TSJ Regiones - Decisión

JUEZA PROFESIONAL: ABG. THANIA M. ESTRADA BARRIOS

SECRETARIA: ABG. GRACE HEREDIA

IMPUTADO: MARTIN ENRIQUE AGUILAR CASTILLO, titular de la cédula de identidad N° [...], de nacionalidad venezolana, natural del Barquisimeto estado Lara, de fecha de nacimiento 16/08/1977, de estado civil Casado, de 37 años de edad, grado de instrucción Bachiller, profesión u oficio Chofer, dirección de residencia Barrio el Jebe sector bello campo avenida principal casa 357 Barquisimeto estado Lara, Teléfono: [...].

DEFENSA TÉCNICA: ABG. ROSSANA CEREZA. Defensora Pública Tercera en Violencia contra la Mujer del estado Lara.

MINISTERIO PÚBLICO: ABG. ANA MARIA TORREALBA. Fiscala Auxiliar Vigésima Octava del Ministerio Público con competencia en defensa de los derechos de las Mujeres del estado Lara

VICTIMA: ELIZABETH YOHANA AGULAR QUINTERO.

DELITO: VIOLENCIA FISICA AGRAVADA previsto y sancionado en el artículo 42 primer aparte de la Ley Orgánica Sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Celebrada como ha sido la audiencia para oír al imputado, conforme a las previsiones del artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, corresponde a este Tribunal fundamentar lo decidido en fecha once (11) de septiembre de 2014, con motivo de la presentación que hiciere el Fiscal Auxiliar Vigésima Octava del Ministerio Público del estado Lara, abogada ABG. ANA MARIA TORREALBA, en virtud de la aprehensión del ciudadano MARTIN ENRIQUE AGUILAR CASTILLO, ya identificado, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, previsto y sancionado en los artículos 42 primer aparte de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana ELIZABETH YOHANA AGUILAR QUINTERO, ya identificada.

La Fiscalía del Ministerio Público le atribuye al ciudadano MARTIN ENRIQUE AGUILAR CASTILLO, ya identificado, los hechos presuntamente ocurridos en fecha 08 de Septiembre de 2014, siendo las 11:00 PM se encontraba la ciudadana ELIZABETH AGUILAR quien manifestó denunciar a su pareja de nombre MARTIN ENRIQUE AGUILAR CASTILLO, porque le comenzó a dar golpes con sus puños a nivel del brazo, y luego comenzó a darle cachetadas y la empujó haciéndola caer sobre una cesta plástica de ropa sucia que se encontraba en el cuarto de la casa cuando se vio el brazo derecho tenía varios moretones. Hechos que motivaron a la ciudadana ELIZABETH YOHANA AGUILAR QUINTERO, ya identificada, a denunciar estos hechos ante las autoridades competentes, quienes una vez verificada la información procedieron a practicar la aprehensión del imputado de autos.

Siendo calificada provisionalmente por el Ministerio Público, las lesiones y daño físico sufridos por las mencionadas ciudadanas como del delito de [...], previsto y sancionado en los artículos 42 primer aparte de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana ELIZABETH YOHANA AGUILAR QUINTERO, ya identificada. Solicito se declare la aprehensión flagrante del imputado de autos, conforme a las previsiones del artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia y se ratifiquen las medidas establecidas por el órgano receptor de denuncia contenidas en el articulo 87 ordinales 3, 5º, 6º y 13, ejusdem, como es la salida inmediata del presunto agresor MARTIN ENRIQUE AGUILAR CASTILLO, del hogar común con la ciudadana ELIZABETH YOHANA AGUILAR QUINTERO y la prohibición de acercarse a la víctima, a su lugar de residencia, trabajo o estudio, la prohibición al imputado de acosar, por si o por terceras personas, realizar actos de persecución, intimidación, o acoso a la mujer agredida o a algún integrante de la familia de las víctimas. Además, se ordene la remisión ante institución que preste atención frente al problema de alcohol que presenta el imputado ya que los hechos ocurrieron bajo la ingesta de alcohol. Igualmente las medidas cautelares contenidas en el artículo 92, ibídem, específicamente la del numeral 1º, consistente en arresto transitorio por 48 horas en la sede del órgano aprehensor, la contenida en el numeral 7º, consistente en la incorporación del agresor a programas en materia de de violencia contra la mujer, la contenida en numeral 8 en relación con el artículo 242.3 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en presentaciones periódicas cada 30 días por ante la Oficina de Alguacilazgo del Circuito Judicial del estado Lara. Por último, solicitó se continué la investigación por vía del procedimiento especial previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Seguidamente se procede de conformidad con el artículo 131 a realizar advertencia preliminar al imputado MARTIN ENRIQUE AGUILAR CASTILLO, ya identificado, y éste encontrándose provisto de todas las garantías procesales y del precepto constitucional que lo exime de declarar en causa propia, de conformidad con el artículo 49 ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y debidamente asistido por la abogada ROSSANA CEREZA; libre de toda coacción y apremió expuso lo siguiente: “No deseo declarar. Es todo”.

