REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA




JUZGADO SUPERIOR SEXTO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, 06 de Mayo de 2.014.
Años 204º y 155º

Vista la diligencia presentada en fecha 28 de abril de 2.014 (f.269), suscrita por el abogado en ejercicio José Alejandro Pérez, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 115.651, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, ciudadanos DOMINGO PICCOLO FORTE y CELIDA OBALDO de PICCOLO, en el juicio que por Cumplimiento de Contrato de Opción de Compra Venta siguen contra la ciudadana NUNZIATA FORTE GAROFALO de IANNUZZI; mediante la cual anunció formal recurso de casación contra la sentencia dictada por esta Alzada en fecha 11 de abril de 2.014; éste Juzgado Superior observa, que el recurso de casación anunciado por la parte actora, fue ejercido en tiempo hábil para ello, toda vez que la oportunidad establecida en el artículo 314 del Código de Procedimiento Civil, comenzó a transcurrir el día 14 de abril de 2014, y venció el día 05 de mayo de 2.014, ambas fechas inclusive; por tanto el recurso de casación ejercido por la parte demandada el día 28 de abril de 2014, fue anunciado el sexto (6º) de los diez (10) días de despacho que disponen las partes para ejercer el mismo; en virtud de lo cual, el recurso de casación anunciado fue interpuesto en tiempo hábil, y debe considerarse tempestivo. Y ASÍ SE DECLARA.
Ahora bien, respecto las sentencias contra las cuales se puede proponer el Recurso de Casación, establece el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
Artículo 312: “…El recurso de casación puede proponerse:
1º Contra las sentencias de última instancia que pongan fin a los juicios civiles o mercantiles, cuyo interés principal exceda de doscientos cincuenta mil bolívares, salvo lo dispuesto en leyes especiales respecto de la cuantía (Negrillas y subrayado del Tribunal).

En el caso de autos, la decisión recurrida en casación es una sentencia definitiva dictada en un juicio de cumplimiento de contrato de opción de compra venta que fue tramitado por el procedimiento ordinario, en el cual se decidió lo siguiente:
“…Por las razones y consideraciones que anteceden, este JUZGADO SUPERIOR SEXTO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte actora en fecha 20 de noviembre de 2013 contra la sentencia de fecha 22 de marzo de 2012 dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio que por cumplimiento de contrato de opción de compra venta interpusieron los ciudadanos DOMINGO PICCOLO FORTE y CELIDA OBALDO de PICCOLO contra la ciudadana NUNZIATA FORTE GARÓFALO de IANNUZZI.
SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión recurrida de fecha 22 de marzo de 2012 dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; en consecuencia, se declara SIN LUGAR la demanda que por cumplimiento de contrato de opción de compra venta interpusieron los ciudadanos DOMINGO PICCOLO FORTE y CELIDA OBALDO de PICCOLO contra la ciudadana NUNZIATA FORTE GARÓFALO de IANNUZZI.
TERCERO: SE CONDENA EN COSTAS del recurso a la parte actora de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a las costas del juicio, se condena en costas a la parte actora por haber resultado totalmente vencida en el proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 ejusdem.
Por cuanto el presente fallo se dictó dentro del lapso legal establecido, no es necesaria la notificación de las partes.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE...”. (Negritas y subrayados del texto transcrito).

En virtud de ello, es procedente la admisión del recurso de casación anunciado contra el fallo definitivo dictado por esta Alzada en fecha 11 de abril de 2.014, por tratarse de una sentencia de última instancia, que pone fin al presente juicio; así se decide.
Sin embargo, también es indispensable para determinar la admisibilidad del recurso de casación aquí anunciado, que se considere la cuantía establecida en la demanda; lo cual consta en los autos, específicamente en el folio 05 del escrito libelar, en el cual se evidencia que la parte actora estimó la demanda en la suma de ciento dieciséis mil seiscientos sesenta y seis bolívares con sesenta y siete céntimos (Bs. 116.666,67), para el momento de interposición de la demanda, la cual fue realizada en fecha 03 de noviembre de 2008.
Cabe destacar por ésta sentenciadora, el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión de fecha 05 de mayo de dos mil seis (2006), caso SIDERÚRGICA DEL ORINOCO (SIDOR), C.A., en donde señaló:
“…El criterio expuesto en el fallo precedentemente transcrito fue reiterado en sentencia de la Sala Nº 1.573/05 (caso: “Carbonell Thielsen, C.A.”), mediante la cual se estableció en aras de preservar la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, que la cuantía necesaria para acceder a casación, debe ser la misma que imperaba para el momento en que se interpuso la demanda…omissis…
“(…) Al respecto, siendo uno de los pilares fundamentales de la justicia la confianza que tienen los particulares que un órgano del Poder Público, actúe de manera semejante a la que ha venido actuando, frente a circunstancias similares o parecidas, considera la Sala que las modificaciones posteriores que determinen el quantum necesario para acceder a la sede casacional, pueden afectar eventualmente a las partes, pues no están en capacidad de prever, las alteraciones que en el futuro puedan ocurrir en relación con esa situación y en caso de ser previsible, no tienen la seguridad que sucedan.
En tal sentido, esta Sala en aras de preservar la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, establece que la cuantía necesaria para acceder a casación, debe ser la misma que imperaba para el momento en que se interpuso la demanda, pues es en ese momento en el cual el actor determina el derecho a la jurisdicción y la competencia por la cuantía y por ello considera cumplido el quantum requerido por el legislador para acceder en sede casacional, pues las partes no están en disposición de prever las modificaciones de la cuantía a que hubiere lugar durante la tramitación del proceso para acceder en casación. Así se decide.
(…)De lo anterior se colige, que para acceder a la sede casacional de acuerdo con la referida ley la cuantía del juicio deberá exceder a las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.). Sin embargo, ante los incrementos anuales que sufre la unidad tributaria pudiera estar afectándose o limitándose la posibilidad de los administrados de acceder en casación ante las respectivas Salas del Tribunal Supremo de Justicia; en tal sentido, el Juzgador correspondiente deberá determinar -con base a los parámetros anteriormente expuestos- la cuantía exigida para el momento en que fue presentada la demanda, y en caso que la cuantía exigida sea la establecida en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, deberá calcularse la unidad tributaria vigente para el momento en el cual fue interpuesta la referida demanda. (Negrillas y Subrayado de éste Tribunal Superior).

