REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES SALA 1
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Circuito Judicial Penal
Circunscripción Judicial del Estado Lara
CORTE DE APELACIONES
Barquisimeto, 26 de Febrero de 2014.
Años: 203° y 154º
ASUNTO: KP01-R-2014-000063
ASUNTO PRINCIPAL: KP01-P-2014-001740
PONENTE: ARNALDO VILLARROEL SANDOVAL
De las partes:
Recurrente:.
Imputado: ANDERSON JOSE CATARI MENDOZA, titular de la Cédula de Identidad V-25.149.919.
Defensora Privada: Leidy Moreno, IPSA Nº 140.913
Recurrido: Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 5 de éste Circuito Judicial Penal.
Delito: TRAFICO ILICITO AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE OCULTACION, previsto y sancionado el segundo aparte del articulo 149 de la Ley Orgánica de Droga en relación con el articulo 163 ordinales 1º y 7º, POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO previsto y sancionado en el articulo 111 de la Ley de desarme, APROVECHAMIENO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el articulo 470 del Código Penal.
Motivo: Recurso de Apelación con EFECTO SUSPENSIVO, interpuesto por la Vindicta Pública, contra la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 5 de éste Circuito Judicial Penal, en audiencia oral celebrada en fecha 27-01-14 y fundamentada en fecha 28-01-14, mediante el cual le otorgó al ciudadano ANDERSON JOSE CATARI MENDOZA, la medida cautelar sustitutiva de conformidad con el artículo 242 ordinal 3 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en presentación cada 8 días, por ante la taquilla de presentaciones de este circuito judicial penal.
CAPITULO PRELIMINAR
En fecha 04-02-14, se recibió el presente Recurso en esta Corte de Apelaciones, con motivo de la Apelación e Invocación de Efecto Suspensivo, conforme al artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, interpuesto por la Fiscalía N° 27 del Ministerio Público del Estado Lara, contra la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 5 de éste Circuito Judicial Penal, en audiencia oral celebrada en fecha 27-01-14 y fundamentada en fecha 28-01-14, mediante el cual le otorgó al ciudadano ANDERSON JOSE CATARI MENDOZA, la medida cautelar sustitutiva de conformidad con el artículo 242 ordinal 3 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en presentación cada 8 días, por ante la taquilla de presentaciones de este circuito judicial penal.
En fecha 04 de Febrero de 2014, se le dio cuenta el Juez Presidente y efectuada la distribución legal, de acuerdo al sistema automatizado JURIS 2000, correspondió la ponencia a la Magistrado Suplente Esmeralda López Guzmán. Admitiendo el recurso en la oportunidad correspondiente.
En fecha 26 de Febrero de 2013, en virtud de que se incorporó el Magistrado Arnaldo Villarroel Sandoval, de su periodo vacacional; el mismo procedió a abocarse al conocimiento de la presente causa y se constituyó la Sala Natural de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, conjuntamente con el Juez Profesionales Cesar Felipe Reyes Rojas y Luis Ramón Díaz Ramírez. Y por cuanto las partes se encuentran a derecho prosígase con el trámite de ley. Pasando la Sala a pasa a pronunciarse sobre la impugnación planteada en los términos siguientes:
Fundamentos del Recurso de Apelación con Efecto Suspensivo, interpuesto por la Fiscal 27º del Ministerio Público del Estado Lara, en la audiencia oral celebrada el 27-01-14:
“…Cede la palabra al ministerio público quien expone:
En este estado la fiscal ejerce el efecto suspensivo de conformidad a lo establecido en el articulo 430 del COPP en relación al imputado ANDERSON JOSE CATARI MENDOZA, en vista de que estamos en presencia de un delito de lesa humanidad pluriofensivo lo cual ha sido reiterado por el Tribunal Supremo de Justicia que no es posible darle medidas cautelares a personas que incurran en este tipo de delitos como es el trafico de drogas y vista la sustancia incautada la cual arrojo 164,2 de gramos de marihuana la cual excede en gran manera a lo establecido por la Ley especial, así como también la pena a imponer la cual supera los 10 años, requisito indispensable para poder ordenan una privativa de libertad, según lo establecido en los articulo 236, 237 y 238 del Código y el tribunal acuerda remitir la causa a la corte de apelaciones de conformidad con lo establecido en el referido articulo…”
En fecha 29-01-13 la Vindicta Pública formaliza su Apelación con Efecto Suspensivo, en los siguientes términos:
CAPITULO III
DE LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO
-
Con fundamento en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal esta representación fiscal ejerció en el acto de Audiencia de Calificación de Flagrancia el Recurso de Apelación, solicitando la aplicación del Efecto Suspensivo contenido en el artículo 430 ejusdem, en razón de que conforme al parágrafo único de dicha norma, las decisiones que acuerden la libertad del imputado en los delitos allí señalados quedaran suspendidos sus efectos cuando se interponga recurso de apelación, hasta tanto este sea resuelto en la Corte de Apelaciones correspondiente, lo cual ocurrió en el presente caso, en virtud que el ciudadano ANDERSON JOSÉ CATARÍ GARCÍA, fue imputado en audiencia de Calificación de Flagrancia por los delitos de TRAFICO ILÍCITO AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el segundo parte del articulo 149 en relación con el articulo 163 ordinal 1 y 7 de la Ley Orgánica de Drogas, POSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el articulo 470 del Código Penal.
Es de notar que El A Quo, al momento de emitir su pronunciamiento en relación a
la revisión de la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad no tomó en
consideración el criterio reiterado del más Alto Tribunal de la República en Sala
Constitucional, donde de manera pacífica desde el año 2002, ha venido señalando la
imposibilidad de conceder beneficio procesales ni post-procesales, en los delitos que
atentan contra la salud física y moral del colectivo, como lo es en el caso de marras el
delito de TRAFICO ILÍCITO AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y
PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el segundo parte del articulo 149 en relación.
Con el articulo 163 ordinal 1 y 7 de la Ley Orgánica de Drogas.
Los artículos 29 y 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, instituyen de forma genérica los hechos punibles que son de acción penal imprescriptibles, señalando al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisiones de fechas 07-10-2009 y 10-12-2009 respectivamente, distinguidas con los Números 1723 y 1728, con ponencia de la Magistrado Carmen Zúlela de Merchán lo siguiente:
"De lo anterior se extrae la razón por la cual el Constituyente, en el artículo 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consideró político-criminalmente apropiado otorgarles el carácter de imprescriptibles a las figuras punibles referidas al tráfico de drogas, así como también someter la confiscación los bienes provenientes de las actividades conexas con aquél. A mayor abundamiento (...) debe señalarse que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece de manera genérica en sus artículos 29 y 271, cuales figuras punibles son de acción penal imprescriptibles. De igual forma del texto de estas disposiciones se desprende que el Constituyente sólo perfiló algunas de las conductas delictivas respecto de las cuales, por ser susceptibles de ser encuadradas en los conceptos de delitos contra los derechos humanos o de lesa humanidad, no se extingue, por razón del transcurso del tiempo, la acción para procurar el enjuiciamiento de los responsables por su comisión, así como la sanción penal a dichos participes; tal como ocurre en los supuestos de los delitos de trafico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas - así como las conductas vinculadas a este - toda vez que tales especies delictivas, al ocasionar un profundo riesgo - y un perjuicio - a la salud, y por ende a la colectividad, son susceptibles de ser consideradas como delitos contra la humanidad." (Negritas nuestras).Mas adelante establece como una de sus máximas la jurisprudencia señalada que:
"En ese sentido, cabe acotar que de acuerdo a la anterior disposición normativa, no puede un Tribunal de la República otorgar medidas cautelares sustitutivas a la medida preventiva privativa de libertad a una persona que se encuentra procesada por un delito de lesa humanidad, por cuanto ello pudiera conllevar a su impunidad, al permitirse que un imputado por la comisión de un delito relacionado con el trafico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, considerado como cíe lesa humanidad, tenga la posibilidad de ausentarse en el juicio penal" (Negritas nuestras).
