REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL PODER JUDICIAL Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo Valencia ,quince de julio de dos mil catorce 204º y 155º ASUNTO: GH02-N-2013-0000458 SENTENCIA DEFINITIVA IDENTIFICACION DE LAS PARTES: PARTE RECURRENTE: YRAIDA ISABEL ARTEAGA FLORES, cedula de identidad Nª 17.777.804. APODERADO JUDICIAL DE LA RECURRENTE: Abg. EMILIO DURAN LOPEZ. IPSA. Nª 118.3666 MOTIVO DEL RECURSO: RECURSO DE ABSTENCIO O CARENCIA, CONTRA LA ABSTENCION DE LA INSPECTORA DEL TRABAJO: “CESAR PIPO ARTEAGA”. TERCERO INTERESADO: INSPECTORIA DEL TRABAJO CESAR PIPO ARTEAGA. DE LOS ANTECEDENTES PROCESALES Y DEL OBJETO DE LA PRETENSIÓN En fecha 25 de Octubre de 2013, la ciudadana YRAIDA ISABEL ARTEGA FLORES, venezolana, mayor de edad, de estado civil soltera, titular de la cedula de identidad V.17.777.804, domiciliada en la calle Páez, Edificio Tony Piso 1. Apartamento 2 Parroquia San Blas, Municipio Valencia Estado Carabobo, asistida por el Abogado en ejercicio Darío Emilio Duran López, IPSA: 118.366; interpuso Recurso de Abstención o Carencia contra la Inspectoría del Trabajo Cesar Pipo Arteaga de los Municipios San Diego, Naguanagua y las Parroquias, San José, San Blas, Catedral, y Rafael Urdaneta del Municipio Valencia del Estado Carabobo, ante solicitud de pronunciamiento por parte de la Inspectoría del Trabajo prenombrada, relacionado con el expediente Nª 080-01-2012-004785, sobre: Que se dicte la correspondiente Certificación a los efectos del cierre en sede administrativa de la acusa, tal como lo establece el artículo 425 ordinal 09, el inicio del procedimiento por incumplimiento a la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, tal como lo establece el artículo 425 ordinal 06 y el procedimiento sancionatorio conforme en los artículos 531, 532, 533 y 547 de la Ley Incomento. El asunto fue recibido por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Circuito Laboral, el 24 de octubre de 2013, y fue distribuido para este órgano jurisdiccional el día 25/10/2013, y al asunto se le dio cuenta al Juez el día 25 de octubre de 2013 y ese mismo día se ordenó su revisión a los fines legales pertinentes. En fecha 04/11/2013 este Tribunal le admite y ordena la notificaciones de conformidad con la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en su artículo 67 ,exhortándose a la parte Recurrente sirva proveer las copias fotostáticas del presente Recurso de Abstención, así como del auto de admisión. Acordando solicitarle Informe a la Inspectoría del Trabajo Cesar Pipo Arteaga sobre la causa de la demora, omisión y/o abstención; dicho informe deberá presentarse en un lapso no mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir de que conste en autos la citación; a la Fiscalía Superior del Estado Carabobo, para que designe al Fiscal con competencia en materia contencioso-administrativa; y a la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, con arreglo a lo ordenado en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, remitiéndoles copias certificadas de todo el expediente. Y. Se indicó como sería el mecanismo para la fijación de la celebración de la Audiencia de Juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, fecha de celebración que se fijará en auto por separado. En fecha lunes 03/05/2014, se efectuó la celebración de la Audiencia de Juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en la cual el material probatorio esgrimido en la causa consiste sólo en documentales. Ahora bien, con estos antecedentes históricos del asunto, y dada la naturaleza de la pretensión incoada, procede hoy a publicar su fallo, lo hace previa a las siguientes consideraciones: DE LA COMPETENCIA Debe este Tribunal pronunciarse sobre su competencia para conocer en primera instancia: Para la tramitación del presente asunto y, dada la certidumbre que merecen los justiciables al someter sus asuntos a la jurisdicción, resulta necesario hacer un análisis breve pero preciso, sobre la competencia de este Tribunal, para conocer la causa sometida a su jurisdicción, en virtud de la garantía constitucional a la “Tutela judicial Efectiva”, prevista y sancionada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y toda vez que la incompetencia del juzgador en los casos de orden público (como la competencia por la materia), violenta las garantías constitucionales “al debido proceso” y “el derecho de ser juzgado por el juez natural”, tal como lo establece el artículo 49 ejusdem. Prevé el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente: “La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la Ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias...” (El subrayado es de la jurisdicción) La copiada disposición constitucional es la norma rectora en materia competencial, pues al señalar el origen de la jurisdicción, al propio tiempo nos enseña que el ámbito de actuación de esta última, viene dado por las causas que le sean atribuidas y mediante los procedimientos que determine la Ley. De otra parte, dispone el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente: “Artículo 259. La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa..” (El subrayado es de la jurisdicción) Ahora bien, en fecha 16 de Junio de 2010, entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 377.244, reimpresa nuevamente por errores materiales en fecha 22 de junio de 2010 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.451, la cual en su artículo 25 hace indicación de la competencia de los órganos de la jurisdicción contenciosa-administrativa, no obstante, en numeral 3, hace una excepción, estableciendo la citada disposición lo siguiente: “…Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estatales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo…” (Cursivas y subrayado del Tribunal). De lo anteriormente transcrito, se colige que fueron excluidos de forma expresa de las competencias asignadas a los órganos que integran la jurisdicción contencioso administrativa, la relativa al conocimiento de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo. En tal sentido, y atendiendo al criterio establecido en sentencia de fecha 23 de Septiembre de 2010, con ponencia del Magistrado, Dr. FRANCISCO A. CARRASQUERO LÓPEZ, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República, el cual señala, que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el artículo 259 constitucional, a los Tribunales del Trabajo, correspondiendo en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo. De otra parte, se copia extracto de sentencia de reciente data dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la cual es del tenor siguiente: “Así, aprecia esta Máxima Instancia que para la fecha de interposición del recurso, esto es el 12 de agosto de 2010, ya se encontraba en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.447 del 16 de junio de 2010, la cual en el numeral 3 del artículo 25 dispone lo siguiente: “Artículo 25. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de: (…omissis…) 3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estatales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo. (…omissis…)”. (Destacado de la Sala). En la norma parcialmente transcrita, el legislador excluyó expresamente del conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa, aquellas acciones de nulidad interpuestas contra las decisiones administrativas emanadas de la Administración laboral en materia de inamovilidad. Al respecto, la Sala Constitucional de este Alto Tribunal mediante sentencia N° 955 de fecha 23 de septiembre de 2010, señaló lo siguiente: “Las competencias de los órganos integrantes de esta jurisdicción, están consagradas en los artículos 9, 23, 24, 25 y 26 de la [Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa]. De esos artículos interesa, a los efectos de determinar la competencia para el conocimiento de las acciones relacionadas con providencias administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, lo contenido en el numeral 5 del artículo 23, en el numeral 5 del artículo 24 y en el numeral 3 del artículo 25: (…Omissis…) De los artículos anteriormente transcritos, se puede apreciar que el legislador excluyó –de forma expresa– de las competencias asignadas a los órganos que integran la jurisdicción contencioso administrativa, la relativa al conocimiento de ‘las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo’. (…omissis…) De lo anterior se colige que aun cuando las Inspectorías del Trabajo sean órganos administrativos dependientes -aunque desconcentrados- de la Administración Pública Nacional, sus decisiones se producen en el contexto de una relación laboral, regida por la Ley Orgánica del Trabajo, razón por la cual debe atenerse al contenido de la relación, más que a la naturaleza del órgano que la dicta, para determinar que el juez natural en este caso no es el contencioso administrativo, sino el laboral. Una relación jurídica denominada relación de trabajo, expresada y manifestada por la fuerza de trabajo desplegada por los trabajadores, que exige un juez natural y especial, para proteger la propia persona de los trabajadores. En fin, la parte humana y social de la relación. (…omissis…) Por todo lo anterior, esta Sala Constitucional, actuando como máximo intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el artículo 259 constitucional, a los tribunales del trabajo. Así se declara. Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la facultad de máximo intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja asentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República: 1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral. 2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo”. (Destacado del texto). Precisado lo anterior, observa la Sala que conforme al criterio parcialmente transcrito, establecido en virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el conocimiento de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral, corresponde a los tribunales laborales; ya que aun cuando las decisiones emanadas de las Inspectorías del trabajo como órganos dependientes de la Administración Pública son de naturaleza administrativa, su contenido y alcance se origina en una relación de índole laboral. (Vid. sentencia de esta Sala N° 00040 de fecha 19 de enero 2011). En este orden de ideas, el artículo 30 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, reza lo siguiente; “Artículo 30. Las demandas o solicitudes se propondrán por ante el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente por el territorio que corresponda. Se consideran competentes, los Tribunales del lugar donde se prestó el servicio o donde se puso fin a la relación laboral o donde se celebró el contrato de trabajo o en el domicilio del demandado, a elección del demandante. En ningún caso podrá establecerse o convenirse un domicilio que excluya a los señalados anteriormente”. Así pues, de conformidad con la disposición transcrita esta Sala declara que la competencia para conocer el recurso de autos corresponde a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda; en consecuencia, se ordena remitir el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. Así se declara.” (Sent. Nº 00489, de fecha 12-04-2011, Exp. 2011-0207.) De igual amanera, es de interés transcribir extracto de Sentencia Nº 02011-0795 de la Corte primera Contencioso Administrativa de fecha 12/07/2011, que a su vez transcribe extractos de Sentencias de la Sala Constitucional y señala: “Dicho criterio fue ratificado en reciente sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nº 10-0901 del 15 de marzo de 2011, (caso Jesús Rincones vs Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro de Puerto Ordaz estado Bolívar), la cual sostuvo lo siguiente: “…En este sentido, esta Sala estima necesario señalar que recientemente dictó sentencia Nº 955 del 23 de septiembre de 2010 (caso: “ Bernardo Jesús Santeliz Torres y otros), con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República, en la que estableció que es la jurisdicción laboral la competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con las Providencias Administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, sea que se trate de los juicios de nulidad contra las referidas providencias, así como para la resolución de los conflictos que surjan con motivo de la ejecución de éstas que han quedado firmes en sede administrativa o que se trate de