REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE TRIBUNAL DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS PARTE ACTORA Sociedad Mercantil TOYOTA SERVICE DE VENEZUELA C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Séptimo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 03 de octubre de 2001, bajo el N° 25,Tomo 223-A-VII. Apoderados Judiciales: Ciudadanos Ketty Matheus González y José Francisco Croquer Palima, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 33.334 y 119.706 respectivamente.. PARTE DEMANDADA Ciudadano RAFAEL MOLINA SEMPRUN, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-10.452.884. No consta en autos representación judicial. MOTIVO COBRO DE BOLÍVARES TIPO DE SENTENCIA: Interlocutoria con Fuerza Definitiva. EXPEDIENTE: AP31-V-2012-000416 -- I -- DE LAS ACTUACIONES PROCESALES Se inicia el presente procedimiento mediante escrito presentado por el abogado José Francisco Croquer Palima, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con sede en los Cortijos, en fecha 09 de marzo de 2012, el cual previa distribución de Ley, fue asignado su conocimiento, sustanciación y decisión a este Tribunal, siendo recibido en fecha 13 de marzo de 2012. A través de auto de fecha 21 de marzo de 2012, este Tribunal admite la presente causa y se instó a consignar los fotostátos relativos a la compulsa de citación dirigida a la parte demandada, así como los requeridos para la apertura del cuaderno de medidas, por lo que en cumplimiento a dicho auto, la representación de la parte actora consignó dichos fotostátos en fecha 27 de marzo de 2012 y librada la compulsa el 02 de abril de ese mismo año. En fecha 10 de abril de 2012, éste Tribunal libra exhorto y oficio N° 2012-0248 al Juzgado Distribuidor de Municipio de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Maracaibo a fin de practicar la citación de la parte demandada, ciudadano Rafael Molina Semprun, la cual fue retirada por el abogado José Croquer mediante diligencia de fecha 05 de junio de 2012. Por último, en fecha 12 de noviembre de 2012, vista exposición del alguacil del Tribunal donde manifiesta no poder localizar al ciudadano Rafael Molina Semprun se ordena su devolución por imposibilidad de su cumplimiento, a éste Tribunal. -- II -- DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...”; Asimismo, el artículo 269 eiusdem, señala: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal [...]”. En las disposiciones antes transcritas, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción. La perención de acuerdo al encabezado del artículo 267 ibídem, es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de un año, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbres los derechos privados. En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis al vencimiento del plazo de un año de inactividad y no desde el día en que es declarada por el juez, ya que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procesales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público. Entre los casos previstos en los cuales operaria la perención como consecuencia del comportamiento negligente de las partes, se encuentra pautado por la Ley, una sanción a la inactividad del actor, en el sentido de ser él, el interesado en que se perfeccione la citación del demandado, a los fines de poder entablar la relación jurídica procesal, la falta de manifestación de ese interés propio es sancionado con la perención y adicionalmente, con la previsión contenida en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, esto es; la inadmisibilidad “pro tempore” de la nueva demanda.- Ahora bien, en el caso sub examine se puede verificar que desde el 19 de diciembre de 2012, oportunidad en la cual se admitió la última reforma de demanda presentada por la apoderada judicial de la parte actora, transcurrió más de un (01) año sin que constara en autos que la parte actora haya impulsado el proceso, verificándose la paralización de la causa por más de un año. De manera que, ha quedado evidenciado en el presente caso la falta de impulso procesal por parte de la parte interesada, paralizándose la causa por más de un (01) año, debiendo este Tribunal de acuerdo con los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, de oficio declarar la perención de la instancia por haber transcurrido más de un (1) año de inactividad de la parte actora, sin que realizara ningún tipo de actuación de impulso del proceso, que interrumpiera dicha perención, por lo que no se podrá intentar de nuevo la presente demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención.- - III - DISPOSITIVA Por los razonamientos antes expuestos, este TRIBUNAL DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de un (01) año a contar desde el día 18 de febrero de 2013, oportunidad en la cual se recibió oficio N° 707-2012 emanado del Juzgado Primero de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante la cual remite constante de quince (15) folios útiles comisión contentiva de la práctica de la citación de la parte demandada., no constando en autos impulso procesal por dicha representación de darle continuidad a la presente causa, procediendo el supuesto de hecho contenido en el artículo 267, y el artículo 269, ambos del referido Código Procesal Civil. Debido, a la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. En la ciudad de Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de dos mil catorce (2014). Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación. LA JUEZA, Dra. DAYANA ORTIZ RUBIO LA SECRETARIA, Abg. BLENDY BARRIOS En esta misma fecha se registró y publicó la anterior decisión, siendo las once y cuarenta y cinco de la mañana (11:45 a.m.). LA SECRETARIA, Abg. BLENDY BARRIOS DOR/BB/AC AP31-V-2012-000416