REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL Exp. Nº KP02-N-2012-000614 En fecha 23 de noviembre de 2012, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos No Penal de Barquisimeto, escrito contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por las ciudadanas Elizabeth Graciana Pérez y Adrianys Rosangel Higuera, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 104.210 y 121.564, respectivamente, actuando con el carácter de apoderadas judiciales del ciudadano FREDDY RAFAEL RODRIGUEZ REYES, titular de la cédula de identidad Nº 7.546.835; contra la “ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PÁEZ DEL ESTADO PORTUGUESA”. En fecha 03 de diciembre de 2012, se recibió en este Juzgado el mencionado escrito y el día 04 del mismo mes y año, se admitió el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado, ordenando con ello las citaciones y notificaciones correspondientes; todo lo cual fue librado en fecha 10 de enero de 2013. Luego en fecha 23 de julio de 2014, se recibió escrito de contestación por parte de la representación judicial de la parte querellada ciudadana Milagro Sarmiento, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 78.947, actuando en su condición de apoderada judicial del Municipio Páez del Estado Portuguesa, conforme se constata de autos. En fecha 28 de julio de 2014, este Juzgado por medio de auto, dejó constancia del vencimiento del lapso fijado para la contestación, pautando al quinto (5º) día de despacho siguiente, la oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar. Así en fecha 05 de agosto de 2014, siendo la oportunidad fijada para ello, se realizó la audiencia preliminar del asunto dejando constancia en acta de la comparecencia de la representación judicial de la parte querellada consignando el expediente administrativo respectivo. En la misma se solicitó la apertura del lapso probatorio, lo cual fue acordado por este Juzgado. En fecha 13 de agosto de 2014, mediante auto se dejó constancia que en fecha 12 del mismo mes y año venció el lapso probatorio sin que las partes promovieran prueba alguna. Así mismo en esta misma fecha se fijó al quinto (5º) día de despacho siguiente, la oportunidad para la celebración de la audiencia definitiva. Seguidamente en fecha 19 de septiembre de 2014, se abocó al conocimiento de la causa el abogado José Ángel Cornielles, dejando así transcurrir el lapso de cinco (5) días de despacho para que las partes en juicio ejercieran su derecho a recusación si lo consideraban pertinente; y fenecido el lapso antes descrito, el proceso se reanudaría al estado en que se encontraba, es decir, para celebrar la audiencia ya fijada en el caso de marras. Así el día 29 de septiembre de 2014, siendo la oportunidad fijada para ello, se celebró la audiencia definitiva del asunto, encontrándose presente sólo la representación judicial de la parte querellada. En la misma se difirió por un lapso de cinco (05) días de despacho, el dictado del dispositivo del fallo, vencido el cual se publicaría el correspondiente fallo in extenso. Seguidamente el día 06 de octubre de 2014, se declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado. Finalmente, revisadas las actas procesales y llegada la oportunidad de dictar sentencia definitiva en el asunto, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir previa las consideraciones siguientes: I DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL En fecha 23 de noviembre de 2012, la parte representación de la parte querellante, ya identificada, presentó escrito libelar y sus anexos por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (No Penal) de Barquisimeto, con base a los siguientes alegatos: Que, “(...) se desempeña como Inspector I, adscrito a la Coordinación de Áreas Verdes para la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PÁEZ DEL ESTADO PORTUGUESA, desde el 10 de agosto del 2.001, en una jornada de trabajo de lunes a viernes, y en un horario comprendido entre las 8:00am a 12:00m y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. (…)”. Que, “(...) como quiera que este beneficio fue suspendido tanto a la masa trabajadora de obreros, como de empleados al servicio de la Alcaldía de Páez, es por lo que invoc[a] en esta oportunidad demandas (sic) que fueron interpuestas para el reclamo del beneficio de alimentación que les fuera cercenado, obteniendo los mismos el reconocimiento de su procedencia (...)”