acciones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos….” …omissis… Ahora bien, esta Sala observa que independientemente de la oportunidad en que hubiere sido intentada la acción que tenga por objeto el incumplimiento de una providencia administrativa dictada por una Inspectoría del Trabajo, la competencia debe corresponder a los tribunales laborales, ya que con ello se favorecería a las partes dado que conocería un tribunal especializado en la materia laboral, lo que viene a responder al contenido propio de la relación…”. (Resaltado de esta Corte). En igual sentido, cabe referir lo señalado en sentencia Nº 312 del 18 de marzo de 2011 (caso María Yuraima Galindez), emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se sostuvo lo siguiente: “… Sobre la base de la norma del Código Adjetivo que se citó, esta Sala, en oportunidades anteriores, ha determinado el Tribunal competente en casos concretos en atención al que lo fuera de conformidad con la ley-o con la interpretación auténtica que de ésta hubiere hecho esta juzgadora- para el momento de la interposición de la demanda. Sin embargo, la Sala ha abandonado el criterio anterior y ha determinado que, con independencia de la oportunidad en que hubiere sido incoada una demanda de cualquier naturaleza que tengan por objeto, como la de autos, el incumplimiento de una providencia administrativa dictada por una Inspectoría del Trabajo, la competencia corresponde a los tribunales laborales…”. …omissis… “…debe atenderse al contenido de la relación más que a la naturaleza del órgano que la dicta, para determinar que el juez natural para la decisión de este tipo de pretensiones es el laboral, que es el especializado en proteger la persona de los trabajadores y, en particular, `la parte humana y social de la relación`…”. (Negritas agregadas por este Juzgador) En la transcrita sentencia, la Corte Primera concluye que la competencia es para los Tribunales laborales, en caso similar al que se encuentra bajo análisis, basándose en la naturaleza de lo tratado. La actividad administrativa desplegada por las Inspectorías del Trabajo, como órganos que tienen la función de decidir controversias entre particulares atribuidas por Ley, es dentro del marco del desarrollo y aplicación de normas laborales, y sin duda como lo ha sostenido la Sala Constitucional en la sentencia vinculante referida ut supra, al igual que el resto de los fallos citados, son con ocasión de relaciones laborales. Ahora bien, la competencia para el conocimiento de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo, fueron excluidas por mandato de la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, del fuero competencial de los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, y así lo interpretó en forma por demás diáfana la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la referida decisión vinculante de la Sala Constitucional de fecha 23 de Septiembre de 2010, con ponencia del Magistrado Dr. FRANCISCO CARASQUERO LOPEZ, al igual que el resto de las sentencias citadas. . FUNDAMENTOS EN QUE SUSTENTA LA PARTE ACCIONANTE LA PRETENSIÓN POR ABSTENCIÓN O CARENCIA.- El fundamento de la Recurrente para peticionar el Recurso de Abstención o Carencia, se recoge en la síntesis que se indica de seguidas: Que la recurrente fue despedida en fecha 05-12-2012 por la empresa DIMAX CAPITAL, C.A Y PARA LA FECHA DEL DESPIDO SE ENCONTRABA AMPARADA POR EL DECRETO DE INAMOVILIDAD LABORAL PREVISTO EN LOS ARTICULOS 94, 418 Y 420 de la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y Trabajadoras en concordancia con el Decreto de la Inamovilidad Laboral Especial dictada por el Ejecutivo Nacional en la última prorroga según Gaceta oficial Nª 39.828 de fecha 26-11-2011, publicada en el Decreto Nª 8.732, el cual se prorroga el presente Decreto hasta el 19 de diciembre de 2012. Quedando registrado en el expediente administrativo Nª 080-01-2012-004785. Que en fecha 30/04/2013, procedieron a realizar el reenganche y restitución de la situación jurídica infringida en la entidad de trabajo DIMAX CAPITAL C.A. La funcionaria Larry Ruiz funcionario de la Inspectoría del Trabajo Cesar Pipo Arteaga, siendo aceptada por la entidad de trabajo. Quedando establecido en el mismo acto que la entidad de trabajo debía cancelar los Salarios caídos demás beneficios dejados de percibir para ser cancelados el día 03 de mayo de 2013 a las 2:00 pm en la inspectoría del trabajo Sala de Inamovilidad Laboral, C.C. Caribean Plaza. Tal como se refleja en el acta de reenganche que se anexo con la letra F1 al F2. Que en fecha 30-04-2013, se presentó la hoy recurrente, a la salas de inamovilidad de la mencionada inspectoría del trabajo , para el recibo del el pago de los salarios ciados y demás beneficios que la empresa debía cancelar resultando que la empresa no efectuó el pago quedando constancia en el acta de pago de salarios caídos y demás beneficios laborales, dejando establecido los funcionarios del trabajo que no se efectuó el pago de los salarios caídos y demás beneficios de Ley, por lo cual se procede a realizar la propuesta de sanción de conformidad con el artículo 532 de la LOTT, tal como se demuestra en el Acta que se anexa en copia simple marcado con la letra G. Y más adelante, agrega: En su petición y petitorio, señala quebrantamiento del derecho de petición a tenor de lo previsto en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en tal sentido debe ser declarada Con Lugar la pretensión, y produciéndose los siguientes pronunciamientos: 1. Que se dicte la correspondiente certificación a los efectos del cierre en sede administrativa de la causa tal como lo establece el artículo 425 ordinal 09 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. 2. Que se dé indicio a los procedimientos por incumplimiento de la LOTTT por desacato contra la empresa DIMAX CAPITAL, C.A, dado el estado de contumacia y visto el finiquito o finalización del procedimiento administrativo conforme al artículo 425 ordinal 06 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. 