REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en Sede Constitucional Valencia, 21 de octubre de 2014 204º y 155º SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITVA ACCIONANTES: ANTONIO J. ORELLANA S, RAFAEL N. GUILLEN G., OSWALDO J. PAZ L., RICHARD A. COLINA, CARLOS E. PAZ, GUSTAVO J. BARRETO, GONZALO PAZ, ALCIDES ACOSTA, ARTURO J. ACOSTA, ANTONIO MONSALVE, TULIO HURTADO y VICTOR JAIRO QUERALES. APODERADO JUDICIAL: Abogada INDIRA DEL CARMEN LOPEZ, inscrita en el IPSA bajo el Nro. 86.695. PARTE ACCIONADA: ASOCIACION CIVIL “UNION DE TRABAJADORES INDEPENDENCIA” MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL. Nº DE EXPEDIENTE: GP02-O-2013-000055. Nace la presente causa por AMPARO CONSTITUCIONAL, en fecha 09 de julio de 2013, mediante demanda interpuesta ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.), recayendo su conocimiento ante este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, el cual fue presentado por los ciudadanos ANTONIO J. ORELLANAS S. ANTONIO J. ORELLANA S, RAFAEL N. GUILLEN G., OSWALDO J. PAZ L., RICHARD A. COLINA, CARLOS E. PAZ, GUSTAVO J. BARRETO, GONZALO PAZ, ALCIDES ACOSTA, ARTURO J. ACOSTA, ANTONIO MONSALVE, TULIO HURTADO y VICTOR JAIRO QUERALES, titulares de la Cedula de Identidad Nros. V-2.918.835, 1.725.889, 17.248.296, 8.611.908, 4.871.752, 1.156.569, 8.836.516, 11.153.812, 8.848.238, 385.2002, 3.599.695 y 12.754.910, en su orden, asistidos por la abogada INDIRA LOPEZ, inscrita en el IPSA bajo el Nª 86.695, contra ASOCIACION CIVIL “UNION DE TRANSPORTE INDEPENDENCIA”, procediendo a darle entrada en fecha 10 de julio de 2013, admitiendo la presente causa en fecha 11 de julio de 2013, ordenándose las notificaciones correspondientes. Así las cosas, en el presente asunto de marras, resulta pertinente señalar que revisadas las actuaciones en el presente expediente, se observa que, desde el 08 de agosto de 2013, hasta la presente fecha, no efectuó actuación alguna; ni por sí ni por medio de apoderado la parte accionante, para el impulso de la causa, situación que evidencia ausencia de actividad procesal por más de un año (01), dos (02) meses y doce días(12). Lo anterior demuestra la inexistencia de interés en que se produzca decisión sobre lo que fue solicitado, por lo que quien juzga considera pertinente traer a colación sentencia Nª 85 de fecha 26 de febrero de 2013, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia de la Magistrado LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, caso: ALEJANDRO SILVA RODRÍGUEZ contra la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 5.963 del 22 de febrero de 2010, que señala: “El interés que manifestó la parte demandante cuando acudió a los órganos del Estado, debió mantenerse a lo largo del proceso que inició, porque constituye un requisito del derecho de acción y su ausencia acarrea el decaimiento de la misma. El derecho al acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta con la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional n.° 416 de 28 de abril de 2009, caso: “Carlos Vecchio y otros”). El interés procesal surge de la necesidad que tiene un particular, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de que a través de la administración de justicia, el Estado le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional n.° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) Carlos José Moncada”). El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y ha de mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Por ello, ante la constatación de esa falta de interés, la extinción de la acción puede declararse de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional. (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional n.° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero”). En tal sentido, la Sala ha establecido que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso de decisión de la causa, la inactividad produce la perención de la instancia. Este criterio se estableció en el fallo de esta Sala n.° 2673 del 14 de diciembre de 2001, caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”, en los siguientes términos: “(…) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales: a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido (…)”. En el caso de autos no hubo pronunciamiento respecto a la admisión de la demanda, y sin embargo, el demandante dejó de impulsar la causa para que ello ocurriera por más de un año; razón por la cual se declara la extinción del proceso, y en consecuencia, el abandono del trámite, en virtud que no se aprecia ninguna causa de orden público en la resolución de la presente controversia, ya que esta Sala incluso se encuentra conociendo de otras acciones de nulidad contra la referida ley impugnada (Vid. Sentencias de esta Sala nros. 455/2010 -exp. n.° 10-0233-, 428/2011 -exp. n.° 10-0465- y 522/2011 -exp. n.° 10-1407-, expedientes éstos últimos los cuales se encuentran acumulados al exp. n.° 10-0233, cuya ponencia corresponde a quien con ese mismo carácter suscribe el presente fallo). Así se decide (Vid. En similares términos, sentencia de esta Sala n.° 682/2011).” En el caso de autos, se observa que las notificaciones a la parte accionada fueron negativas y que el accionante, dejó de impulsar la causa para que ello ocurriera por más de un año, dos meses y doce días; razón por la cual se declara la extinción del proceso, y en consecuencia, el abandono del trámite. Así se decide. III DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo actuando en sede Contenciosa Administrativa, administrando justicia, en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara: la EXTINCIÓN DEL PROCESO, por la pérdida del interés procesal en el procedimiento por Recurso de Amparo Constitucional interpuesto por los ciudadanos ANTONIO J. ORELLANAS S. ANTONIO J. ORELLANA S, RAFAEL N. GUILLEN G., OSWALDO J. PAZ L., RICHARD A. COLINA, CARLOS E. PAZ, GUSTAVO J. BARRETO, GONZALO PAZ, ALCIDES ACOSTA, ARTURO J. ACOSTA, ANTONIO MONSALVE, TULIO HURTADO y VICTOR JAIRO QUERALES, titulares de la Cedula de Identidad Nros. V-2.918.835, 1.725.889, 17.248.296, 8.611.908, 4.871.752, 1.156.569, 8.836.516, 11.153.812, 8.848.238, 385.2002, 3.599.695 y 12.754.910, en su orden, contra ASOCIACION CIVIL “UNION DE TRANSPORTE INDEPENDENCIA”. PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA. Dada, sellada y firmada en el despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en Valencia, a los 21 días del mes de Octubre del año dos catorce ( 2014). La Juez, Dra. CAROLA DE LA TRINIDAD RANGEL H.D.D El Secretario, Dr. David Rojas En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las 4:20 p.m. El Secretario, Dr. David Rojas CdelaT/DR/Marianela Paredes L.