TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, ACTUANDO COMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PARTE AGRAVIADA.-
FREDDY AHMAR SAYEG, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad personal número V-8.688.276, en su carácter de Director Gerente, de la sociedad mercantil INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A., (ININSA), inscrita en el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 20 de julio de 1995, bajo el N° 1, expediente 157, cuyos estatutos sociales fueron reformados posteriormente en fecha 26 de marzo de 1992, siendo inscritas las correspondientes actas en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial de del Estado Carabobo, bajo el N° 62, Tomo 18-A, y en fecha 03 de julio de 1992 y en fecha 26 de marzo de 1998, bajo el N° 24, Tomo 22-A, siendo su última reforma inscrita en fecha 15 de noviembre de 2002, bajo el N° 31, Tomo 72-A , de este domicilio.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE AGRAVIADA.-
LISETT COROMOTO MENTADO GUANAGUANY y LUIS MARIO VITANZA ORELLANA, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 68.138, y 84.595, respectivamente, de este domicilio.

PARTE AGRAVIANTE.-
Decisión dictada el 02 de agosto de 2005, por el abog. RAFAEL JIMENEZ, Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, hoy a cargo de la Dr. PASTOR POLO.

MOTIVO.-
RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE: 9.197

La abogada LISETT COROMOTO MENTADO GUANAGUANAY, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano FREDDY AHMAR SAYEGH, en su carácter de Director Gerente de la sociedad mercantil INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. (ININSA), el 12 de diciembre de 2005, presentó un escrito contentivo de Amparo Constitucional, contra la decisión dictada el 02 de agosto de 2005, por el abog. RAFAEL GIMENEZ, Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, hoy a cargo de la Dr. PASTOR POLO, por ante este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, y Menores de esta Circunscripción Judicial, donde quedó una vez efectuada la distribución, dándosele entrada el 14 del mismo mes y año, bajo el número 9197.
El 06 de marzo de 2006, este Tribunal dictó sentencia interlocutoria en la cual declaró inadmisible la presente acción de amparo, de cuya decisión apeló el 21 de marzo de 2006, la abogada LISETT MENTADO, en su carácter de apoderada judicial de la parte agraviada, recurso éste que fue oído en un solo efecto mediante auto dictado el 23 de marzo de 2006, ordenándose remitir el expediente al Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, el cual fue recibido el 21 de abril de 2006.
El 27 de abril de 2006, se dio cuenta en Sala y se designo ponente al Magistrado al Dr. MARCOS TULIO DUGARTE PADRON.
El 03 de julio de 2006, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictó sentencia en la cual declaró con lugar la apelación interpuesta y revocó el fallo apelado por este Tribunal y se pronuncie nuevamente en relación con las causales de inadmisibilidad, salvo la ya analizada.
El 07 de agosto de 2006, se recibió el expediente, se le dio nuevamente entrada bajo el mismo número.
El 08 de enero de 2008, este Tribunal dictó auto admitiendo la acción de amparo ordenándose la notificación de las partes, del tercero interesado, de la parte agraviante y del Fiscal del Ministerio Público.
El 03 de marzo de 2008, el Alguacil del Tribunal “a-quo” diligenció manifestando haber practicado la notificación de la parte presuntamente agraviante; y encontrándose en la oportunidad para pronunciarse sobre la presente solicitud, lo hace en los términos siguientes:

PRIMERA.-
En la actuaciones que corren insertas en el presente expediente se observa que la aboga LISETT MENTADO, en su carácter de en su carácter de apoderada judicial del ciudadano FREDDY AHMAR SAYEGH, en su carácter de Director Gerente de la sociedad mercantil INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. (ININSA), interpuso acción de Amparo Constitucional, contra la decisión dictada el 02 de agosto de 2005, por el abog. RAFAEL GIMENEZ, Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, hoy a cargo de la Dr. PASTOR POLO
Observándose que la única actuación realizada por el quejoso; lo fue en fecha 21 de marzo de 2006, quien mediante diligencia apeló de la sentencia dictada por este Tribunal; sin que concurriera, en forma alguna y en ningún otro momento a la sede de este Tribunal, a impulsar la notificación de las partes del auto de admisión de la acción de amparo de fecha 08 de enero de 2008. De lo que se evidencia que desde el día 08 de enero del 2008, fecha de la admisión de la acción de amparo, hasta el día de hoy, han transcurridos cinco (05) años y diecinueve (19) días, lo que hace forzoso concluir que se ha configurado una inactividad procesal de la parte recurrente en amparo, Y ASI SE ESTABLECE.
De conformidad con lo expuesto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha considerado que, la inactividad por seis (6) meses, de la parte actora, en el proceso de amparo, una vez admitido, y encontrándose en la etapa de la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia.
En efecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada el 06 de julio del 2.001, asentó:
“...Al respecto observa la Sala que, en el presente caso, es indudable que se ha configurado una inactividad procesal de las partes, circunstancia que, tal como dejó sentado esta Sala en sentencia del 6 de junio de 2001 (Caso: José Vicente Arenas Cáceres), hace presumir la falta de interés del accionante en el sentido que se protejan sus derechos constitucionales.
En dicho fallo se estableció:
“Tal inactividad, en el marco del proceso breve, sumario y eficaz del amparo, permite presumir que las partes han perdido interés en que se protejan sus derechos fundamentales por esta vía, lo que produce un decaimiento del interés procesal en que se administre la justicia acelerada y preferente (ex artículo 13 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales) que proporciona el amparo constitucional.
(Omissis).
Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por una inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta ninguna regulación semejante , pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia.
En este sentido, el Tribunal Constitucional español ha declarado que no puede pretender beneficiarse en vía de amparo constitucional quien ha demostrado una total pasividad y ha incurrido en una notoria falta de diligencia procesal y de colaboración con la administración de justicia. (Cfr. S. T.C. 22/92 de 14 de febrero, en Gui Mori, Tomás, “Jurisprudencia Constitucional 1981-1995”, Ed. Cívitas, Madrid, 1997, p. 609). Por su parte, esta Sala tiene establecido que tal actitud en el proceso, además, constituye una afrenta al sistema de justicia, por cuanto el servicio público debe atender un juicio que ocupa espacio en el archivo judicial, pero que no avanza su fin natural (Cfr. S. S C. N° 363, 16-05-00).
(Omissis)
De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara.”
En armonía con el criterio contenido en el fallo parcialmente transcrito, y una vez constatada la inactividad procesal de las partes en el juicio por más de 6 meses, considera esta Sala Constitucional, que tal situación denota la falta de interés de las mismas en la prosecución de la causa, en tal virtud le es aplicable la doctrina inserta en dicho fallo, acerca del consentimiento tácito que subyace por la ausencia del impulso en la continuación de los actos correspondientes del proceso, por lo que debe operar la perención de la instancia como lo señaló la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en su sentencia del 21 de diciembre de 2000, objeto de esta consulta, que esta Sala confirma. Así se decide...” (JURISPRUDENCIA DE RAMÍREZ & GARAY, Tomo 178, págs. 226 a 229).
En este orden de ideas, la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia dictada el 17 de marzo del 2003, reiteró el siguiente criterio jurisprudencial:
“...En caso de abandono del trámite, en juicio de amparo se dará por terminado el procedimiento, y no inadmisible el amparo
“...En este sentido, la Sala observa que el otro argumento que utilizó el a-quo para fundamentar su decisión fue el acatamiento de la jurisprudencia de esta Sala Constitucional relativo al abandono de trámite en la acción de amparo, el cual sí estuvo conforme a derecho, ya que tal y como fue señalado anteriormente, desde la notificación del Juzgado accionado hasta el 5 de abril de 2002 cuando se produjo la decisión consultada, la acción de amparo constitucional se encontraba paralizada por un lapso de diez meses y veintiún días; sin embargo, el referido Juzgado Superior, aunque fundamentó correctamente su decisión al señalar que hubo una pérdida de "interés de la parte accionante de dar continuidad al proceso incoado" de conformidad con la reiterada jurisprudencia en la materia, erró al argumentar que el fundamento de la referida jurisprudencia era la causal de inadmisibilidad establecida en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón que motiva a esta Sala a revocar la sentencia consultada, y así se decide.
Ahora bien, esta Sala observa que conducta pasiva de la parte actora, por más de seis (6) meses, fue calificada por esta Sala como abandono del trámite, en decisión No 982 del 6 de junio de 2001 (caso: "José Vicente Arenas Cáceres"), en los siguientes términos: ...
En cuanto a los efectos en el tiempo de dicha decisión, la Sala precisó:
"... por tratarse de que la presente es una doctrina que ahora se declara por vez primera por este Tribunal Supremo de Justicia, en salvaguarda de los intereses de quienes tienen causas de amparo pendientes ante esta Sala y ante otros tribunales constitucionales de la República, en protección del derecho a la tutela judicial efectiva que la Constitución garantiza a todos los justiciables y respetando, por último, la confianza legítima que tienen éstos en la estabilidad de las decisiones judiciales, la Sala Ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela ...".
Ahora bien, en atención a la decisión parcialmente transcrita y visto que el presente caso ha transcurrido el lapso de diez (10) meses, sin que el accionante haya actuado en el proceso, se declara abandonado el trámite correspondiente a la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en consecuencia, terminado el procedimiento.
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:
1.- Revoca el fallo proferido por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores el 11 de marzo de 2002, en los términos expuestos.
2.- Terminado El Procedimiento, por abandono del trámite, correspondiente a la demanda de amparo interpuesta por la ciudadana...” (JURISPRUDENCIA DE RAMÍREZ & GARAY, TOMO 197, págs. 227 a 229).
Por lo que habiéndose determinado en la presente causa que desde la última actuación realizada por el recurrente en amparo, se ha excedido con creces el lapso de seis (6) meses, sin que el quejoso hubiera instado el procedimiento, poniendo en evidencia la falta o pérdida de interés de la parte accionante de dar continuidad al proceso incoado; es por lo que a criterio de este Tribunal Constitucional, que debe declararse el abandono del trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en consecuencia terminado el procedimiento, Y ASI SE DECIDE.

