REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE TRIBUNAL DECIMO CUARTO DE MUNICIPIO, ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS PARTE ACTORA Ciudadano JUAN PEREZ GUTIERREZ, Venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº. V-783.258. APODERADA JUDICIAL: ANA TULIA RAMIREZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº. 32.973. PARTE DEMANDADA Ciudadana NATHALY DEL VALLE ACEVEDO YBARRA, Venezolana, mayor de edad y titular de las cedulas de identidad Nº V-12.748.189. No consta en autos apoderado judicial. MOTIVO DESALOJO TIPO DE SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA. MATERIA: Civil EXPEDIENTE: AP31-V-2011-000434 - I - Se inicia el presente procedimiento mediante libelo de demanda presentado por la parte actora, asistido por la abogada ANA TULIA RAMIREZ, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.), del Circuito Judicial de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con sede en los Cortijos, en fecha 18 de febrero de 2011. Verificada la distribución legal, correspondió el conocimiento de la causa a este Órgano Jurisdiccional, siendo recibida en fecha 21 de febrero de 2011. A través de auto de fecha 10 de marzo de 2011, este Juzgado admitió la presente demanda por el procedimiento breve, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada. Mediante diligencias de fecha 18 de marzo, la parte actora consignó poder otorgado a la abogada Ana Ramírez, fotostátos a los fines de que se citara a la parte demandada y solicitó corregir el numero de inpreabogado en el auto de Admisión y cuaderno de medidas del presente expediente. En fecha 24 de marzo de 2011 la apoderada Judicial de la parte actora consignó emolumentos a fin de que se librara compulsa. A través de auto dictado en fecha 28 de marzo de 2011 este tribunal subsanó el error material cometido e instó al apoderado judicial de la parta actora a consignar copias fotostáticas del presente auto para su certificación. Mediante diligencia de fecha 31 de marzo de 2011 la apoderada judicial de la parte actora consignó copias simples complementarias para que se elaborara la compulsa, siendo librada por este Tribunal en fecha 12 de abril de 2011. Por medio de diligencia de fecha 28 de abril de 2011 compareció el ciudadano alguacil y consignó compulsa con su orden de comparecencia sin firma. Mediante diligencia de fecha 03 de mayo de 2011 compareció la apoderada judicial de la parte actora y solicitó la citación por cartel, siendo este librado en fecha 18 de mayo de 2011. En fecha 24 de mayo 2011 compareció la ciudadana Ana Ramírez apoderada judicial de la parte actora y retiro cartel de citación para su debida publicación. -II- El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...”; Por otro lado, dispone el artículo 269 eiusdem, lo siguiente: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal...”. En las disposiciones antes transcritas, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción. La perención de acuerdo al encabezado del artículo 267 ibídem, es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de un año, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbres los derechos privados. En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis al vencimiento del plazo de un año de inactividad y no desde el día en que es declarada por el juez, ya que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procesales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público. Entre los casos previstos en los cuales operaría la perención como consecuencia del comportamiento negligente de las partes, se encuentra pautado por la Ley, una sanción a la inactividad del actor, en el sentido de que siendo el interesado en impulsar el proceso, a los fines de que se efectúen las diferentes etapas procesales hasta llegar a una sentencia acerca del mérito de la causa; la falta de manifestación de ese interés propio, es sancionada con la perención y adicionalmente, con la previsión contenida en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, esto es; la inadmisibilidad “pro tempore” de la nueva demanda. En el presente caso, la parte actora ha debido ser diligente a objeto de impulsar el proceso, circunstancia esta que no se verificó en el caso que nos ocupa, ya que desde el 24 de mayo 2011 fecha en la cual la apoderada de la parte actora retiró el cartel de citación para su publicación, hasta la presente fecha, no ha habido ninguna actuación del actor en la presente causa, quedando evidenciada así la falta de impulso procesal de la actora, paralizándose la causa por más de tres (3) años, debiendo este Tribunal de oficio declarar la perención de la instancia por haber transcurrido más de tres (3) años de inactividad de la parte actora, sin que realizara ningún tipo de actuación de impulso o gestión del proceso, que interrumpiera dicha perención. Así se decide. -III- DISPOSITIVA Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este TRIBUNAL DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, en concordancia con lo establecido en el artículo 269, ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia establecida en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Tribunal Décimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la ciudad de Caracas, a los cuatro (04) días del mes de diciembre del año dos mil catorce (2014). Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación. LA JUEZA, LA SECRETARIA, Abg. DAYANA ORTÍZ RUBIO BLENDY BARRIOS En la misma fecha se público y registró la anterior decisión, siendo las once y treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.) LA SECRETARIA, BLENDY BARRIOS DOR/BB/GG.- AP31-V-2011-000434.-