Acto seguido se le concedió el derecho de palabra a la defensa técnica del imputado, abogada ROSSANA CEREZA, quien manifestó: “…Me opongo a los hechos y a la calificación Jurídica realizada por la Fiscalía de Ministerio Publico, por cuanto los hechos no ocurrieron de esa manera, que si hubo unas discusión pero no lo agredió, me opongo a las medidas cautelares solicitadas por considerar desproporcionadas, siendo estas suficientes las medidas de protección y seguridad, estoy de acuerdo con el procedimiento especial y finalmente me reserve el derecho de presentar cualquier diligencia que favorezcan a mi defendido. Es todo.”

La Fiscalía del Ministerio Público, precalifica los hechos narrados como configurativos del delito de [...], previsto y sancionado en los artículos 42 primer aparte de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en perjuicio de la ciudadana ELIZABETH YOHANA AGULAR QUINTERO, ya identificada, precalificación esta que comparte quien decide, tomando en consideración los elementos de convicción siguientes: 1.- Denuncia de fecha 9 de septiembre de 2014, interpuesta por la ciudadana ELIZABETH YOHANA AGUILAR QUINTERO, ante el Cuerpo de Investigación Científica Penal y Criminalística Sub Delegación Barquisimeto del estado Lara, mediante la cual narra las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos objeto de este proceso, consta al folio 4; 2.- Acta de identificación plena de la victima ELIZABETH YOHANA AGULAR QUINTERO, consta al folio 5; 3.- Informe médico de fecha 8 de septiembre de 2014, realizada por la Dr. Darwin Oviedo adscrita al Ambulatorio Urbano Tipo II Dr. Daniel Camejo Acosta”, en la cual refiere que la ciudadana presenta “Hematoma en brazo derecho”, consta al folio 6; 4.- Acta de medidas de protección dictadas por el órgano receptor a favor de la ciudadana ELIZABETH YOHANA AGULAR QUINTERO, consta al folio 6; 5.- Acta de imposición de los derechos de la victima ciudadana ELIZABETH YOHANA AGULAR QUINTERO, consta al folio 7; 6.- Acta de Investigación penal de fecha 9 de septiembre de 2014, levantada por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación Barquisimeto del estado Lara, mediante la cual se deja constancia del conocimiento de los hechos por parte de las autoridades, primeras diligencias de investigación y aprehensión del imputado de autos, consta al folio 11; 7.- Acta de imposición de los derechos del imputado ciudadano MARTIN ENRIQUE AGUILAR CASTILLO, consta al folio 12; 8.- Constancia de detenido en el que se deja constancia de la valoración medica del imputado, MARTIN ENRIQUE AGUILAR CASTILLO, suscrito por la Dra. María Cordero, adscrita al Ambulatorio Urbano Tipo II Dr. Daniel Camejo Acosta”, realizada de fecha 9 de septiembre de 2014, no refiere lesiones, consta al folio 13; 9.- Acta de inspección Técnica No. 1490-14 de fecha 9 de septiembre de 2014, realizada al sitio del suceso ubicado en el Barrio El Jebe, calle Principal, casa sin número, Parroquia Catedral, Municipio Iribarren, estado Lara, consta al folio 14; 9.- Acta de identificación plena del imputado MARTIN ENRIQUE AGUILAR CASTILLO, consta al folio 16. Elementos de convicción estos que hacen estimar a quien decide, que los hechos denunciados encuadran en de los tipos penales precalificados por el Ministerio Público. Y ASI SE DECIDE.

El artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se encuentra referido a las situaciones en que se estima que un ciudadano ha sido detenido en condición de flagrancia, por lo que se puede afirmar que en el procedimiento especial previsto para el juzgamiento de delito de género existe una clara descripción de las situaciones en que se estima que un ciudadano ha sido detenido en situación de flagrancia a saber:
1. El que se está cometiendo.
2. El que se acaba de cometer.
a. Se entiende que se acaba de cometer cuando la víctima u otra persona que haya tenido conocimiento del hecho, acuda dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la comisión del hecho punible al órgano receptor o la autoridad que tenga conocimiento.
b. En este supuesto la autoridad competente debe dirigirse en un lapso que no debe exceder de doce (12) horas, hasta el lugar donde ocurrieron los hechos, donde debe recabar los elementos que acreditan su comisión, y verificados los supuestos de flagrancia procede a practicar la aprehensión en situación de flagrancia.
3. Cuando el agresor se vea perseguido por la autoridad policial, o por la mujer agredida, por un particular o por el clamor público.
4. Cuando se produzcan solicitudes de ayuda a servicios especializados de atención a la violencia contra las mujeres, realizadas a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o fax, que permitan establecer su comisión de manera inequívoca.
5. El que se sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.

Esta descripción de las situaciones en las cuales se debe estimar que existe una aprehensión en flagrancia, amplia de manera considerable lo descrito en el Código Orgánico Procesal Penal en relación al juzgamiento de delitos ordinarios.

Ahora bien, debe entenderse claramente que existe una considerable diferencia entre lo que es el delito flagrante y lo que es la aprehensión en flagrancia, asuntos que son absolutamente disímiles aunque tienden a confundirse en la práctica forense.

Se entiende que el delito flagrante se verifica “…por la prueba inmediata y directa que emana del o de los medios de prueba que se impresionaron con la totalidad de la acción delictiva…” . La detención in fraganti, está referida a “…la detención de la persona en el sitio de los hechos o a poco de haberse cometido, lo cual es la ejemplificación más clásica de la flagrancia, o bien a la aprehensión del sospechoso a poco e haberse cometido el hecho en el mismo lugar, o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos, que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor, es decir, lo que la doctrina impropiamente denomina cuasi-flagrancia…” .

En particular sobre los delitos de Violencia de Género la Sala Constitucional en la ya citada Sentencia Nº 272 del 15 de febrero de 2007 con ponencia de la Magistrado Carmen Zuleta de Merchán citando a CABRERA ROMERO , sobre la aprehensión en asuntos de violencia de género expreso lo siguiente:

“...La detención judicial del sujeto activo de los delito de género, más que ser una medida preventiva privativa de libertad en el concepto tradicional del derecho penal o una medida de aseguramiento con fines privativos como lo establecen la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y la nueva normativa agraria, es una medida positiva de protección que incardina a la Ley que regula la materia dentro de las normas de Derechos Humanos (…omisis…)
Al ser ello así, la razón de esta interpretación tiene que partir de la particular naturaleza de los delitos de género, pues su configuración, y en especial el de la violencia doméstica, son tan especiales que con dificultad podrían encuadrarse en una concepción tradicional de la flagrancia, por lo que podría dejarse desprovistas a las mujeres víctimas de medidas positivas de protección con fines preventivos, por ello, vista la particular naturaleza de los delitos de género (…omisis…)
(…omisis…) la institución constitucional de la flagrancia tiene que estar por encima de algunos derechos humanos individuales, ya que la lucha contra el delito en general, es una defensa social que en un estado de justicia se complementa con el proceso.
Ante la relevancia y la enfermedad social que causan ciertos delitos, su persecución, respetando los derechos humanos absolutos, se coloca por encima de algunos derechos humanos individuales.
La prevención social tiene tanto fundamento constitucional como los derechos humanos...”.

