REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 18 de Diciembre de 2014 204º y 155º ASUNTO: AP11-O-2014-000154 PARTE ACCIONANTE: ONAIDA JAMILETT TORREALBA MARTÍNEZ, quien es venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-11.410.067. ABOGADOS ASISTENTES DE LA PARTE ACCIONANTE: Dr. Angel R. Brito y Dra. Silvia M. García Pérez, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-9.096.109 y V-6.813.668, respectivamente, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 46.209 y 191.083, en ese mismo orden. PARTE ACCIONADA: YEANNER EVELINS VIVAS AVILA, quien es venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-21.377.382. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACCIONADA: No constituido en autos MOTIVO: Acción de Amparo Constitucional (Pronunciamiento sobre la Admisibilidad - Declinatoria de Competencia). -I- - ANTECEDENTES - Se inició la presente acción mediante escrito consignado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 16 de diciembre de 2014, por la ciudadana ONAIDA JAMILETT TORREALBA MARTÍNEZ, anteriormente identificada, asistida por los abogados mencionados en el encabezamiento de esta decisión, quien solicita de este Tribunal y por medio de la presente Acción de Amparo Constitucional, lo siguiente: “Ante usted ocurro para solicitar de conformidad con los Artículos 1, 2, 7 y 13 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Decreto y Garantías Constitucionales AMPARO CONSTITUCIONAL en concordancia con el Articulo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contra la acción de amenaza, vulnerabilidad o riesgo de mi integridad física y a la de mi familia persistente por parte de la ciudadana YEANNER EVELINS VIVAS AVILA, Venezolana, mayor de edad de este domicilio y titular de la cédula de identidad № 21.377.382, en cuanto a causar un daño a mi persona y a mi familia en especial a mi hija JENNIFFER JENNIRE YANEZ TORREALBA, Venezolana, mayor de edad de este domicilio y titular de la cédula de identidad № 20.330.463 todo por problemas personales que tiene en virtud a que vivió en mi casa y pretende cobrar unas bienhechurías que no son de ella. Lo cierto es que la ciudadana en cuestión valiéndose de su condición de Mujer y estado de gravidez en virtud a las leyes que la protegen .constantemente llega de forma grosera y amenazante con insultos a agredirme buscando incitar a una situación irregular que la favorezca para poder denunciarme, tanto es asi que me amenaza con amigos, supuestamente policías y con amistades del gobierno todo con el hecho de amedrentarme, diciendo que tienen una orden para entrar en mi casa, Es evidente la intención de la ciudadana YEANNER EVELINS VIVAS AVILA Y en cuanto a la AMENAZA VULNERABILIDAD YRIESGO DE MI INTEGRIDAD FÍSICA Y HONOR Y VIDA PRIVADA LA DE MI FAMILIA. (…) Ella se la pasa insultándome a mí y a mi familia diciéndome patas en el suelo, mal viviente, y que nosotros nos tenemos donde caernos muertos y también llego al límite de llamarnos ladrones” (sic) [Negrillas y subrayado del texto original]. Concluye su escrito la ciudadana ONAIDA JAMILETT TORREALBA MARTÍNEZ, fundamentando su pretensión de tutela constitucional en los artículos 55 y 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en armonía con los artículos 2 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; y solicitando la admisión de la presente acción; así como su declaratoria de Procedencia y Con Lugar en la definitiva. Así las cosas, le correspondió a este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el conocimiento del presente asunto, luego de su respectiva Distribución. Encontrándonos en la oportunidad correspondiente a los fines de emitir pronunciamiento sobre la admisibilidad o no de la presente acción, pasa este Tribunal a determinar, preliminarmente, su competencia para conocer de la misma, en los términos siguientes: PUNTO PREVIO El artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el derecho que tiene toda persona a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Este derecho de amparo se hace valer mediante un Recurso que es de naturaleza extraordinaria, y según la norma antes citada, se tramita mediante un procedimiento que se caracteriza por su oralidad, publicidad, brevedad, gratuidad, y sin sujeción a formalidades. De este modo, la Constitución configura que es la autoridad judicial a quien compete el conocimiento de la solicitud que se haga en este sentido, y en ejercicio de esa atribución puede restablecer la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Para esto, el constituyente previó que todo tiempo es útil y su trámite es preferente a cualquier otro asunto. Considera menester este Juzgado pronunciarse acerca de su competencia para conocer la presente acción de Amparo Constitucional. En este orden de ideas, el Articulo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone: “Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia a fin con la naturaleza del Derecho o de las Garantías Constitucionales violados o amenazados de violación en la Jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivare la acción de amparo. En caso de duda, se