TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL DECIMO CUARTO DE MUNICIPIO, ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS

PARTE ACTORA
Ciudadana CAROLINA ZEA PUERTA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-6.188.717. APODERADA JUDICIAL: abogada LILI ZUTA PEREDA, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 84.576.

PARTE DEMANDADA
Ciudadana JINETH AZUCENA MANRIQUE AULAR, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.485.557. No consta en autos apoderado judicial.

MOTIVO
DESALOJO.

TIPO DE SENTENCIA: Interlocutoria con Fuerza Definitiva.

MATERIA: Civil

EXPEDIENTE: AP31-V-2010-000899.

- I -
DE LAS ACTUACIONES PROCESALES

Se inició el presente procedimiento mediante libelo de demanda presentado por la abogada LILI ZUTA PEREDA, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 84.576, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana CAROLINA ZEA PUERTA, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con sede en los Cortijos, en fecha 12 de marzo de 2010, el cual previa distribución de Ley, fue asignado su conocimiento, sustanciación y decisión a este Juzgado, siendo recibido en fecha 16 de marzo de 2010.
A través de auto de fecha 05 de abril de 2010, este Tribunal admitió la presente demanda por el procedimiento breve de conformidad con lo establecido en con los artículos 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada.
Mediante diligencia de fecha 27 de abril de 2010, la apoderada judicial de la parte actora consignó los fotostátos necesarios para la elaboración de la compulsa. Posteriormente el 04/05/2010, la mencionada apoderada judicial de la parte actora dejó constancia de haber suministrado los emolumentos necesarios para el traslado del Alguacil encargado de la práctica de la citación de la parte demandada, librándose la respectiva compulsa el 17/05/2010.
A través de diligencia de fecha 10/06/2010, la apoderada judicial de la parte actora solicitó se libre exhorto para la practica de la citación de la parte demandada; pedimento éste que le fue acordado mediante auto dictado el 22/06/2010.
Mediante diligencia de fecha 02/12/2010, la apoderada judicial de la parte actora solicitó se le designara correo especial y se le certificaran copia a los fines de llevarlas al Tribunal comisionado, en virtud del tiempo transcurrido sin haber obtenido respuesta alguna en cuanto a la citación encomendada; siendo así el 13/01/2011, este Tribunal dictó auto mediante el cual libró oficio al Juzgado Distribuidor de Municipio, del Municipio Urdaneta del Estado Miranda a los fines de solicitarle a la brevedad posible las resultas contentivas de la practica de la citación dirigida a la ciudadana JINETH AZUCENA MANRIQUE AULAR, parte demandada en la presente causa.
El 20/01/2011, la apoderada judicial de la parte demandada dejó constancia de haber retirado el oficio librado.
Mediante auto dictado el 16/05/2011 este Órgano Jurisdiccional dictó auto mediante el cual de conformidad con la entrada en vigencia del decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria Publicado en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela en fecha 06 de mayo de 2011, bajo el Nº 39668, acordó suspender temporalmente el presente juicio.

- II -
DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA

El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo.
El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...”
Asimismo, el artículo 269 eiusdem, señala:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal”

En las disposiciones antes transcritas, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción. La perención de acuerdo al encabezado del artículo 267 ibidem, es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de un año, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbres los derechos privados.
En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis al vencimiento del plazo de un año de inactividad y no desde el día en que es declarada por el juez, ya que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procesales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público.
Entre los casos previstos en los cuales operaria la perención como consecuencia del comportamiento negligente de las partes, se encuentra pautado por la Ley, una sanción a la inactividad del actor, en el sentido de ser él, el interesado en que se perfeccione la citación del demandado, a los fines de poder entablar la relación jurídica procesal, la falta de manifestación de ese interés propio es sancionado con la perención y adicionalmente, con la previsión contenida en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, esto es; la inadmisibilidad “pro tempore” de la nueva demanda.
Ahora bien, en el caso sub examine desde el 16/05/2011, oportunidad en la cual este Órgano Jurisdiccional dictó auto mediante el cual de conformidad con la entrada en vigencia del decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria Publicado en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela en fecha 06 de mayo de 2011, bajo el Nº 39668, acordó suspender temporalmente el presente juicio, hasta la presente fecha, se pudo constatar que la parte interesada, no compareció ante este Tribunal a fin de impulsar la presente causa y darle continuidad al proceso, por lo que han transcurrido más de tres (03) años sin impulso por parte de la accionante, razón por la cual, en el presente caso ha operado de pleno derecho la perención anual.
De manera que, ha quedado evidenciado en el presente caso la falta de impulso procesal por parte del accionante, paralizándose la causa por más de un (01) año, debiendo este Tribunal de acuerdo con los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, declarar la perención de la instancia por haber transcurrido más de tres (03) años de inactividad de la parte actora, sin que realizara ningún tipo de actuación de impulso o gestión del proceso, que interrumpiera dicha perención, por lo que no se podrá intentar de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención.

- III -
DISPOSITIVA

Por los razonamientos antes expuestos, este TRIBUNAL DECIMO CUARTO DE MUNICIPIO, ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de tres (03) años a contar desde el 16/05/2011, oportunidad en la cual este Órgano Jurisdiccional dictó auto mediante el cual de conformidad con la entrada en vigencia del decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria Publicado en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela en fecha 06 de mayo de 2011, bajo el Nº 39668, acordó suspender temporalmente el presente juicio, hasta la presente fecha, sin impulso procesal, procediendo el supuesto de hecho contenido en el artículo 267, y el artículo 269, ambos del referido Código de Procedimiento Civil, por lo que se declara consumada la perención anual en la presente causa, con la consecuencia establecida en el artículo 271 eiusdem.
Debido, a la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL DECIMO CUARTO DE MUNICIPIO, ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. En la ciudad de Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de Noviembre de dos mil catorce (2014). Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación.
LA JUEZA,

Abg. DAYANA ORTIZ RUBIO.
LA SECRETARIA ACC,

DAMALYS OSORIO.

En esta misma fecha se registró y publicó la anterior decisión, siendo la una y veinticinco minutos de la tarde (1:25 a.m.).

LA SECRETARIA ACC,

DAMALYS OSORIO.

DOR/CP/damalys.-
AP31-V-2010-000899.-