TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.

Valencia, 04 de febrero de 2014
203º y 154º

Visto el escrito de libelo de demanda, mediante el cual la parte solicita se decrete medida innominada de nombramiento de veedor, el Tribunal para resolver hace las siguientes consideraciones:
Para decidir el Tribunal observa:
De acuerdo con el criterio jurisprudencial pacífico y reiterado de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, expresado en la sentencia de fecha 25 de mayo de 2000, en el juicio seguido por la ciudadana Rosa María Contreras Carreño de Gómez contra el ciudadano Carlos Nadal Yepez y otros, expediente Nº 00-075
“...es cuestión superada hace ya mucho tiempo, la objeción respecto a que el juez que dicta la medida preventiva por considerar existente el fumus boni iuris, se pronuncia sobre el fondo del pleito. De la misma manera, lo es en cuanto a que al decidirse la oposición que se hubiera planteado, se incurre per se en este tipo de pronunciamiento.
Admitir tal argumentación sería tanto como eliminar la posibilidad de que pueda dictarse alguna medida preventiva, ya que las mismas podrán ser decretadas sólo cuando el juez considere que existe presunción grave del derecho que se reclama, para lo cual, obviamente, tiene que analizar y apreciar de alguna manera, los fundamentos y recaudos en que se apoya la acción
El régimen de las medidas preventivas implica por esencia o definición, que el acordarlas no significa un pronunciamiento sobre el fondo, sino sólo un juicio provisional de verosimilitud, según las circunstancias de cada caso en concreto, y en relación con el aseguramiento, que se estime suficientemente justificado, de las resultas del pleito.
Por consiguiente, ni el juez que ha decretado una medida preventiva, ni el que conozca en apelación de la ratificación o suspensión de la misma, pueden abstenerse de dictar decisión correspondiente a la incidencia del caso, bajo el argumento de que al hacerlo estarían pronunciándose sobre el fondo del asunto; porque de ese modo, como ha sucedido en el presente caso, se omite la decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a lo deducido y, a que obliga la norma del ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, el cual resulta entonces infringido, en consecuencia con la infracción del artículo 12 ejusdem, al no atenerse con ello a lo alegado y probado en autos. Así se declara.” (Subrayado del Tribunal).

Asimismo, en sentencia de la misma Sala de fecha 27 de julio de 2.004, se ha establecido:
“De conformidad con lo previsto en el precedente artículo, las medidas preventivas se decretarán cuando se verifique en forma concurrente los dos elementos esenciales para su procedencia, a saber: 1) la presunción grave del derecho que se reclama (fumus bomis iuris); y; 2) El riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora).
Es indudable que el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de proporcionar al Tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que las sustenten por lo menos en forma aparente, quedando el sentenciador impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus argumentos. Si faltan esos elementos de convicción de ambas circunstancias, debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedibilidad exigidos en el referido artículo 585 del Código de Procedimiento Civil...” (Sentencia de 27/07/04. Sent. N° RC-00733).