Conforme con la citada doctrina de la Sala Constitucional, resulta indispensable -para determinar la admisibilidad del recurso de casación anunciado- tomar en consideración, la cuantía en la cual fue estimada la demanda al momento de su presentación; por ello, sí la cuantía exigida es la establecida en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, deberá calcularse la unidad tributaria vigente para el momento en el cual fue interpuesta la referida demanda.
En este sentido, se aprecia de los autos, que la parte demandante como ya se indicó, estimó la demanda en la suma de ciento dieciséis mil seiscientos sesenta y seis bolívares con sesenta y siete céntimos (Bs. 116.666,67).
Asimismo, se observa, que el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de la parte demandante, se hace con base a un escrito libelar presentado en fecha 03 de noviembre de 2.008; por lo cual, para ese momento, ya se encontraba en vigencia la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en cuyo artículo 86, se establece que para acceder a la sede casacional se exige una cuantía que exceda de las tres mil unidades Tributarias (3.000 U.T.), la cual, para la precitada fecha había sido reajustada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a razón de cuarenta y seis bolívares sin céntimos por unidad tributaria (Bs. 46,00 x 1 U.T.), conforme a lo establecido en la Providencia Administrativa Nº SNAT/2008/0062, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.855 de fecha 22/01/2008, cuya sumatoria alcanza la cantidad de ciento treinta y ocho mil bolívares (138.000,00 Bs.).
De ello resulta pues, que al estimarse la cuantía de la demanda por la parte actora en la cantidad de ciento dieciséis mil seiscientos sesenta y seis bolívares con sesenta y siete céntimos (Bs. 116.666,67), y tomando en cuenta, que para la fecha de la presentación del escrito libelar la Unidad Tributaria tenía un valor de Bs.46,00; en consecuencia, la presente demanda está valorada en 2.536,23 unidades tributarias (este valor se corresponde con la operación aritmética de dividir el monto total entre el valor de la unidad tributaria para el año 2008; es decir, Bs.116.666,67 divididos entre Bs.46,00 -valor de 1 U.T.- es igual a 2.536,23 unidades tributarias), lo cual demuestra que en el caso planteado la cuantía necesaria para la admisión del recurso de casación no está cumplida por ser menor a la establecida, lo que hace inadmisible el recurso extraordinario de casación interpuesto por el abogado en ejercicio José Alejandro Pérez, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, contra la sentencia dictada por esta Alzada el día 11 de abril de 2.014, en el juicio que por Cumplimiento de Contrato de Opción de Compra Venta interpusieran los ciudadanos DOMINGO PICCOLO FORTE y CELIDA OBALDO de PICCOLO contra la ciudadana NUNZIATA FORTE GARÓFALO de IANNUZZI. Así se decide.
DISPOSITIVA
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN anunciado contra la sentencia dictada por este Despacho Judicial en fecha 11 de abril de 2.014, por el abogado en ejercicio José Alejandro Pérez, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, en el juicio que por Cumplimiento de Contrato de Opción de Compra Venta interpusieran los ciudadanos DOMINGO PICCOLO FORTE y CELIDA OBALDO de PICCOLO contra la ciudadana NUNZIATA FORTE GARÓFALO de IANNUZZI.
Regístrese, publíquese y déjese copia de la presente decisión en el copiador de sentencias llevados por esta Alzada.
Dada, firmada y sellada en la sede del Despacho del Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; en la ciudad de Caracas, a los 06 días del mes de Mayo del año 2.014. Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación.
LA JUEZA,


Dra. ROSA DA SILVA GUERRA
LA SECRETARIA ACC.,


ABG. GLENDA M. SÁNCHEZ B.

En la misma fecha, se registró y publicó el presente fallo, siendo las 3:00 P.M.
LA SECRETARIA ACC.,


ABG. GLENDA M. SÁNCHEZ B.
RDSG/gmsb.
EXP. Nº AP71-R-2013-001157.