lo que este Tribunal, dada la naturaleza del presente juicio resulta forzoso para este Juez, siguiendo las corrientes actuales de nuestro ordenamiento jurídico RATIFICAR de la medida de Protección, en la modalidad de Colocación en Entidad de Atención a favor de la niña (Se omite conforme al artículo 65 de la LOPNA), como se hará en la parte dispositiva del presente fallo. Y así se declara.

En el caso bajo análisis, este Tribunal observa que la familia de origen de la niña (Se omite conforme al artículo 65 de la LOPNA), no le garantiza el derecho a ser criada y a desarrollarse adecuadamente dentro de una familia. En este mismo orden de ideas, cabe señalar que la niña de marras tienen aproximadamente un año bajo la custodia y cuidados de Hogares Bambi de Venezuela, en virtud del abandono de que es objeto la niña de marras. Por lo tanto, en opinión de quien aquí decide, en vista que las circunstancias que originaron la necesidad de protección no han cesado, debe mantenerse la medida de protección anteriormente dictada, a fin de que se satisfagan los requerimientos educativos, emocionales, morales y materiales, que le garanticen a la niña de autos, un ambiente conforme a lo establecido en los diversos textos normativos, y así se hace saber.
En consecuencia, esta Juzgador considera que lo procedente en derecho es Ratificar la Medida de Colocación en Entidad de Atención de la niña (Se omite conforme al artículo 65 de la LOPNA), la cual seguirá ejerciéndose en en “HOGARES BAMBI DE VENEZUELA”; ubicado en la siguiente dirección: Av. Tamanaco, Quinta Enlace, San Bernandino, Caracas Distrito Capital, y así se declara.
IV
DECISIÓN
Por todo lo anteriormente expuesto, este TRIBUNAL PRIMERO (1°) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Y NACIONAL DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la presente demanda de COLOCACIÓN EN ENTIDAD DE ATENCIÓN, incoada por el CONSEJO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, a favor de la niña (Se omite conforme al artículo 65 de la LOPNA), contra la ciudadana DARI LUZ DURAN, colombiana, de la cual se desconocen sus datos. En consecuencia se RATIFICA la MEDIDA DE PROTECCIÓN DE COLOCACIÓN EN MODALIDAD DE ENTIDAD DE ATENCIÓN, dictada en fecha 29/10/2013, por este Tribunal Primero de Juicio, a ejecutarse en “HOGARES BAMBI DE VENEZUELA”; ubicado en la siguiente dirección: Av. Tamanaco, Quinta Enlace, San Bernandino, Caracas Distrito Capital; todo de conformidad con lo previsto en los artículos 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en los artículos 126 literal “i”, 128, 358, 396, 397 y 466 parágrafo primero literal “e” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Asimismo se acuerda librar oficio al Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de niños, Niñas y Adolescentes (IDENA) Oficina Metropolitana de Adopciones, a fin de que la niña (Se omite conforme al artículo 65 de la LOPNA), sea evaluada su adoptabilidad.
Finalmente la presente Medida deberá ser revisada a los seis (06) meses siguientes al de hoy, a fin de verificar si las circunstancias con que se ha dictado la presente medida, han variado, o cesado, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley especial, previa consignación del informe evolutivo, tal como lo establece el artículo 132 eiusdem.-

PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE
Dada, firmada y sellada en el despacho del Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Tribual de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, a los diez (10) días del mes de abril del año dos mil catorce (2014). Años: 203° de Independencia y 155° de la Federación.
EL JUEZ,

ABG. WILLIAN PÁEZ JIMÉNEZ.
LA SECRETARIA,

ABG. YUSMERY ANGULO

WPJ/YA/Sierra Larry