3. Que se dé inicio al procedimiento sancionatorio conforme a lo establecido en los artículos 531, 532, 533 y 547 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. Por tanto solicita se declare con lugar el Recurso de Abstención o Carencia, interpuesto en contra de la Inspectoría del Trabajo Cesar Pipo Arteaga del Municipio Valencia del Estado Carabobo. DE LAS PRUEBAS DEL PROCESO En virtud de los principios de exhaustividad y de autosuficiencia del fallo, esta Juzgadora, pasa a examinar las pruebas del proceso, consignadas por la parte Recurrente; en virtud que la parte Recurrida no se hizo presente en la presente causa. Medios de pruebas presentados por la parte recurrente: Documentales: Conjuntamente con el escrito de demanda, consigna como material probatorio el siguiente: anexo“B 1-3”, copia de Solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, presentado por ante la Inspectoría del Trabajo Cesar Pipo Arteaga. Marcada “C”, copia de auto de fecha 19/12/12, emanado de la Inspectoría del Trabajo in supra mencionada Expediente N° 080-2012-01-04785. Marcado “D”, cartel de notificación en copia de fecha 19-12-12, de la Inspectoría del trabajo Cesar Pipo Arteaga del Estado Carabobo, Expediente Nº. 080-2012-01-04785 de la nomenclatura de la Inspectoría del Trabajo Cesar Pipo Arteaga del Estado Carabobo. Marcado “E”, copia de la Sala de Sanciones donde se remite auto donde la ciudadana: Yraida Arteaga denuncia la infracción de inamovilidad laboral cometida por la entidad de trabajo DIMAX CAPITAL, C.A. Marcado “F 1-2”, Copia de Acta de Reenganche y pagos de salarios caídos, de fecha 30/04/2013, en el Expediente Administrativo N.°080-2012-04785. 1.6. Marcado “G”, copia de acta de pago de salarios caídos y demás benéficos laborales, de fecha 03/05/2013, en el Expediente Administrativo N.°080-2012-01-04785. Marcado “H 12”, copia de Escrito de solicitud de la parte recurrente en la cual solicita sírvase la ciudadana Inspectora del Trabajo proveer en referencia a los procedimientos administrativos sancionatorios y que considera que están agotados en cada una de sus fases el presente procedimiento y por tanto, de conformidad con el articulo 425 ordinal 06 de la LOTT, en concordancia con los artículos 531, 532. 534 y 538 ejusdem así como se debe compulsar copia certificada de la presente causa y su remisión al Ministerio Publico para la apertura de la consiguiente averiguación por desacato. Anexos: I, escrito en el expediente Nª 080-2012-01-04785 en la cual se insiste en que se prosiga con el procedimiento de apertura de las sanciones administrativas por no haber la empresa DIMAX CAPITAL, C.A despido injustificadamente a la hoy recurrente la cual se encuentra investida de inamovilidad laboral por guardar reposo pre y postnatal y no cumplir oportunamente con el pago de los salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir por la trabajadora. Anexo J; diligencia de la parte recurrente en los mismos términos mencionada en el anexo marcado I Anexo K: diligencia de la parte recurrente en los mismos términos mencionada en el anexo marcado: I, J y G. Anexo L -1-4y Anexo: LL, l, anexos que contienes diligencias referidas en los mismos términos de las consignadas y marcadas con los anexos anteriores. Las presentes documentales esta juzgadora considera que, poseen valor probatorio y serán analizadas a los efectos de la solución de lo controvertido, en el sentido, de que dan luces respecto al procedimiento administrativo y la inercia de la Inspectoría a pesar de las diversas actuaciones que por vía administrativa han efectuado. Así se establece. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR En la presente causa interpuesta por la Recurrente ciudadana: Yraida Isabel Arteaga Flores, titular de la cedula de identidad 17.777.804, referida a Recurso Por Abstención o Carencia contra la Inspectoría del Trabajo Cesara pipo Arteaga del Municipio Valencia del Estado Carabobo, referida a la solicitud se pronuncie la mencionada inspectoría: 1. Que se dicte la correspondiente certificación a los efectos del cierre en sede administrativa de la causa tal como lo establece el artículo 425 ordinal 09 de la Leo Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. 2. Que se dé indicio a los procedimientos por incumplimiento de la LOTTT por desacato contra la empresa DIMAX CAPITAL, C.A, dado el estado de contumacia y visto el finiquito o finalización del procedimiento administrativo conforme al artículo 425 ordinal 06 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. 3. Que se dé inicio al procedimiento sancionatorio conforme a lo establecido en los artículos 531, 532, 533 y 547 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. En su petitorio, señala quebrantamiento del derecho de petición a tenor de lo previsto en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en tal sentido debe ser declarada Con Lugar Se cree pertinente hacer referencia, aquí al contenido del artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “Artículo 51. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo.” (Negritas agregadas por este Sentenciador) Como puede apreciarse, el acceso a los órganos del estado, para que estos en la medida de sus competencias no sólo reciban las peticiones, sino que además den a los administrados “oportuna y adecuada respuesta”, deja por sentado que la actuación debe se apegada a Derecho, no sólo en cuanto a sus fundamentos, sino en cuanto al debido proceso, vale decir, en el tiempo propicio y de la forma apegada a la ley. En el presente recurso de abstención o carencia, se observa que se trata del ejercicio de un recurso de abstención o carencia contra la conducta omisiva la Inspectoría del Trabajo Cesar Pipo Arteaga, del Municipio Valencia del Estado Carabobo, por cuanto , no ha procedido a dar cumplimiento con el articulo 509 ordinal 09 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras conforme al cual se desarrolló el procedimiento administrativo en la Inspectoría del Trabajo, establecía: Artículo 509:” Son obligaciones del Inspector del Trabajo o Inspectora del Trabajo para el cumplimiento de la Ley dentro de su jurisdicción: Ordinal 01: Dictar las Providencias Administrativas que la normativa indique que son de su competencia y aquella que sean necesarias para cumplir y hacer cumplir las disposiciones de las leyes, reglamentos, decretos y resoluciones laborales.” …(Omisis) Ordinal 09: “Garantizar