Así pues, más recientemente, en la Sentencia N° 875 de fecha 26 de Junio de 2012, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, con Ponencia de la Magistrado Luisa Estella Morales Lamuño, precisó:
"De manera que, precisa la Sala distinguir entre los beneficios que pueden ser dictados dentro de las tres primeras fase del proceso penal -investigativa, preliminar y de juicio- llamados procesales, y aquellos que pueden ser dictados en la fase de ejecución, llamados postprocesales, entendiéndose por los primeros todos aquellos que, aun cuando son restrictivos a la libertad, se consideran como menos gravosos a la privación de libertad, y que al otorgarse mejoran, considerablemente, la condición actual del procesado objeto de esta medida, encontrándose dentro de éstos las medidas cautelares que sustituyen a las de privación de libertad, y por los segundos, aquéllos que se dictan en la fase de ejecución, una vez que, sometido el encartado a un juicio previo, ha emanado del mismo una sentencia condenatoria definitivamente firme, encontrándose dentro de aquéllos la suspensión condicional de la suspensión de la pena, las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, entre otras, entendiéndose que operan como beneficio, toda vez, que mejoran la situación del penado.
En ese mismo sentido se ha orientado la jurisprudencia pacífica de este Alto Tribunal, la cual se ha mantenido en el tiempo, como puede observarse en las sentencias números 1.485/2002, 1.654/2005, 2.507/2005, 3.421/2005, 147/2006, 1.114/ 2006, 2.175/2007, entre otras, las cuales fueron ratificadas en sentencias recientes, como las números 1.874/2008, 128/ 2009 y 90/2012, dirigidas a ratificar la imposibilidad de conceder beneficio alguno a los delitos que atenían contra la salud física y moral del colectivo, como es el delito de tráfico de sustancias estupefacientes, en todas sus modalidades,...
Al respecto, no entiende esta representación Fiscal, como el A Quo emitió una decisión sin tomar en cuenta el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Tal como se observa, Ciudadanos Magistrados, el Tribunal A quo no debió decretar una medida cautelar mucho menos por la contenida en el ordinal 3° del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, por tratarse de una persona procesada por un delito de esta naturaleza, como lo es el Tráfico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en cualquiera de sus modalidades, el cual no admite ningún tipo de beneficio procesal ni post-procesal, considerado así por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, tal como quedó expuesto.
La decisión accionada va en menoscabo al PRINCIPIO DE LEGALIDAD en el cual todo ejercicio de potestades debe sustentarse en normas jurídicas que sancionó el Órgano competente, en caso concreto a través de la Ley Orgánica de Drogas, donde nos estable en el artículo 149 en su encabezado y segundo aparte:
"Él o la que ilícitamente trafique, comercie, expenda, suministre, distribuya, oculte, transporte por cualquier medio, almacene o realice actividades de corretaje con las sustancias o sus materias primas, precursores, solventes y productos químicos esenciales desviados a que se refiere esta Ley (omissis) Si la cantidad de droga excediere de los limites máximo previstos en el articulo 153 de esta Ley y no supera quinientos (500) gramos de marihuana (...) la pena será de ocho a doce años de prisión."
En el mismo orden de ideas el articulo 163 ordinales 1° y 7° establece que:
"1. Utilizando niños, niñas o adolescentes (...) en la comisión de los delitos
previstos en esta Ley.
7. En el seno del hogar (...)
En los casos señalados en los numerales 2, 7, 9, 10 y 13, la pena sera aumentada de un tercio a la mitad; en los restantes casos sera aumentada a la mitad."
En base a lo arriba expuesto, se hace inevitable relacionarlo con lo establecido en el Código Orgánico Procesal, en el articulo 237 respecto al Peligro de Fuga como uno de los supuestos que se debe acreditar para el decreto de la Medida de Privación Preventiva de Libertad, es cual nos establece:
"Párrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en caso de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo termino máximo sea igual o superior a diez años"
En tal sentido, la decisión correcta en este caso es la aplicación de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en razón que aun cuando se acredita la existencia de los supuestos establecidos en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, de igual manera no concurren las dos circunstancias que prevé el artículo 239 del Código Orgánico Procesal Penal, para que fuese decretada improcedente la misma al ser solicitada:
"Improcedencia: cuando el delito materia del proceso merezca una pena privativa de libertad que no exceda de tres años en su limite máximo, y el imputado haya tenido buena conducta predelictual, la cual podrá ser acreditada de cualquier manera idónea, solo procederán medios cautelares sustitutivas". (Negrillas nuestras).
En virtud de lo señalado, ha debido el A quo mantener la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad y no proceder como lo hizo, en detrimento del derecho al debido proceso contenido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Amén de observar quienes suscriben que existen elementos en la presente causa que nos hacen presumir la existencia del delito de TRAFICO ILÍCITO AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el segundo parte del articulo 149 en relación con el articulo 163 ordinal 1 y 7 de la Ley Orgánica de Drogas, debido a conducta desplegada conjuntamente por los ciudadanos ANDERSON JOSÉ CATARI GARCÍA y GUILLERMO JOSÉ MONTES MENDOZA, quienes al avistar a los funcionarios actuantes optaron por huir a veloz carrera con la finalidad de introducirse en una vivienda elaborada en laminas de zinc, barro y madera, en donde se despojaron de las armas de fuego que portaban y ocultaron la droga incautada dentro del inmueble, la cual arrojo un PESO NETO de CIENTO SESENTA Y CUATRO COMA DOS GRAMOS (164,2 GRAMOS) de la droga conocida como MARIHUANA, siendo esta situación agravada por el hecho que se encontraban al momento de su detención en compañía del adolescente de nombre LUIS CARLOS VILORIA GARCÍA, de 14 años de edad quien fue detenido y puesto a la orden de la Fiscalía respectiva; y en segundo lugar por el hecho que la droga incautada se encontraba dentro de la vivienda donde ingresaron los ciudadanos específicamente debajo de un colchón ubicado en el suelo del inmueble, es decir, dentro del seno del hogar.
De tal manera se evidencia la comisión del delito mencionado el cual es un delito de LESA HUMANIDAD y PLURIOFENSIVO, posición que ha sido reiteradas por sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, la cual en virtud de lo grave del delito y el daño causado al Estado Venezolano establece una pena de OCHO (08) A DOCE (12) AÑOS DE PRISIÓN, MAS LA MITAD DE LA PENA POR LAS CAUSALES AGRAVANTES, siendo proporcional a la magnitud del daño causado en el presente delito y la probable sanción a imponer, lo cual se evidencia la violación el debido proceso contenido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto no tomo la Juzgadora en consideración la gravedad del hecho punible imputado, la magnitud del daño social causado, ni mucho menos, el peligro de fuga y de obstaculización que representa el imputado.
En cuanto al delito de POSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, consta en autos que el ciudadano ANDERSON JOSÉ CATARÍ GARCÍA fue observado por los funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, portando arma de fuego junto al ciudadano GUILLERMO JOSÉ MONTES MENDOZA y los mismos al ver la comisión huyeron del lugar introduciéndose en una vivienda donde se despojaron de UN (1) ARMA DE FUEGO TIPO ESCOPETA RECORTADA, sin marca aparente, calibre 16, provista de una (1) cápsula de color rojo y UN (1) ARMA DE FUEGO TIPO REVOLVER, marca SMITH AND WESSON, calibre 38 provisto de cinco (5) balas sin percutir, ocultándolos junto a la droga incautada debajo de un colchón ubicado en el interior del inmueble; y de la verificación realizada por ante el Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL) de las armas antes mencionadas, arrojó que el ARMA DE FUEGO TIPO REVOLVER, marca SMITH AND WESSON, calibre 38, se encuentra solicitada según expediente E-175.885, de fecha 24-04-1994, por el delito de ROBO en la Sub Delegación Chacao, configurándose de esta manera el delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el articulo 470 del Código Penal, encuadrando de tal manera la conducta desplegada por el ciudadano ANDERSON JOSÉ CATARÍ GARCÍA, con cada uno de los delitos imputados por esta representación fiscal al momento de la celebración de la Audiencia de Calificación de Flagrancia.
En razón de esto, el Ministerio Publico como ya fue indicado anteriormente, solicitó al ciudadano ANDERSON JOSÉ CATARÍ GARCÍA, la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, por considerar que el mismo se encuentra incurso en uno de los delitos más graves como lo es TRAFICO ILÍCITO AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el segundo parte del articulo 149 en relación con el articulo 163 ordinal 1 y 7 de la Ley Orgánica de Drogas, POSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el articulo 470 del Código Penal, lo que se demostró a través de la cantidad de elementos de convicción recabados los cuales constan en autos, sin embargo el Tribunal Quinto de Control de la Circunscripción del Estado Lara, no evaluó en forma objetiva cada uno de los planteamientos y otorgó al acusado una medida cautela sustitutiva de la Libertad, es decir, que al no acordarse la medida privativa solicitada, la Juez colocó al imputado en una situación favorable frente a las pretensiones del Estado, en virtud de lo cual esta Representación Fiscal se vio en la necesidad de ejercer el Recurso de Apelación invocando el efecto suspensivo.