. Al efecto, hace alusión a sentencias emitidas por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Laboral del Estado Portuguesa, por el Tribunal Superior del Trabajo del Estado Portuguesa, así como por el “Máximo Tribunal”, ésta última -a su decir- declaró inadmisible el recurso de control de legalidad interpuesto. Que “(...) como consecuencia de este fundamento expuesto por nuestro Supremo Tribunal, CONFIRMADA LA OBLIGACIÓN DEL PAGO conforme a la Ley, más no así a los demás trabajadores que no han incoado sus acciones ante los organismos jurisdiccionales, razón y motivo suficiente para demandar, como en efecto lo hace[n], por Cobro del Beneficio de Alimentación dejado de percibir en el período comprendido desde el PRIMERO DE ABRIL DE 2001 hasta EL 20 DE FEBRERO DE 2006 a la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PÁEZ DEL ESTADO PORTUGUESA (...)”. Fundamentan el recurso en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores, ahora Ley de Alimentación para los Trabajadores, así como en la Ley Orgánica del Poder Municipal. Finalmente solicitan el pago de la cantidad de Treinta y Siete Mil Doscientos Noventa y Seis Bolívares (Bs. 37.296,00), presentando al efecto cuadro de “tickets o cupones dejados de percibir” por “jornada laborada”, detallando los períodos “total días”, “valor UT”, “0,35% UT” y el “Total Bs.”. II DE LA CONTESTACIÓN En fecha 03 de julio de 2013, la representación judicial de la parte querellada presentó escrito de contestación, con fundamento en las siguientes razones: Señala que, “(…) Como punto previo alego la CADUCIDAD por los motivos siguientes: indica que [su] representado desde el primero de abril de 2001 no continuo otorgándole el beneficio de alimentación hasta el 20 de Febrero de 2006 (…) se evidencia que opero la caducidad, y así debe declararlo este Tribunal (…)”. Que, “(…) Nie[ga] y Recha[za] en todas y cada unas de sus partes de la presente querella funcionarial tanto en los hechos narrados como en el derecho, por estar fundada en falsos supuestos de hechos y de derecho” Niega y rechaza que su representada deba pagar todos los días que reclama el querellante, por cuanto algunos días se encontraba de vacaciones, siendo que lo peticionado procede por jornada efectivamente laborada, razón por la cual deben ser descontados los días no laborados o que falte al trabajo por cualquier circunstancia. Adiciona que “(…) Nie[ga] y recha[za] que [sus] representada deba pagar por concepto de beneficio de alimentación al 0,35 al valor actual de la unidad tributaria vigente para el momento de la interposición de la presente demanda, (…) la parte atora pretende la aplicación de la retroactividad del REGLAMENTO DE LA LEY DE ALIMENTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES, (…)”. Que, “Nie[ga] y Recha[za] que [su} representado deba ser condenada en pagar la cantidad de TREINTA Y SIETE MIL DOSWCIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (37.296,00) por cuanto es improcedente el cálculo en base al 0.35% sobre el valor de la unidad tributaria vigente (…)”. Finalmente solicita que la presente acción sea declarada sin lugar en la definitiva. III DE LA COMPETENCIA Cabe resaltar que el régimen jurídico de la función pública en Venezuela se encuentra contenido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.482, de fecha 11 de julio de 2002. Esta Ley, además de regular el régimen de administración de personal y determinar los derechos y deberes de los funcionarios públicos, consagra en su Título VIII todo un proceso dirigido a controlar en vía jurídica el acto, actuación, hecho u omisión de la Administración Pública en ejercicio de la función pública y otorgó la competencia a los órganos que integran la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer de las acciones a través de las cuales los funcionarios pueden hacer valer sus derechos frente a la Administración Pública. En efecto, la disposición transitoria primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, consagra que: “Mientras se dicte la ley que regule la jurisdicción contencioso administrativa, son competentes en primera instancia para conocer de las controversias a que se refiere el artículo 93 de esta Ley, los jueces o juezas superiores con competencia en lo contencioso administrativo en el lugar donde hubieren ocurrido los hechos, donde se hubiere dictado el acto administrativo, o donde funciones el órgano o ente de la Administración Pública que dio lugar a la controversia.” Ahora bien, mediante Gaceta Oficial Nº 39.447 de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en fecha 16 de junio de 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, concebida como un cuerpo normativo destinado a regular la organización, funcionamiento y competencia de los Tribunales que integran dicha Jurisdicción; por lo que en principio será a partir de las disposiciones de esta Ley, específicamente en su Título III; que se establecerá a qué Órgano Jurisdiccional corresponderá el