De la revisión del expediente se desprende que el requisito fumus bonis iuris, es decir, la presunción grave del derecho que se reclama, queda reflejado en los instrumentos que acompañó a la demanda, los cuales se puede presumir que existe una relación en torno a que la demandante consignó documentos públicos que evidencian que posee una comunidad de bienes con el demandado DANIEL MARTINEZ PUENTES, lo cual hace presumir de sus dichos y de los instrumentos la presunción de buen derecho a favor del actor.
El otro presupuesto indispensable para el decreto de las medidas cautelares es la acreditación del periculum in mora, es decir, el riesgo manifiesto de que el pronunciamiento definitivo del juicio pudiera resultar ilusorio, o que pudiera peligrar la eficacia del fallo final.
Una de las circunstancias que puede contribuir a esta situación de peligro, es la concurrencia en la persona del deudor de ciertos indicios que puedan hacer presumir su sustracción a la ejecución de la sentencia. En tal sentido, es menester que el demandante esgrima en su petición un motivo racional para creer que los hoy demandados ocultarán o malbaratarán sus bienes o cualquier elemento del que se desprenda alguna duda sobre el referido peligro, es decir, de que el fallo definitivo va a resultar ineficaz. Luego, es carga del solicitante centrarse en explicar cómo afectan dichos riesgos a la cosa litigiosa, dadas las circunstancias del caso, por lo tanto éste queda establecido por el temor objetivo del solicitante de que sea burlada la sentencia, en este sentido, alega la parte actora: que ante el fundado temor de que quines actualmente figuran como propietarios y administradores de PROPIEDADES VALENCIA, C.A., e INVERSIONES Y DESARROLLOS MULTIPLES, C.A., al tener conocimiento de la presente demanda, puedan proceder a realizar actos de enajenación o gravamen de sus acciones o de los bienes que constituyen el patrimonio de las referidas empresas, o procedan a incurrir en una administración irregular o inconveniente ya que el mismo DANIEL MARTINES PUENTES, quien fungió como supuesto vendedor, figura, junto con sus hijos, como Director con facultades de administración y disposición, constituye una amenaza cierta y evidente que con absoluta certeza efectuará sustancialmente a futuro los derechos que poseo en dicha comunidad, observa este Tribunal que la parte demandante, consignó copias certificadas de los documentos con los cuales fundamenta su demanda. Todo lo anterior da como resultado la posibilidad, el riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo que pudiera dictarse en la presente causa, por lo que a juicio de este Tribunal, dicho requisito queda cubierto con estas circunstancias.
En virtud de las consideraciones anteriores considera esta Juzgadora procedente las medidas cautelares solicitadas. Así se decide.
Todo lo precedentemente expuesto esta basado en un juicio de probabilidades que vale solo como hipótesis, pues solo crea una presunción de verosimilitud y que no implica juzgamiento sobre el fondo de lo debatido en el presente caso.
DECISIÓN
Con fundamento en lo expuesto, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, decreta: PRIMERO: DECRETA MEDIDA INNOMINADA DE NOMBRAMIENTO DE VEEDOR JUDICIAL; esta juzgadora considera oportuno de conformidad, a los fines de su escogencia del veedor judicial, que la designación recaiga en una persona natural, que no forme parte ni como actor, ni como demandado en la presente causa, y en tal sentido se designa como VEEDOR JUDICIAL al ciudadano LEOPOLDO ANTONIO MAZAS RODRIGUEZ, titular de la cedula de identidad Nº 13.103.086, Administrador de Empresas Mención Gerencia Empresarial, a quien se le librará boleta de notificación participándole su designación y haciéndole saber que deberá comparecer por ante este Tribunal, el primer (1º) día de despacho siguiente, una vez que conste en autos su notificación, a manifestar su aceptación o excusas, y en el primero de los casos para que preste el juramento de Ley. Esta designación tiene por objeto preservar los derechos de la comunera demandante y evitar que en su perjuicio pudieran distraerse los bienes de las sociedades de comercio denominadas PROPIEDADES VALENCIA, C.A., e INVERSIONES Y DESARROLLOS MULTIPLES, C.A, plenamente identificadas en autos. La decisión tiene su apoyo en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Constitucional el día 02 de diciembre de 2003, en el expediente Nº 03-1713, la cual es acogida y compartida plenamente por quien decide.
La mencionada decisión establece entre otras cosas lo siguiente:
“…Ahora bien en relación a las funciones conferidas al “auxiliar de justicia” designado en la medida cautelar innominada, relativas a que cumpliría las funciones de veedor ante la compañía demandada en el juicio principal, con el acceso a los libros de contabilidad, papeles y comprobantes de la misma, debiendo informar periódicamente al tribunal acerca del desenvolvimiento comercial de CORPORACION DIGITAL C.A., esta Sala ratifica que el nombramiento de un auxiliar de justicia, como lo es el caso del veedor para que vigile e informe sobre las actividades comerciales de los administradores con la finalidad de garantizar los derechos de los accionista minoritarios o socios no administradores, siempre a cargo de la parte que lo solicita, es una figura de vigilancia de la administración, es un órgano de auxilio judicial que es perfectamente legitimo, motivo por el cual en el presente caso, se considera el nombramiento de auxiliar de justicia solo a los fines descritos, cumpliendo la función de veedor, con el deber de guardar secreto, no constituye la violación de derecho constitucional alguno, sino que por el contrario constituye un medio para salvaguardar la finalidad de la tutela perseguida por la parte solicitante de la medida. Sin embargo no escapa a la Sala que tal función en las compañías anónimas muy bien podrían ser encomendadas a los comisarios, a menos que se presuma que ellos no cumplirán cabalmente sus funciones…”
El veedor designado tendrá facultades para supervisar los libros de contabilidad de la sociedad de comercio antes mencionada. Igualmente para que vigile las operaciones comerciales de dicha sociedad y determine su actual situación financiera, informando de ello periódicamente al Tribunal. Notifíquese al VEEDOR JUDICIAL. Librese boleta. Así se decide.
Ofíciese lo conducente. Publíquese y Regístrese.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en la ciudad de Valencia, a los (04) días del mes de febrero del año dos mil catorce (2014) Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

Abg. Isabel Cristina Cabrera de Urbano
Juez Titular

Abg. Juan Carlos López,
El Secretario
En la misma fecha se cumplió lo ordenado.-

El Secretario