En razón de tales fundamentos solicitamos a esa Honorable Corte de Apelaciones que declare CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto y ordene la PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD del imputado ANDERSON JOSÉ CATARÍ GARCÍA, por encontrarse plenamente satisfechos los extremos de los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal….”
Se observa del acta levantada en fecha 27-01-14, que la Defensora Privada no expuso sus alegatos.
DE LA DECISIÓN RECURRIDA
Por su parte la Jueza de Primera Instancia en Funciones de Control N° 05 de este Circuito Judicial Penal, al momento de fundamentar su decisión en fecha 28-01-14, lo hizo en los siguientes Términos:
“…Una vez oída la exposición que hacen las partes, así como analizado el presente asunto, y a los fines de permitir conocer de manera adecuada los hechos y sus circunstancias así como también precisar claramente su relación con el imputado con el fin de poder verificar cual fue el hecho que se cometió cuando y como a los efectos de establecer la calificación jurídica los grados de participación, circunstancias de agravación, grado de ejecución entre otros me permito señalar que: hechos estos que, dada la existencia de un hecho punible que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, con fundados elementos de convicción tales como:
Primero: riela al folio cuatro (04) en el acta policial “…En esta misma fecha siendo las 6:00 horas de la mañana el detective jefe Adri Pérez, Jefe de Guardia manifestó haber recibido una llamada telefónica d una persona con el tono de voz característico de un persona sexo femenino quien manifestó ser vocera comunal del sector el trompillo negándose a portar sus datos personales por temor a futuras represalias indicándole que en el sector el trompillo brisas de norte ultima calle, Barquisimeto Parroquia Unión, Municipio Iribarren Estado lar, se encuentra la residencia del ciudadano apodado EL MEMO el cual presenta las siguiente características: Predio cercado con alambre de púas y estantillo puerta perimetral elaborada en resortes de metal para colchón, la vivienda elaborada en laminas de zinc barro y madera ubicada al pie de una depresión montañosa, la cual es usada por dicho ciudadano para la venta de sustancia silicitas, de igual manera como escondrijo de otros delincuentes que se dedican al robo de los residentes del sector, de igual manera indico que dicho sujeto se encuentra actualmente frente a su residencia en compañía de dos (2) sujetos portando sus armas de fuego y visibles y por ello que solicita se resuelva dicha situación ilegal que mantiene en zozobra y vilo a los moradores de l sector quienes s temen por su vida ya que esos sujetos regularmente realizan disparos al aire sin motivo alguno, luego de haber recibido dicha información por parte d el jefe d guardia ante s mencionado me constituí en comisión en compañía de los siguientes INSPECTOR JEFE JUAN PERES; INSPECTOR AGREGADO DAVID QUERALES; DETECTIVES JEFES TOMAS LAGOS JOSE ALMEIDA YEFERSON BRITO, DETECTIVES ANDERSO GUTIERREZ Y MARCOS BELLO; abordados en al Unidad P-A-60AH3W; donde nos trasladamos hacia el sector el trompillo, brisas del Norte Ultima calle Barquisimeto Municipio iribarren del estado Lara, una vez allí de inmediato observamos a tres sujetos dos de ellos portando armas de fuegos en sus manos (resaltado de quien suscribe) quienes al notar nuestra presencia de manera brusca y violenta, salieron corriendo hacia una residencia sin numero elaborada en laminas de zinc barro y madera es por ello que procedimos a seguirlo indicándole en voz alta que se detuvieran haciendo caso omiso a nuestro llamado ingresaron a la residencia y cerrando la puerta rápidamente de la misma por cuanto amparados en el articulo 196 del Código Orgánico Procesal numeral 2 y el articulo 119 ejusdem, ingresamos a la residencia en la cual tomando las precauciones del caso y utilizando técnicas d e protección y defensa logramos la sumisión de los sujetos en este mismo sentido se realizo una búsqueda en dicha residencia a fin de buscar las armas de fuego avistada primeramente logrando ubicar específicamente debajo de un colchón que reposaba sobre el suelo lo siguiente… (resaltado de quien suscribe)…: UN ARMA DE FUEGO TIPO ESCOPETA RECORTADA SIN MARCA NI SERIAL APARENTE CON EMPUÑADURA D EMADERA D ECOLOR MARRON PROVISTA D EUNA CAPSULA D E COLOR ROJO CALIBRE 16 , UN ARMA D EFUEGO TIPO REVOLVER COLOR PLATA MARCA SMITH AND WESSON SERIAL 96K5142 PROVISTO DE 5 BALAS SIN PERCUTIR CALIBRE 38 MM Y UN ENVOLTORIO DE REGULAR TAMAÑO ELABORADO NE MATERIAL SINTETICO COLOR NEGRO EL CUAL AL VERIFICARLO EL MISMO CONTENIA EN SU INTERIOR UN TROZO COMPACTO DE RESTOS Y SEMILLAS VEGETALES DE PRESUNTA DROGA, QUE POR SUS CARACTERICAS ORGANOLEPTICA, SE PRESUME SEAN RESIDUOS DE LA PLANTA COMO MARIHUANA, en este sentido amprado en el articulo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, procedí a indicarle a los ciudadanos que seria objeto de una revisión corporal, por cuanto se sospechaba que pudiera ocultar videncias de interés criminalistico..(resaltado de quien suscribe)…cumpliendo con lo requerido, sin lograr ubicarle ningún elemento de interés criminalistico, cumpliendo con lo requerido, sin lograr ubicarles ningún elemento de interés criminalistico, no sin antes que los funcionarios realizaran un recorrido por el sector a fin de ubicar alguna persona para que fungiera como testigo de la actuación `policial, siendo infructuosa la misma, debido a que el sitio se encontraba completamente desolado…procedió a realizar la respectiva inspección técnica del sitio del suceso, la cual consigno mediante la presente acta seguidamente para el documento que nos disponíamos a ingresar a los sujetos a la unidad radio patrulla fuimos abordados por dos ciudadanas quine s de manera alterada y violenta e inesperada se nos abalanzaron intentaron agredirnos impidiendo trasladarnos sujetos de igual manera comenzaron a vociferar ofensas contra los integrante de a comisión manifestando textualmente “MALDITOS PETEJOTAS SUCIOS NOS SE LOS LLEVEN” por cuanto amparado en el articulo 119 del Código Orgánico procesal penal y utilizando técnicas policiales de protección y defensa logramos la sumisión de la ciudadanas a quienes los detectives JFE YEFERSON BRITO procedió a practicarles sobre su aprehensión sobre la presunta comisión d e unos de los delito CONTRA LA COSA PUBLICA, y les leyó sus derechos constitucionales consagrados en el articulo 49 del constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, 127 del Código Orgánica Procesal penal, de igual manera quedaron identificada una adolescente (IDENTIDAD OMITIDA)…”
Segundo: Rielan en los folios siete (07), relacionada a la Inspección Técnica No. 077 de fecha 25 de Enero de 2014, en lugar del suceso: “…se observa un rancho tipo bajareque , el mismo presenta como puerta d acceso una puerta elaborada en madera y laminas de zinc y piso de cemento pulido, así mismo con su sistema de seguridad tipo cadena y candado quien se encontraba abierto para el momento de la presente inspección, al ser transpuesta observamos que dicho rancho esta constituido por paredes de barro y listones de madera reforzada con laminas de zinc, techo igualmente laminas de zinc y piso de cemento pulido, así mismo se visualiza una sola área que funge como sala, cocina comedor y dormitorios con enseres propios del hogar tales como cocina, nevera mesa colchones entre otros..(resaltado de quien suscribe)…Seguidamente se realiza un rastreo de alguna evidencia de interés criminalistico localizando debajo del colchón y sobre el piso antes descrito dos (2) armas de fuego, siendo la primera d e ellas tipo escopeta sin marca ni modelo aparente de fabricación no industrializada, con empuñadura de madera calibre 16 mm contentiva de una recamara de una capsula del mismo calibre sin percutir color rojo, con s inscripciones en su culote donde se lee ficchi 16 adyacente a ella se ubica una segunda arma de fuego tipo revolver color plateado y empuñadura de madera calibre 38, marca Smith wesson serial 96K5142, contentiva en su tambor de cinco (05) balas sin percutir, con inscripciones en su culote donde cavin 38. SLP, igualmente se localiza (01) envoltorio de regular tamaño, elaborado en material sintético de color negro, contentivo en su interior de resto vegetales de presunta droga dichas evidencia fueron fijadas fotográficamente y colectadas para su experticia correspondiente…
