REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara Barquisimeto, 20 de Junio de 2014 204º y 155º ASUNTO: KP02-V-2012-0003563 DEMANDANTE: SERVICIOS PROGRAMADOS DE COMPRAS C.A, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripciòn Judicial del estado Lara, bajo el Nª 26, Tomo 28-A, de fecha 22 de abril de 2009, represenrada por la ciudadana GLORIA ESPERANZA GOMEZ ALVARADO titular de la cédula de identidad Nª V- 4.698.008. ABOGADO DE LA PARTE DEMANDANTE: CESAR AUGUSTO BRITO LEÒN y ALFREDO ANTONIO DEFENDINI PEREZ inscritos en el IPSA bajo los Nros.: 158.874 y 95.569. DEMANDADOS: CARLOS FELIPE BALLESTEROS, venezolano, titular de la cédula de identidad Nro: V- 7.416.310.. MOTIVO: RECUPERACIÒN DE VEHÌCULO (PERENCION) El presente juicio RECUPERACIÒN DE VEHÌCULO, se inició mediante libelo de demanda interpuesto por los abogados CESAR AUGUSTO BRITO LEÒN y ALFREDO ANTONIO DEFENDINI PEREZ en su condiciòn de apoderados judiciales de la firma mercantil SERVICIOS PROGRAMADOS DE COMPRAS C.A contra: CARLOS FELIPE BALLESTEROS, todos arriba identificados. Sin embargo, revisada como ha sido la causa, se constata que la última actuación efectuada por la parte actora fue en fecha 13 de marzo de 2013 donde por medio de diligencia los apoderados de la parte actora desisten del procedimiento, contestando a ello el Tribunal en fecha 18 de abril de 2013 indicandole a los diligenciantes que en el poder consignado no consta cualidad para desistir. Al respecto señala el procesalista RICARDO HENRÍQUEZ LA ROCHE en su obra Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Civil “El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. (…) La función pública del proceso exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente hasta su meta natural que es la sentencia”. Por su parte, GIUSSEPE CHIOVENDA, citado por CARLOS COLOMBO, en su obra Código Comercial y Civil de la Nación, indica que la inactividad procesal, libera a los órganos del Estado de las obligaciones que se derivan de la existencia de un juicio evitando que se mantenga por tiempo indefinido la incertidumbre que trae aparejada a las partes la iniciación de proceso. Así observa quien este juzga que este asunto se encuentra paralizado, evidenciándose un total abandono de la causa y cumpliéndose en consecuencia con las previsiones legales contempladas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que: “Toda Instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...”, en concordancia con el artículo 269 ejusdem, en donde se dispone que la perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes, lo que significa que es de orden público y no requiere para su declaración, solicitud por parte de alguno de los sujetos procesales, siendo necesario que se verifique si se han dado las condiciones necesarias para que se produzca, esto es, la existencia de una instancia, la inactividad procesal y el transcurso del tiempo señalado en la disposición legal. En cuanto al primer requisito, es evidente que existe el supuesto que este es un procedimiento válidamente interpuesto; en relación a la inactividad procesal, también consta de las actas del expediente, ya que no fue suscrita por el demandante ninguna diligencia donde se impulsara el proceso; por último también está evidenciado de los autos el tercer elemento, esto es, el transcurso del tiempo, ya que desde el 13 de marzo de 2013, hasta la presente fecha ha transcurrido más de un año sin actividad procesal, por lo que a juicio de quien dictamina es procedente declarar PERIMIDA, la presente instancia y así se establece. En consecuencia, por las razones antes expuestas, este Tribunal Administrando Justicia, en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara PERIMIDA la presente instancia, de conformidad con los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil. Se da por terminado el presente juicio y se ordena el archivo del expediente, una vez quede firme la presente sentencia. No hay condenatoria en costas en razón de lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. La Juez Temporal: Abg. Emma García La Secretaria Abg. Ilse Gonzales ECG/ig/cq.