De la decisión parcialmente transcrita se puede verificar que la detención en materia de violencia de género no sólo debe ser entendida como la detención en delitos ordinarios, sino que representan además actuaciones de protección a derechos fundamentales de la víctima que se encuentran en peligro inminente como el caso que nos ocupa.

La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es la concreción de la Convención Belén Do Pará, ratificada por Venezuela mediante Ley Aprobatoria del 24 de noviembre de 1994 sancionada por el Presidente de la República el 16 de enero de 1995, y publicada en Gaceta Oficial en esa misma fecha, por lo que la resolución de esta situación tiene que a partir de la especial naturaleza de los delitos de violencia de género, ya que ellos no pueden encuadrarse dentro de los delitos comunes, ya que se correría el riesgo de que dichos delitos queden impunes.

Podemos concluir que resulta proporcional que para garantizar la integridad de la víctima, y garantizar las resultas del proceso se haya practicado la aprehensión de este ciudadano, ya que lo contrario resultaría violentar el contenido de los artículos 55 y 22.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debiendo entender que la situación planteada debe ser vista no sólo desde la óptica del derecho procesal penal, sino que debe atender al ámbito de los derechos humanos de las mujeres.

En el caso de nos ocupa el imputado fue aprehendido por funcionarios adscritos a Organismos de Seguridad del Estado, por denuncia realizada por la víctima dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de ocurridos los hechos, siendo aprehendido dentro de las doce (12) horas siguientes a formulada la denuncia, con lo cual se verificó una aprehensión en flagrancia. Y ASI SE DECIDE.

Es importante señalar que la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, por mandato constitucional atiende a las necesidades de celeridad y no impunidad, por lo que establece un procedimiento penal especial que preserva los principios y la estructura del procedimiento ordinario establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, limitando los lapsos y garantizando la debida diligencia y celeridad por parte del Fiscal o Fiscala del Ministerio Público en la fase de investigación para que dicte el acto conclusivo que corresponda, como una forma de materializar una justicia expedita conforme lo consagra el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho procedimiento resguarda los derechos y garantías procesales de las personas sometidas a investigación, enjuiciamiento y sanción, por lo que se acuerda el Procedimiento establecido en 94 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ASÍ SE DECIDE.

En cuanto a las Medidas de Seguridad y Protección, solicitadas por la representante del Ministerio Público, siendo estas consagradas en la Ley a los fines de salvaguardar la integridad física y psicológica de la mujer, y su entorno familiar de forma expedita y efectiva, así como en consideración de los hechos expuestos en la Audiencia, este Tribunal IMPONE al imputado, las contenidas en los numerales 3, 5 y 6 del artículo 87 de la Ley Orgánica para el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que consisten en la salida inmediata del agresor de la vivienda común con la víctima, pudiendo retirar solamente los efectos personales y herramientas de trabajo; la prohibición para el agresor MARTIN ENRIQUE AGUILAR CASTILLO, ya identificado, de acercarse a la victima ELIZABETH YOHANA AGUILAR QUINTERO, ya identificada, a su sitio de residencia, trabajo o estudio y la prohibición de realizar actos de persecución, acoso o intimidación por sí mismo o por interpuesta persona contra la víctima o sus familiares. Y de conformidad con el artículo 87 ordinal 1º de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, se ordena remitir a la mujer victima ELIZABETH YOHANA AGULAR QUINTERO, ante el equipo interdisciplinario a los fines de que se le brinde la asesoría legal que requiera. Este Tribunal en atención de que la violencia contra la mujer constituye un grave problema de salud pública y de violaciones sistemática de los derechos humanos, que muestran en forman dramática sus consecuencias, decreta las medidas anteriormente descritas, las cuales obedecen a la protección de la víctima y de su derecho a no ser sometida a maltratos o trato violento, lo que implica el derecho a vivir una vida libre de violencia, teniendo el derecho a no ser agredida física ni verbalmente. Y ASI SE DECIDE.