Tercero: Riela en el folio doce (12) Acta de Investigación Penal, PRUEBA DE ORIENTACION EXPERTICIA QUIMICA Y/O BOTANICA: A UN (01) envoltorio tipo panela elaborado en material sintético de color azul contentivo de restos de vegetales presunta droga; motivo por el cual se me dirigí al departamento de criminalistica a fin de que sean practicados los respectivos análisis donde fuimos atendidos por la funcionaria de guardia BETZENIA TERAN quien procedió a recibir la muestra a los detenidos para la realización de la respetiva prueba toxicologica … me informo que poseen un peso bruto de MIL DOS coma DOS GRAMOS (1002,2 gramos) y peso neto de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE GRAMOS (950) , luego de observa el contenido de dichos envoltorios al Microscopio y por sus características Organolépticas que presenta y dicha droga en la actualidad no tiene usos terapéuticos, así mismo que fueron tomadas como muestras a la comisión portadora la cantidad de 200 mg, el resto de la evidencia le fue devuelta a la comisión portadora”
TERCERO: Riela a los folios 35 al 40 Registro de Cadena de Custodia de Evidencia Física colectada “ UN (01) ENVOLTORIO ELABORADO EN MATERIAL SINTETICO DE COLOR NEGRO CONTENTIVO EN SU INTERIOR DE RESTO VEGETALES PRESUNTAMENTE DROGA ; UN (01) ARMA DE FUEGO TIPO REVOLVER MARCA SMITH WESSON COLOR PLATEADO CALIBER 38 CON EMPUÑADURA DE MADERA SERIAL 96K5142; UN (01) ARMA D E FUEGO ; TIPO ESCOPETA SIN MARCA NI MODELO APARENTE DE FABRICACION NO INDUSTRIALIZADA , CALIBRE 16, CON EMPUÑADURA DE MADERA ; CINCO (05) BALAS SIN PEERCUTIR , CON LA INSCRIPCION EN SU CULOTE DONDE SE LEE CAVIN .38 SPL; UN (01) CARTUCHO SIN PERCUTIR ; COLOR ROJO, CON LAS INSCRIPCIONES EN SU CULOTE DONDE SE LEE FIOCCHI 16.”
CUARTO: Acta de Investigación Penal relacionada a la Experticia Toxicologica y Botánica a la evidencia incautada…”envoltorio incautada posee un peso bruto de CIENTO SESENTA Y CINCO COMA NUEVE GRAMOS (165,9) y peso neto de CIENTO SESENTA Y CINCO COMA NUEVE GRAMOS (165,2 gramos), y un peso neto de CIENTO SESENTA Y CUATRO COMA DOS GRAMOS (164,2 gramos), se pudo constatar que se trata de la planta conocida como MARIHUANA. (Folio 41).
Del análisis anterior existen suficientes elementos de convicción para presumir fundadamente que los imputados de autos ha sido autor en la ejecución del punible objeto de la presente, lo cual se desprende del análisis de las circunstancias bajo las cuales se produjo la aprehensión de los mismos y la incautación de la evidencia objeto del proceso que constan detalladamente en las actas citadas, es decir, acta policial en la que se detallan las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la aprehensión y la incautación de la evidencia descrita en la planillas de registro de cadena de custodia, las experticias practicadas.
Por último, existe presunción legal de peligro de fuga, tomando en consideración la magnitud del daño causado, y la pena que pudiera llegar a imponerse, la cual excede en su límite máximo de diez años, y que el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 09 de noviembre de 2005 ha establecido en Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, que el delito de tráfico de estupefacientes, es un delito de lesa humanidad, (a los efectos del derecho interno) y de la imposibilidad para quienes estén siendo enjuiciados por dicho delito a obtener medidas cautelares sustitutivas de la medida de privación judicial preventiva de libertad, y que tan sólo se debe considerar una excepción al principio de juzgamiento en libertad dada la magnitud de dichos delitos y el bien jurídico tutelado en el tipo penal.
En igual sentido, la sentencia Nº 1728 de fecha 10/12/2009 emanada de la Sala Constitucional, señala: “…Tampoco podría pensarse que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al instituir en su artículo 29, la prohibición de aplicar beneficios que puedan conllevar a la impunidad en la comisión de delitos de lesa humanidad, estaría derogando el principio de la presunción de inocencia, sino que al establecer la referida prohibición, se excepciona para esos casos el principio de juzgamiento en libertad, dada la magnitud del daño que dichos delitos conlleva y del bien jurídico tutelado en el tipo penal, como lo es la salud pública o colectiva en tanto derecho social fundamental conforme lo consagra el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; por lo que deben los jueces y juezas presumir, como se señaló, el “peligro de fuga” en los imputados por dichos delitos. La negativa judicial a otorgar beneficios procesales obedece a la necesidad de impedir que se obstaculice la investigación y que tales delitos puedan quedar impunes.
Así entonces, con base en la referida prohibición la Sala reitera que, para efectos de los delitos a los que hace referencia el artículo 29 Constitucional –delitos de lesa humanidad-, no es aplicable el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, ni las medidas cautelares sustitutivas a que hace referencia el Capítulo IV del Título VIII, del Libro Primero del referido Código Adjetivo; sin que ello suponga una presunción de culpabilidad de quien está siendo juzgado por la comisión de un delito de tal carácter, pues la imposición de una medida privativa preventiva de libertad, requiere el cumplimiento de las exigencias contenidas en el artículo 250 del señalado texto adjetivo penal, entre las cuales está la de comprobar la existencia de elementos de convicción que evidencien la presunta comisión del hecho punible, así como la presunta participación de la persona imputada en su comisión, y por último la existencia de “peligro de fuga” o de “obstaculización de la investigación”, tal y como lo disponen los artículos 251 y 252 ambos del texto adjetivo penal, que establecen entre otras circunstancias que se ha de estimar la posible pena a imponer y el daño ocasionado, todo ello con el fin de garantizar la prosecución del proceso, sin que necesariamente concluya con una sentencia condenatoria contra la persona que se investiga…”
Este criterio ha sido sostenido en Sentencia emanada de la Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia en fecha 26 de junio de 2013, con ponencia de la Magistrado Luisa Estela Morales, exp. 11-0548, en los siguientes términos:
“Ahora bien, ciertamente la Sala ha catalogado el delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en forma genérica, como en sus distintas modalidades, como lo consideró la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, como de lesa humanidad –ver sentencias números 1712/01, 1776/01 y 1114/06, entre otras- y por disposición propia del constituyente, no gozarán de beneficios que conlleven a su impunidad, conforme lo establece el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual no hace distinción entre procesados y penados por esos tipos penales, por lo que se entiende, que deben afrontar el proceso, en sus distintas fases, incluyendo la fase de ejecución, privados de libertad; así como tampoco hace distinción entre los tipos de beneficios que les está negado aplicar a los jueces a quienes se encuentren incursos en este supuesto, pues de su contexto se desprende que abarca tanto los previstos dentro del proceso de juzgamiento como los establecidos en la fase de ejecución. Así se indica en el único aparte de dicha normativa constitucional, cuando establece:
“Artículo 29:
(…)
Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar a su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”
De manera que, precisa la Sala distinguir entre los beneficios que pueden ser dictados dentro de las tres primeras fase del proceso penal –investigativa, preliminar y de juicio- llamados procesales, y aquellos que pueden ser dictados en la fase de ejecución, llamados postprocesales, entendiéndose por los primeros todos aquellos que, aun cuando son restrictivos a la libertad, se consideran como menos gravosos a la privación de libertad, y que al otorgarse mejoran, considerablemente, la condición actual del procesado objeto de esta medida, encontrándose dentro de éstos las medidas cautelares que sustituyen a las de privación de libertad, y por los segundos, aquéllos que se dictan en la fase de ejecución, una vez que, sometido el encartado a un juicio previo, ha emanado del mismo una sentencia condenatoria definitivamente firme, encontrándose dentro de aquéllos la suspensión condicional de la suspensión de la pena, las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, entre otras, entendiéndose que operan como beneficio, toda vez, que mejoran la situación del penado.
