REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE TRIBUNAL DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS PARTE ACTORA Ciudadano DANIEL LÓPEZ PEITIADO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº V-1.881.307. APODERADO JUDICIAL: Ciudadano FAIEZ ABDUL HADI B., abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo lo Nº 15.164. PARTE DEMANDADA Ciudadano CARLOS BELTRAN BARROSO BOVINO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-9.963.255. No consta en autos apoderado judicial. MOTIVO RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO TIPO DE SENTENCIA: Interlocutoria con Fuerza Definitiva. MATERIA: Civil. EXPEDIENTE: AP31-V-2010-001793. -I- DE LAS ACTUACIONES PROCESALES Se inicia el presente procedimiento mediante libelo de demanda interpuesto por el abogado FAIEZ ABDUL HADI B., en su carácter de apoderada judicial del ciudadano DANIEL LÓPEZ PEITIADO, presentado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, correspondiéndole el conocimiento de la causa a este Tribunal, siendo recibida en fecha 12/05/2010. En fecha 31/05/2010 fue admitida la presente demanda por el procedimiento breve conforme a los artículos 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ordenándose la citación de la parte demandada. Mediante diligencia de fecha 22/06/2010 la parte actora consignó fotostátos para la elaboración de la compulsa, la cual fue librada en fecha 01/07/2010. A través de diligencia de fecha 07/12/2010 el alguacil consignó compulsa sin firmar. En fecha 20/12/2010 compareció el apoderado judicial de la parte actora y solicitó se desglosara la compulsa. Mediante auto de fecha 13/01/2011 el Tribunal luego de una minuciosa revisión de las actas procesales observó que en fecha 07/12/2010 el Alguacil encargado de la práctica de la citación de la parte demandada dejó constancia de no haber cumplido su misión, debido a que el demandado no se encontraba en el domicilio señalado por la parte actora. Por medio de auto de fecha 13/05/2011 se suspendió temporalmente el juicio, hasta que hubiese constancia en autos de haberse tramitado por ante el Ministerio con competencia en materia de hábitat y vivienda, el procedimiento administrativo respectivo. -II- DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...”; Por otro lado, dispone el artículo 269 eiusdem, lo siguiente: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal...”. En las disposiciones antes transcritas, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción. La perención de acuerdo al encabezado del artículo 267 ibídem, es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de un año, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbres los derechos privados. En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis al vencimiento del plazo de un año de inactividad y no desde el día en que es declarada por el juez, ya que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procesales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público. Entre los casos previstos en los cuales operaría la perención como consecuencia del comportamiento negligente de las partes, se encuentra pautado por la Ley, una sanción a la inactividad del actor, en el sentido de que siendo el interesado en impulsar el proceso, a los fines de que se efectúen las diferentes etapas procesales hasta llegar a una sentencia acerca del mérito de la causa; la falta de manifestación de ese interés propio, es sancionada con la perención y adicionalmente, con la previsión contenida en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, esto es; la inadmisibilidad “pro tempore” de la nueva demanda. En el presente caso, la parte actora ha debido ser diligente a objeto de impulsar el proceso y en específico debió impulsar la citación personal de la parte demandada, circunstancia esta que no se verificó en el caso que nos ocupa, ya que desde el 13/05/2011 se dictó auto en el cual se suspendió temporalmente el juicio, hasta que hubiese constancia en autos de haberse tramitado por ante el Ministerio con competencia en materia de hábitat y vivienda, hasta la presente fecha, no ha habido ninguna actuación del actor en la presente causa, quedando evidenciada así la falta de impulso procesal de la actora, paralizándose la causa por más de tres (3) años, debiendo este Tribunal de oficio declarar la perención de la instancia por haber transcurrido más de tres (3) años de inactividad de la parte actora, sin que realizara ningún tipo de actuación de impulso o gestión del proceso, que interrumpiera dicha perención. Así se decide. -III- DISPOSITIVA Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este TRIBUNAL DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, en concordancia con lo establecido en el artículo 269, ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia establecida en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Tribunal Décimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la ciudad de Caracas, a los ocho (08) días del mes de Agosto del año dos mil catorce (2014). AÑOS 204° DE LA INDEPENDENCIA y 155° DE LA FEDERACIÓN. LA JUEZA DAYANA ORTÍZ RUBIO LA SECRETARIA BLENDY BARRIOS En esta misma fecha se registró y publicó la anterior decisión, siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m). LA SECRETARIA BLENDY BARRIOS DOR/BB/GG AP31-V-2010-001793