REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE TRIBUNAL DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS PARTE ACTORA Sociedad Mercantil TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA, de este domicilio e inscrita en el Registro Mercantil Séptimo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 03 de octubre de 2011, bajo el Nº 25, Tomo 223-A VII a través de su apoderado judicial abogado Odalis Romero Cedeño inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 16.715. APODERADOS JUDICIALES: Ciudadana ODALIS ROMERO CEDEÑO, abogada en ejercicio, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 16.715. PARTE DEMANDADA Ciudadano JOSÉ FÉLIX BARRON DE LA VEGA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.954.682. No consta en autos apoderado judicial. MOTIVO RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO TIPO DE SENTENCIA: Interlocutoria con Fuerza Definitiva. MATERIA: Civil EXPEDIENTE: AP31-V-2012-000810 -I- DE LAS ACTUACIONES PROCESALES Se inicia el presente procedimiento mediante libelo de demanda interpuesto por la abogada ODALIS ROMERO CEDEÑO, actuando en nombre y representación de la Sociedad Mercantil TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA, presentado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con sede en los Cortijos en fecha 10/05/2012, correspondiéndole el conocimiento de la causa a este Tribunal, siendo recibida en fecha 11/05/2012. En fecha 21/05/2012 fue admitida la presente demanda conforme al procedimiento previsto en el artículo 21 de la Ley sobre Ventas con Reserva de Dominio y 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ordenándose la citación de la parte demandada. En fecha 05/06/2012 se libró compulsa de citación a la parte accionada, siendo consignada en fecha 28/06/2012 sin firmar por el Alguacil Titular de la Unidad de Alguacilazgo. En fecha 08/08/2012 compareció la parte actora solicitando se libraran carteles a la parte demandada, siendo librados los mismos por este Tribunal en fecha 21/09/2012. En fecha 14/12/2012 este Tribunal dejó constancia del cumplimiento de la última formalidad establecida en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. -II- DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...”; Por otro lado, dispone el artículo 269 eiusdem, lo siguiente: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal...”. En las disposiciones antes transcritas, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción. La perención de acuerdo al encabezado del artículo 267 ibídem, es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de un año, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbres los derechos privados. En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis al vencimiento del plazo de un año de inactividad y no desde el día en que es declarada por el juez, ya que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procesales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público. Entre los casos previstos en los cuales operaría la perención como consecuencia del comportamiento negligente de las partes, se encuentra pautado por la Ley, una sanción a la inactividad del actor, en el sentido de que siendo el interesado en impulsar el proceso, a los fines de que se efectúen las diferentes etapas procesales hasta llegar a una sentencia acerca del mérito de la causa; la falta de manifestación de ese interés propio, es sancionada con la perención y adicionalmente, con la previsión contenida en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, esto es; la inadmisibilidad “pro tempore” de la nueva demanda. En el presente caso, la parte actora ha debido ser diligente a objeto de impulsar el proceso y solicitar la designación de Defensor Ad Litem a la parte demandada, ya que desde el 14 de diciembre de 2012, fecha en que la Secretaria de este Tribunal dejó constancia del cumplimiento de las formalidades de acuerdo con el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil hasta la presente fecha, no ha habido ninguna actuación de la parte accionante en la presente causa, razón por la cual queda evidenciada así la falta de impulso procesal, paralizándose la causa por más de un (1) año, debiendo este Tribunal de oficio declarar la perención de la instancia por haber transcurrido más de un (1) año de inactividad de la parte actora, sin que realizara ningún tipo de actuación de impulso o gestión del proceso, que interrumpiera dicha perención. Así se decide. -III- DISPOSITIVA Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este TRIBUNAL DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, en concordancia con lo establecido en el artículo 269, ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia establecida en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. En la ciudad de Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de junio del año dos mil catorce (2014). AÑOS 204° DE LA INDEPENDENCIA y 155° DE LA FEDERACIÓN. LA JUEZA DAYANA ORTÍZ RUBIO LA SECRETARIA BLENDY BARRIOS En esta misma fecha se registró y publicó la anterior decisión, siendo las dos y diez minutos de la tarde (02:10 p.m). LA SECRETARIA BLENDY BARRIOS DOR/BB/Csperezg AP31-V-2012-000810