Ello así las restricciones que establece el constituyente para optar a los beneficios, tanto procesales como postprocesales, con respecto a ciertos delitos, responden a un interés legítimo de salvaguarda del interés social, contraponiéndolo al interés particular del contraventor, por lo que debe entenderse, no atentan contra el principio de progresividad de los derechos humanos, sino que intentan mantener el equilibrio entre los derechos individuales y los derechos colectivos.”
Por otra parte, si bien es cierto, que el Artículo 44 numeral 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el principio de que la persona será juzgada en libertad, no es menos cierto que dicho artículo también expresa y así debe ser su lectura, que ese juzgamiento en libertad tiene excepciones, y que las razones están determinadas en la Ley y éstas que serán apreciadas por el juez o jueza en cada caso.
Pues bien, en el proceso penal seguido a los imputados de autos, la medida de privación judicial preventiva de libertad procede para el imputado GUILLERMO JOSE MONTES MENDOZA titular de la cedula de identidad No V- 16.750.574 por el monto de la pena que pudiera llegar a imponerse, la gravedad del daño, el peligro de fuga, tal como quedó expresado anteriormente, estimándose llenos los extremos del artículo 236 en sus numerales 1, 2 y 3 y el artículo 237parágrafo primero, del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo se considera que dicha medida es proporcional en los términos expresados en el Artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, se impone este Tribunal decreta LA MEDIDA JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, para el imputado la cual deberá cumplir en el INTERNADO JUDICIAL DE CARABOBO (TOCUYITO) prevista en el artículo 236, en concordancia con los artículo 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien el Ministerio Publico solicito igualmente medida de privación judicial preventiva de libertad para el imputado ANDERSON JOSE CATARI MENDOZA, titular de la cedula de identidad No V- 25.149.919, no obstante considera quien aquí decide toda vez analizada el acta de investigación de fecha 25 de Enero de 2014 por funcionarios adscritos al cuerpo de investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas Su- Delegación San Juan, se constata que ciertamente los delitos imputados por el ministerio Publico fueron TRAFICO ILICITO AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE OCULTACION, previsto y sancionado el segundo aparte del articulo 149 de la Ley Orgánica de Droga en relación con el articulo 163 ordinales 1º y 7º, POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO previsto y sancionado en el articulo 111 de la Ley de desarme, APROVECHAMIENO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, no es menos cierto que del acta se desprende que la sustancia ilícita incautada y las armas de fuego la encontraron según trascripción del acta de investigación “…en este mismo sentido se realizo una búsqueda en dicha residencia a fin de buscar las armas de fuego avistada primeramente logrando ubicar específicamente debajo de un colchón que reposaba sobre el suelo lo siguiente… (resaltado de quien suscribe)…: Que concatenada con el Acta de Inspección Técnica No.077 de fecha 25 de Enero de 2014 se desprende: ”…al lugar del suceso se deja constancia observamos que dicho rancho esta constituido por paredes de barro y listones de madera reforzada con laminas de zinc, techo igualmente laminas de zinc y piso de cemento pulido, así mismo se visualiza una sola área que funge como sala, cocina comedor y dormitorios con enseres propios del hogar tales como cocina, nevera mesa colchones entre otros. Seguidamente se realiza un rastreo de alguna evidencia de interés criminalistico localizando debajo del colchón y sobre el piso antes descrito dos (2) armas de fuego...(resaltado de quien suscribe) Lo que llama poderosamente la atención a esta Juzgadora ya que en un principio los funcionarios actuantes de conformidad con lo previsto en el articulo 191 del COPP actúan persiguiendo a tres (3) ciudadanos que logran dar aprehensión toda vez que ingresan a una vivienda logrando avistarle a los imputados de autos la posesión de las armas de fuego y posteriormente establecen que tanto las armas y la sustancia ilícita fueron encontradas debajo de un colchón, ese colchón perteneciente a los enseres de la vivienda, se presume puede ser el colchón del propietario de la vivienda del imputado GUILLERMO JOSE MONTES MENDOZA, “EL MEMO”. Ahora bien de las declaraciones de los imputados fueron todos contestes en afirmar que el imputado ANDERSON JOSE MONTES MENDOZA, se encontraba de visita en la residencia de su cuñado EL MEMO ya que es el Hermano de la imputada YAJAIRA VILORIA GARCIA, consignado Constancia de residencia del Consejo Comunal de PAVIA Sector Santa Teresa Barquisimeto Estado Lara donde certifican que desde hace 19 años vive en dicha comunidad, aunado a la verificación del sistema JURIS de este Circuito Penal y el Ministerio Publico, no trajo prueba de antecedentes policiales del mismo, por lo se presume que el mismo no ha tenido conducta predelictual, los funcionarios policiales se constituyen en comisión dirigida hacia la residencia del ciudadano EL MEMO, siendo que el imputado ANDERSON JOSE CATARI se encontraba de visita en la residencia, considera quien aquí decide que de conformidad don lo previsto en el articulo 13 de Código Orgánico Procesal Penal, que el proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación d el derecho y a esta finalidad debe atenerse el juez al adoptar su decisión, considera prudente el otorgarle Media Cautelar Sustitutiva de la Privativa de Libertad, en consecuencia se acuerda la presentación periódica cada Ocho (8) días por ante este Tribunal todo ello de conformidad con lo previsto en el ordinal 3 del articulo 242 del COPP. Así como se acuerda igual Media Cautelar Sustitutiva de la Privativa de Libertad consistente en presentación periódica cada Ocho (8) días por ante este Tribunal para la imputada YAJAIRA TRINIDAD VILORIA GARCIA, que le fue imputado los delitos de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en el articulo 218 del Código Penal Y articulo 264 de la LOPNNA, Medida que fue solicitada por la representación fiscal. No se acuerda el Procedimiento Abreviado solicitado por el Ministerio Publico, a razón que aun quedan investigaciones por realizar lo que es imperioso en aras de la igualdad de las partes del proceso penal, el establecer la verdad de los hechos, por lo que se debe seguir la tramitación del presente asunto por las vías del PROCEDIMIENTO ORDINARIO . Así se decide. Cúmplase…”
CONSIDERACIONES DE LA CORTE PARA DECIDIR
Esta Corte para decidir observa, que los Fiscal N° 27 del Ministerio Público del Estado Lara, Abogados Rubén Darío Ramones y Geraldine Pabón, objetan la decisión de la Jueza de Primera Instancia en Funciones de Control N° 5 de este Circuito Judicial Penal, dictada en la audiencia oral celebrada en fecha 27-01-14 y fundamentada en fecha 28-01-14, mediante el cual le otorgó al ciudadano ANDERSON JOSE CATARI MENDOZA, la medida cautelar sustitutiva de conformidad con el artículo 242 ordinal 3 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en presentación cada 8 días, por ante la taquilla de presentaciones de este circuito judicial penal.
Como se puede observar dentro de lógica de interpretación legal, el artículo en comento (374 del Código Orgánico Procesal Penal) se encuentra dentro del Título II del Libro Tercero que trata de Los Procedimientos Especiales y específicamente se refiere al Procedimiento Abreviado, sin embargo, es importante destacar que en la última reforma realizada al Código Orgánico Procesal Penal, se le dejó abierta a la representación fiscal la posibilidad o no de optar al procedimiento ordinario, a los fines de que culmine con la investigación, pero a su vez el legislador mantiene asentado en el artículo 374 ejusdem, que en el desarrollo de la audiencia de presentación y de oír al imputado, originada por la presunta flagrancia y a solicitud del Ministerio Público, éste pueda apelar de la decisión que acuerde medidas cautelares o la libertad del imputado que es presentado en ese acto, mediante la sustanciación del mencionado recurso de apelación con efecto suspensivo, es decir, sin que se ejecute la decisión impugnada hasta que la alzada resuelva sobre el recurso, siendo esta apelación con efecto suspensivo, una característica especial de esa audiencia y no de otra que en lo sucesivo se desarrolle en el procedimiento cuando se decida seguirlo por la vía ordinario.
Ahora bien, es importante tener presente que, ante la solicitud de la medida privativa de libertad, por parte de la Fiscalía, el Jueza de Control deberá hacer una disección de los supuestos establecidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece lo siguiente:
“…Procedencia. El Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de la libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:
1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;
2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;
3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación…”.
