REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO REGIÓN CAPITAL
204° y 155°
RECURRENTE: VICTOR MANUEL CORONEL BETANCOURT, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V- 20.156.443
REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL RECURRENTE: GUSTAVO RODRIGUEZ FERRER, PORFIRIO RUIZ LEANDRES, inscritos en el instituto de previsión social del abogado bajo los Nº 115.078 y Nº 154.734, respectivamente.
ORGANISMO RECURRIDO: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE GUARDIAS NACIONALES “CORONEL MARTÍN BASTIDAS TORRES”.
MOTIVO: QUERELLA FUNCIONARIAL (BAJA ACADEMICA).
Se inicia la presente causa mediante escrito presentado en fecha 17 de enero de 2013, por ante el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital (distribuidor de turno), por los abogados GUSTAVO RODRIGUEZ FERRER, PORFIRIO RUIZ LEANDRES, inscritos en el instituto de previsión social del abogado bajo los Nº 115.078 y Nº 154.734 respectivamente, actuando en carácter de apoderados judiciales de el ciudadano VICTOR MANUEL CORONEL BETANCOURT, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº. V- 20.156.443, contra la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE GUARDIAS NACIONALES “CORONEL MARTIN BASTIDAS TORRES”, por baja académica.
En fecha 22 de enero de 2013, el Juzgado Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, actuando en función de distribuidor, asignó al Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, el conocimiento para que conozca de la causa, siendo recibido por este Juzgado en esta misma fecha, y anotándose en el libro de causas bajo el Nº 3386-13.
En fecha 24 de enero de 2013, se ordenó reformular el presente recurso, el cual fue consignado en fecha 05 de noviembre de 2013.
En fecha 06 de noviembre de 2013, se ordenó nuevamente reformular el presente recurso.
En fecha 05 de noviembre de 2014, la Abogada Migberth Cella, en su carácter de Juez temporal se abocó al conocimiento de la causa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, con la advertencia que una vez transcurrido el lapso de tres (3) días de despacho siguientes a la publicación del auto, la causa continuará su curso procesal correspondiente.
Visto que la parte querellante no ha dado cumplimiento al auto de fecha 06 de noviembre de 2013, en cuanto a la reformulación del recurso contencioso administrativo funcionarial, este Juzgado concluye que una vez transcurrido más de un (1) año, se evidencia un desinterés en el impulso de la causa.
Ante tal circunstancia, se hace necesario para este Tribunal realizar las siguientes consideraciones:
El artículo 111 de la Ley del Estatuto de la Función Publica establece que en la materia no regulada en el Titulo VIII de la referida Ley, se aplicarán las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil; visto que la Ley especial nos regula lo referente a la Perención de la Instancia, este Juzgado acuerda aplicar supletoriamente lo contenido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil que establece:
Artículo 267: “toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención...”.
En consecuencia, al haber constatado que la presente causa se encuentra paralizada por mas de un (01) año, de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, citado ut supra, aplicable por mandato expreso del artículo 31 en concordancia con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa debe forzosamente declararse consumada la perención y extinguida la instancia y, así se declara.
Ahora bien, siguiendo el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre la procedencia o no de notificación de la parte afectada, contenido en sentencia de fecha 05 de agosto de 2004 estableció:
“… que la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año”, lo que implica que en poco o nada puede incidir cualquier alegato de la parte para enervar los efectos de su inactividad, que pudiese eventualmente sostener como consecuencia del llamado recibido a través del cartel, pues como se expresa aquella opera ipso jure. Aunado a ello, la falta de sentido práctico que sugiere ordenar notificar a una parte para quizás “avisarle” de la inmediata decisión que el Tribunal tomará, o de lo que es obvio, es decir, de su falta de interés o inactividad, o del incumplimiento de la carga que tenía y que como tal sólo a ella concernía cumplir.
Por otra parte, si se prefiere interpretar que la notificación es posterior a la decisión de perención, resulta igualmente absurdo ya que el Tribunal entonces estaría avisándole a la parte, cuya falta de interés precisamente motivó la declaratoria de perención, que el Tribunal está muy interesado, no obstante su desinterés, en que se interese de la decisión, para poder volver a “redecretar” o decretar “reperimida” la instancia...”

En consecuencia, al hacer el computo respectivo se evidencia que, desde el día 06 de noviembre de 2013, fecha en la cual este Juzgado admitió el presente recurso, hasta la presente fecha, ha transcurrido mas de un (01) año calendario, por lo tanto, al haber estado la presente causa paralizada por más de un (01) año de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, debe forzosamente declararse consumada la perención y extinguida la instancia y, así se declara.
DECISIÓN
En virtud de lo antes expuesto, este Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados GUSTAVO RODRIGUEZ FERRER, PORFIRIO RUIZ LEANDRES, inscritos en el instituto de previsión social del abogado bajo los Nº 115.078 y Nº 154.734 respectivamente, actuando en carácter de apoderados judiciales de el ciudadano VICTOR MANUEL CORONEL BETANCOURT, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº. V- 20.156.443, contra la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE GUARDIAS NACIONALES “CORONEL MARTIN BASTIDAS TORRES”, por baja académica.
Publíquese, regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, a los diecisiete (17) días del mes de noviembre del año dos mil catorce (2014). Año 204º de la Independencia y 155º de la Federación.
LA JUEZ TEMPORAL,

MIGBERTH CELLA.
EL SECRETARIO,

OSCAR MONTILLA.

En fecha diecisiete (17) de noviembre del año 2014, siendo las 11:00 a.m., se publicó y registró la presente decisión.
EL SECRETARIO,


OSCAR MONTILLA.
Exp. Nº 3386-13/MC/OM/jl