el reenganche y sustitución de derechos de los trabajadores y trabajadoras a quienes se le haya violentado su fuero o inamovilidad laboral.” …(Omisis) Ordinal 11: Sustanciar y decidir en los procedimientos de sanción por incumplimiento de la Ley dentro de su jurisdicción. Como lo afirma MIGUEL ÁNGEL TORREALBA SÁNCHES, en su obra Manual De Contencioso Administrativo (Parte General), página 307, la inactividad de la administración o su negativa es un modo de infringir la Ley mediante la no realización de un deber legal, amén que eventualmente esa omisión o negativa podría constituir, además de una ilegalidad, una privación ilegítima del ejercicio de un derecho constitucional, lo que justifica aún más la intervención de los órganos jurisdiccionales para garantizar efectivamente la cesación de la violación. De igual manera, la doctrina y la jurisprudencia han concluido que los elementos configuradores de la inactividad de la administración son: 1) La existencia de un deber legal de actuar; 2) La omisión de una actividad jurídica o material por parte de la Administración Pública; y 3) El contenido posible de ese deber legal. Así las cosas, observa ésta Juzgadora que en la presente causa han quedado plenamente demostrados los supuestos señalados. Precisamente el proceso en sede judicial así como en sede administrativa, viene a erigirse como el instrumento que se valen los justiciables para someter ante la jurisdicción la tutela de sus derechos e intereses, y el mismo se desarrolla sobre la base de ciertos principios que lo estructuran y lo convierten en el mecanismo idóneo a los fines señalados (art. 257 CRBV). Entre ellos encontramos el principio de igualdad de las partes en el proceso, siendo este uno de los garantes de una justicia accesible, idónea, equitativa y expedita (art. 26 CRBV). Es de enorme utilidad transcribir extracto de Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia “Ahora bien, en el supuesto de la solicitud de certificaciones, esta Sala sostuvo en el fallo Nº 1.323/2006, lo siguiente: (…) el planteamiento de pretensiones contra omisiones administrativas a través de la vía del recurso por abstención o carencia -que representa una vía procesal contencioso administrativa-, implica el movimiento del aparato jurisdiccional que no sólo genera el colapso de los órganos de justicia sino que causan perjuicio a las partes quienes deben acudir a un proceso para, como en el caso concreto, sólo obtener una constancia por parte de la Administración; por tanto, encuadrar una serie de manifestaciones de inactividades y omisiones administrativas, dentro del concepto de abstención, podría resultar contrario a los derechos de obtener oportuna y adecuada respuesta y a la tutela judicial efectiva, más cuando la petición dirigida a la Administración no viene a constituir derechos sino que se limita a obtener una certificación, necesaria para celebrar posteriores actos en los que es exigida, ello con apego a lo dispuesto en el Decreto Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos y de conformidad con el artículo 37 del Decreto con Fuerza de Ley de Registro Público y del Notariado, en sano y directo desarrollo del artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De manera tal que, si bien no se pretende que determinadas formas de omisión administrativa queden exentas de control contencioso administrativo porque existe medio procesal tasado que le dé cabida, en base a la urgencia y a la situación gravosa que pudieran originar, otras no pueden quedar exentas de control por la vía del amparo constitucional, por cuanto ello sería contrariar el espíritu de la norma contenida en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…)”. Sobre la base del criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, se evidencia “(…) de las diligencias consignadas en nombre de [su] representada los días 2/8/06, 14/8/06, 15/8/06, 24/8/06, 29/8/06, 6/9/06, 13/9/06, 10/10/06, 18/01/07, 15/3/07, 21/03/07, 29/3/07, 3/4/07, 18/4/07 y 9/5/07 [respecto de las copias certificadas], las cuales no han sido provistas, pese a existir una comunicación de fecha 17/11/06, Nº CJ-DC-472, emanada del Instituto Nacional de Tierras, en la cual se nos informa que en cinco días, nos darían las copias certificadas (…) siendo que a la presente fecha no nos han sido entregadas”, con lo cual efectivamente se verificó una violación del derecho a petición y oportuna respuesta consagrado en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece lo siguiente: (Omissis) Con relación al sentido y alcance del derecho consagrado en el citado artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de cómo éste se manifiesta entre los órganos o entes de la Administración y los administrados, esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en diferentes decisiones (Vid. Sentencias de esta Sala Nros. 2.073/2001, 4.275/2005 y 592/09, entre otras), en las cuales precisó que: “La disposición transcrita, por una parte, consagra el derecho de petición, cuyo objeto es permitir a los particulares acceder a los órganos de la Administración Pública a los fines de ventilar los asuntos de su interés en sede gubernativa. Asimismo, el artículo aludido, contempla el derecho que inviste a estos particulares de obtener la respuesta pertinente en un término prudencial. Sin embargo, el mismo Texto Constitucional aclara que el derecho de petición debe guardar relación entre la solicitud planteada y las competencias que le han sido conferidas al funcionario público ante el cual es presentada tal petición. De esta forma, no hay lugar a dudas, en cuanto a que la exigencia de oportuna y adecuada respuesta supone que la misma se encuentre ajustada a derecho, pero no implica necesariamente la obligación de la Administración de acordar el pedimento del administrado, sino sólo en aquellos casos en que el marco jurídico positivo permita al órgano de la Administración tal proceder, sobre la base de las competencias que le han sido conferidas”. De la norma y jurisprudencia parcialmente trascrita, la Sala advierte que el alcance de esta disposición comporta un derecho para los ciudadanos de obtener una respuesta, pero además que ésta sea adecuada y tempestiva; ello impone una obligación a