conocimiento de determinado asunto. Así, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se observa que en el caso de los Juzgados Superiores -artículo 25 numeral 6-, determinó entre sus competencias “…demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública…”. No obstante lo anterior, no se puede obviar el principio de especialidad que reviste a ciertas leyes, lo que conlleva a que una determinada ley se aplique con preferencia a otra respecto a una especial materia, principio éste recogido en la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando en su artículo 1 -ámbito de aplicación- hace alusión a “salvo lo previsto en leyes especiales”; por lo que siendo la función pública una materia especial al encontrar su regulación en la Ley del Estatuto de la Función Pública, es que debe dársele aplicación preferente a dicha ley. En este sentido, es menester resaltar que la competencia a que se refiere la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, es la relativa al grado en que conocerán los Juzgados Superiores con competencia en lo contencioso administrativo, al señalar que “…son competentes en primera instancia para conocer de las controversias a que se refiere el artículo 93 de esta Ley…”, aspecto que no fue modificado por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y que se ratifica con lo dispuesto en su artículo 25 numeral 6. Por lo tanto, se entiende lato sensu que las controversias a que se refiere el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, las siguen conociendo en primera instancia los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, por ser el grado de jurisdicción lo que se encontraba regulado de manera transitoria, máxime que el conocimiento de aquellas acciones distintas a la prevista en el numeral 6 del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no fue atribuida a otro Órgano Jurisdiccional, por lo que en el presente caso debe atenderse a la especial regulación e intención del legislador plasmada en la Ley del Estatuto de la Función Pública, esto es, la competencia de los Jueces Superiores Contenciosos Administrativos del lugar donde hubieren ocurridos los hechos, donde se hubiere dictado el acto administrativo, o donde funcione el órgano o ente de la Administración Pública que dio lugar a la controversia, todo lo cual en modo alguno no contraviene las disposiciones de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En efecto, al constatarse de autos que el querellante mantiene una relación de empleo público con la Alcaldía del Municipio Páez del Estado Portuguesa, lo cual da origen a la interposición del presente recurso contencioso administrativo funcionarial, tal y como fuera apreciado precedentemente, se estima que se encuentran configurados los supuestos para que este Tribunal entre a conocer y decidir la presente causa. Ad literam, quien aquí juzga verifica la competencia de este Juzgado para el conocimiento del recurso contencioso administrativo funcionarial que ha sido planteado por tratarse de una reclamación contra un Ente administrativo que se encuentra dentro de los límites de la competencia territorial atribuida a este Juzgado. Así se decide. IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Corresponde a este Tribunal pronunciarse con relación al recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por las abogadas Elizabeth Graciana Pérez y Adrianys Rosangel Higuera, actuando con el carácter de apoderadas judiciales del ciudadano Freddy Rafael Rodríguez Reyes, todos ya identificados; contra la “Alcaldía del Municipio Páez del Estado Portuguesa”. Así se observa que el querellante señala que ingresó a laborar en fecha 10 de agosto de 2001 para la Alcaldía del Municipio Páez del Estado Portuguesa, siendo que “(...) a pesar de haber estado devengando de forma regular y permanente el beneficio de la Ley de Alimentación para los Trabajadores, bajo la modalidad de ticket o cupón, para el PRIMERO DE ABRIL DE 2001 no continuó otorgando dicho beneficio de carácter netamente laboral, en virtud que de forma intempestiva les fue suspendido el otorgamiento del beneficio sin razón, ni justificación alguna, hasta EL 20 DE FEBRERO DE 2006, reanudando posterior a esta fecha el pago de dicho beneficio”; motivo por el cual solicita el pago de tal beneficio por la cantidad de Treinta y Siete Mil Doscientos Noventa y Seis Bolívares sin Céntimos (37.296,00), presentando al efecto, cuadro de “tickets o cupones dejados de percibir” por “jornada laborada”, detallando los períodos “total días”, “valor UT”, “0,35% UT” y el “Total Bs”. Por su lado, la representación judicial de la parte querellada, opone como punto previo la caducidad de la acción, además de la