observaran, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón a la materia. Sí un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia. Del Amparo de la Libertad y seguridad personal conocerán los Tribunales de Primera instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta ley”. (Subrayado del Tribunal). Con vista a la narración de los hechos plasmados en el escrito de amparo constitucional, de los cuales se evidencia fehacientemente la presunta comisión de hechos punibles contenidos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Nº 38.668 DE FECHA 23-04-2007), cuya jurisdicción tiene un fuero competencial material especial y atrayente, resultando por tanto dichos tribunales los llamados a conocer –en razón de la materia- de las pretensiones de tutela constitucional planteadas por la ciudadana ONAIDA JAMILETT TORREALBA MARTÍNEZ, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 1 en concordancia con lo dispuesto por el artículo 81, ambos del referido texto legal; los cuales a la letra señalan lo siguiente: “Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad justa democrática, participativa, paritaria y protagónica.” “Artículo 81. Los Juzgados de violencia contra la mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas son los competentes para autorizar y realizar pruebas anticipadas, acordar medidas de coerción personal, resolver incidencias, excepciones y peticiones de las partes durante esta fase y velar por el cumplimiento de los derechos y garantías previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal, la presente Ley y el ordenamiento jurídico en general.” Del contenido de los artículos anteriormente transcritos, se evidencia con perfecta claridad que son los Juzgados de Violencia contra la Mujer los competentes para conocer acerca de los aberrantes hechos narrados en la presente acción de amparo constitucional. Por su parte, los artículos 60 y 69 del Código de Procedimiento Civil, con relación a la declaratoria de INCOMPETENCIA de un tribunal para conocer de determinados asuntos, consagran lo siguiente: “Artículo 60.- La incompetencia por la materia y por el territorio en los casos previstos en la última parte del artículo 47, se declarará aún de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso. La incompetencia por el valor puede declararse aún de oficio, en cualquier momento del juicio en primera instancia. La incompetencia por el territorio, con excepción de los casos previstos en la última parte del artículo 47, pude oponerse sólo como cuestión previa, como se indica en el artículo 346. La incompetencia territorial se considerará no opuesta si no se indica el Juez que la parte considera competente. Si la parte contraria se adhiere a es indicación, la competencia del Juez indicado queda firme, y se pasarán los autos al Juez competente, ante el cual continuará el procedimiento en el quinto día después de recibidos los autos”. “Artículo 69.- La sentencia en la cual el Juez se declare incompetente, aun en los casos de los artículos 51 y 61, quedará firme si no se solicita por las partes la regulación de la competencia dentro del plazo de cinco días después de la pronunciada, salvo lo indicado en el artículo siguiente para los casos de incompetencia por la materia o de la territorial prevista en el artículo 47. Habiendo quedado firme la sentencia, la causa continuará su curso ante el Juez declarado competente, en el plazo indicado en el artículo 75.” En consecuencia, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas se declara INCOMPETENTE, en razón de la materia, para conocer y decidir los hechos involucrados en el presente asunto; y, en consecuencia, DECLINA su conocimiento en los Tribunales de Violencia contra la Mujer. Y ASÍ SE DECLARA. - D E C I S I O N - Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Su INCOMPETENCIA para conocer de la presente Acción de Amparo Constitucional que intentara ONAIDA JAMILETT TORREALBA MARTÍNEZ, identificada en autos, todo ello, en virtud de lo dispuesto en la parte motiva de la presente decisión. SEGUNDO: Se DECLINA LA COMPETENCIA, EN RAZÓN DE LA MATERIA, en los Tribunales de Violencia Contra la Mujer de esta misma Circunscripción Judicial; todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 60 y 69 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 1 y 81 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. TERCERO: Remítase este expediente, una vez transcurrido el lapso dispuesto en el artículo 69 del texto adjetivo civil -de forma original- mediante oficio al Juzgado de violencia contra la mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas de esta misma Circunscripción Judicial, en funciones de distribución, a los fines legales consiguientes. PUBLIQUESE Y REGISTRESE Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 8º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 18 de Diciembre de 2014. 204º y 155º. El Juez, Dr. César A. Mata Rengifo La Secretaria Abg. Inés Belisario Gavazut En esta misma fecha, siendo las 3:16 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. La Secretaria Abg. Inés Belisario Gavazut Asunto: AP11-O-2014-000154 CAM/IBG/cam.-