En cuanto a las medidas cautelares, estas tienen como finalidad general garantizar las resultas del proceso, ante un inminente riesgo de que quede ilusiona la pretensión del accionante, siendo en materia penal la regularidad del proceso penal mediante la evasión u obstaculización del proceso penal. En materia de violencia de género estas medidas tienen aparte de este carácter instrumental de velar por la regularidad del proceso, el de garantizar la integridad física, psicológica y sexual de la mujer presuntamente agraviada, atendiendo a la finalidad de la Ley que es prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, siendo un obligación del tribunal el de garantizar el disfrute de los derechos de la misma sin que se vean amenazados ante posibles agresiones actuales o probables.

El arresto transitorio, se encuentra previsto como medida cautelar en el artículo 92, numeral 1 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, teniendo como finalidad generar confianza en las víctimas de los delitos previstos en la Ley, sobre el sistema de justicia y el elemento protector que el mismo exterioriza, evitando la ocurrencia de nuevos hechos generadores de violencia, creando condiciones disuasorias de conductas violentas de los agentes agresores y fortaleciendo la seguridad de las mujeres en cuanto a la activación del aparato jurisdiccional para erradicar la violencia en contra de ellas, en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos.

En el presente asunto, se logra verificar de los hechos planteados por la víctima a través de las actuaciones policiales, denuncia y constancia médica anexa al expediente, permiten verificar que hay lesiones en su cuerpo, las cuales fueron ocasionadas de una manera desproporcionada, permitiendo a este juzgador observar una alteración de todo el entorno por parte de la víctima, lo cual genera la necesidad de resguardar a la mujer agredida de la inmediatez de la conducta del presunto agresor, de modo que se le pueda preservar su integridad física y psíquica, reafirmado esto con los argumentos de las partes intervinientes, sobre la conducta desplegada por el imputado, lo que lo hace proclive a desarrollar actos inminentes que puedan poner en riesgo a la víctima y su familia, actualmente vulnerables. Por todo lo señalado, esta Juzgadora considera imprescindible decretar, de conformidad con el artículo 92 numeral 1 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el arresto transitorio del ciudadano MARTIN ENRIQUE AGUILAR CASTILLO, por cuarenta y ocho (48) horas en la sede del organismo que practicó la aprehensión, en la sede del Destacamento de Seguridad Urbana Primera Compañía, Puesto el Cercado de la Guardia Nacional Bolivariana del estado Lara, que deberá cumplir desde el día once (11) de septiembre de dos mil catorce (2014) a las 5:30 p.m. hasta el día trece (13) de septiembre de dos mil catorce (2014) a las 5:30 p.m. ASÍ SE DECIDE.

Otra de estas medidas cautelares que se hace necesario considerar en este caso, es la contenida en el numeral 7 del artículo 92 de la Ley Orgánica Especial, referida a la obligación del imputado de someterse a charlas de orientación en materia de violencia de género, medida esta que atiende igualmente a cumplir con uno de los objetos de la Ley Especial como lo es impulsar cambios en los patrones socio culturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, siendo esta una medida eficaz para lograr mediante la reeducación del presunto agresor, prevenir nuevas agresiones hacía la víctima. En el caso de marras estima quien decide que existen suficientes elementos para estimar que el imputado debe recibir orientación en materia de violencia de género con el objeto de modificar los patrones socio culturales que sustentan su conducta machista y agresiva, en virtud de lo cual estima procedente la solicitud del Fiscal del Ministerio Público que sea dictada en el presente asunto esta medida cautelar, la cual se ordena cumplir que consiste en asistir a programas de orientación y prevención a ser cumplido en la FUNDAGENA (Iglesia Maranatha) ubicado en la avenida 20, entre calle 14 y 15 de esta ciudad de Barquisimeto, estado Lara, a cargo de los Pastores Jesús Montilla y Omaira de Montilla. Y ASÍ SE DECIDE.