incompetencia de este Juzgado por la materia, para conocer y decidir el asunto. Igualmente, en cuanto al fondo, niega, rechaza y contradice los alegatos expuestos por el querellante, aduciendo que en todo caso, su representada no puede ser condenada a pagar todos los días reclamados, por cuanto en algunos períodos, la ciudadana se encontraba de vacaciones, siendo que lo peticionado procede por jornada efectivamente laborada, motivo por el cual -a su decir- deben ser descontados los días no laborados. Delimitado lo controvertido para el caso de marras, corresponde ahora a esta Sentenciadora señalar lo que conforma el cúmulo probatorio del asunto. Así, se constata que la representación judicial de la parte querellante trajo a los autos anexo a su escrito libelar, copia del poder otorgado a los abogados actuantes (folios 07 al 09) y copia de la cédula de identidad del Ciudadano Freddy Rafael Rodríguez Reyes (folio 10). Igualmente, se evidencia que dentro del escrito libelar, la parte querellante hace alusión a sentencias emitidas por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Laboral el Estado Portuguesa, por el Tribunal Superior del Trabajo del Estado Portuguesa, así como por el “Máximo Tribunal”, ésta última -a su decir- declaró inadmisible el recurso de control de legalidad interpuesto. Por su lado se observa que, fue solicitada la apertura del lapso probatorio en la audiencia preliminar celebrada (vid. folio 41), dejando constancia que ninguna de las partes promovieron pruebas. Bajo este contexto, se evidencia que la parte querellada, en el acto de la audiencia preliminar, consignó copia certificada del expediente administrativo relacionado con el caso de marras, instrumento éste a valorar esta Sentenciadora en su conjunto, de conformidad con el artículo 1.363 del Código Civil (folios 42 al 166). Como punto previo a abordar, se encuentra en esta oportunidad, el alegato referido a la caducidad de la acción. En efecto, la representación judicial de la parte querellada señala que “(…) la CADUCIDAD por los motivos siguientes: indica que [su] representado desde el primero de abril de 2001 no continuó otorgándole el beneficio de alimentación hasta el 20 de Febrero de 2006 (…) se evidencia que operó la caducidad, y así debe declararlo este Tribunal (…)”. Así, tratándose el presente asunto de contenido funcionarial, cuya aplicación normativa e inmediata es la contenida en la Ley del Estatuto de la Función Pública por ser ésta la encargada de regular todo lo relativo a la condición de funcionarios públicos, tanto en su aspecto sustantivo como adjetivo, salvo las excepciones que la misma ley establece, es que sus disposiciones deben ser correctamente desarrolladas y aplicadas por los Órganos Jurisdiccionales a todas aquellas controversias que se originen en marco de esta especial materia. Por tanto, debe este Órgano jurisdiccional indicar que en el contencioso administrativo funcionarial, existe un condicionamiento en el tiempo para ejercer determinada acción por disposición expresa del artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, norma ésta que es de obligatoria observancia y que establece lo siguiente: “Todo recurso con fundamento en esta Ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto.” Dicha norma está dirigida al Juez, quien en acatamiento de la Ley negará la admisión de la demanda, pues de lo contrario le estaría dando curso al proceso en contra de los presupuestos legales, lo cual no puede entenderse como una prohibición al ejercicio de la acción ni a la correspondiente tutela judicial efectiva, ya que la cuestión procesal consiste en exigir el cumplimiento de estos requisitos legales que permiten la tramitación y curso de la acción o recurso interpuesto, pero en modo alguno implica un pronunciamiento sobre el mérito del asunto. Por interpretación en contrario, la inadmisibilidad de la pretensión se produce por la insatisfacción de esas exigencias que impiden la continuación del proceso, cuya implicación directa en el orden procesal lo estatuye como de orden público. En este sentido, tal y como fuera señalado precedentemente, el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece que toda acción que se ejerza con ocasión a la existencia de una relación de empleo público, sólo podrá ser ejercida válidamente dentro del lapso de tres (3) meses, contados a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a ello. De tal manera que, observando esta Juzgadora lo señalado por la querellada y a los efectos de pronunciarse con relación a la caducidad en el sub iudice, se observa que el querellante solicitó el “(…) Beneficio de Alimentación dejado de percibir en el período comprendido desde el PRIMERO DE