cargo del órgano competente, de dar una respuesta no sólo oportuna, sino también congruente con lo solicitado, siempre que el requerimiento no sea contrario a derecho y se haga ante el funcionario, órgano u ente competente (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 706/06). En cuanto al requerimiento de que la respuesta no sea cualquiera sino la “adecuada”, se exige que el funcionario público dé una respuesta ajustada y apropiada a lo solicitado, sin que esto conlleve en modo alguno que sea afirmativa, negativa o exenta de errores, más bien significa que debe haber congruencia y relación directa con lo solicitado, lo que excluye las omisiones o “respuestas parciales”. ASIMISMO, EL TÉRMINO “OPORTUNA” ESTÁ REFERIDO A LA CONDICIÓN DE TIEMPO EN EL CUAL DEBE DARSE LA RESPUESTA, QUE EN TODO CASO DEBE SER EN EL LAPSO LEGALMENTE ESTABLECIDO O BIEN EN EL MOMENTO APROPIADO Y PERTINENTE, A FIN DE EVITAR QUE SE HAGA INÚTIL DICHA RESPUESTA POR EL RETARDO EN LA ACTUACIÓN DEL ÓRGANO LLAMADO A ATENDER TAL PEDIMENTO (Vid. Sentencia Nº 598/05). Siendo ello así, advierte la Sala que la disposición contenida en el artículo 51 constitucional lo que trata es proteger precisamente que la autoridad o funcionario competente responda específica y puntualmente el pedimento realizado por el solicitante en tiempo hábil. De ello resulta pues, que en el presente caso al igual que el a quo esta Sala concluye de los recaudos consignados por la parte accionada y de las exposiciones rendidas por las partes en la audiencia constitucional, que ciertamente, la quejosa, no ha recibido respuesta sobre las solicitudes formuladas, lo que constituye, evidentemente, una lesión al derecho constitucional a la oportuna y adecuada respuesta estatuido en el artículo 51 del Texto Fundamental. Así se declara. Ahora bien, aunado a las anteriores consideraciones se advierte que la accionante presentó copia simple del acto administrativo contenido en Punto de Cuenta: 000347 del 7 de septiembre de 2006, sesión Nº Ext. 22-06, del Directorio del Instituto Nacional de Tierras, sin que a la fecha haya podido obtener las copias simples y certificadas de la decisión o de la totalidad del expediente, lo cual constituyen circunstancias que a juicio de la Sala -y de forma particular en el caso concreto- permiten ser tuteladas por la acción de amparo interpuesta en los términos expuestos en sus sentencias Nros. 1.323/06 y 453/08. Por tanto, esta Sala en sintonía con los asertos contenidos en las decisiones antes referidas, considera que el criterio sostenido por el Juzgado Superior Accidental Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Zulia y Falcón al declarar parcialmente con lugar la presente acción de amparo constitucional, por considerar que el restablecimiento de la situación jurídica alegada como infringida se garantizaba mediante la simple orden a la Administración Agraria de dar respuesta a la solicitud planteada por la presunta agraviada, no se ajusta o individualiza al caso concreto, toda vez que la petición planteada ante la Administración no constituye un acto constitutivo de derecho, sino simplemente una solicitud de constancia, que además se erige en un acto reglado administrativo, ya que la Sala ha advertido que existen peticiones; solicitudes o trámites administrativos cuya urgencia y necesidad deviene en implícita, máxime aún su carácter reglado -Vid. La expedición de una cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte, certificados médicos y como en el caso concreto, una certificación de gravámenes- (Cfr. Sentencia de esta Sala Nº 1.323/06). En virtud de lo antes señalado, resulta forzoso para esta Sala declarar con lugar la apelación interpuesta y revocar el fallo dictado por el Juzgado Superior Accidental Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Zulia y Falcón el 20 de febrero de 2009, y, en consecuencia, declarar con lugar la presente acción de amparo y ordenar al Instituto Nacional de Tierras, la entrega de las respectivas copias certificadas “de la decisión tomada por” el Directorio del Instituto Nacional de Tierras, mediante el respectivo acto administrativo conclusivo, emanado de la sesión número Nº Ext. 22-06, Punto de Cuenta: 000347 del 7 de septiembre de 2006, “que declaró la improcedencia de la denuncia de tierras ociosas sobre el Fundo Agropecuario San José de la Mantilla (…), como también la entrega física de las copias certificadas del expediente identificado bajo el Nº 03-023-013-0098-TO de la nomenclatura llevada por la Oficina Nacional de Tierras del Estado Zulia”, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la presente decisión. Así se declara.” (Negritas y mayúscula sostenida agregadas por este Sentenciador) De las alegaciones y el material probatorio, en específico de las copias referidas a procedimiento por ante la Inspectoría del Trabajo, se nota la existencia de la causa administrativa signada 080-01-2012-04785, de la Inspectoría del Trabajo Cesar Pipo Arteaga del Estado Carabobo, y que en la misma no ha habido el pronunciamiento definitivo a favor o en contra de la petición de la parte recurrente, muy a pesar de que la causa se encuentra en el señalado estadio procesal de decidir. En este sentido, se estima pertinente transcribir el extracto siguiente respecto a las dilaciones indebidas, aplicable por demás tanto a los procedimientos por ante Tribunales, así como por ante los órganos administrativos patrios: “El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas comprende, ya en su formulación constitucional, dos conceptos jurídicos indeterminados: dilaciones e indebidas. Esta técnica legislativa se produce cuando la norma no determina con exactitud los límites de esos conceptos porque se trata de conceptos que no admiten una cuantificación o determinación rigurosas, pero en todo caso es manifiesto que se están refiriendo a un supuesto de la realidad que, no obstante la indeterminación de tales conceptos, admiten ser precisados en el momento de la aplicación. En consecuencia, y al objeto de perfilar los límites de tales nociones, el T.C. (Tribunal Constitucional), siguiendo la doctrina creada por el T.E.D.H. (Tribunal Europeo de los Derechos Humanos), ha establecido unos criterios, más o menos objetivos, dirigidos a la constatación en cada caso concreto, de la existencia de una dilación indebida en la tramitación de un proceso judicial. Tales criterios son fundamentalmente, los siguientes: el exceso de trabajo del órgano jurisdiccional; la defectuosa organización , personal y material de los Tribunales; el comportamiento de la autoridad judicial; la conducta procesal de la parte; la complejidad del asunto; y la duración media de los procesos del mismo tipo.” (PICO I JUNOY, Joan. LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO. Barcelona – España. J.M BOSCH EDITOR, 1997. 