REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO Valencia, Diecinueve (19) de Septiembre de dos mil catorce 204º y 155º ASUNTO: GP02-L-2014-001106 Con vista a la demanda por Prestaciones Sociales y demás conceptos laborales, incoada por el ciudadano PABLO RAFAEL SEQUERA CARRASCO en contra de la entidad de trabajo TRASNPORTE LOS ALMENDROS C.A., este Tribunal luego de haber revisado minuciosamente el escrito de subsanación del libelo de la demanda, ordenado por auto de fecha 17/07/14, encuentra que la parte actora no subsanó correctamente lo ordenado, en lo que respecta a lo siguiente: “…QUINTO: Explique porque se han calculado las prestaciones sociales, en base a la LOTTT y no a la LOT (2012), en virtud de que la relación de trabajo comenzó y terminó bajo la vigencia de la LOT…” Del escrito de subsanación consignado por la apoderada del actor, inserto desde el folio 32 al 38, ambos inclusive, se observa que de lo solicitado en el punto quinto (folio 34), expone que se le aplicaron los cálculos de la LOTTT (año 2012) por cuanto que lo beneficia más, sin embargo observa quien decide que no fueron presentados los cálculos debidamente discriminados correspondientes a lo ordenado en el artículo 142 de la ley in comento, ni en el libelo de la demanda ni en el despacho saneador. En consecuencia, es forzoso para quien decide, declarar que no fue subsanado el punto quinto del despacho saneador y así se decide. “…SEXTO: Debe discriminar con fechas y días, los periodos reclamados por concepto de vacaciones, bono vacacional y utilidades y porque se han calculado con la LOTTT” Del punto sexto se observa igualmente que la apoderada judicial se limitó a señalar que la LOTTT favorece más al trabajador, sin señalar los periodos reclamados por concepto de vacaciones vencidas y fraccionadas y bono vacacional vencido y fraccionado, así mismo señala una cantidad de días del cual este Tribunal no conoce su procedencia de dicho cálculo por no estar lo suficientemente claro, en virtud de ello se ordena el despacho saneador, a los fines de que se aclararan estos dos puntos, arrojando como consecuencia que dichos cálculos se deban presumir a los fines de admitir la demanda. En virtud de las inconsistencias anteriormente señaladas y verificadas por esta juzgadora, es que se ordena y así lo reitero, un despacho saneador, a los fines de determinar la procedencia con base de cálculo de lo reclamado por el actor, los cuales no fueron cumplidos cegándole la posibilidad a este Tribunal de darle al trabajador lo que realmente le corresponde, no cumpliendo en consecuencia lo ordenado por este Juzgado, desmejorando la condición del trabajador como débil económico y no jurídico. La Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado de manera reiterada que el despacho saneador constituye una manifestación contralora que faculta al Juez de revisar in limine litis, un claro debate procesal o evitar la excesiva o innecesaria actividad jurisdiccional que pueda afectar el proceso, controlando la demanda y la pretensión en ella contenida, y que la misma sea adecuada para obtener una sentencia ajustada a derecho en la oportunidad de la incomparecencia de la parte demandada a la primigenia audiencia preliminar en la que el Juez deba dictar una sentencia de presunción de admisión de hechos, tomando como cierto lo reclamado por el trabajador en los hechos más no en el derecho. Así mismo, la Ley Adjetiva Procesal, le da al Juez del Trabajo la potestad de examinar la demanda al inicio del procedimiento y de advertir algún error u omisión que pueda ser corregido o subsanado, para que el procedimiento se inicie sin obstáculos de ninguna especie, facilitando la decisión del asunto. Ahora bien, es importante destacar lo que dispone el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su numeral 3°, cuando expone: “Toda demanda que se intente ante un Tribunal del Trabajo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución se presentará por escrito y deberá contener los siguientes datos: 3. El objeto de la demanda, es decir, lo que se pide o reclama. (Resaltado de este Tribunal). Con relación a los requisitos de la demanda, el procesalista A. Rengel-Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, señala: “Como se ha visto (…), la pretensión procesal es el objeto del proceso, y todas las conductas que intervienen organizadamente en el proceso, giran en torno a la pretensión. Así, la conducta principal del demandante consiste en hacer valer o plantear la pretensión; la del demandado, en oponerse a ella o satisfacerla; y la del juez, en examinarla en su mérito para acogerla o rechazarla. Por ello, estos requisitos de forma de la demanda tienden a favorecer la mejor formulación de la pretensión por parte del demandante y se refieren a los tres elementos que configuran la pretensión procesal: los sujetos, el objeto y el título o causa petendi (…)”(Rengel Romberg. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo III. Pág. 29). Con relación a la pretensión, el mismo autor expresa: “La afirmación contenida en la pretensión se concreta en la alegación de que entre las partes existe una determinada relación o estado jurídico de que entre las partes existe una determinada relación o estado jurídico que se dice violada, o amenazada, o en estado de incertidumbre; y como el conflicto puede surgir, bien por una diversa apreciación de los hechos por una parte de los sujetos (quaestio facti) o bien por una diversa valoración de las normas jurídicas aplicables (quaestio juris), la afirmación ha de consistir, en esencia, en la participación del conocimiento de hechos o de derechos que se hace al juez para apoyar la resolución solicitada. En la pretensión hay una petición. El sujeto pide al juez una resolución con autoridad de cosa juzgada que reconozca la consecuencia jurídica solicitada. El actor no puede limitarse a exponer al juez el estado de cosas o conjunto de circunstancias de hecho que constituyen su afirmación, y dejar al juez en la libertad de sacar de ellas las consecuencias jurídicas que él quiera atribuirles o reconocerles, pues a unos mismos hechos, el ordenamiento jurídico puede atribuir diversas consecuencias jurídicas y el que pretende la tutela del derecho, debe precisar lo que pide. Por tanto, simultáneamente con la afirmación de hecho contenida en la pretensión, ésta debe contener también la petición, que no es otra cosa que el requerimiento dirigido al juez para que dicte una sentencia reconociendo la consecuencia jurídica que el sujeto atribuye, en conformidad con la ley, a los hechos afirmados. Por ello, algunos autores hablan también de una “afirmación de derechos” correlativa con la afirmación de hecho”(A. Rengel Romberg. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo II. Pág. 110). En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, es forzoso para este Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, declarar en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, que la misma es INADMISIBLE, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Publíquese y Regístrese. La Juez., ABG. MARÍA EUGENIA NÚÑEZ BRICEÑO El Secretario., Abg. Juan Carlos Pérez En la misma fecha, se dio cumplimiento con lo ordenado. El Secretario., Abg. Juan Carlos Pérez