ABRIL DE 2001 hasta el 20 DE FEBRERO DE 2006 (…)”, siendo que para el 03 de octubre de 2012 se encontraba activo. (vid. Constancia de trabajo anexa al folio 52). Por la razón antes indicada, es preciso hacer mención a lo considerado en la sentencia dictada en fecha 17 de junio de 2009, por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, expediente AP42-R-2007-001308, en la cual señaló lo siguiente: “(…) estima esta Corte que cuando la Administración incumple con una obligación de pagar periódica y oportunamente algún beneficio laboral, como en el presente caso, y el recurrente permanezca en servicio, -en principio- no debe computarse el lapso de caducidad desde el momento en que se comenzó a incumplir con tal obligación (en el caso que nos ocupa, a partir de segunda quincena del mes de noviembre de 2005), pues la omisión de la Administración de pagar dicho beneficio al funcionario no es un hecho perturbador que se agota en un solo (sic) momento sino que se prolonga en el tiempo, cuando de manera continuada y permanente incumple con la obligación que tiene como patrono. ...Omissis... Este criterio, aplicable sólo a las obligaciones cuya naturaleza sean de tracto sucesivo y cuya consecuencia jurídica sólo se aplica a los casos en los cuales la persona que reclame permanezca al servicio del organismo o ente querellado, ya ha sido expuesto por esta Corte en sentencia N° 2006-01255 del 10 de mayo de 2006, caso: David Eduardo Pereira Vs. Alcalde del Municipio Vargas del Estado Vargas, y ratificado en decisión de fecha 8 de junio de 2006 N° 2006-1766. (Resaltado añadido por este Juzgado) De esta manera, se tiene que el incumplimiento de este tipo de obligaciones (obligaciones periódicas) estando el funcionario o empleado prestando sus servicios, no se agota en un solo momento, sino que por el contrario, éste se prolonga en el tiempo, cuando generado el beneficio, el patrono incumple con su cancelación de manera continua y permanente, generándose así una expectativa de pago en el trabajador o funcionario público durante la relación, sea, laboral o funcionarial. Siendo ello así, observa este Órgano Jurisdiccional que el querellante, solicita el pago del beneficio de alimentación desde el 01 de abril de 2001 hasta el 20 de febrero de 2006, por lo que visto que la presente acción fue interpuesta en fecha 23 de noviembre de 2012, siendo que tal y como se expuso en líneas anteriores, la recurrente mantiene la expectativa cierta de que en cualquier momento le sean pagados los beneficios reclamados, resulta evidente que la reclamación realizada por el accionante, no se encuentra caduca. Así se declara. Ahora bien, referidas las consideraciones generales que rodean el asunto y resueltos los alegatos previos, le corresponde a esta Sentenciadora precisar si, la parte interesada logró cumplir con la carga probatoria que le corresponde en asuntos como el ventilado. En efecto, con relación al único concepto solicitado en el caso de marras, se debe señalar que la Ley de Alimentación para los Trabajadores y su Reglamento, tienen como objeto proteger el estado nutricional del trabajador, con el fin de fortalecer su salud, prevenir las enfermedades ocupacionales y propender una mayor productividad laboral (Vid. el artículo 1º de Ley de Alimentación para los Trabajadores). Siendo ello así, por interpretación en contrario, el funcionario que es sustituido por el suplente, bien sea por vacaciones, permiso remunerado, año sabático, entre otras, para el período en que fue solicitado en el presente caso, no procedía su cancelación durante su ausencia, ya que se requería la prestación efectiva del servicio; por lo tanto, al no percibir esta gratificación el funcionario público ausente, por ejemplo, debiera recibirlo el trabajador que está supliendo la vacante del funcionario que por las razones que fuesen, se ausentó por un tiempo determinado de su puesto de trabajo. Desconocer tal situación para el lapso en que fue solicitado, es decir, desde el “PRIMERO DE ABRIL DE 2001 (...) hasta EL 20 DE FEBRERO DE 2006”; implicaría desnaturalizar y tergiversar el espíritu y propósito del programa de alimentos vigente, que dentro de sus cualidades contiene “(…) fortalecer su salud, prevenir las enfermedades ocupacionales y propender a una mayor productividad laboral”. Así lo ha señalado la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo mediante Sentencia Nº 2006-1847, de fecha 19 de junio de 2006, caso: Francia Migdalia Vargas, contra la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Capital, en la cual expresamente señaló que: “Igualmente, comparte el criterio de haber excluido el pago de los cesta tickets de febrero y marzo, toda vez, que el pago de