Es importante tener presente, que la privación judicial preventiva de libertad, contra un ciudadano, es una medida que procede cuando se encuentran llenos los extremos legales exigidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Una vez colectados los elementos de convicción, el Fiscal del Ministerio Público, a tenor de lo dispuesto en el referido artículo, tiene la facultad de solicitar ante el Juez de Control una medida privativa de libertad, si se encuentran dados les extremos de ley, o en su defecto solicitar una medida menos gravosa de las establecidas en el artículo 242 ejusdem, e incluso la libertad plena del aprehendido.
A tal efecto señala el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente:
“…ART. 242. Modalidades. Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada algunas de las medidas siguientes: (Omisis)…
Esta Alzada, observa que en el presente caso, los delitos precalificados por la Representación Fiscal, están referidos a: TRAFICO ILICITO AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE OCULTACION, previsto y sancionado el segundo aparte del articulo 149 de la Ley Orgánica de Droga en relación con el articulo 163 ordinales 1º y 7º, POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO previsto y sancionado en el articulo 111 de la Ley de desarme, APROVECHAMIENO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el articulo 470 del Código Penal, tal como consta en el acta levantada con motivo de la Audiencia de Presentación celebrada en fecha 27 de enero de 2014, de cuyo contenido se observa que tales tipos penales, fueron admitidos por la Jueza a quo, cuando establece: “…Se admite la Precalificación del delito de TRAFICO ILICITO AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE OCULTACION, previsto y sancionado el segundo aparte del articulo 149 de la Ley Orgánica de Droga en relación con el artículo 163 ordinales 1º y 7º, POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO previsto y sancionado en el articulo 111 de la Ley de Desarme, APROVECHAMIENO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el articulo 470 del Código Penal, para los imputados ANDERSON JOSE CATARI MENDOZA...”, aunado a lo anterior, la recurrida expresa que se encuentran dados los extremos previstos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, indica que se acreditó la existencia de un hecho punible que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, que existen fundados elementos de convicción para estimar que los procesados han sido autores o partícipes en la ejecución de los hechos punible objeto de la presente causa, tales como:
“…Primero: riela al folio cuatro (04) en el acta policial “…En esta misma fecha siendo las 6:00 horas de la mañana el detective jefe Adri Pérez, Jefe de Guardia manifestó haber recibido una llamada telefónica d una persona con el tono de voz característico de un persona sexo femenino quien manifestó ser vocera comunal del sector el trompillo negándose a portar sus datos personales por temor a futuras represalias indicándole que en el sector el trompillo brisas de norte ultima calle, Barquisimeto Parroquia Unión, Municipio Iribarren Estado lar, se encuentra la residencia del ciudadano apodado EL MEMO el cual presenta las siguiente características: Predio cercado con alambre de púas y estantillo puerta perimetral elaborada en resortes de metal para colchón, la vivienda elaborada en laminas de zinc barro y madera ubicada al pie de una depresión montañosa, la cual es usada por dicho ciudadano para la venta de sustancia silicitas, de igual manera como escondrijo de otros delincuentes que se dedican al robo de los residentes del sector, de igual manera indico que dicho sujeto se encuentra actualmente frente a su residencia en compañía de dos (2) sujetos portando sus armas de fuego y visibles y por ello que solicita se resuelva dicha situación ilegal que mantiene en zozobra y vilo a los moradores de l sector quienes s temen por su vida ya que esos sujetos regularmente realizan disparos al aire sin motivo alguno, luego de haber recibido dicha información por parte d el jefe d guardia ante s mencionado me constituí en comisión en compañía de los siguientes INSPECTOR JEFE JUAN PERES; INSPECTOR AGREGADO DAVID QUERALES; DETECTIVES JEFES TOMAS LAGOS JOSE ALMEIDA YEFERSON BRITO, DETECTIVES ANDERSO GUTIERREZ Y MARCOS BELLO; abordados en al Unidad P-A-60AH3W; donde nos trasladamos hacia el sector el trompillo, brisas del Norte Ultima calle Barquisimeto Municipio iribarren del estado Lara, una vez allí de inmediato observamos a tres sujetos dos de ellos portando armas de fuegos en sus manos (resaltado de quien suscribe) quienes al notar nuestra presencia de manera brusca y violenta, salieron corriendo hacia una residencia sin numero elaborada en laminas de zinc barro y madera es por ello que procedimos a seguirlo indicándole en voz alta que se detuvieran haciendo caso omiso a nuestro llamado ingresaron a la residencia y cerrando la puerta rápidamente de la misma por cuanto amparados en el articulo 196 del Código Orgánico Procesal numeral 2 y el articulo 119 ejusdem, ingresamos a la residencia en la cual tomando las precauciones del caso y utilizando técnicas d e protección y defensa logramos la sumisión de los sujetos en este mismo sentido se realizo una búsqueda en dicha residencia a fin de buscar las armas de fuego avistada primeramente logrando ubicar específicamente debajo de un colchón que reposaba sobre el suelo lo siguiente… (resaltado de quien suscribe)…: UN ARMA DE FUEGO TIPO ESCOPETA RECORTADA SIN MARCA NI SERIAL APARENTE CON EMPUÑADURA D EMADERA D ECOLOR MARRON PROVISTA D EUNA CAPSULA D E COLOR ROJO CALIBRE 16 , UN ARMA D EFUEGO TIPO REVOLVER COLOR PLATA MARCA SMITH AND WESSON SERIAL 96K5142 PROVISTO DE 5 BALAS SIN PERCUTIR CALIBRE 38 MM Y UN ENVOLTORIO DE REGULAR TAMAÑO ELABORADO NE MATERIAL SINTETICO COLOR NEGRO EL CUAL AL VERIFICARLO EL MISMO CONTENIA EN SU INTERIOR UN TROZO COMPACTO DE RESTOS Y SEMILLAS VEGETALES DE PRESUNTA DROGA, QUE POR SUS CARACTERICAS ORGANOLEPTICA, SE PRESUME SEAN RESIDUOS DE LA PLANTA COMO MARIHUANA, en este sentido amprado en el articulo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, procedí a indicarle a los ciudadanos que seria objeto de una revisión corporal, por cuanto se sospechaba que pudiera ocultar videncias de interés criminalistico..(resaltado de quien suscribe)…cumpliendo con lo requerido, sin lograr ubicarle ningún elemento de interés criminalistico, cumpliendo con lo requerido, sin lograr ubicarles ningún elemento de interés criminalistico, no sin antes que los funcionarios realizaran un recorrido por el sector a fin de ubicar alguna persona para que fungiera como testigo de la actuación `policial, siendo infructuosa la misma, debido a que el sitio se encontraba completamente desolado…procedió a realizar la respectiva inspección técnica del sitio del suceso, la cual consigno mediante la presente acta seguidamente para el documento que nos disponíamos a ingresar a los sujetos a la unidad radio patrulla fuimos abordados por dos ciudadanas quine s de manera alterada y violenta e inesperada se nos abalanzaron intentaron agredirnos impidiendo trasladarnos sujetos de igual manera comenzaron a vociferar ofensas contra los integrante de a comisión manifestando textualmente “MALDITOS PETEJOTAS SUCIOS NOS SE LOS LLEVEN” por cuanto amparado en el articulo 119 del Código Orgánico procesal penal y utilizando técnicas policiales de protección y defensa logramos la sumisión de la ciudadanas a quienes los detectives JFE YEFERSON BRITO procedió a practicarles sobre su aprehensión sobre la presunta comisión d e unos de los delito CONTRA LA COSA PUBLICA, y les leyó sus derechos constitucionales consagrados en el articulo 49 del constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, 127 del Código Orgánica Procesal penal, de igual manera quedaron identificada una adolescente (IDENTIDAD OMITIDA)…”
Segundo: Rielan en los folios siete (07), relacionada a la Inspección Técnica No. 077 de fecha 25 de Enero de 2014, en lugar del suceso: “…se observa un rancho tipo bajareque , el mismo presenta como puerta d acceso una puerta elaborada en madera y laminas de zinc y piso de cemento pulido, así mismo con su sistema de seguridad tipo cadena y candado quien se encontraba abierto para el momento de la presente inspección, al ser transpuesta observamos que dicho rancho esta constituido por paredes de barro y listones de madera reforzada con laminas de zinc, techo igualmente laminas de zinc y piso de cemento pulido, así mismo se visualiza una sola área que funge como sala, cocina comedor y dormitorios con enseres propios del hogar tales como cocina, nevera mesa colchones entre otros..(resaltado de quien suscribe)…Seguidamente se realiza un rastreo de alguna evidencia de interés criminalistico localizando debajo del colchón y sobre el piso antes descrito dos (2) armas de fuego, siendo la primera d e ellas tipo escopeta sin marca ni modelo aparente de fabricación no industrializada, con empuñadura de madera calibre 16 mm contentiva de una recamara de una capsula del mismo calibre sin percutir color rojo, con s inscripciones en su culote donde se lee ficchi 16 adyacente a ella se ubica una segunda arma de fuego tipo revolver color plateado y empuñadura de madera calibre 38, marca Smith wesson serial 96K5142, contentiva en su tambor de cinco (05) balas sin percutir, con inscripciones en su culote donde cavin 38. SLP, igualmente se localiza (01) envoltorio de regular tamaño, elaborado en material sintético de color negro, contentivo en su interior de resto vegetales de presunta droga dichas evidencia fueron fijadas fotográficamente y colectadas para su experticia correspondiente…