173 P, p.121 y 122). Para el caso sub iudice, y como se ha señalado en párrafos previos, la normativa prevé las pautas para lograr una decisión frente a las peticiones de los administrados, es decir, el resolver en el lapo de diez (10) días hábiles, posteriores a la presentación de las conclusiones. Y frente a ello, ciertamente en la práctica, y en honor a la verdad, pueden haber situaciones que se opongan a la adecuada respuesta, como lo es el exceso de trabajo, o errores involuntarios en la agenda, incluso omisiones, lo cual en ninguna forma puede verse como una excusa, sino como una visión amplia del panorama. Esto aunado al hecho de que la Inspectoría del Trabajo Cesar Pipo Arteaga ha, incumplió con el requerimiento del Tribunal de que presentase Informe sobre la causa de la demora, omisión y/o abstención; dicho informe que debió presentarse en un lapso no mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir de que constase en autos la citación del ente en referencia, lo que evidencia a todas luces, una conducta contumaz, que no se explica, siendo que además no se presentó en forma alguna a los actos de la presente causa. Esta situación sin duda es violatoria del contenido del artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y hace procedente el recurso de abstención o carencia, en el sentido propio, vale decir, tratándose de una materia de orden público, y en aplicación del Principio IURA NOVIT CURIA, conforme al cual el Juez conoce el Derecho, se ORDENA a la Inspectoría del Trabajo Cesar Pipo Arteaga del Municipio Valencia del Estado Carabobo, pronuncie decisión favorable o no a la solicitud incoada por la parte recurrente en cuanto a; 1. Que se dicte la correspondiente certificación a los efectos del cierre en sede administrativa de la causa tal como lo establece el artículo 425 ordinal 09 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. 2. Que se dé indicio a los procedimientos por incumplimiento de la LOTTT por desacato contra la empresa DIMAX CAPITAL, C.A, dado el estado de contumacia y visto el finiquito o finalización del procedimiento administrativo conforme al artículo 425 ordinal 06 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. 3. Que se dé inicio al procedimiento sancionatorio conforme a lo establecido en los artículos 531, 532, 533 y 547 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. Por tanto. se concede a la Inspectoría del Trabajo Cesar Pipo Arteaga del Municipio Valencia Estado Carabobo, el lapso de quince (15) días hábiles para pronunciar la decisión, computados desde la notificación del presente fallo, para el cumplimiento de la misma, esto so pena de incurrir en DESACATO JUDICIAL. Esto es así, toda vez que se estima que ese lapso previsto es el suficiente y adecuado para dar una oportuna y adecuada respuesta conforme lo prevé el artículo 51 constitucional. Es este el camino conforme a derecho y justicia, siendo que la naturaleza del Recurso es el respeto a la oportuna y adecuada respuesta, no el suplir las funciones de entes, conformantes de la Administración, lo correcto de acuerdo a los hechos y el derecho es ordenar que la Inspectoría del Trabajo cese en su omisión y pase a decir la solicitud de calificación de falta. No está de más subrayar que el indicado ente, ha incurrido además en contumacia, al no remitir a este Tribunal la información requerida, esto es, presentare Informe sobre la causa de la demora, omisión y/o abstención. Al tiempo sin perder la imparcialidad ni la impartialidad, respeta y comprende este servidor público la posición de la parte recurrente que ha sufrido la abstención o carencia de la administración pública, en concreto de la Inspectoría del Trabajo Cesar Pipo Arteaga del Estado Carabobo, e incluso, se comparte como verosímil el que un Tribunal en casos determinados pueda directamente resolver una situación sin necesariamente ordenar al ente administrativo en mora (abstención) que de la respuesta adecuada, empero no se cree que el presente sea uno de esos casos de excepción, pues no puede perderse de vista que nos encontramos en un Estado Democrático de Derecho y de Justicia, lo que traduce que debemos estar todos sumidos al imperio de la Ley, no por encima de ella, pues tarde o temprano ello se revierte, ocasionando inseguridad jurídica, desconfianza, etc. En el marco de la situación sometida a consideración, la Inspectoría morosa debe dar respuesta, y en ello se subraya que ya se ha cumplido con el procedimiento administrativo sólo resta la decisión. En ese orden, lo más sano es que se pronuncie la misma y a posteriori, las partes de acuerdo a la estructura procedimental, ejerzan si a bien tienen los recursos pertinentes, y no que este Tribunal se subrogue la tarea de la Inspectoría, menos aún en el contexto patrio en el que legalmente se ha diseñado una construcción normativa que bien por estabilidad o inamovilidad le da un rol protagónico a la Inspectoría del Trabajo. Se trata de una manifestación de que el Derecho es un todo sistematizado, es un sistema, (argumentos sistemático o hipótesis del derecho ordenadamente dispuesto y de por sí ordenado), de acuerdo a lo cual debe entenderse al derecho como algo ordenado y que sus diferentes partes conforman un sistema, cuyos elementos pueden interpretarse en función del contexto en que se insertan. Así para lograr los fines del Estado, todos quienes conforman el Sistema de Justicia deben ejercer de manera oportuna y adecuada el papel que corresponda, lo cual nunca va a derivar en una “Justicia Perfecta”, más sin embargo, uniendo el esfuerzo de la producción de las nuevas normas como lo son la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras (LOTT), la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT), así como la la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA), entre otras normas de aplicación en materia laboral y que tienen un enorme impacto social, hemos de unir esfuerzos para que no se conviertan en normas vigentes pero no aplicadas, vale decir, “letra muerta”, pues en definitiva estaríamos arando en el desierto, dándole la espalda a la sociedad. Es por ello, que en obsequio al Derecho y la Justicia que cada quien debe adecuadamente ejercer el rol que tiene designado en este momento histórico. De modo que, de acuerdo a lo alegado y probado, en la presente causa, las denuncias de violaciones, en pro de la obtención del Recurso de abstención o carencia resultan acreditadas y suficientes para lograr prospere el recurso, y en tal sentido, se declara CON LUGAR EL RECURSO DE ABSTENCIÓN O CARENCIA, lo cual se determinará de manera expresa, positiva y precisa en la parte dispositiva del fallo. Así se decide.- No hay condenatoria en COSTAS de la parte Demandada o Recurrida, en virtud de los Privilegios Procesales. Así se decide. Así mismo, a los fines de salvaguardar y preservar los derechos que le puedan corresponder a la República Bolivariana de Venezuela en este proceso, se ordena la notificación al Procurador(a) General de la República, conforme lo estatuye el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en concordancia con el artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; y transcurrido el lapso de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la consignación en el expediente de la respectiva constancia, se tiene por notificado el Procurador o Procuradora General de la República y se inician los lapsos para la interposición de los recursos a que haya lugar. Asimismo se ordena la notificación de la presente Sentencia Definitiva a la Inspectoría del Trabajo Cesar Pipo Arteaga de los Municipios San Diego, Naguanagua, Parroquias San José, San Blas, Catedral y Rafael Urdaneta del Municipio Valencia del Estado Carabobo y ala Recurrente ciudadana: YRAIDA ISABEL ARTEGA FLORES en el domicilio que señala en el recurso y el cual es; calle Páez Edificio Tony Piso 1, Apartamento 2 Parroquia San Blas Municipio Valencia Estado Carabobo. DISPOSITIVO Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, administrando justicia por autoridad de la Ley, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, declara: CON LUGAR el Recurso Por Abstención o Carencia incoado por la ciudadana: YRAIDA ISABEL ARTEAGA FLORES , cedula de identidad Nª 17.777.804 , asistida por el Abogado: DARIO EMILIO DURAN LOPEZ. IPSA.: 118. 366 en contra de la Inspectoría del Trabajo Cesar Pipo Arteaga de los Municipios San Diego, Naguanagua y las Parroquias San José, San Blas, Catedral y Rafael Urdaneta del Municipio Valencia Estado Carabobo, por no OTORGAR OPORTUNA Y ADECUADA RESPUESTA AL NO PRONUNCIARSE SOBRE LA SOLICTUD DEL INICIO DEL PROCEDIMEINTO SANCIONATORIO CONTRA LA EMPRESA DIMAX CAPITAL C.A. En consecuencia: PRIMERO: Se ORDENA a la Inspectoría del Trabajo Cesar Pipo Arteaga de los Municipios San Diego, Naguanagua, Parroquias San José, San Blas y Catedral y Rafael Urdaneta del Municipio Valencia del Estado Carabobo: Que se dicte la correspondiente certificación a los efectos del cierre en sede administrativa de la causa tal como lo establece el artículo 425 ordinal 09 de la Leo Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras .Que se dé indicio a los procedimientos por incumplimiento de la LOTTT por desacato contra la empresa DIMAX CAPITAL, C.A, dado el estado de contumacia y visto el finiquito o finalización del procedimiento administrativo conforme al artículo 425 ordinal 06 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. Que se dé inicio al procedimiento sancionatorio conforme a lo establecido en los artículos 531, 532, 533 y 547 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. SEGUNDO: Se concede a la Inspectoría del Trabajo Cesar Pipo Arteaga de los Municipios San Diego, Naguanagua, Parroquias San José, San Blas, Catedral y Rafael Urdaneta del Municipio Valencia del Estado Carabobo, un lapso de quince (15) días hábiles para pronunciar la decisión, computados a partir de la notificación del presente fallo, so pena de incurrir en DESACATO JUDICIAL. No hay condenatoria en COSTAS de la parte Demandada o Recurrida, en virtud de los Privilegios Procesales. Así se decide. Asimismo, se deja constancia que la parte Recurrida, La República Bolivariana de Venezuela por Órgano del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social a través de la Inspectoría del Trabajo Cesar Pipo Arteaga de los Municipios San Diego, Naguanagua, Parroquias San José, San Blas, Catedral y Rafael Urdaneta del Municipio Valencia del Estado Carabobo, no participó activamente en la causa, no teniendo apoderado acreditado en autos. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y OFICIESE. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del Artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se le ordena a la Secretaría se libre el oficio correspondiente, dándole exacto cumplimiento a lo aquí ordenado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 numeral 1 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO CARABOBO a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil catorce (2014).- Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación. Asimismo se ordena la notificación de la presente Sentencia Definitiva a la Inspectoría del Trabajo Cesar Pipo Arteaga de los Municipios San Diego, Naguanagua, Parroquias San José, San Blas, Catedral y Rafael Urdaneta del Municipio Valencia del Estado Carabobo y a la Recurrente ciudadana: YRAIDA ISABEL ARTEGA FLORES en el domicilio que señala en el recurso y el cual es; calle Páez Edificio Tony Piso 1, Apartamento 2 Parroquia San Blas Municipio Valencia Estado Carabobo. LA JUEZ DRA. CAROLA DE LA TRINIDAD RANGEL. H.D.D DR. DAVID ROJA.EL SECRETARIO. En la misma fecha, y estando presente en el lugar destinado para Despachar la ciudadana Juez, y siendo las tres y veinticuatro minutos de la tarde (03:24 p.m.), se dictó y publicó el fallo que antecede DR. DAVID ROJAS EL SECRETARIO.