tales conceptos implica prestación efectiva del servicio”. (Negrillas agregadas). En ese sentido, se debe acotar que dicho beneficio no busca incorporar al salario las sumas adeudadas por ese concepto laboral, sino, -se reitera- mejorar el estado nutricional del trabajador. En corolario con lo anterior, se considera oportuno traer a colación lo expuesto en la sentencia de fecha 02 de mayo de 2011, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en el expediente AP42-Y-2011-000009, bajo los siguientes términos: “a) Del bono alimentario (cesta ticket) año 2000 al 2002 En relación a la solicitud efectuada por la parte recurrente relativa a la cancelación de la cesta ticket relativo a los años 2000 al 2002, este Órgano Jurisdiccional debe señalar que si bien la misma puntualizó el período que comprende la falta de pago lo cual resulta fundamental a los fines de poder determinar su procedencia, ha sido criterio reiterado de este Órgano Jurisdiccional que dicho concepto se deriva de la prestación efectiva del servicio del funcionario. ...Omissis... Así pues, visto que la parte recurrente no presentó documento probatorio alguno del que se demostrara su prestación efectiva del servicio relativa a los años 2000 al 2002, para que este Órgano Jurisdiccional pudiera constatar que la misma se hizo acreedora del mencionado beneficio, es por lo que esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo contrariamente a lo establecido por el iudex a quo, considera que el pago reclamado por dicho concepto resulta improcedente (Vid. sentencia dictada por esta Corte el 13 de abril de 2011, caso: Carmen Alicia Quintero Vs. Gobernación del Estado Apure) Así se decide”. (Subrayado de este Juzgado) Así pues, visto que en el caso en concreto, la representación judicial de la parte querellante no presentó medio probatorio alguno del cual pudiera desprenderse su prestación efectiva de servicio durante el período de tiempo que -a su decir- no le fue pagado el beneficio analizado, de forma que este Órgano Jurisdiccional pudiese constatar que la misma se hizo acreedora del mencionado concepto, siendo que a los efectos de éste no basta con señalar de manera genérica que existió una prestación del servicio y traer a los autos los presupuestos efectuados a los fines de honrar tal obligación, sino acreditar que la misma fue efectivamente cumplida con la asistencia respectiva; motivo por el cual le resulta forzoso a esta Sentenciadora negar el pago reclamado por dicho concepto (Vid. Sentencias dictadas por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo de fechas 13 de abril de 2011 y 11 de julio de 2012, casos: Carmen Alicia Quintero vs. Gobernación del Estado Apure; y Jarry Montilla vs. Gobernación del Estado Apure, respectivamente). Así se decide. En mérito de las consideraciones expuestas, resulta forzoso para este Tribunal declarar sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por las abogadas Elizabeth Graciana Pérez y Adrianys Rosangel Higuera; actuando con el carácter de apoderadas judiciales del ciudadano Freddy Rafael Rodríguez Reyes, todos ya identificados; contra la “Alcaldía del Municipio Páez del Estado Portuguesa”. Así se decide. V DECISIÓN Por las razones precedentes, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: COMPETENTE para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por las abogadas Elizabeth Graciana Pérez y Adrianys Rosangel Higuera; actuando con el carácter de apoderadas judiciales del ciudadano FREDDY RAFAEL RODRIGUEZ REYES, identificados todos; contra la “ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PÁEZ DEL ESTADO PORTUGUESA”. SEGUNDO: SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. TERCERO: No se condena en costas dada la naturaleza funcionarial del asunto. Notifíquese al ciudadano Síndico Procurador del Municipio Páez Estado Portuguesa, de conformidad con el último aparte del artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, a los ocho (08) días del mes de octubre del año dos mil catorce (2014). Años: 204º de la Independencia y 155º de la Federación. La Jueza, Marilyn Quiñónez Bastidas El Secretario Temporal, José Ángel Cornielles Publicada en su fecha a las 2:25 p.m. D7.- L.S. La Jueza (fdo) Marilyn Quiñónez Bastidas. El Secretario Temporal (fdo) José Ángel Cornielles. Publicada en su fecha a las 2:25 p.m. El Secretario Temporal (fdo). El Suscrito Secretario del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, certifica que la presente copia es un traslado fiel y exacto de su original y se expide por mandato judicial, en Barquisimeto a los ocho (08) días del mes de octubre del año dos mil catorce (2014). Años 204° y 155°. El Secretario Temporal, José Ángel Cornielles.