Tercero: Riela en el folio doce (12) Acta de Investigación Penal, PRUEBA DE ORIENTACION EXPERTICIA QUIMICA Y/O BOTANICA: A UN (01) envoltorio tipo panela elaborado en material sintético de color azul contentivo de restos de vegetales presunta droga; motivo por el cual se me dirigí al departamento de criminalistica a fin de que sean practicados los respectivos análisis donde fuimos atendidos por la funcionaria de guardia BETZENIA TERAN quien procedió a recibir la muestra a los detenidos para la realización de la respetiva prueba toxicologica … me informo que poseen un peso bruto de MIL DOS coma DOS GRAMOS (1002,2 gramos) y peso neto de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE GRAMOS (950) , luego de observa el contenido de dichos envoltorios al Microscopio y por sus características Organolépticas que presenta y dicha droga en la actualidad no tiene usos terapéuticos, así mismo que fueron tomadas como muestras a la comisión portadora la cantidad de 200 mg, el resto de la evidencia le fue devuelta a la comisión portadora”
TERCERO: Riela a los folios 35 al 40 Registro de Cadena de Custodia de Evidencia Física colectada “ UN (01) ENVOLTORIO ELABORADO EN MATERIAL SINTETICO DE COLOR NEGRO CONTENTIVO EN SU INTERIOR DE RESTO VEGETALES PRESUNTAMENTE DROGA ; UN (01) ARMA DE FUEGO TIPO REVOLVER MARCA SMITH WESSON COLOR PLATEADO CALIBER 38 CON EMPUÑADURA DE MADERA SERIAL 96K5142; UN (01) ARMA D E FUEGO ; TIPO ESCOPETA SIN MARCA NI MODELO APARENTE DE FABRICACION NO INDUSTRIALIZADA , CALIBRE 16, CON EMPUÑADURA DE MADERA ; CINCO (05) BALAS SIN PEERCUTIR , CON LA INSCRIPCION EN SU CULOTE DONDE SE LEE CAVIN .38 SPL; UN (01) CARTUCHO SIN PERCUTIR ; COLOR ROJO, CON LAS INSCRIPCIONES EN SU CULOTE DONDE SE LEE FIOCCHI 16.”
CUARTO: Acta de Investigación Penal relacionada a la Experticia Toxicologica y Botánica a la evidencia incautada…”envoltorio incautada posee un peso bruto de CIENTO SESENTA Y CINCO COMA NUEVE GRAMOS (165,9) y peso neto de CIENTO SESENTA Y CINCO COMA NUEVE GRAMOS (165,2 gramos), y un peso neto de CIENTO SESENTA Y CUATRO COMA DOS GRAMOS (164,2 gramos), se pudo constatar que se trata de la planta conocida como MARIHUANA. (Folio 41)…”
Así las cosas se observa si bien es cierto la Jueza de Primera Instancia, estimó que se encontraban llenos los extremos del artículo 236 en sus numerales 1, 2 y 3 y el artículo 237 parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal, no es menos cierto, que le acordó al ciudadano ANDERSON JOSE CATARI MENDOZA, titular de la Cédula de Identidad V-25.149.919, la medida cautelar sustitutiva de conformidad con el artículo 242 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en presentación cada 8 días, por ante la taquilla de presentaciones de este circuito judicial penal, fundamentándose para ello en lo siguiente:
“…se constata que ciertamente los delitos imputados por el ministerio Publico fueron TRAFICO ILICITO AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE OCULTACION, previsto y sancionado el segundo aparte del articulo 149 de la Ley Orgánica de Droga en relación con el articulo 163 ordinales 1º y 7º, POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO previsto y sancionado en el articulo 111 de la Ley de desarme, APROVECHAMIENO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, no es menos cierto que del acta se desprende que la sustancia ilícita incautada y las armas de fuego la encontraron según trascripción del acta de investigación “…en este mismo sentido se realizo una búsqueda en dicha residencia a fin de buscar las armas de fuego avistada primeramente logrando ubicar específicamente debajo de un colchón que reposaba sobre el suelo lo siguiente… (resaltado de quien suscribe)…: Que concatenada con el Acta de Inspección Técnica No.077 de fecha 25 de Enero de 2014 se desprende: ”…al lugar del suceso se deja constancia observamos que dicho rancho esta constituido por paredes de barro y listones de madera reforzada con laminas de zinc, techo igualmente laminas de zinc y piso de cemento pulido, así mismo se visualiza una sola área que funge como sala, cocina comedor y dormitorios con enseres propios del hogar tales como cocina, nevera mesa colchones entre otros. Seguidamente se realiza un rastreo de alguna evidencia de interés criminalistico localizando debajo del colchón y sobre el piso antes descrito dos (2) armas de fuego...(resaltado de quien suscribe) Lo que llama poderosamente la atención a esta Juzgadora ya que en un principio los funcionarios actuantes de conformidad con lo previsto en el articulo 191 del COPP actúan persiguiendo a tres (3) ciudadanos que logran dar aprehensión toda vez que ingresan a una vivienda logrando avistarle a los imputados de autos la posesión de las armas de fuego y posteriormente establecen que tanto las armas y la sustancia ilícita fueron encontradas debajo de un colchón, ese colchón perteneciente a los enseres de la vivienda, se presume puede ser el colchón del propietario de la vivienda del imputado GUILLERMO JOSE MONTES MENDOZA, “EL MEMO”. Ahora bien de las declaraciones de los imputados fueron todos contestes en afirmar que el imputado ANDERSON JOSE MONTES MENDOZA, se encontraba de visita en la residencia de su cuñado EL MEMO ya que es el Hermano de la imputada YAJAIRA VILORIA GARCIA, consignado Constancia de residencia del Consejo Comunal de PAVIA Sector Santa Teresa Barquisimeto Estado Lara donde certifican que desde hace 19 años vive en dicha comunidad, aunado a la verificación del sistema JURIS de este Circuito Penal y el Ministerio Publico, no trajo prueba de antecedentes policiales del mismo, por lo se presume que el mismo no ha tenido conducta predelictual, los funcionarios policiales se constituyen en comisión dirigida hacia la residencia del ciudadano EL MEMO, siendo que el imputado ANDERSON JOSE CATARI se encontraba de visita en la residencia, considera quien aquí decide que de conformidad don lo previsto en el articulo 13 de Código Orgánico Procesal Penal, que el proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación d el derecho y a esta finalidad debe atenerse el juez al adoptar su decisión, considera prudente el otorgarle Media Cautelar Sustitutiva de la Privativa de Libertad, en consecuencia se acuerda la presentación periódica cada Ocho (8) días por ante este Tribunal todo ello de conformidad con lo previsto en el ordinal 3 del articulo 242 del COPP. Así como se acuerda igual Media Cautelar Sustitutiva de la Privativa de Libertad consistente en presentación periódica cada Ocho (8) días por ante este Tribunal para la imputada YAJAIRA TRINIDAD VILORIA GARCIA, que le fue imputado los delitos de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en el articulo 218 del Código Penal Y articulo 264 de la LOPNNA, Medida que fue solicitada por la representación fiscal. No se acuerda el Procedimiento Abreviado solicitado por el Ministerio Publico, a razón que aun quedan investigaciones por realizar lo que es imperioso en aras de la igualdad de las partes del proceso penal, el establecer la verdad de los hechos, por lo que se debe seguir la tramitación del presente asunto por las vías del PROCEDIMIENTO ORDINARIO . Así se decide…”
Es por lo que, si bien la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el Código Orgánico Procesal Penal, se encuentran inspirados en principios garantistas propios de un Estado Social Democrático de Derecho, estableciendo principalmente la inviolabilidad del derecho a la libertad, así como el principio de presunción de inocencia, dejando el legislador claramente establecido que la voluntad de la ley es el respeto a la libertad durante el desarrollo del proceso penal y no a la restricción de la misma sino única y exclusivamente mediante la sentencia definitivamente firme, excepcionalmente y a los efectos de llevar a cabo también uno de los valores salvaguardados de la Constitución como lo es el de la justicia, se hace necesario la adopción de medidas de coerción personal que afectan o restringen el derecho a la libertad, todo a los fines de salvaguardar la eficacia del sistema persecutorio penal y evitar la posible sustracción del imputado o acusado de las consecuencias de una eventual decisión de condena.