SEGUNDA.-
Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, actuando como Tribunal Constitucional en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, POR ABANDONO DEL TRAMITE, de la presente acción de amparo interpuesta el 12 de diciembre de 2005, por la abogada LISETT MENTADO en su carácter de apoderada judicial del ciudadano FREDDY AHMAR SAYEGH, en su carácter de Director Gerente de la sociedad mercantil INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. (ININSA), contra la decisión dictada el 02 de agosto de 2005, por el abog. RAFAEL GIMENEZ, Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, hoy a cargo de la Dr. PASTOR POLO.

NOTIFIQUESE A LAS PARTES Y/O A SUS APODERADOS mediante boleta, entréguese al ciudadano Alguacil a los fines legales consiguientes y por cartel que será publicado en la Cartelera del Tribunal.

PUBLIQUESE Y REGISTRESE

DEJESE COPIA

Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.- En Valencia, a los veintiséis (26) días del mes de enero del año dos mil quince (2015). Años 204° y 155°
El Juez Titular,

Abog. FRANCISCO JIMENEZ DELGADO

La Secretaria,

MILAGROS GONZALEZ MORENO

En la misma fecha, y siendo las 01:30 p.m., se dictó y publicó la anterior sentencia. En la misma fecha se libraron la boleta de notificación y entregadas al ciudadano Alguacil a los fines legales consiguientes y el cartel, se fijó en la Cartelera del Tribunal.

La Secretaria,

MILAGROS GONZALEZ MORENO