TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 12 de Mayo de 2014
204º y 155º
ASUNTO: AP11-F-2009-000813
SOLICITANTES: los ciudadanos MARIA ELAIZA TOBIA DE VIVENES, EIBA CAROLINA VIVENES TOBIA, JAVIER ANDRÉS VIVENES TOBIA, FERMIN FERNANDO VIVENES DAM, CARLOS ENRIQUE VIVENES DAM y CESAR ENRIQUE VIVENES SIERRAALTA, venezolanos, mayores de edad y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-3.733.629, V-17.962.100, V-20.653.471, V-16.640.275, V-17.603.212 y V-13.943.708, respectivamente.
APODERADOS DE LOS SOLICITANTES: los ciudadanos CELENIA ORTIZ DE FIGUERA y LUÍS RAMÓN SALAZAR FLORES, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 11.283 y 11.951 respectivamente.
MOTIVO: PARTICIÓN AMISTOSA
-I-
Se inicia el presente proceso mediante escrito presentado en fecha 13/05/2005 ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, correspondiéndole, mediante sorteo, al Juzgado Segundo de este Circuito Judicial.
En fecha 20 de junio de 2005, el prenombrado juzgado declinó su competencia a la Sala de Juicio de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente con sede en Caracas.
En fecha 26 de julio de 2005, el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en Sala de Juicio, admitió la demanda. En esa misma fecha le libró edicto y las boletas de notificación.
En fecha 24 de enero de 2006, el apoderado de las partes solicitó se revoque por contrario imperio el auto de admisión. En fecha 20 de febrero de 2006, el Tribunal de la causa negó tal solicitud.
En fecha 29 de marzo de 2006, el Tribunal instó a la parte a nombrar un curador al menor adolescente JAVIER ANDRÉS VIVENES TOBIA.
En fecha 22 de junio de 2006 se designó curador especial a los menores partes del proceso, ELVIA CAROLINA y JAVIER ANDRÉS VIVENES TOBIA.
En fecha 18 de octubre de 2006, la ciudadana MARIA GUADALUPE TOBIA DE GOMEZ curadora especial designada, compareció ante el Tribunal y aceptó el cargo.
En fecha 18 de julio de 2007, el apoderado de la parte solicitó la declinatoria de competencia, toda vez que todos los herederos del de cujus pasaron a ser mayores de edad.
En fecha 03 de agosto de 2007, el Tribunal que conocía la causa declinó la competencia a la Jurisdicción Ordinaria en materia Civil.
En fecha 01 de julio de 2009 el Tribunal remitió el presente expediente a los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial.
En fecha 16 de septiembre de 2009, este Tribunal dio entrada al expediente y ordenó librar edicto a los herederos desconocidos del de cujus, librándose el edicto.
-II-
Este Tribunal, de una revisión de las actas que conforman el presente expediente, constata que en fecha 16 de septiembre de 2009, fecha en la cual este despacho le dio entrada al expediente y ordenó librar edicto a los herederos desconocidos del de cujus, hasta la presente fecha no consta en autos actuación alguna de parte, transcurriendo más de un año de inactividad en el en el proceso, verificándose así el supuesto contemplado en el encabezado del artículo 267 de nuestro Código de Procedimiento Civil, el cual reza:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. (…) ”

Es importante señalar que la perención de la instancia es un mecanismo anormal de terminación del proceso, que constituye, según el reiterado criterio de la jurisprudencia y la doctrina venezolanas, una sanción procesal, de orden público, a la inactividad de las partes la cual tiene su fundamento en dos motivos principales, según el doctrinario patrio Ricardo Henríquez La Roche, que son: 1) la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso, y 2) el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos, para ahorrar a los jueces deberes de cargas innecesarias.
En tal sentido, este Tribunal considera pertinente traer a colación el comentario del doctrinario EMILIO CALVO BACA, en su obra Código de Procedimiento Civil de Venezuela Comentado, sobre el artículo 269 de la referida norma:
“…La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.”
Comentario: “La perención de la instancia se verifica ope legis al vencerse el año de inactividad procesal atribuible a las partes. Cuando el juez la declara, se entiende que los efectos de la perención van a operar desde que se cumplió el año de paralización, esto es, se retrotrae al momento en que el plazo de la perención quedó cumplido, los efectos de actos procesales realizados por las partes después de cumplido el año que dispone la ley de ninguna manera va a significar convalidación o subsanación de la perención.
La norma contempla que el Juez puede declarar de oficio la perención, ello quiere decir que es una facultad que la ley le otorga al juzgador quien puede o no hacer uso de ella...”

Asimismo, nuestro Máximo Tribunal, en Sala de Casación Civil, mediante sentencia Nº RC.00702 de fecha 10/08/2007, con ponencia del Magistrado Luis Antonio Ortiz Hernández, (caso: Valerio Antenori contra Vicenzo D´Alice y Otra) estableció lo siguiente:
“(...)Quedando establecido con esta sentencia, que a criterio de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, la perención de la instancia opera de pleno derecho y puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma, ya que la sanción debe ser dictada tan pronto se constate la condición objetiva caracterizada por el transcurso de más de un año sin actuación alguna de parte en el proceso, salvo que la causa se encuentre en estado de sentencia, aclarando que el mencionado estado de sentencia es el referido a la sentencia de fondo (…)”

Asimismo, la figura de la perención es una institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por inactividad del proceso durante el lapso establecido por el legislador, siendo señalado por la Doctrina que esta es una de las formas anormales de terminación del proceso. Al Estado, no le interesa mantener indefinidamente los juicios, pues ello perturba la paz social, jurídica y económica de la colectividad otorgándose, en consecuencia, mecanismos legislativos que permiten a las partes emplear vías extrajudiciales.
El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. “(…)La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil(…)”.
Ahora bien, se desprende del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, se infiere que el legislador ha previsto con la misma sancionar la conducta omisiva del actor negligente que no impulsa el juicio que ha instaurado para que llegue a su culminación por los trámites procesales pertinentes, ya que tal conducta va contra el principio de economía procesal, que busca que éstos sean sustanciados y decididos en los lapsos pertinentes para ello, sin retrasos ni demoras injustificadas.
En el caso que nos ocupa, de una revisión realizada de las actas que conforman el presente expediente, se evidencia que, desde 16 de septiembre de 2009, fecha en la cual este despacho le dio entrada al expediente y ordenó librar edicto a los herederos desconocidos, hasta la presente fecha ha transcurrido más de un (1) año, sin que conste en autos que la parte haya impulsado en forma alguna la continuación del proceso. En consecuencia y en virtud de las circunstancias antes señaladas, concluye este Tribunal que en el caso bajo estudio se ha producido la perención anual en razón de no haberse ejecutado ningún acto de procedimiento en el transcurso de un año y así se decide.
-III-
En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el Ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo pautado en el Artículo 270 eiusdem, con la consecuencia establecida en el Artículo 271 ibídem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención.
SEGUNDO: NO SE CAUSARON costas en este asunto dada la naturaleza del fallo, a tenor de lo establecido en el Artículo 283 del Código Adjetivo Civil.
Publíquese, Regístrese, y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los doce (12) días del mes de mayo del año dos mil catorce (2014). Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
EL JUEZ,

Dr. LUÍS TOMÁS LEÓN SANDOVAL
EL SECRETARIO,

ABG. MUNIR SOUKI URBANO

En la misma fecha se publicó y registró el presente fallo siendo las 12:29 p.m.

EL SECRETARIO,

ABG. MUNIR SOUKI URBANO

ASUNTO: AP11-F-2009-000813