Por su parte es importante destacar que el artículo 239 del Código Adjetivo Penal indica que procederán las Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad cuando el delito merezca pena privativa no mayor de Tres (03) años en su límite máximo, y en el presente caso los delitos precalificados al procesado de autos; excede de dicho limite, aunado a lo anterior, el encabezado del artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal establece que: “…No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando está aparezca desproporcionada en relación a la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable…”; debiendo entonces el Juez tomar en cuenta el daño causado y la posible pena a imponer en Juicio Oral y Público, y en el presente caso nos encontramos que unos de los delitos precalificados por la juzgadora a quo, es el delito de TRAFICO ILICITO AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE OCULTACION, previsto y sancionado el segundo aparte del articulo 149 de la Ley Orgánica de Droga en relación con el artículo 163 ordinales 1º y 7º ejusdem. Por lo que, no podemos dejar pasar por alto, que uno de los delitos precalificado por el Ministerio Público, es considerado por nuestro máximo Tribunal como un delito de lesa humanidad, que afecta la salud pública, tal como se desprende en criterio reiterado, en Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 1278, de fecha 07-10-2009, con ponencia de la Magistrado Carmen Zuleta de Merchán, en los siguientes términos:
“… (Omisis)… Debe señalarse que tutelado a través de las figuras punibles establecidos en la derogada Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y en la vigente Ley Orgánica contra el Tráfico y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, es la salud publica, la cual constituye un valora comunitario esencial para la convivencia, y cuyo referente constitucional se cristaliza con el contenido del artículo 83 de la Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, al señala dicha norma que ´La es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida´.
En este orden de ideas, la regulación de tales conductas por la ley penal, tiene su fundamento en la necesidad de amparar al señalado bien jurídico del peligro –y la ulterior lesión- que implica el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Así, la noción de salud pública hace referencia, según la disposición constitucional antes descrita, al concepto de vida, siendo ambas objeto de tutela por parte del Derecho penal….”
Criterio ratificado en Sentencia Nº 875, de fecha 26-06-2012 con Ponencia de la Magistrada Dra. Luisa Estella Morales Lamuño:
“… Ratificar la imposibilidad de conceder beneficio alguno a los delitos que atentan contra la salud física y moral del colectivo, como es el delito de TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, EN TODAS SUS MODALIDADES, por lo que se precisa, que a estos tipos penales NO LE ES APLICABLE NINGUNA FÓRMULA ALTERNATIVA DE CUMPLIMIENTO DE PENA, NI ALGÚN OTRO BENEFICIO de los establecidos en el Capítulo Tres del Libro Quinto, referido a la Ejecución de la Pena, del Código Orgánico Procesal Penal, NI A LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA prevista en el artículo 60 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, -aplicable ratione temporis en el presente caso- y en el 177 de la vigente Ley Orgánica de Drogas, que es un beneficio que se concede en la Fase de Ejecución del Proceso Penal, y que sí puede proceder en los casos del delito de Posesión Ilícita, previsto en el artículo 34 eiusdem..”
En consecuencia, en base a las jurisprudencias anteriormente citadas y siendo que se encuentran llenos los extremos del artículo 236 en sus numerales 1, 2 y 3 del Código Orgánico Procesal Penal, tal como lo asevero la Jueza del Tribunal de Control Nº 5 de este Circuito Judicial Penal, es por lo que, esta Corte de Apelaciones considera que lo procedente y ajustado a derecho es declarar CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN con motivo de Efecto Suspensivo, interpuesto por Abogados Rubén Darío Ramones y Geraldine Pabòn, en su condición de Fiscales 27º del Ministerio Público del Estado Lara, contra la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 5 de éste Circuito Judicial Penal, en audiencia oral celebrada en fecha 27-01-14 y fundamentada en fecha 28-01-14, mediante el cual le otorgó al ciudadano ANDERSON JOSE CATARI MENDOZA, la medida cautelar sustitutiva de conformidad con el artículo 242 ordinal 3 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en presentación cada 8 días, por ante la taquilla de presentaciones de este circuito judicial penal, en consecuencia se REVOCA la decisión impugnada, y como consecuencia de la revocatoria, se Decreta la PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD al ciudadano ANDERSON JOSE CATARI MENDOZA, titular de la Cédula de Identidad V-25.149.919, la cual deberán cumplir en el Centro de reclusión que acuerde el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 5 de este Circuito Judicial Penal del Estado Lara. Y ASI SE DECIDE.
DISPOSITIVA
Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia, en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela, y por la Autoridad que la Ley le confiere, Resuelve:
PRIMERO: Declarar CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN con motivo de Efecto Suspensivo, interpuesto por Abogados Rubén Darío Ramones y Geraldine Pabón, en su condición de Fiscales 27º del Ministerio Público del Estado Lara, contra la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 5 de éste Circuito Judicial Penal, en audiencia oral celebrada en fecha 27-01-14 y fundamentada en fecha 28-01-14, mediante el cual le otorgó al ciudadano ANDERSON JOSE CATARI MENDOZA, titular de la Cédula de Identidad V-25.149.919, la medida cautelar sustitutiva de conformidad con el artículo 242 ordinal 3 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en presentación cada 8 días, por ante la taquilla de presentaciones de este circuito judicial penal.
SEGUNDO: Queda REVOCADA la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 5 de éste Circuito Judicial Penal, dictada en audiencia oral celebrada en fecha 27-01-2014 y fundamentada en fecha 28-01-2014, sólo en relación al punto de la decisión, mediante el cual le otorgó al ciudadano ANDERSON JOSE CATARI MENDOZA, titular de la Cédula de Identidad V-25.149.919, la medida cautelar sustitutiva de conformidad con el artículo 242 ordinal 3 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en presentación cada 8 días, por ante la taquilla de presentaciones de este circuito judicial penal, y en consecuencia, SE DECRETA LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD al ciudadano ANDERSON JOSE CATARI MENDOZA, titular de la Cédula de Identidad V-25.149.919, conforme a las previsiones establecidas en los artículos 236 y 237, este último en sus numerales 2 y 3 todos del Código Orgánico Procesal Penal, la cual deberán cumplir en el centro de reclusión que acuerde el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 5 de este Circuito Judicial Penal del Estado Lara.
TERCERO: Remítase las presentes actuaciones CON CARACTER DE URGENCIA, al Tribunal de Control N° 05 de este Circuito Judicial Penal, a los fines de que de cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión.
CUARTO: Se insta al Juzgado de Primera Instancia en Función de Control N° 05 de este Circuito Judicial Penal, a informar de manera inmediata a esta Corte de Apelaciones del cumplimiento de lo aquí ordenado.
Publíquese. Regístrese. Cúmplase. Notifíquese a la Defensa y al Ministerio Público de la presente decisión.-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Lara, a los 26 días del mes de Febrero de 2014. Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
POR LA CORTE DE APELACIONES DEL ESTADO LARA
El Juez Profesional,
Presidente De La Corte De Apelaciones
Cesar Felipe Reyes Rojas
El Juez Profesional, El Juez Profesional,
Luís Ramón Díaz Ramírez Arnaldo Villarroel Sandoval
(Ponente)
La Secretaria
Esther Camargo
ASUNTO: KP01-R-2014-0000063
AVS/ms