En cuanto a la medida de coerción personal solicitada por el Ministerio Público se considera que nuestro proceso penal reconoce como finalidades de las medidas de coerción personal, evitar la frustración del proceso por fuga del imputado, y asegurar el resultado de la investigación y evitar el ocultamiento de futuras pruebas. Al respecto nuestro legislador ha considerado que a los fines de solicitar una medida de privación judicial preventiva de libertad se deben cumplir con los extremos contenidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, que son las siguientes: “1) Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; 2) Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible; 3) Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación”. Y en relación a las medidas cautelares sustitutivas dispone el artículo 242 eiusdem, lo siguiente: “Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, alguna de las medidas siguientes…omisis…”, con lo cual podemos afirmar que a los fines de que sea dictada una medida cautelar sustitutiva, deben encontrarse satisfechos los mismos extremos que para dictar una privación judicial preventiva de Libertad, pero que por las circunstancias del caso se pueda ver satisfecha con una medida menos extrema, pero siempre teniendo en cuenta que dicha medida debe atender a la finalidad para la cual fue decretada que como se indicara ut supra, debe impedir la fuga del imputado, y de impedir que el imputado pueda borrar o impedir que sean traídas al proceso determinadas pruebas. Tomando en consideración la gravedad de los hechos objeto del presente proceso, que se ve materializado en el maltrato y con la violencia con que se desarrollaron los mismos, estima quien decide que lo proporcional y ajustado a derecho, a tales hechos atribuidos al imputado y para garantizar las finalidades del proceso, es decretar una MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVATIVA DE LIBERTAD, de las contenidas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, específicamente la prevista en el numeral 3, consistente en presentaciones periódicas cada treinta (30) días por ante la Unidad de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del estado Lara. ASÍ SE DECIDE

DISPOSITIVA

Por todo lo antes expuesto este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial con competencia en Violencia contra la Mujer del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, resuelve lo siguiente: PRIMERO: Se decreta con lugar la Aprehensión en flagrancia, del ciudadano MARTIN ENRIQUE AGUILAR CASTILLO, conforme al artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por el delito de delito [...] previsto y sancionado en el artículo 42 y segundo aparte de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en agravio de la ciudadana ELIZABETH YOHANA AGULAR QUINTERO. SEGUNDO: Se confirman las Medidas de Seguridad y Protección dictadas a favor de la ciudadana ELIZABETH YOHANA AGULAR QUINTERO, de conformidad con el artículo 87 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, ordinales 3, 5º y 6º, Ordenar la salida del presunto agresor de la residencia en común, la prohibición de acercarse a la víctima, lugar de trabajo o estudio, la prohibición al imputado de acosar, por si o por terceras personas, realizar actos de persecución, intimidación, o acoso a la mujer agredida o a algún integrante de la familia de la víctima. TERCERO: se le impone la obligación para el imputado MARTIN ENRIQUE AGUILAR CASTILLO, de asistir a programas de orientación, atención y prevención dirigido a modificar su conducta violenta y evitar reincidencia, a ser cumplido en la “IGLESIA MARANATHA (FUNDAGENA)” Pastor Rafael Matos ubicada en Avenida 20, calle 14 y 15, Barquisimeto, ello de conformidad con el artículo 92.7 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia. Para lo cual se ordena librar oficio a dicho centro. CUARTO: Se le impone MARTIN ENRIQUE AGUILAR CASTILLO, la medida cautelar contenida en el artículo 92.1 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en relación con consistente en el arresto transitorio este por 48 horas la cual debe cumplir desde hoy 11 de septiembre del 2014 a las 5:30pm hasta el 13 de septiembre del 2014 a las 5:30pm. QUINTO: Se IMPONE MARTIN ENRIQUE AGUILAR CASTILLO, la medida cautelar contenida en el articulo 97.8 en concordancia con el artículo 242.3 del COPP estableciendo el régimen de presentaciones por la taquilla de alguacilazgo cada 30 días. SEXTO: Se remite a la victima ELIZABETH YOHANA AGULAR QUINTERO al equipo interdisciplinario de este Circuito Judicial Penal con competencia en delitos de violencia contra la Mujer del estado Lara, a los fines que reciba la atención que requiera frente a la situación de maltrato que sufrió, ello conforme a lo establecido en el artículo 87.1 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia. SEPTIMO: Se declara la continuación de la investigación por el PROCEDIMIENTO ESPECIAL, previsto en el artículo 94 y siguientes de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia.

Regístrese y publíquese. Déjese copia. Notifíquese a la Victima. En Barquisimeto, a los quince (15) días del mes de septiembre de dos mil catorce (2014).